Lizbeth Atenas Neyra Nuñez
Expediente 1422/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1422/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Lizbeth Atenas Neyra Nuñez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA V ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previsto por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, devuélvase al Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, Sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, el disco compacto en formato DVD, que remitió como apoyo a su informe justificado, dado que carece de objeto que continúe en este Juzgado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 1422/2021 promovido por LIZBETH ATENAS NEYRA NUÑEZ, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales sede San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado electrónicamente el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y turnado a este Juzgado en la misma fecha, la quejosa por medio de su asesora jurídica, en su calidad de víctima, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad referida de quien reclamó: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La resolución de fecha 07 de noviembre del 2021 en el cuaderno de incidente número 0234/2021, consistente en la confirmación del Acuerdo de No Ejercicio de la Acción Penal, emitido por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, dictado en la carpeta de investigación 11465/FMUJ/USEX/2021[.]." Actos que la quejosa señaló como violatorio, en su perjuicio, de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 17 y 20, inciso C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, en la demanda de amparo expresó los antecedentes y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. En auto de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y finalmente, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó el dos de agosto de dos mil veintiuno, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un juicio de naturaleza penal, seguido ante un juzgado del orden común con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, el acto reclamado en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de fecha siete de diciembre de dos mil veintiuno, en el cuaderno de incidente 0234/2021, consistente en la confirmación del Acuerdo de No Ejercicio de la Acción Penal, emitido por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, dictado en la carpeta de investigación 11465/FMUJ/USEX/2021. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza de los actos. Como cuestión previa y de acuerdo a la técnica que rige el juicio de amparo, lo procedente es verificar la existencia de los actos reclamados, a fin de que posteriormente se analicen las causas de improcedencia del juicio constitucional y, en su caso, la constitucionalidad de los citados actos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII.2o. J/10, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 76, página 68, Abril 1994, Octava Época, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". Son CIERTOS los actos reclamados atribuidos a la autoridad responsable, por así haberlo aceptado en su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo, consistente en un disco versátil en formato DVD, que contiene la audiencia incidental de siete de diciembre de dos mil veintiuno, en formato PDF las constancias relativas al incidente 0234/2021 y la transcripción de la audiencia de siete de diciembre de dos mil veintiuno. Dichas constancias adquieren valor probatorio pleno en términos de los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de las actuaciones del procedimiento donde se dictó el acto reclamado. De conformidad con la jurisprudencia 1a./J.43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible a página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2004362, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por las autoridades responsables, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente: 1. El ocho de abril del año dos mil veintiuno, la incidentista Lizbeth Atenas Neyra Núñez presentó denuncia contra José Armando Jiménez, ante la Agencia del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, por el delito de violación, previsto por los artículos 245 y 247 del Código Penal Vigente en el Estado de Oaxaca, iniciándose la carpeta de investigación 11465/FMUJ/USEX/2021. 2. El veintisiete de setiembre de dos mil veintiuno, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, dictó el Acuerdo de no ejercicio de la acción penal. 3. Inconforme la denunciante Lizbeth Atenas Neyra Núñez, de conformidad con el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, presentó su solicitud de impugnación ante el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, iniciándose el cuadernillo de antecedentes 0234/2021 y se señaló fecha y hora para llevarse a cabo la audiencia incidental correspondiente. 4. En audiencia de siete de diciembre de dos mil veintiuno, el Juez de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, con presencia de la víctima Lizbeth Atenas Neyra Núñez, su asesora jurídica y la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, resolvió confirmar el acuerdo de No ejercicio de la Acción Penal. Esta resolución es el acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no existir causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: 1. Que el Juez de Control exigió pruebas gráficas del elemento cópula y le restó credibilidad al dicho de la víctima por la ausencia de consecuencias psicológicas, sin embargo no es la forma correcta de aterrizar la herramienta de análisis crítico conforme a la perspectiva de género, Cito la tesis aislada de la Décima Época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito con número de registro 2013259 y rubro DELITOS SEXUALES (VIOLACÓN). AL CONSUMARSE GENERALMENTE EN ASUSENCIA DE TESTIGOS, LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA O VÍCTIMA DE ESTE ILÍCITO CONSTITUYE UNA PRUEBA FUNDAMENTAL, SIEMPRE QUE SEA VEROSIMIL, SE CORROBORE CON OTRO INDICIO Y NO EXISTA OTROS QUE LE RESTE CREDIBILIDAD, ATENTO A LOS PARÁMETROS DE LA LÓGICA, LA CIENCIA Y LA EXPERIENCIA. 2. Conforme al párrafo 326 del Caso J vs Perú resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la declaración de la víctima Lizbeth Atenas Neyra Núñez, es coincidente y consistente tanto en su denuncia como en su declaración pública que fue reproducida en audio y video en audiencia a petición de la Ministerio Público, al señalar que recuerda haber sido violada por José Armando Jiménez García, y con el momento en el que ella despertó y se encontraba boca abajo sobre una cama y encima de ella Jose Armando Jiménez García y que sintió como la penetraba vaginalmente y le dijo "no grites nena, no grites", y que el hecho de que en el video en el que realizó una denuncia pública en redes sociales, antes de presentar su denuncia formal, diga que también pudo haber sido violada por otros dos sujetos que estuvieron en la reunión no demerita la credibilidad de su dicho, en cuanto a que efectivamente le fue impuesta la cópula vía vaginal en contra de su voluntad, por José Armando Jiménez García, esto considerando que se trata de un hecho traumático, cuyo impacto puede derivar en determinadas imprecisiones, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los párrafos 100, 102 y 104 de la Sentencias del caso Fernández Ortega y otros vs México. 3. En el mismo caso J. vs Perú, la Corte considera que en los casos donde se alegue agresiones sexuales, la falta de evidencia médica no disminuye la veracidad de la declaración de la presunta víctima, y en el caso donde Lizbeth Atenas Neyra Núñez es víctima del delito de violación el Juez de Control decidió no considerar el examen médico que fue presentado por la propia víctima. Que si bien el hecho sucedió hace ocho años aproximadamente, no es dable exigir pruebas físicas que se pueden obtener de un examen médico-ginecológico que en el caso de la fiscalía se realizó ocho años después, e insiste en que la falta de evidencia médica no disminuye la veracidad de la declaración de Lizbeth Atenas Neyra Núñez. 4. Respecto a la entrevista realizada a la Dra. Arcelia Flor de María Aragón Calvo o Arcelia Aragón Calvo con fecha veinticinco de junio de dos mil veintiuno, en donde manifiesta que no recuerda haber atendido a la víctima Lizbeth Atenas Neyra Nuñez, y que en caso de que la víctima le hubiera dicho que fue violada ella no la hubiera examinado y la hubiera referido a la fiscalía como la obligan supuestos protocolos, proposición fáctica que también fue creída y considerada por el Juez de Control cuya resolución se impugna, debe decirse que es falso, ya que conforme a la norma oficial mexicana NOM-190-SSA1-1999, Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar, para quedar como NOM-046-SSA22005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, publicada el 16 de abril de 2009, no impide que médicos del sector privado otorguen atención médica a mujeres víctimas de violencia sexual, sino que da una pauta para realizar dicha atención médica con perspectiva de género, conforme a los numerales 5.1, 5.2, 5.3, 5.8 y 5.9 de la citada NOM, y no les niega la obligación de brindar atención médica diligente, oportuna y con perspectiva de género a las mujeres en situación de violencia sexual, sino que le da la obligación de informar a la autoridad ministerial mediante un formato del Apéndice Informativo 1 de dicha NOM como lo indica en el numeral 5.10, y la obligación de registrar cada caso y notificarlo a la Secretaría de Salud conforme al número 5.11 y 7 de dicha NOM. 5. La resolución del Juez de Control viola la presunción de veracidad que debe otorgarse a las denuncias de hechos de naturaleza sexual conforme al párrafo 360 de la sentencia J. vs Perú la cual debe ser desvirtuada a través de una serie de diligencias e investigaciones que en el presenta caso no sucedieron. El Juez de Control conocedor del incidente de impugnación del Acuerdo de No Ejercicio de la Acción Penal, no consideró las dificultades probatorias propias de este tipo de hechos, al exigir pruebas el momento mismo de la penetración vía vaginal, no siéndole suficiente el dicho de la víctima sobre los hechos de violación de que fue objeto. Lo anterior, a pesar de que se le expusieron las siguientes deficiencias en la investigación. 1) No se realizó el acto de investigación consistente en que la Dra. Arcelia Aragón Calvo, reconociera sus recetas médicas, ordenes de laboratorio e incluso su examen médico realizado a la víctima Lizbeth Atenas Neyra Núñez. 2) No se recabó la declaración de Stefany Lagunas Real quien era pareja de la víctima aquí quejosa. 3) No se recabó informe psicológico o historia clínica psicológica de la víctima a pesar de que en su denuncia menciona que recibió atención psicológica por la Psicóloga Marian Morales Pazos, del departamento de psicología de la Universidad ANAHUAC. 4) El dictamen psicológico no consideró la historias clínica psicológica de la víctima durante su realización a pesar de que la misma perita psicóloga Lizbeth García Carrillo, de la Fiscalía del Estado de Oaxaca, en su dictamen indica que por el tiempo transcurrido que es de ocho años, no le permite saber si las consecuencias, impacto o afectación psicológica que se haya generado a consecuencia del hecho denunciado, se exacerbaron o desaparecieron. Que el Juez de Control señala que estos actos de investigación faltantes en nada contribuyen a la comprobación del elemento cópula en el delito de violación, pero en esto se contraviene, puesto que dos de esos actos de investigación están dirigidos a comprobar la veracidad y realidad de las únicas pruebas gráficas de la cópula que fueron aportados por la propia víctima, eso viola la obligación del Estado de investigar los hechos de violencia contra la mujer con debida diligencia y que es una causa suficiente para revocar el no ejercicio de la acción penal dictado por la Agente del Ministerio Público. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Son infundados los conceptos de violación, aun suplidos en su deficiencia de conformidad con lo establecido en el artículo 79, fracción III, inciso b) de Ley de Amparo, no obstante que la quejosa tiene el carácter de víctima en la carpeta de investigación. En el entendido que se hará cargo de su contestación de acuerdo con la relación que guardan entre sí y no necesariamente en el orden propuesto por la quejosa. En primer lugar, del análisis del disco de audio y video relativo a la audiencia que contiene el acto reclamado, se observa que la asesora legal de la víctima, en su intervención para solicitar la revocación de la determinación de no ejercicio de la acción penal, en resumen se pronunció en los siguientes términos (minuto 00:05:39 al minuto 01:49:11 del archivo 0118667_2021_P02 y minuto 00:00:13 al minuto 00:04:26 del archivo 0118667_2021_P03): "El ocho de abril del año dos mil veintiuno, precisamente la incidentista la señora Lizbeth Atenas Neyra Núñez presentó un escrito ante la fiscalía manifestando los siguientes hechos; 1.- Que el veintiocho enero del año dos mil trece la víctima de referencia a la señora Atenas Neyra Núñez trabajaba cómo ejecutiva de marketing o de ventas VIP en el periódico el "Noticias Voz e Imagen de Oaxaca", que su trabajo consistía en atender a determinados clientes para venderle publicidad y en su caso de hacerlo recibiría una comisión, que únicamente le pagarían a través de una factura con la que se justificaba cualquier gasto, de ahí que tuviera la necesidad de conseguir facturas precisamente para poder obtener su pago, que resulta que el veintiocho de enero del año dos mil trece Lizbeth Atenas Neyra Núñez fue citada por la persona de nombre José Armando Jiménez García, para que acudieran por unas facturas que le iban a dar en el restaurante conocido como "El Asador del Prieto", ubicado en Avenida del Rosario número 203, Colonia Roma, Santa Lucía del Camino a dos cuadras de la Universidad Regional del Sureste Campus de Rosario, a dónde llego aproximadamente a las veintiún horas y en dicho lugar se encontraban Marcos Ortiz, Jesús Antonio Moctezuma, José Armando Jiménez García, María Fernanda Prieto y otras tres mujeres, que en dicho lugar José Armando Jiménez García le ofreció beber unos Mezcales mientras iba por la factura comprometida y las demás acompañantes le insistieron para que bebiera por lo que ella lo hizo, y enseguida le volvieron a servir otro mezcal y comenzó a sentirse mal y mareada, que a dicho lugar llegó Viviana Manzano en compañía de su chofer quién entró al bar y recogieron a la joven María Fernanda Prieto que ya se encontraba tirada junto a la barra, que después de eso Atenas Neyra Núñez regresó a la mesa en donde se encontraba Marcos Ortiz y José Antonio Moctezuma para seguir esperando la prometida factura, mientras seguía consumiendo bebidas alcohólicas y preguntando por José Armando Jiménez García, pero ella seguía sintiéndose cada vez peor, por lo que aproximadamente a las veintidós horas intento llamar a su novia Estefany Lagunas pero no obtuvo respuesta, luego de lo cual perdió el conocimiento, cuando Lizbeth Atenas Neyra vuelve a recobrar el conocimiento se encontraba en la sala de una casa y una mujer a quién reconoció como la mamá de Jesús Antonio Moctezuma que le estaba dando leche para que vomitara, después vuelva a perder el conocimiento y vuelve a despertar y se encontraba dentro del carro de José Armando Jiménez en un Smart negro, afuera de una Farmacia del Ahorro, que la víctima intentó levantarse pero no lo logró, observando entrar al automóvil a José Armando Jiménez García con una bolsa, volviéndose a quedar inconsciente, nuevamente Lizbeth Atenas Neyra Núñez vuelve a retomar el conocimiento y se encuentra boca abajo sobre una cama y encima de ella se encontraba José Armando Jiménez García, ella indica que no logró moverse ni mover sus brazos, pues tenía sobre el cuerpo el peso de dicha persona, quien la empujaba constantemente mientras le introducía el pene en su vagina, ella le pidió que parara porque le dolía y el solo dijo "no grites nena, no grites", recuerda que no pudo apartarlo de ella, pues seguía por él alcohol ya que por momentos despertaba pero no podía oponer resistentica, que al día siguiente el veintinueve de enero del año dos mil trece, Lizbeth Atenas Neyra despertó aproximadamente a las seis treinta horas y vio a José Armando García acostado en un sofá negro con una pijama azul y el dorso descubierto y ella se encontraba acostada en una cama sin pantalones y sin ropa interior, vestida únicamente de la parte de arriba de su cuerpo con su blusa y brasier desabrochado, por lo que al estar asustada solo pudo vestirse y antes de salir de la habitación le reclamo a José Armando diciéndole "yo te creía mi amigo", pero él solo se rio diciéndole "a veces los amigos se equivocan", por lo que se retiró del lugar y al salir se dio cuenta que se encontraba en la calle Emiliano Zapata número 17, Ejido Guadalupe Victoria de esta Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, tomó un taxi y llegó a su casa aproximadamente a las siete horas. Atenas Neyra dice que al llegar a su casa sentía culpa y miedo y no quiso contarle a su mamá lo que había sucedido, después de lavarse la cara se preparó y se fue al trabajo en dónde se le salían las lágrimas, que en un principio no quiso contarle a su pareja Estefany Lagunas Real lo que había sucedido, pero en privado lo hizo y le reclamó culpándola por no haberle respondido el teléfono la noche anterior". Atenas Neyra indica que el veintinueve de enero del año dos mil trece decidió acudir con la doctora en ginecología y obstetricia Araceli Aragón Calvo, quién la mandó hacer diversos estudios, entre ellos una colposcopia de fecha treinta y uno de enero del año dos mil trece y el doce de febrero de dos mil trece acudió a los laboratorios Juárez y le realizaron dichas tomas de muestras, entregándole los resultados en fecha veintiocho de febrero del año dos mil trece, como resultado de ello Atenas Neyra adjunto a su denuncia las siguientes documentales; 1.-La documental consistente en la fotografía a color de colposcopia de fecha 31 de enero del 2013 realizada por la doctora Arcelia Aragón Calvo, con domicilio en calle JP García número 203. 2.-La documental consistente en la hoja de consentimiento informado para la toma de muestras expedida por el laboratorio Juárez con número de Registro 202093, de fecha 2 de febrero del año 2013 de la paciente Atenas Neyra Núñez, solicitada por la doctora Arcelia Aragón Calvo. 3.-La documental consistente en la orden de examen de laboratorio expedida por el laboratorio Juárez con número de Registro 202093 con fecha 2 de febrero del año 2013, de la paciente Atenas Neyra Núñez, solicitado por la doctora Arcelia Aragón Calvo. 4.-La documental consistente en los resultados de laboratorio de la paciente Lizbeth Atenas Neyra Núñez, expedida por el laboratorio Juárez con número de Registro 202093, de fecha 8 de febrero del año 2013. 5.-La documental consistente en el resultado del examen de inmunología de la paciente Atenas Neyra Núñez expedida por el laboratorio Juárez con número de Registro 2020 93 de fecha 8 de febrero del 2013, certificado por la L.C.B. Edith Martínez Valencia. 6.- La documental consistente en el resultado del examen general de orina de la paciente Atenas Neyra Núñez expedida por el laboratorio Juárez número de Registro 202093 de fecha 11 de febrero del 2013, certificado por nuevamente Edith Martínez Valencia. 7.-La documental consistente en el resultado del examen de microbiología de cultivo vaginal de la paciente Atenas Neyra Núñez expedida por el laboratorio Juárez registro 202093 de fecha 8 de febrero del año 2013, certificada nuevamente por Edith Martínez Valencia. 8.-La documental consistente en el resultado del examen de biología molecular asociados a enfermedades de transmisión sexual de la paciente Atenas Nerra Núñez expedida por el laboratorio Juárez con número de Registro 202093 de fecha 8 de febrero del 2013 certificado nuevamente por Edith Martínez Valencia. 9.- Documental consistente en receta médica de 5 de marzo 2013 a favor de la paciente Atenas Neyra Núñez, firmado por la doctora Arcelia Aragón Calvo. 10.- Documental consistente en receta médica de 6 de abril de 2013, paciente Atenas Neyra, firmado por la misma médico. 11.- Documental receta médica 5 de junio 2013 emitida a favor la misma persona por Arcelia Aragon Calvo. Exponiendo la asesora jurídica los argumentos del porque con esos datos de prueba debe revocarse el no ejercicio de la acción penal emitido y ordenarse continuar la investigación en la carpeta respectiva." Acto seguido, al conceder el uso de la voz a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, esta refirió (minuto 00:04:39 al minuto 00:13:09 y del minuto 00:19:51 al minuto 00:45:32 del archivo del archivo 0118667_2021_P03): "En uso de la voz la Agente del Ministerio Público de manera general hizo referencia a los datos de prueba que se aportaron en su momento para dictar su resolución, en este aspecto los datos de prueba que tomó en consideración fueron primeramente la denuncia de la víctima Lizbeth Atenas Neyra Núñez, de siete de abril del dos mil veintiuno, los documentos precisados por la asesora que ya mencione también, en cuánto fueron anexados a la denuncia, el dictamen médico de integridad física, lesiones, ginecológicos e informe de zonas erógenas de ocho de abril del dos mil veintiuno, emitido por la doctora María Elena Rojas Ramírez, perito de la Fiscalía General del Estado, dictamen psicológico de doce de abrir de dos mil veintiuno a favor de la víctima por parte de la licenciada Lizbeth García Carrillo perito en psicología la Fiscalía General del Estado, oficio de quince de julio de dos mil veintiuno emitido por el representante legal de laboratorio Juárez, Julio César Martínez Valencia, en el cual adjunta originales de documentos emitidos por el laboratorio, examen de general de orina, microbiología, biología molecular, genotipificación del virus del papiloma humano y también entrevista de diecisiete de junio de dos mil veintiuno a la testigo Viridiana Manzano Barranco, entrevista de diecisiete de junio de dos mil veintiuno a Víctor Hugo Torres Pérez, entrevista de veinticinco de junio de dos mil veintiuno a la testigo Arcelia Flor María Aragón Calvo, entrevista de veintiuno de julio de dos mil veintiuno a Lidia Edith Manzano Aguilar, entrevista de trece de julio de dos mil veintiuno a Marco Antonio Ruiz Jiménez, informe policial de trece de julio de dos mil veintiuno, suscrito por Mónica Zocolotto Vázquez comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones, del cual adjunto un CD que contiene un video de nueve de enero del dos mil veintiuno, el cual fue reproducido en una de sus partes en la audiencia, acta policial de once de agosto del dos mil veintiuno, emitida por la misma Agente Estatal de Investigaciones, en cuanto a la descripción de los domicilios del lugar de los hechos, así como también de él restauran de referencia, informe pericial médico de ocho de septiembre de dos mil veintiuno emitido por la doctora María Elena Pérez Rojas perito de la fiscalía, catorce, entrevista a Julio César Martínez Valencia en su calidad de administrador único de la negociación laboratorios Juárez S.A. de C.V., argumentando la Fiscal para cada dato el valor que se le otorgó para el dictado del no ejercicio de la acción penal". Asimismo, se concedió nuevamente el uso de la voz a la asesora jurídica de la víctima Lizbeth Atenas Neyra Núñez, quien expuso (minuto 00:45:51 al minuto 00:46:27 del archivo del archivo 0118667_2021_P03): "replicó la forma que abordó la prueba circunstancial por la Agente del Ministerio Público, ya que es falso que para que se actualice dicha prueba no se debe tener por probado el hecho" Finalmente se concedió, el uso de la voz a la víctima Lizbeth Atenas Neyra Núñez, quien expuso (minuto 00:47:06 al minuto 00:52:57 del archivo del archivo 0118667_2021_P03): "Que el testigo Víctor Hugo Torres sí sabía de los hechos y no se le volvió a llamar a declarar, que falta la declaración de Stefany a quien le conté y narré los hechos, que solo busco justicia para mi persona después de ocho años, está la declaración de Marco quien aparece como acusado y da las ubicaciones de donde termino, hay bastante información del caso, la doctora Arcelia es la que demandan la mayoría de las niñas, que ella se ofreció a pagarme las vacunas y pagarle después, esas vacunas se tienen que poner 72 horas después de la violación; en mi casa es, ella es responsable de sus acciones y soy una causa de vergüenza, pido justicia, es todo" Escuchadas todas las partes, el Juez de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, procedió a resolver lo siguiente (minuto 00:00:23 al minuto 01:33:35 del archivo del archivo 0118667_2021_P04): "Con base en lo expuesto por la asesora jurídica, así también como por la Agente del Ministerio Público, en específico la tesis 2015634, emitida precisamente por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 2015634, Décima Época, y trae como rubro: "violencia sexual contra la mujer, reglas para la valoración de su testimonio como víctima del delito", menciona en cuanto a las circunstancias de la valoración respecto a una víctima de agresión sexual y que son los parámetros que se tomó en cuenta para decretar el no ejercicio por la Ministerio Público. El Juez de control estableció otros parámetros que debe tomarse en cuenta, como son, inciso a) primeramente que por la naturaleza de los hechos de agresión sexual generalmente se lleva a cabo con ausencia de personas o testigos, más allá de la víctima o el agresor, por lo tanto refiere, y en este caso pues también hizo mención la Asesora Jurídica respecto a la sentencia de Fernández Ortega contra México, que efectivamente pues de ahí derivan todas estas tesis emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuestión de que en base a estos hechos de naturaleza sexual y que es una agresión, obviamente que no se puede exigir algún medio de prueba de manera gráfica o de manera documental, por lo que la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental para establecer lo conducente, además de que se debe de establecer que la víctima en momentos no denuncia por los estigmas y las circunstancias personales o sociales que la rodeen, también el siguiente elemento marcado con el inciso b) debe tomarse en cuenta la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual, así también las circunstancias de elementos subjetivos de la víctima como edad, condición social, pertenencia a grupo vulnerable o históricamente discriminado, y analizar otro elemento inciso c) la declaración de la víctima, conjuntamente con otros elementos de convicción recordando que la declaración es la fundamental, sin embargo obviamente que debe ser robustecida con dictámenes médicos, psiquiátricos, testimonios, examinaciones médicas, pruebas circunstanciales, indicios, presunciones y el último elemento es que efectivamente de esas pruebas circunstanciales indicios y presunciones deben ser utilizadas con medios de prueba para inferir conclusiones consistente sobre los hechos. Parámetro tomado por el Juez de Control, para resolver ese caso en particular. También para resolver lo hizo bajo la perspectiva de género, basado en la jurisprudencia la 22/2016, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, que establece que debe derivarse que de los hechos exista una relación asimétrica de poder, segunda que se cuestione a los hechos y valorar las pruebas desechando estereotipos. En primer término el Juez de Control estableció que el tipo penal de violación, se encuentra consagrado por el artículo 246 del Código Penal vigente en el Estado y para la acreditación de ese delito se requieren los siguientes elementos: a) la acción de realizar la copula con una persona sea cual sea su sexo, b) que sea realizado por medio de la violencia física o moral y c) que sea sin la voluntad de dicha persona, en este caso con la ausencia del consentimiento de la víctima. En relación al inciso a) es decir, en relación a la acción de realizar la cópula con una persona sea cual sea su sexo, el Juez de control determinó: Tomando en cuenta lo que se analizó, evidentemente que la declaración de la víctima en la forma como fue vertida por parte de las partes técnicas, hace referencia de un hecho en específico y en este caso, específicamente una agresión sexual en contra de la víctima Lizbeth Atenas Neyra Núñez el día veintiocho de enero del año dos mil trece, precisamente después de encontrarse en el "Asador del Prieto" cuándo se encontraban esta persona la que se establece como agresor José Armando Jiménez García y otras personas, entre ellos Marcos Ortiz, Jesús Antonio Moctezuma, María Fernanda Prieto, y otra tres del sexo femenino, ella acude con la finalidad de lograr una factura, tomando en cuenta su actividad laboral en el periódico noticias y que precisamente en ese inter de tiempo ella empieza a tomar bebidas alcohólicas, por el ofrecimiento que le llevaron a cabo esas personas, sin embargo, hizo efecto en su cuerpo para no recordar muchas cosas, sin embargo, ella menciona que recuerda que vio a una persona que es la mamá de José Antonio Moctezuma en la sala de una casa, sin dar más datos de que tipo de casa, ni de que lugar, únicamente refirió que le estaba dando leche para que vomitara, que vuelve a perder el conocimiento y despierta, nuevamente ve a José Armando Jiménez en un vehículo, un Smart negro, afuera de una Farmacia del Ahorro, que ella intenta levantarse pero no lo logra, que nuevamente queda inconsciente y vuelve a despertar cuando ya se encontraba boca abajo sobre una cama y encima estaba el imputado José Armando Jiménez García impidiéndole mover sus brazos, y agrediéndola físicamente y sexualmente, al introducirle el miembro viril en su cuerpo, esto es por vía vaginal, y únicamente que le dijo que pues no gritara, y que ella no podía poner resistencia y que ya después al día siguiente el veintinueve de enero a las seis treinta horas, vio a esta persona acostado sobre el sofá, con pijama azul y el dorso descubierto, ya después ella se retira, sin antes reclamarle y decirle que creía que era su amigo, y que únicamente le dijo que los amigos se equivocan, que ella refiere que se dio cuenta al salir que se encontraba sobre la calle Emiliano Zapata, número 17, del Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, que llega a su casa, siente culpa y miedo y no quiso contarle a su madre y que en su momento pues a la persona que le contó fue a Estefany Lagunas Real, porque era su pareja, y además pues le llevaba a cabo estos resultados de laboratorio de lo cual arroja esta enfermedad por el virus del papiloma humano en el genotipo. El juez de control refirió que la declaración de la víctima atendiendo a los parámetros legales desechando cualquier estereotipo de género, es preponderante y fundamental, que evidentemente pudo haberse dado una relación asimétrica de poder, aplicando la perspectiva de género y además obviamente que tomando en cuenta parámetros de Derechos Humanos, tomando en cuenta la tesis y la Convención Interamericana de Belén Do Para, se podría establecer que esa declaración fue creíble y verosímil para establecer en cuanto a estos hechos en específico, además también tomando en consideración de que se toma en cuenta de que en primer momento la ausencia de testigos y de otras personas, que debe tomarse en cuenta esa circunstancia de los hechos la cual evidentemente que pues da un impacto en la víctima, una circunstancia traumática como también, y también que en un momento dado no se le puede exigir a una persona que es víctima de una violencia sexual, dé una precisión en datos respecto a los hechos, y que como consecuencia pues se debe tomar en cuenta que lo que está diciendo sea verosímil y sea creíble. El juez de control citó la tesis 210003 de la Décima Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro "tortura en su vertiente de violación sexual. el análisis probatorio relativo debe realizarse con perspectiva de género", que establece precisamente que entre otras cosas la violación sexual constituye la forma paradigmática de violencia contra la mujer y que trasciende en su persona, obviamente que una agresión de este tipo obviamente que va a tener una repercusión en varios ámbitos, además del físico, el psicológico, lo que se corroboró cuando se escuchó a la víctima Atenas, en el aspecto familiar, obviamente que el tipo de estas agresiones trae muchas consecuencias, Que esa tesis refiere que para establecer el reconocimiento de estándar de evaluación probatoria de especial naturaleza en estos tipos de asuntos, se debe atender también a varios elementos: (I) atender a la naturaleza de la violación sexual, con propias características, requiere medios de prueba distintos de otras conductas; (II) otorgar un valor preponderante a la información testimonial de la víctima, dada la secrecía en que regularmente ocurren estas agresiones, lo que limita la existencia de pruebas gráficas o documentales; (III) evaluar razonablemente las inconsistencias del relato de la víctima, de conformidad con la naturaleza traumática de los hechos, así como otros factores que pueden presentarse, tales como obstáculos en la expresión, la intervención de terceros, o el uso de diferentes idiomas, lenguas o interpretaciones en las traducciones; (IV) tomar en cuenta los elementos subjetivos de la víctima, entre otros, la edad, la condición social, el grado académico o la pertenencia a un grupo históricamente desventajado, a fin de establecer la factibilidad del hecho delictivo y su impacto concreto, que es lo que nos decía la Agente del Ministerio Público en relación a que la víctima si bien es cierto establece este factor de vulnerabilidad en cuanto al género, sin embargo, también debe tomarse en cuenta que es establecido en cuanto a sus características personales y propias; y, (V) utilizar adecuadamente las pruebas circunstanciales, las presunciones y los indicios para extraer conclusiones consistentes. Dichos elementos, son donde precisamente se basó la Agente del Ministerio Público en la resolución de veintisiete de septiembre del año dos mil veintiuno, que aplicando la perspectiva de género, así como los estándares internacionales y que precisamente la Suprema Corte los toma en cuenta, el caso Fernández Ortega contra México, la declaración de la víctima, pues debe tomar en un primer momento darse como creíble, verosímil y que precisamente los hechos que narra sean acordes a la realidad, y que en este sentido pues sean suscitados en la forma que lo mencionó, y específicamente en el caso en particular la señorita Lizbeth Atenas Neyra Núñez en un primer momento podemos establecer que así es, inclusive la credibilidad de que después de estos hechos pues ella derivado de las circunstancias se retira del lugar, va a su casa y que tuvo esta situación en cuanto al entorno de no quererle contar a sus familiares, a su progenitora, y además también que pues inclusive lo haya contado a la persona que en su momento pues era su pareja, que en este caso hace referencia de Estefany Lagunas Real, todo eso en un primer momento podría establecerse que es creíble y que pueda ser verosímil, obviamente que va de acuerdo a estas circunstancias, y además de que está narración, tomando en cuenta el hecho que vertió la Asesora Jurídica y que corrobora la Ministerio Público que efectivamente es materia de su carpeta de investigación, pues lo haya hecho de manera coherente, de manera también adminiculada a través de la congruencia interna, porque no se contrapone entre sí, y que pues con ellos se le puede dar esta verosimilitud, en un primer momento obviamente que es así. Sin embargo, el juez de control consideró otras circunstancias específicas del caso, en las cuales se centró de manera muy objetiva, analizando lo que se le puso en consideración, sin entrar a subjetividades y tampoco en cuestiones más allá de lo que es el hecho, y además robustecido con los datos de prueba recabados en la carpeta de investigación o en su caso no robustecidos, más allá de cuestiones de que se pueda llegar a establecer de que se resuelva en base a cuestiones externas, fundamentando y motivando, en cuánto a esos parámetros que los mismos ordenamientos legales indican, que el propio juez debía establecer, que tomando en cuenta las circunstancias en relación al hecho en específico y además al tipo de agresión que es una sexual, y aplicando el mismo parámetro de desechar estereotipos de género, se podrá establecer y desechar todas estas circunstancias en referir de que a la víctima no se le crea, o se le haga inverosímil lo que diga, o de igual manera también de que pues no tenga suficiente validez o fuerza su declaración, sin embargo, hay que diferenciar aquí, y es que aquí es donde luego se confunde y efectivamente es donde se mal informa. Por un lado, hay que establecer que la circunstancia de que a una víctima se le recabe su declaración, obviamente que es la parte medular, pero evidentemente de que el hecho de que en su momento, cómo en un dado caso lo hizo el Ministerio Público, que al entrar al fondo en un momento dado, haya dictado el no ejercicio de la acción penal, no automáticamente quiere decir de que no se le cree a la víctima en lo que diga, y esto para que quede registrado y se comprenda, porque precisamente luego hay mala información, precisamente es que a la víctima no es que se le crea, obviamente que son estereotipos de género que pues en ningún momento vamos a tomar en cuenta. Que de lo narrado por la víctima fue por una cuestión laboral que llegó a un lugar, empezó a tomar bebidas embriagantes, le hicieron efecto y de ahí conllevó a muchas circunstancias, obviamente que el juez de control aclaró que no lo podía tomar así porque eso sería un estereotipo de género de atribuirle a la víctima la culpa de lo que aconteció, obviamente que ese parámetro no es tomado en cuenta, obviamente que incurriría en una discriminación a la víctima Lizbeth Atenas Neyra Núñez, pero puntualizó que no es que a la víctima no se le crea o se le diga que no es cierto, que ello fue tomando en cuenta los parámetros legales que existen, y atendiendo a las propias tesis, y al propio caso. Que esa declaración debe estar robustecida y sustentada con datos de prueba objetivos que lleguen a la conclusión en que los hechos dan un parámetro para que en un momento el Ministerio Público tomando en cuenta sus facultades ejerza una acción penal, y esto es precisamente lo medular en esta resolución de veintisiete de septiembre del año dos mil veintiuno, porque la Agente del Ministerio Público por lo que nos establece, nos dijo que no es que no le cree lo que dice la víctima, no lo mencionó, ni lo estableció, sino que efectivamente aquí el punto es de que no se encuentra robustecida con datos de prueba idóneos y objetivos que hayan sustentado la suficiencia para que haya ejercido la acción penal en contra de una persona, en este caso el imputado que se hace referencia, a José Armando Jiménez García, y es lo que procedió a analizar. En un primer momento la congruencia interna, y aquí explicó de manera muy exhaustiva también para que la señorita Lizbeth Atenas Neyra Núñez entendiera, es que congruencia interna significa, obviamente que su declaración entre sí misma, ella misma no se contraponga entre sí, es decir, no tenga contradicciones una parte que dice con la otra, obviamente que en primer momento así como fue establecido en el hecho, no se advierte una incongruencia interna, de ahí que referí que en primer momento es verosímil, es creíble, es dable de que los hechos hayan sido así. Sin embargo, el juez de control indicó que hay una cuestión muy medular, que además de la congruencia interna debe existir a lo que se le llama congruencia externa, y la congruencia externa es efectivamente de que esa declaración, y además en todos los delitos pero específicamente en los de índole sexual, la declaración de la víctima sea robustecida con otros datos de prueba que establezcan esa situación, y es a lo que la tesis nos hace mención, respecto a que estas pruebas circunstanciales, presunciones, indicios, tengan el sustento conjuntamente para respaldar la declaración de una persona víctima, que la declaración de la víctima es preponderante, inclusive también la jurisprudencia en su momento de la Séptima Época la número de registro 1005814 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dice que, reitero también, que la declaración de la ofendida en delitos sexuales es la de especial relevancia, ya con la evolución de las tesis volver a referir que la declaración de la víctima es prueba fundamental sobre el hecho, en cuanto a esta tesis número 2013259, y también en relación a la número 2011430, y en relación con la que menciona al inicio que invocaron las partes la número 2015634, no obstante esta circunstancia de que pues es la preponderante y la fundamental, si debe de estar aunque sea de manera mínima robustecido por estos elementos de convicción. Se debe analizar que la declaración de la víctima conjuntamente con los medios de convicción y esto obviamente en relación a la misma tesis la número 2015634, y aquí el Juez de Control apreció el video que se reprodujo en audiencia, fue percibido por él, dio pauta para varias circunstancias, que la declaración de la víctima, fue la primera que se estableció en su momento y que las partes técnicas refirieron que es la emitida ente el Ministerio Público, la que presentó el ocho de abril del dos mil veintiuno, por ende, no se podía tomar como una declaración el video, obviamente que no, pero sí dio un parámetro en un momento dado, que dicho video si le resta a la declaración de la víctima en cuanto al respaldo que exista, precisamente porque este video se desprende de un acto de investigación llevado a cabo por un Agente Estatal de Investigación, como lo es Mónica Zocolotto Vázquez, y que precisamente hace referencia en cuanto a los mismos hechos, que no se puede dejar pasar por desapercibido ya que la señorita Atenas Neyra habla de los mismos hechos, y obviamente no puedo hablar de que son declaraciones diferentes y que chocan, no, pero si es un dato de prueba, como tal la investigación de la Agente Estatal de Investigaciones y que recabó este oficio de trece de julio del dos mil veintiuno, y precisamente obtuvieron este video, el cual hace mención las partes técnicas que fue reproducido en las redes sociales, tanto así que por eso se permitió que se vertiera una parte de su contenido, y que inclusive cómo se puede apreciar es un hecho notorio que no se necesita ser probado, porque se puede apreciar, las partes lo vieron, que la propia víctima hace alusión de hechos específicamente, inclusive se puede ver ahí un inmueble que dice que ahí fue el hecho que aconteció y otras circunstancias, y si, eso lo pudo percibir también el suscrito, de que ahí ella textualmente dice "yo no recuerdo si en un momento dado quien me agredió sexualmente fue José Armando Jiménez García o los otros sujetos que refiere, en este caso específicamente los que mencionó, el otro sujeto Marco Antonio o José Antonio Moctezuma", esto lo dice y ella misma lo menciona en el video, que no era una cuestión que el juez de control lo estuviera inventando. Que esa declaración de la víctima, con base en las tesis y a los parámetros internacionales, inclusive las sentencias que se emitieron por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la invocada por la asesora de Fernández Ortega y otros contra México y los lineamientos, está declaración tiene que empezar a ser sustentada por los demás datos de prueba, y que con ese video, obviamente que existe una pequeña contraposición, obviamente, no con la suficiencia para establecer que no existe adminiculación, sin embargo, establece circunstancias diversas a los hechos que se plasmaron inicialmente en la denuncia, pero más allá de ese video no se podía decir que una declaración no vale. Que la asesora, mencionó que la Agente del Ministerio Público era incongruente porque no sustenta lo que resolvió, porque por un lado dice que actuó con perspectiva de género, y por otro lado que pues no le da credibilidad a la declaración de la víctima, en esa parte el Juez de Control, consideró que en lo que se centró la resolución del Ministerio Público fue en que la declaración de la víctima no se robustece con otro dato de prueba, no tanto que no se le de credibilidad como tal, que en cuanto a los testigos, que también serían los idóneos, la Agente de Ministerio Público consideró que tampoco tienen la suficiencia para robustecer el dicho de la víctima. Que el hecho, se da en ausencia de testigos, obviamente que no hubo, quela Ministerio Público se refirió respecto a la prueba circunstancial, esto es en relación a datos de prueba objetivos que tengamos adminiculados entre sí, esta es la explicación que se da a la prueba circunstancial de se obtenga información que no tenemos, y en base a la tesis que la Agente del Ministerio Público menciona que la prueba circunstancial se deriva de una prueba directa, establecer circunstancias no conocidas, bueno aquí específicamente como tal no es que tengamos una prueba directa y de ahí establezcamos circunstancias no conocidas, es una adminiculación como tal, es decir, puede ser prueba directa o indirecta pero que robustecida una con otra, así adminiculadas, o un ejemplo que es como que están así varios pedacitos y se van juntando, juntando, hasta que hacen un todo, entonces para que vaya explicando gráficamente, y se vaya entendiendo también por parte la víctima, entonces evidentemente que aquí no requerimos cómo tal una prueba directa cómo dijo el Ministerio Público, porque si tengo la prueba directa obviamente que la prueba circunstancial saldría sobrando, sino que específicamente lo que se requiere en la prueba circunstancial es de que inclusive haya los indicios inclusive prueba directa y que uno con otro se vayan agarrando, así en otras palabras, hasta que nos dan una información que no tenemos derivada de la que sí tenemos. Aplicándolo ya al caso en particular y haciendo referencia de lo que los testigos nos dicen, en el caso de David Manzano Aguilar y también en relación a Marco Antonio Jiménez, ellos no fueron testigos nunca presenciales, no estuvieron en el hecho, obviamente, y no podemos exigir que ellos digan que aconteció el hecho como tal porque es un delito de índole sexual y podemos reiterar que hay ausencia de testigos, además de que en relación a la propia declaración de la víctima que es el parámetro para este caso, nunca se dijo que había personas, obviamente que era nada más la víctima y el imputado. Que aquí a lo importante, es que tanta corroboración periférica se requiere precisamente para sostener esta congruencia externa en cuanto a los testigos y en cuanto a estos testigos específicamente, porque aquí la Ministerio Público nos dice que pues la víctima le dijo a esta persona que le platicó después en cuanto a estos hechos meses