Lorena Vilarreal Álvarez

Expediente 980/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
980/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
27/12/2018

Partes del expediente

  • Lorena Vilarreal Álvarez

Actuaciones

  1. Principal

    I. Causa estado. Visto el estado procesal que guardan los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que la parte promovente ****, no impugnó el proveído de veintinueve de noviembre del año en curso (fojas 15 a 19), por el que se desechó su demanda de amparo; dentro del plazo que la ley otorga; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. II. Se ordena el archivo correspondiente. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto concluido. A su vez, se previene a la parte quejosa para que comparezca ante este Juzgado de Distrito, a recoger el documento que acompañó a su escrito inicial de demanda de amparo, dentro del plazo de noventa días naturales, apercibida que en caso de no hacerlo así, el documento serán destruidos junto con el expediente; lo anterior, con fundamento en el punto vigésimo del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. III. Valoración del expediente principal. Por último, toda vez que se desechó la demanda de amparo, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    I. Se presenta demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza. II. Formación de expediente. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo de juicio de amparo indirecto 980/2018, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). III. Acto reclamado y antecedentes. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama la ejecución del embargo trabado dentro del juicio mercantil 952/2017, promovido por ***, sobre el bien mueble consistente en el vehículo marca Ford, línea Edge, año 2010, con número de serie 2FMDK3JCXABA92638, color blanco perla, con placas KFC9753, del cual aduce ser propietaria, sin que tenga el carácter de parte procesal. Al respecto, conviene precisar que de los antecedentes del acto reclamado, la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que en dicho juicio, el cinco de septiembre de dos mil dieciocho, promovió tercería excluyente de dominio, respecto al vehículo marca Ford, línea Edge, año 2010, con número de serie 2FMDK3JCXABA92638, color blanco perla, con placas KFC9753, que fue embargado; sin embargo, dicho incidente aun no concluye, pues narra que no se ha dictado resolución firme. IV. Se desecha la demanda de amparo indirecto. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo anterior, tiene sustento en el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, ello, con la intención de evitar, crear expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo actio de amparo y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen. En el entendido de que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable por lo que informa, la jurisprudencia P./J. 128/2001, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos tres, Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época, con registro electrónico 188643, de rubro y texto siguientes: "(...) En el caso concreto, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista por el artículo artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. [.]" Del dispositivo antes transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se tramite ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En el asunto, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el cinco de septiembre de esta anualidad, la quejosa promovió tercería excluyente de dominio respecto al bien mueble consistente en un vehículo marca Ford, línea Edge, año 2010, con número de serie 2FMDK3JCXABA92638, color blanco perla, con placas KFC9753, el cual aduce de su propiedad, con motivo del embargo trabado en el juicio mercantil 952/2017, promovido por Gerardo Pacheco Orta. En esa tesitura, toda vez que la tercería excluyente de dominio, constituye un medio de defensa procedente en contra del embargo y ahora desposesión del vehículo que defiende, no es procedente el juicio de amparo. En virtud de que a través del trámite del mismo se puede confirmar o dejar insubsistente el embargo trabado dentro del juicio mercantil 952/2017, y como consecuencia los actos de ejecución del mismo, pues dicha tercería puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar los actos que combate a través de esta vía constitucional, pues de resultar fundada, incuestionablemente podrá dejar sin efecto las actuaciones impugnadas. Así las cosas, cuando un mismo quejoso haya promovido y se encuentre en trámite una tercería excluyente de dominio donde se controvierta la propiedad y los derechos provenientes de un embargo y a la vez, haya intentado un juicio de amparo en el que como tercero extraño no sólo reclama la posesión, sino que aduce que los bienes afectados por el embargo son de su propiedad, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia de mérito, porque la finalidad que se persigue con la promoción de aquélla trae como consecuencia que se nulifique, revoque o modifique el acto reclamado. En apoyo a esta consideración se invoca la jurisprudencia con número de registro 2002669, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1586, que a la letra señala: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN TRÁMITE. EL HECHO DE QUE QUIEN LA PROMUEVA INTERPONGA, COMO TERCERO EXTRAÑO, JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA EL MISMO ACTO RECLAMADO, ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Cuando se encuentre en trámite ante una autoridad jurisdiccional una tercería excluyente de dominio donde el quejoso controvierte la propiedad y los derechos provenientes de un embargo, y a la vez intente un juicio de amparo en el que como tercero extraño no sólo reclama la posesión, sino que aduce que los bienes afectados por el embargo son de su propiedad, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, porque la finalidad perseguida con la promoción de la tercería tiene como consecuencia que se nulifique, revoque o modifique el embargo reclamado. Por tanto, es incuestionable que no pueden coexistir el juicio de amparo indirecto y la tercería excluyente de dominio que se encuentra en trámite, en virtud de que ésta constituye un mecanismo de defensa que, de resultar fundado, podrá generar la insubsistencia legal del acto reclamado, lo que provoca la improcedencia del juicio." Sin que sea óbice a esta determinación, lo manifestado por la impetrante, en el sentido de que acude a esta vía constitucional debido a que la tercería excluyente de dominio no suspende los actos de ejecución del embargo del bien, como es, el embargo trabado sobre el vehículo, pues tal circunstancia no constituye un motivo o causa generadora de excepción que pueda vencer la actualización de la causal de improcedencia del juicio de amparo invocada que resulta de estudio preferente. Aunado a ello, la quejosa no se encuentra en un estado de indefensión, pues como lo manifiesta bajo protesta de decir verdad, se encuentra ejerciendo sus garantías en defensa sobre el bien que aduce es de su propiedad, por la vía ordinaria; por lo que, el criterio aquí adoptado no implica la inobservancia del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que conserva el derecho a un recurso efectivo que sea idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a sus derechos fundamentales y proveer lo necesario para remediarlo. Es así, dado que dicha circunstancia no implica la no verificación de los requisitos de procedencia previstos por la ley, puesto que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de cualquier Estado, concurren garantías judiciales, entre las que destacan, las formalidades de observancia para garantizar el acceso a ellas. Por lo que, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para la procedencia de los planteamientos formulados por los impetrantes de amparo, no constituyen una violación al derecho de un recurso efectivo. Al respecto, se invoca la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, localizable en el Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 325, registro 2005917, que expresa: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Además, si bien es cierto que el trámite de la tercería excluyente no suspende el procedimiento del que deriva el embargo que la motiva; también lo es que, conforme a lo dispuesto por el artículo 1,373 del Código de Comercio , sí se permite suspender la celebración del remate del bien mueble embargado, ello, previa exhibición del título suficiente que acredite su dominio, a juicio del Juez. Por consiguiente, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia invocada, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. VI. Domicilio y autorizado. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, y autorizando para tales efectos a los profesionistas señalados en su demanda. VII. Habilitación de días y horas inhábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo . VIII. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporadas al expediente impreso. IX. Autorización de medios electrónicos. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto. X. Recuperación de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente o recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capitulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. XI. Transparencia Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los articulas 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · 8,673 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano