Lorena Elizabeth Mijares Riojas
Expediente 886/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 886/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Lorena Elizabeth Mijares Riojas
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el 5034, signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, y anexo que se acompaña; en su atención, se provee: Téngase al Tribunal de Alzada remitiendo testimonio de la resolución pronunciada el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, que emitió con motivo del impedimento número 27/2018, del que se advierte que se resolvió lo siguiente: ".PRIMERO. Se califica de legal el impedimento planteado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, residente en Piedras Negras, para conocer del juicio de amparo indirecto 886/2018, promovido por... en contra de los actos reclamados al Delegado Regional en Coahuila del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en esta ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza y otras autoridades, consistente en la omisión de cumplir con la condena decretada en la resolución interlocutoria de liquidación de sentencia de nueve de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el juicio ordinario civil 7/2015, por dicho juzgador Federal. SEGUNDO. Remítanse los autos del juicio de amparo indirecto 886/2018, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Monclova, quien lo deberá turnar al juzgado Federal en turno, y éste determine lo que a su derecho corresponda." En consecuencia, acúsese el recibo respectivo, efectúense las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno y archívese el presente juicio como asunto concluido. Como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio 13035/2018, remitido vía electrónica por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, por medio del cual acusa recibo del oficio 32093/2018-PF, e informa que dio trámite al impedimento planteado por este órgano jurisdiccional, para conocer del juicio de amparo indirecto 886/2018 del índice de este Juzgado, promovido por ***ojas. De lo que este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos legales conducentes.
- Principal
Se recibe demanda. Vista la cuenta que antecede, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Titular de la Delegación Regional en Coahuila del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza y otras autoridades. II. Formación de expediente. Fórmese expediente y regístrese con el número progresivo de juicio de amparo 886/2018, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). III. Impedimento. Este órgano jurisdiccional se declara impedido, para conocer de la demanda de amparo presentada, dado que la quejosa señala como actos reclamados los siguientes: Las omisiones que reclama la parte quejosa en relación a las autoridades señaladas como responsables, las hace derivar del incumplimiento al incidente de liquidación de sentencia de nueve de mayo de dos mil dieciocho, emitida dentro del juicio ordinario civil 7/2015, del índice de este Juzgado de Distrito, en la que la quejosa figura como parte actora. Acorde a lo anterior, se impone concluir que este órgano jurisdiccional se encuentra impedido legalmente para conocer de la presente demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 146, fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y fracción VIII del numeral 51 de la Ley de Amparo. Ahora, de la certificación de cuenta se desprende que una vez revisados los libros de gobierno que se llevan en este órgano jurisdiccional para la captura de los procesos civiles y administrativos, como del propio Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que se encuentra registrado el juicio ordinario civil 7/2015, promovido por ***, en contra del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). A efecto de analizar el impedimento que, en vía de excusa se actualiza, conviene recapitular algunos antecedentes del juicio del cual derivan los actos reclamados. a).- El veinticuatro de agosto de dos mil quince, se admitió a trámite el juicio ordinario civil 7/2015, promovido por ***, en contra del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). b).- Seguidos los trámites del juicio, el nueve de marzo de dos mil dieciséis, se dictó sentencia en el cual se condenó a la parte demandada Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). c).- El veinticinco de abril de dos mil dieciséis, se notificó a las partes la designación del licenciado Helmuth Gerd Putz Botello, como titular de este órgano jurisdiccional. d).- El uno de julio de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el testimonio de la resolución de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, dictada por el Tercer Tribunal Unitario del Octavo Circuito, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, dentro del toca civil 5/2016, que resolvió el recurso de apelación promovido por la parte actora, en contra de la sentencia emitida. e).- El veinticinco de julio de dos mil dieciséis, el Tribunal Unitario informó sobre la interposición del juicio de amparo directo, promovido por la parte demandada, en contra de la resolución emitida en el toca civil 5/2016, el cual quedó registrado bajo el número de amparo directo 356/2016, en el cual se negó la protección de la Justicia Federal al Instituto demandado. f).