después de haber acontecido, y que pues no recuerda lo que pasó en el departamento y que ella se encontraba desnuda de la parte inferior del cuerpo, y que además vio al imputado que estaba con la pijama azul y que pues no recordaba, que sí veía los flashazos, es lo que se hizo mención en las dos partes, las partes técnicas y hasta ahí, bueno en un primer momento podamos establecer que a lo mejor que en ese sentido podría tener una corroboración de que efectivamente un hecho específicamente como tal aconteció de índole sexual, tomando en cuenta de que si nos vamos al indicio de que Edith Manzano pues menciona esta situación, ahora en cuanto a Marco Antonio que establece que también la Ministerio Público que no es útil para establecer la cúpula, precisamente porque en cuanto a esta testimonial, esta persona hizo referencia en relación a la circunferencias específicas, inclusive también la asesora jurídica cuando habla en su momento de testimonios, menciona a Edith Manzano Aguilar y también menciona a otra diversa persona, en este caso menciona también a Víctor Hugo Torres Pérez, en el cual menciona que no tuvo conocimiento de los hechos, también que en cuánto a esta referencia subjetiva del testigo, porque dice que lo que pretendía es desquitarse de algo, y que pues porque se esperó tanto tiempo para denunciar y que inclusive el testigo dijo yo creo o infiero de que esto fue porque se encontraba molesta con José Armando Jiménez García. Enseguida, el juez de control continuó analizando la resolución de la Agente del Ministerio Público, y lo que dijo en un momento dado es que no se actualiza el primer elemento que es la cópula, obviamente que esos testigos no son ni lo idóneos, ni los suficientes para establecer en cuanto a la cópula, en un primer momento así es, por lo que vuelvo a reiterar, no son testigos presenciales, podrían establecerse circunstancias en relación a que en un momento dado esta persona de nombre Linda Edith hizo referencia que la víctima si le contó algo al respecto, pero pues hasta ahí, y que inclusive por los demás testigos específicamente Víctor Hugo Torres Pérez pues estableció conclusiones personales para llegar a una conclusión en cuanto a los hechos, y que pues también en relación al diverso testigo, en este caso de nombre Marco Antonio Ramírez Jiménez pues también no sea suficiente, más allá de ello, esto quiero que se entienda, quitemos estos sesgos cognitivos, y las cuestiones personales de cada testigo que pueda tener una opinión o llegar a una conclusión, más allá de ello, independientemente de ello podemos establecer que de alguna manera pueda robustecer lo que dice la víctima, los otros testigos obviamente que no dan mayor referencia, no son idóneos, no sirven para robustecer este elemento de cópula. Asimismo, la declaración de la víctima independientemente de estos testigos y a lo que la Ministerio Público llegó, es que los dictámenes periciales no tienen la suficiencia para respaldar el dicho de la víctima, y aquí es donde se establece en cuánto a está la congruencia externa como tal, porque si los testigos puede ser que corroboren periféricamente en algún momento en cuanto a esta declaración, porque la víctima le haya contado, porque la víctima le haya dicho que pasó, porque la víctima también tuvo cierto comportamiento, en este caso lo que se dijo en la audiencia es que cuando llegó su trabajo ella estaba llorando, estaba con llanto, estaba con lágrimas, obviamente que los testigos pueden ir corroborando todo esto periféricamente, por eso se le llama periférico, pero obviamente que no son los idóneos para establecer en cuanto al elemento específicamente que la Ministerio Público mencionó en su resolución de veintisiete de septiembre del año dos mil veintiuno, de que es la cúpula, y que cuál es el dato de prueba realmente objetivo. Que si la testigo Edith pudo haber robustecido la declaración de la víctima, en un pequeño momento obviamente, lo sustenta si en un momento la credibilidad de que le contó, sin embargo, no es el idóneo para establecer en cuanto a si se acredita o no el primer elemento del tipo penal de violación que es la cópula. El juez de control puntualizó que debía entenderse cuáles son los datos de prueba idóneos y suficientes para tal efecto, pues obviamente que los dictámenes periciales, no es de otra manera, que nos arrojan los dictámenes periciales, específicamente la información que se le dio al juez de control, en cuánto a la doctora María Elena Rojas Ramírez mencionó que la víctima no tenía lesiones en un primer momento. Después también se puede establecer respecto a que esto se haya corroborado con otro dato de prueba, y que bueno podemos establecer como tal, es una pericial de alguna manera aunque no fue establecida como en un momento dado, son todos estos análisis de laboratorio que la víctima se sometió y se llevó a cabo para establecer consecuencias del hecho que narró, evidentemente en cuanto al primer estudio de laboratorio se establece que si padecía esta enfermedad el virus del papiloma humano, inclusive se refiere en que variante, en que genotipo, se hizo mención que es el 59 VPH, sin embargo, aquí donde viene esta discrepancia, y de manera muy objetiva lo tomó en cuenta, es que si bien el análisis clínico de laboratorio Juárez porque todos fueron del laboratorio Juárez, específicamente al que refiere que presentaba una lesión en la zona genital, y que precisamente corrobore en cuanto a que existe está situación y también tomando en cuenta la fecha de los hechos obviamente que fue en el dos mil trece, que pues este es el dato de prueba que podría establecer y corroborar que aún que la doctora María Elena Rojas haya dicho que la víctima no presentaba lesiones, en este momento en el dos mil trece si existían estás lesiones como consecuencia de esta agresión sexual, y tomando en cuenta la mecánica porque refiere que hubo una introducción en su cuerpo por parte del miembro viril del agresor, sin embargo, aquí lo que resta esta vuelvo a reiterar no credibilidad de la declaración de víctima, sino lo que resta en cuanto a la suficiencia y respaldo de la congruencia externa, es de que de la propia indagatoria del Ministerio Público nos llega a la conclusión que Julio César Martínez Valencia como apoderado legal de esta empresa laboratorios Juárez que es la que llevó a cabo el estudio, no reconoce ni ratifica estos documentos, esta es una cuestión que pues se encuentra en la propia indagatoria, y que obviamente que la tomo en cuenta, porque no puedo establecer que es un documento falso como tal, porque obviamente que se requieren elementos también para establecer que sea falso o apócrifo, porque evidentemente se requería comprobar que sea falso, lo que sucede aquí y el punto que estoy estableciendo como tal es que el propio apoderado, es que no ratifica el contenido de estos estudios, y por que no lo ratifica, no en el ámbito del aspecto de que es el experto en la materia y que él como médico diga, no es que efectivamente la víctima no presentaba lesiones, por esto, por esto y por esto, no es por ese rubro, sino por el rubro de que él en su momento como administrador único o como apoderado pues él tiene conocimiento de los formatos, los requisitos en su momento, o en su caso la estructura de los documentos emitidos por la empresa que representa y aquí es dónde viene la problemática, porque a esta persona Julio César Martínez Valencia cuando dice es que no son los documentos que expide su representado, obviamente que aquí pues no puede ser tomado en cuenta en un momento dado para robustecer de manera congruente, externamente esta declaración de la víctima en cuanto a estas lesiones. Que no se debe perder de vista esta situación por la fecha de los hechos, obviamente que los hechos fueron el veintiocho de enero del dos mil trece, haciendo las cuentas son ocho años, entonces obviamente que esto en su momento pues sería el idóneo porque fueron resultados de laboratorio que fueron llevados a cabo casi inmediato a cuando acontecieron los hechos, en ese tiempo, sin embargo, pues aquí establece la circunstancia de que esta persona no corrobora, la señorita Lizbeth Atenas Neyra Núñez dice que pues en ese tiempo debe tomarse en cuenta las circunstancias de que pues el uso de la tecnología, de que se cambió de los expedientes a las computadoras, y que pues debemos tomar en cuenta este traslado, bueno más bien está actualización por llamarlo de alguna manera, del uso de este laboratorio en cuanto a sus documentos, y que por ende entonces hay está circunstancia, sin embargo respetuosamente a la señorita de Neyra pero son cuestiones que ella dijo en ese momento, pero el juez de control no las tenía robustecidas con ningún dato de prueba objetivo, que no podía establecer, sí era cierto que laboratorios Juárez estaba en un traspaso de tecnología, pues ya quitó los expedientes, ya empezó a digitalizar todo y por ende a lo mejor hay una discrepancia en cuanto a las letras, en que si estaba o no firmado, el resultado de que si o no era el mismo formato, que no podía decirlo, pero obviamente que es una presunción que no se basa en un dato de prueba objetivo. Que ello no quiere decir que no le daba credibilidad a lo que le dijo la señorita Atenas pero obviamente que no podía resolver únicamente en cuanto a manifestaciones, obviamente que lo dijo la Asesora Jurídica en esta audiencia y lo que le dijo la Ministerio Público, que no es únicamente lo que ella lo diga, sino es porque se entiende que esto se basa en el trámite de la propia indagatoria, es decir, lo que realmente existe en la carpeta investigación a la cual el juez de control no tuvo acceso durante la audiencia, que únicamente se refirió y resolvió a lo que le vertieron las partes, entonces obviamente que no se podía ir en la presunción de decir, si es cierto, los laboratorios estaban en esta transición, no puedo hacerlo, entonces evidentemente que aquí se establece esta situación de que no se corrobora en cuanto a estos análisis respecto a estas lesiones que en su momento refirió que tenía la víctima, otra cuestión que establece y disminuye la congruencia externa. Además, en cuanto a la perspectiva de género desechando estereotipos, como consecuencia de esta agresión sexual existe una infección por el virus de papiloma humano, y que esto inclusive se refiere que pues es el genotipo 59, y que es como consecuencia de este hecho, aquí lo que contraviene y sin darle ni restarle credibilidad a la declaración de la víctima, es que la propia médico de la fiscalía que es la experta obviamente en la materia y que además es la que tiene conocimientos específicos en esa área de acuerdo a los conocimientos científicos afianzados, en el momento ella dijo que para el virus del papiloma humano el tiempo de incubación y para que en su momento arroje los resultados después del contagio es de dos a tres meses, entonces si tomamos en cuenta la fecha de los resultados que inclusive como se hizo mención fue de manera casi inmediata a los hechos que se atribuyen, inclusive en el mes de febrero de dos mil trece, entonces obviamente que se contrapone con lo que también la perito médico nos dice, y evidentemente que aquí al que se le da mayor suficiencia es obviamente al de la perito porque ella es la que nos dice atendiendo a su experticia. Que el juez de control se tenía que basar en lo que los expertos digan para llegar a este conocimiento, porque él no es experto en medicina, entonces en ese sentido obviamente que pues se desprende que la perito al decir esta situación de esta incubación del virus, si choca también con lo referido en un momento dado en ese aspecto. Otra cosa, es que el dictamen psicológico pues no robustece en sí la declaración de la víctima y obviamente que así lo emitió también una experta, Lizeth García Carrillo la psicóloga de la Fiscalía General del Estado, estableció circunstancias al respecto, y aquí la Agente del Ministerio Publico también nos menciona que efectivamente tuvo a la vista a la persona valorada y que la psicóloga estableció respecto a que no existe indicador al momento de la valoración derivada de una agresión sexual y que la perito menciona que no se reunieron los criterios necesarios para ser diagnosticado con algún trastorno a consecuencia de los hechos que denuncio la víctima, y que en este sentido si bien cursa un estado deprimido, es a consecuencia de problemas familiares que vive con su progenitora, tomando en cuenta que pues no acepta su orientación sexual, la experta ahí es la psicóloga Lizeth García Carrillo arroja este resultado una vez aplicando su metodología, los test respectivos, para arribar a la conclusión a la que llegó, y aquí pues es el que nos da los parámetros para establecer en cuanto a la afectación psicoemocional de la víctima. Pero la víctima independientemente de su sintomatología que haya o no presentado, pues al momento de acudir ante la psicóloga de la Fiscalía General del Estado Lizeth García Carrillo, en base a la valoración estos resultados que la perito en su momento haya arrojado, haya mencionado, pero si se debe tomar en cuenta porque llego a esa conclusión, informó que no hay indicadores al momento de la valoración derivada de una agresión sexual, y que no reúne criterios para ser diagnosticada con un trastorno a consecuencia de hechos denunciados. De igual manera, el elemento del tipo penal que la Agente del Ministerio Público refiere que no se acredita, los testigos no son los idóneos, aunque claro pueden dar corroboración periférica a la declaración de la víctima en cuanto al hecho, en cuanto a su contexto posterior al hecho, esto obviamente que es indudable, pero en si lo que nos establece como tal en relación a un hecho de violencia sexual, además de la declaración de la víctima, y que no obstante que es el dato de prueba en este caso, por la etapa en la que nos encontramos fundamental, como los nuevos estándares y nos ha referido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las Tesis y Jurisprudencias, es que debe ser corroborada en ese sentido y obviamente en el indicio razonable, sin embargo, tomando en cuenta el estado procesal en el que nos encontramos, la Ministerio Público estuvo en lo correcto de determinar que no se ejercía la acción penal porque no iba a tener la suficiencia en un momento dado, por falta de datos de prueba objetivos los que nos conllevan a materializar la congruencia externa, que sustente y robustezca la declaración de una víctima, en este caso de violencia sexual. Que el Ministerio Público para ejercer la acción penal, de acuerdo al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, efectivamente debe contar con los elementos necesarios a través de datos de prueba congruentes, pertinentes, suficientes e idóneos para sustentar ese ejercicio de la acción penal, y en ese aspecto evidentemente que los datos de prueba que se recabaron en la investigación no tienen lo anterior, ya que específicamente lo que no acredito fue el primer elemento del tipo penal de violación y obviamente que los datos de prueba con los cuales se cuenta hasta este momento no tienen esa suficiencia y tampoco idoneidad para acreditar este elemento del tipo penal. Que en relación a la testimonial de la persona de nombre Estefany Laguna Real dice la victima que era importante para contar más datos necesarios para que en su momento determinar si ejerce o no la acción penal, sin embargo, el juez de control reiteró que el problema no está en cuanto al respaldo de la declaración de la víctima en cuanto a sí la verosimilitud como tal en su narración, y que obviamente que está declaración de esta persona será tendiente a corroborar esa parte, sino en un momento dado a establecer en cuanto a de lo que dije de la corroboración a través de la congruencia externa pero en cuanto al aspecto científico a través del psicólogo y a través del médico, y sin el psicólogo y el médico obviamente no tiene la suficiencia, obviamente que aunque también establezca la declaración esta persona, aun así pues, no daría este alcance para ejercer la acción penal por parte del Ministerio Público. Finalmente, el Juez de control de conformidad con los artículos 16 y 21 de la Constitución Federal, en relación con el 258 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, CONSIDERÓ QUE LA RESOLUCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SE ENCONTRABA ACORDE A LOS PARÁMETROS LEGALES, Y COMO CONSECUENCIA LA CONFIRMÓ, con base en lo que existe en la carpeta de investigación, lo que le fue vertido en esa audiencia y en base a lo que objetivamente subsiste para establecer esta situación." Expuesto lo anterior, se reitera que los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, devienen infundados. Como se aprecia el acto reclamado es la resolución judicial de siete de diciembre de dos mil veintiuno, que convalidó la determinación de no ejercicio de la acción penal; así los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. El artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Carta Magna, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Del anterior precepto legal se aprecia la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre: * La abstención de investigar * El archivo temporal * La aplicación de un criterio de oportunidad * El no ejercicio de la acción penal. En general, se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, no queda duda de que el no ejercicio de la acción penal dictado por el Ministerio Público en la etapa de investigación que reclama la parte quejosa encuadra en este supuesto. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945, Décima Época, Materias Penal, con número de registro digital 2017641, cuyo rubr y texto dispone: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 412/2010, determinó que el nuevo sistema procesal penal garantiza, a través del principio de contradicción, la igualdad procesal de las partes, en la medida en que se les permite escuchar de viva voz las argumentaciones de la contraria, para apoyarlas o rebatirlas y observar desde el inicio la manera cómo formulan sus planteamientos en presencia del juzgador, por lo que tanto el Ministerio Público, como el imputado y su defensor deben exponer al juzgador su teoría del caso, con base en los datos que cada uno de ellos aporte a fin de convencerlo. La Primera Sala también manifestó que la teoría del caso se constituye en la idea central o conjunto de hechos sobre los que versará la participación de cada parte a fin de explicarlos y determinar su relevancia, deberá dotarlos de consistencia argumentativa, para establecer la hipótesis procesal que pretende demostrarse y que sustentará la decisión del juzgador, la cual tendrá que vincularse con los datos que se aporten para desvirtuar aquellos en que se apoyen las afirmaciones de su contraparte. Asimismo, la Primera Sala expuso que el juzgador actúa como un tercero imparcial, al analizar las teorías del caso y los datos en que se apoya cada una de éstas, con el objeto de establecer la verdad formal o procesal, garantizar la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto surgido como consecuencia del delito, con lo que cobra plena vigencia el principio de legalidad en materia penal. Es aplicable la tesis 1a. CCXLIX/2011 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, página 292, Décima Época, Materia Penal, Constitucional, con número de registro digital 160184, cuyo rubro y texto es el siguiente: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SE SUSTENTA EN EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN. Del primer párrafo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se advierte que el sistema procesal penal acusatorio y oral se sustenta en el principio de contradicción que contiene, en favor de las partes, el derecho a tener acceso directo a todos los datos que obran en el legajo o carpeta de la investigación llevada por el Ministerio Público (exceptuando los expresamente establecidos en la ley) y a los ofrecidos por el imputado y su defensor para controvertirlos; participar en la audiencia pública en que se incorporen y desahoguen, presentando, en su caso, versiones opuestas e interpretaciones de los resultados de dichas diligencias; y, controvertirlos, o bien, hacer las aclaraciones que estimen pertinentes, de manera que tanto el Ministerio Público como el imputado y su defensor, puedan participar activamente inclusive en el examen directo de las demás partes intervinientes en el proceso tales como peritos o testigos. Por ello, la presentación de los argumentos y contraargumentos de las partes procesales y de los datos en que sustenten sus respectivas teorías del caso (vinculación o no del imputado a proceso), debe ser inmediata, es decir, en la propia audiencia, a fin de someterlos al análisis directo de su contraparte, con el objeto de realzar y sostener el choque adversarial de las pruebas y tener la misma oportunidad de persuadir al juzgador; de tal suerte que ninguno de ellos tendrá mayores prerrogativas en su desahogo. Asimismo, la tesis 1a. CCXLVIII/2011 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, página 291, Décima Época, Materias Penal, Constitucional, con número de registro digital 160185, cuyo rubro y texto es el siguiente: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. TEORÍA DEL CASO. El nuevo sistema procesal penal, a través del principio de contradicción, garantiza la igualdad procesal de las partes prevista en el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en la medida en que se les permite escuchar de viva voz las argumentaciones de la contraria para apoyarlas o rebatirlas y observar desde el inicio la manera como formulan sus planteamientos en presencia del juzgador. Así, tanto el Ministerio Público como el imputado y su defensor, deben exponer al juzgador su versión de los hechos con base en los datos que cada uno de ellos aporte, a fin de lograr convencerlo de su versión, la cual ha sido denominada en la literatura comparada como "teoría del caso", que puede definirse como la idea central o conjunto de hechos sobre los que versará la participación de cada parte, a efecto de explicarlos y determinar su relevancia, dotándolos de consistencia argumentativa para establecer la hipótesis procesal que pretende demostrarse y que sustentará la decisión del juzgador, la cual deberá vincularse con los datos aportados para desvirtuar aquellos en que se apoyen las afirmaciones de su contraparte, de manera que la intervención de las partes procesales puede resumirse en: presentación, argumentación y demostración. En otras palabras, la teoría del caso se basa en la capacidad argumentativa de las partes para sostener que está acreditado un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o haya participado en su comisión, o bien, que existe alguna excluyente de responsabilidad o la destrucción de la proposición que se realiza contra el imputado y que desvirtúa las evidencias en que se apoya". También se precisa que la resolución que emita este Juzgado será únicamente con las constancias acompañadas por el Juez responsable a su informe justificado, ya que por regla general el Juez de Distrito no debe solicitar la carpeta de investigación. Es aplicable por analogía la Jurisprudencia 1a./J. 50/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 206, Décima Época, Materias Común, Penal, con número de Registro digital 2018561, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. POR REGLA GENERAL, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA RESOLVER EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, NO DEBE REQUERIR DE OFICIO LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, establece que en el auto de vinculación a proceso se expresará el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que aquél lo cometió o participó en su comisión. Así, conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, el Juez de Control, para determinar que existen elementos para iniciar un proceso contra el imputado, sólo debe considerar la formulación de la imputación y los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, porque tiene vedado revisar la carpeta de investigación para el dictado de esa resolución; sin embargo, tal impedimento desaparece, entre otros supuestos, cuando durante el debate solicita tener a la vista algún registro de la investigación contenido en dicha carpeta, para advertir alguna inconsistencia en los argumentos de las partes. Además, el artículo 75, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, por ende, no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada; de ahí que, el Juez de Distrito, al resolver el juicio de amparo promovido contra el auto de vinculación a proceso, no debe requerir de oficio la carpeta de investigación, porque ello originaría una resolución con elementos que no fueron rendidos ante el Juez de Control, sino que debe atender únicamente al contenido de la audiencia referida, sin que sea óbice que el tercer párrafo del artículo 75 citado faculte al juzgador de amparo para recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto, porque en materia penal dicha facultad está limitada a que tal solicitud no implique una violación a los principios que rigen el proceso penal acusatorio, lo que acontece precisamente cuando el Juez de Distrito requiere la carpeta de investigación para resolver el juicio de amparo indirecto; sin embargo, en caso de que el Juez de Control haya tenido a la vista algún registro de la investigación, que le permitió resolver determinada controversia o la situación jurídica del imputado, no existirá impedimento legal para que únicamente dicha constancia de la carpeta de investigación se remita en vía de informe justificado al Juez de Distrito, porque constituye una excepción, a la regla general, y aun en ese supuesto de excepción se cumplirá con el precepto indicado, en virtud de que el juzgador apreciará el acto reclamado como fue debatido ante el Juez de Control, en atención a los principios de contradicción e inmediación contenidos en el artículo 20 de la Constitución Federal, los cuales permiten el equilibrio entre las partes para sostener y debatir la teoría del caso respectiva. En ese orden, la audiencia videograbada que contiene el acto reclamado materia de estudio por parte de este Juzgado de Distrito, cumple con los requisitos de los numerales 14 y 16 constitucionales, ya que el Juez de Control expuso los motivos para confirmar la determinación impugnada por la falta de mayores datos de prueba que tomó en consideración la Agente del Ministerio Público para dictar el acuerdo de no ejercicio de la acción y validada por el Juez de Control en la audiencia que prevé el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, la audiencia de siete de diciembre de dos mil veintiuno, se rigió por los principios de contradicción, concentración, continuidad e inmediación, como lo dispone en esencia la fracción IV del artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En cuanto al principio de publicidad, éste se cumplió, dado que en la audiencia prevista por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estuvieron presentes, el Juez de Control: la Fiscal adscrita a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género; asimismo la promovente de este amparo (víctima) y su asesora jurídica. Por lo que respecta al principio de contradicción, la denunciante en compañía de su asesora jurídica y la Ministerio Público tuvieron acceso directo a todos los datos de la carpeta de la investigación del Ministerio Público y estuvieron en posibilidad de controvertir o confrontar, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, lo anterior, toda vez que a cada parte, le fue cedido el espacio para emitir su exposición y refutar lo de la contraria. La audiencia se desarrolló en un solo día, siendo el siete de diciembre de dos mil veintiuno, por lo cual se cumplió el principio de concentración, como también el de continuidad, ya que se celebró sin interrupción de las partes, concediéndose el uso de la palabra inicialmente a la asesora jurídica del denunciante, luego al Ministerio Público, posteriormente a la víctima aquí quejosa. Finalmente, la audiencia fue presidida por el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales con sede en San Francisco Tanivet, Oaxaca, por lo que se cumple con el principio de inmediación. En consecuencia, como se dijo, atendiendo al principio de contradicción, el Juez de Control únicamente está facultado para pronunciarse respecto de los argumentos jurídicos expuestos por las partes en la audiencia prevista en el artículo 258 del Código Nacional del Procedimientos Penales, de ahí, se estima correcto que llegara a la conclusión de confirmar el no ejercicio de la acción penal por parte de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género. Decisión que se apega a lo considerado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 252/2018, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Séptimo Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Décima Época, Materia Penal, con número de registro digital 2019954, cuyo rubro y texto es el siguiente: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. CUANDO SE IMPUGNA ESA DETERMINACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA VÍCTIMA U OFENDIDO O SU ASESOR JURÍDICO DEBE EXPONER ORALMENTE SUS AGRAVIOS EN LA AUDIENCIA Y EL JUEZ DE CONTROL, POR REGLA GENERAL, DEBE RESOLVER SIN CONSULTAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. Con base en los principios de publicidad, oralidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juez de control, al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no debe consultar la carpeta de investigación, sino resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en dicha audiencia, aunque excepcionalmente pueda consultar registros de la carpeta si su contenido o existencia es materia de controversia entre las partes, pues de otra manera no contará con elementos para corroborar si efectivamente el registro de la investigación existe y contiene la información que las partes aseveran, en la inteligencia de que la consulta debe limitarse al registro controvertido y no a la totalidad de la carpeta. Asimismo, la víctima u ofendido o su asesor jurídico debe exponer oralmente sus agravios en la audiencia, sin que sea factible que lo hagan por escrito. Lo anterior, porque en el sistema penal acusatorio corresponde al juez decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para hacer valer sus pretensiones. Porque este sistema es predominantemente oral y sólo por excepción se aceptan actuaciones escritas. Y porque conforme al artículo 20, fracción X, de la Constitución Federal, los principios de publicidad, oralidad y contradicción, entre otros, son aplicables a las audiencias previas a la etapa de juicio, y la audiencia a que se refiere el artículo 258 citado precede al juicio. Lo que se robustece con la regla prevista en dicho precepto que establece que la impugnación debe quedar sin materia si la víctima u ofendido, sin justificación, no asisten a la audiencia, lo que evidencia la plena aplicación de esos principios, pues sin la asistencia de la parte a quien corresponde justificar oralmente los méritos de la impugnación al exponer sus agravios, el juzgador carecería de materia sobre la cual pronunciarse." Asimismo, el Juez dada la naturaleza del hecho inferido a la víctima, aplicó la perspectiva de género acorde al criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó que de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Estado debe establecer procedimientos legales, justos y eficaces para que víctimas de violencia sexual puedan acceder efectivamente a la justicia sin enfrentar barreras extraordinarias. Lo que está contenido en la tesis 1a. CLXXXIV/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 460, Décima Época, Materiass Constitucional, Penal, con número de registro digital 2015634, cuyo rubro y texto es el siguiente: "VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER. REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO COMO VÍCTIMA DEL DELITO. De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Estado debe establecer procedimientos legales, justos y eficaces para que las mujeres puedan acceder efectivamente a la justicia, pues las mujeres víctimas de violencia, en especial la de tipo sexual, enfrentan barreras extraordinarias cuando intentan ejercer este derecho. Por lo tanto, con el objeto de remover esas barreras, los testimonios de las víctimas de la totalidad de delitos que involucren actos de violencia sexual contra la mujer, deben ser valorados con una perspectiva de género a fin de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas, que generen en el ánimo del juzgador una inadecuada valoración que reste credibilidad a la versión de las víctimas. Esas reglas de valoración fueron sostenidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú y por el Pleno de esta Suprema Corte en la tesis P. XXIII/2015 de rubro: "TORTURA EN SU VERTIENTE DE VIOLACIÓN SEXUAL. EL ANÁLISIS PROBATORIO RELATIVO DEBE REALIZARSE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.", las cuales deben ser observadas por las personas impartidoras de justicia en este tipo de casos, que incluyen, al menos, los siguientes elementos: a) se debe considerar que los delitos sexuales son un tipo de agresión que, en general, se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y la persona o personas agresoras, por lo que requieren medios de prueba distintos de otras conductas. En razón de lo anterior no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Asimismo, al analizar la declaración de la víctima se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente; b) se debe tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual. En razón de ello se debe entender que es usual que el recuento de los hechos pueda presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad que se solicita realizarlo; c) Se deben tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros; d) se debe analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción, recordando que la misma es la prueba fundamental. Entre esos otros elementos se pueden encontrar dictámenes médicos psiquiátricos, testimonios, examinaciones médicas, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones; y e) las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, deben ser utilizadas como medios de prueba siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos. Reglas de valoración que fueron previamente sostenidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú y por el Pleno del Máximo Tribunal en la tesis titulada: "TORTURA EN SU VERTIENTE DE VIOLACIÓN SEXUAL. EL ANÁLISIS PROBATORIO RELATIVO DEBE REALIZARSE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.", las cuales deben ser observadas por las personas impartidoras de justicia en este tipo de casos, que incluyen, al menos, los siguientes elementos: a) se debe considerar que los delitos sexuales son un tipo de agresión que, en general, se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y la persona o personas agresoras, por lo que requieren medios de prueba distintos de otras conductas. En razón de lo anterior no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Asimismo, al analizar la declaración de la víctima se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente; b) se debe tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual. En razón de ello se debe entender que es usual que el recuento de los hechos pueda presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad que se solicita realizarlo; c) Se deben tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros; d) se debe analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción, recordando que la misma es la prueba fundamental. Entre esos otros elementos se pueden encontrar dictámenes médicos psiquiátricos, testimonios, examinaciones médicas, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones; y e) las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, deben ser utilizadas como medios de prueba siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos. Por lo cual, se estima que el Juez responsable ajustó su decisión a las reglas que acorde a lo sostenido por el máximo tribunal del país, los impartidores de justicia deben observar para el caso de delitos sexuales, a saber: a) Considerar que dichas agresiones por lo general se producen en ausencia de otras personas; en consecuencia, la declaración de la víctima constituye prueba fundamental sobre el hecho. b) La naturaleza traumática de los actos de violencia sexual conlleva a que la narrativa pueda presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad; c) Ponderar elementos subjetivos de la víctima (edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable, etcétera). d) Analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción -dictámenes médicos psiquiátricos, testimonios, examinaciones médicas, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones-; y e) Las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, deben ser utilizadas como medios de prueba siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos. Y en el caso el Juez de control válidamente no tuvo por satisfechos los parámetros de los incisos d) y e), por lo que su actuación está apegada a derecho. Contestación a los conceptos de violación. 1. En lo relativo a que el Juez de Control exigió pruebas gráficas del elemento cópula y le restó credibilidad al dicho de la víctima por la ausencia de consecuencias psicológicas. Que el Juez de Control no consideró las dificultades probatorias propias de este tipo de hechos, al exigir pruebas el momento mismo de la penetración vía vaginal, no siéndole suficiente el dicho de la víctima sobre los hechos de violación de que fue objeto. La resolución del Juez de Control viola la presunción de veracidad que debe otorgarse a las denuncias de hechos de naturaleza sexual conforme la cual debe ser desvirtuada a través de una serie de diligencias e investigaciones que en el presenta caso no sucedieron. Dicho concepto es infundado, lo anterior porque de la apreciación del audio y video, el Juez de Control puntualizó que la declaración de la víctima es fundamental, es preponderante, con ello quedaba probada la congruencia interna; sin embargo, señaló que esa declaración debía ser robustecida con dictámenes médicos, psiquiátricos, testimonios, examinaciones médicas, pruebas circunstanciales, indicios, presunciones y el último elemento es que efectivamente de esas pruebas circunstanciales indicios y presunciones deben ser utilizadas con medios de prueba para inferir conclusiones consistente sobre los hechos, que es la congruencia externa. Lo que en caso en concreto no aconteció, pues los datos de prueba consistentes en los exámenes de laboratorio no fueron reconocidos por el apoderado de esa empresa, asimismo en la prueba psicológica practicada por perito oficial de la fiscalía no encontró signos de traumas relativos al hecho que refería la víctima en su denuncia. Aunado a que los hechos acontecieron en el dos mil trece y la denuncia aconteció en el dos mil veintiuno, es decir ocho años después, lo que dificultaba la investigación respectiva. Que dichos datos de prueba eran los fundamentales para corroborar la declaración de la víctima. Asimismo, en cuanto a los testigos, ninguno era el idóneo porque no estuvieron en el momento de los hechos, ya que las agresiones de tipo por lo general se producen en ausencia de otras personas. Que si bien había varios testigos en la carpeta de investigación, ninguno tuvo conocimiento directo de los hechos. Así, se puede advertir que la declaración de la víctima para el Juez de Control si fue verosímil, sin embargo, no fue corroborada con cualquier otro indicio o dato de prueba, para que proceda la acción penal intentada. Lo que se corrobora con el propio criterio invocado por la quejosa emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, XXVII.3o.28 P (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, página 1728, Décima Época, Materias Penal, con número de registro digital 2013259, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DELITOS SEXUALES (VIOLACIÓN). AL CONSUMARSE GENERALMENTE EN AUSENCIA DE TESTIGOS, LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA O VÍCTIMA DE ESTE ILÍCITO CONSTITUYE UNA PRUEBA FUNDAMENTAL, SIEMPRE QUE SEA VEROSÍMIL, SE CORROBORE CON OTRO INDICIO Y NO EXISTAN OTROS QUE LE RESTEN CREDIBILIDAD, ATENTO A LOS PARÁMETROS DE LA LÓGICA, LA CIENCIA Y LA EXPERIENCIA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DELITOS SEXUALES, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA TRATÁNDOSE DE.", publicada con el número 436, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre de 2011, Tomo III, Penal, Primera Parte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sección-Adjetivo, página 400, estableció que, tratándose de delitos sexuales, adquiere especial relevancia el dicho de la ofendida, por ser este tipo de ilícitos refractarios a prueba directa. Lo que es acorde con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia condenatoria de 30 de agosto de 2010 en el caso Fernández Ortega y otros vs. México, en el sentido de que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores y, por ende, la naturaleza de esta forma de violencia, no puede esperar a la existencia de pruebas testimoniales, gráficas o documentales, por ello la declaración de la víctima constituye una "prueba fundamental sobre el hecho". De lo anterior se concluye que como los delitos de índole sexual, por su naturaleza, se consuman generalmente en ausencia de testigos, la declaración de la víctima del delito de violación debe considerarse una prueba esencial, siempre que sea verosímil, se corrobore con cualquier otro indicio y no existan otros que le resten credibilidad, atento a los parámetros de la lógica, la ciencia y la experiencia, que sin constituir cada uno de ellos un requisito o exigencia necesario para la validez del testimonio, coadyuvan a su valoración desde la perspectiva de su credibilidad subjetiva, objetiva y de la persistencia en la incriminación. Lo subrayado es propio. 2. Que la falta de evidencia médica no disminuye la veracidad de la declaración de la víctima Lizbeth Atenas Neyra Núñez. Que la declaración de la víctima Lizbeth Atenas Neyra Núñez, es coincidente y consistente tanto en su denuncia como en su declaración pública que fue reproducida en audio y video en audiencia a petición de la Ministerio Público, al señalar que recuerda haber sido violada por José Armando Jiménez García, y con el momento en el que ella despertó y se encontraba boca abajo sobre una cama y encima de ella Jose Armando Jiménez García y que sintió como la penetraba vaginalmente y le dijo "no grites nena, no grites", y que el hecho de que en el video en el que realizó una denuncia pública en redes sociales, antes de presentar su denuncia formal, lo que no le demerita la credibilidad de su dicho, considerando que se trata de un hecho traumático, cuyo impacto puede derivar en determinadas imprecisiones. Dicho concepto es infundado, porque como lo consideró el Juez de Control, la declaración de la víctima era creíble y congruente, sin contradicciones, lo que plasmaba la congruencia interna de la misma. Sin embargo, no fue corroborada precisamente con los parámetros de la ciencia, dictámenes médicos y psicológicos, para tener por acreditada la congruencia externa y complementar dichos elementos, necesarios para el ejercicio de la acción penal. Además, que en lo referente al video que fue reproducido en la audiencia, el juez de control indicó que marcaba una pauta por ser un dato de prueba y estar incorporado a la carpeta de investigación por un Agente Estatal de Investigación. 3. Respecto a la entrevista realizada a la doctora Arcelia Flor de María Aragón Calvo o Arcelia Aragón Calvo con fecha veinticinco de junio de dos mil veintiuno, en donde manifiesta que no recuerda haber atendido a la víctima Lizbeth Atenas Neyra Nuñez, y que en caso de que la víctima le hubiera dicho que fue violada ella no la hubiera examinado y la hubiera referido a la fiscalía como la obligan supuestos protocolos, proposición fáctica que también fue creída y considerada por el Juez de Control. Dicho concepto es infundado, en razón de que ante el Juez de Control, estuvieron presentes la asesora jurídica, la víctima y la Ministerio Público, en dicha audiencia y con base en el principio de contradicción, las partes expusieron ante el Juez sus argumentos y consideraciones, por lo que tuvieron la oportunidad para replicar lo conducente. Inclusive el Juez de Control indicó que iba a resolver con base en lo que le expusieron verbalmente las partes en esa audiencia y sin consultar la carpeta de investigación. Por lo que no hay violación alguna a los derechos de la quejosa. En las relatadas circunstancias, esta autoridad estima correcta la decisión del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales con sede en San Francisco Tanivet, Oaxaca, y por tanto al resultar infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, sin que se advierta queja deficiente que suplir, procede NEGAR EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a LIZBETH ATENAS NEYRA NUÑEZ, contra actos del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales con sede en San Francisco Tanivet, Oaxaca, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma electrónicamente, RODOLFO SÁNCHEZ ZEPEDA, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante DEMNIS MERLIN ROBLES, Secretario que autoriza y da fe, dándose por concluida la audiencia y levantándose para constancia la presente acta que se firma. Doy fe.
- Principal
MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, Sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, con el cual de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término de ocho días, a efecto de que se impongan de su contenido. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la documental exhibida por la mencionada responsable, consistente en un disco en formato DVD, el cual se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Mismo que estará a disposición de las partes para su consulta, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Finalmente, se ordena guardar el disco DVD, que exhibe la responsable, en la caja de valores de este Juzgado y regístrese en el libro respectivo bajo el número que le corresponda. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha en que se actúa el JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES, SEDE SAN FRANCISCO TANIVET, TLACOLULA, OAXACA, no ha rendido su informe justificado ni existe constancia de la que se advierta la fecha en que hubiera quedado notificado del proveído de treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Por lo anterior, para dar margen a la recepción del informe en cita, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL DIECISIETE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. NOTIFÍQUESE.
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