- El siete de febrero de dos mil dieciocho, se tuvo a la parte actora promoviendo incidente de liquidación de sentencia, mismo que fue resuelto el nueve de mayo de esta anualidad. Ahora bien, como se aprecia del escrito de demanda, los actos en esencia es dar cumplimiento por parte del Instituto demandado dentro del juicio ordinario civil 7/2015, de la resolución de nueve de mayo de este año, en la que se le condenó a parte a la parte actora la cantidad ahí precisada. En efecto, cabe señalar que el artículo 17 de la Constitución Federal reconoce el derecho de acceso a la justicia imparcial. Esta subgarantía implica "(.) que el juzgador emita una resolución no sólo apegada a derecho, sino, primordialmente, que no dé lugar a considerar que existió inclinación o emulación respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido." La imparcialidad jurisdiccional se encuentra garantizada a través de los impedimentos, es decir, hipótesis normativas que presuponen el riesgo de que el tribunal tenga algún designio anticipado o un prejuicio que pueda afectar su neutralidad. La actualización de estos supuestos genera en el juzgador afectado el deber de inhibirse del conocimiento del asunto, a petición de parte (recusación) u oficiosamente (excusa). Luego, el artículo 51 de la Ley de Amparo regula los impedimentos, destacándose la fracción VIII, que se actualiza en la especie, y cuyo texto es el que sigue: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: (.) VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad." Las primeras siete fracciones del precepto transcrito establecen hipótesis específicas de impedimentos, mientras que la octava prevé un supuesto genérico. Este último se actualiza cuando el juzgador se encuentra en alguna situación (diversa a los impedimentos específicos) que implique un riesgo objetivo de pérdida de imparcialidad. Conviene enfatizar que el riesgo de parcialidad del impedimento genérico es de carácter objetivo; es decir, no se requiere demostrar que el juzgador efectivamente tiene una inclinación favorable o adversa hacia alguna de las partes o un interés o predisposición personal en cuanto a la solución del asunto, ya que, con que exista en abstracto, alguna circunstancia objetiva y perceptible pueda generar una duda razonable sobre la neutralidad frente a las partes, intereses o planteamientos en conflicto, válidamente procede excusarme del conocimiento del presente juicio de amparo, dado el impedimento invocado. En el caso, a criterio de este juzgador se actualiza la referida hipótesis, ya que existe un riesgo objetivo de pérdida de imparcialidad que impediría conocer del acto aquí reclamado. Es así, porque ante este órgano jurisdiccional se sustanció el juicio ordinario civil de origen, mismo que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. En tales condiciones, la actuación del suscrito como Juez dentro del juicio civil de donde deriva el acto reclamado, me vincula estrechamente con el acto reclamado. Lo anterior, tiene sustento en la tesis XXVII.3o.27 K (10a.), pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1161, Libro 8, Julio de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, materia común, que dice: "IMPEDIMENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN ADMINISTRATIVA DE TRASLADO Y EL JUEZ DE DISTRITO ES EL INSTRUCTOR DE LA CAUSA PENAL EN LA QUE SE SUJETÓ AL QUEJOSO A PRISIÓN PREVENTIVA. El citado precepto establece una hipótesis genérica de impedimento que opera cuando el Juez de amparo se encuentra en alguna situación objetiva, diversa a los impedimentos específicos, que implique un riesgo de pérdida de imparcialidad. Para que se acredite este impedimento, no se requiere demostrar que el juzgador efectivamente tiene una inclinación subjetiva favorable o adversa hacia alguna de las partes o un interés o predisposición personal sobre la solución del asunto. Basta que, en abstracto, la situación perceptible en la que se encuentre pueda generar una duda sobre su neutralidad frente a las partes, intereses o planteamientos en conflicto. Esta hipótesis se actualiza, entre otros casos, cuando el acto reclamado es una orden administrativa de traslado carcelario y el Juez de Distrito instruye la causa penal en la que se sujetó al quejoso a prisión preventiva. En tal supuesto, el acto reclamado está estrechamente vinculado con la actuación instructora pretérita y futura del juzgador federal, por las siguientes razones: i. Aunque no emitió la orden de traslado, sí dictó el acto restrictivo de la libertad en el que aquélla se sustenta; ii. Además, expresó o debió expresar su anuencia con el traslado carcelario del indiciado, pues éste se encuentra bajo su disposición; y, iii. Finalmente, el traslado podría influir en el desarrollo del juicio penal, ya que si se recluyera al procesado en un lugar distinto al del procedimiento, las actuaciones en las que deba intervenir tendrían que recibirse ante un juzgador diverso al de la causa. Estas circunstancias objetivas generan una duda razonable sobre la neutralidad del operador jurídico, pues no está suficientemente garantizado que resolvería el amparo con absoluta neutralidad, y no en función de su carácter de rector de la causa penal vinculada a la orden de traslado". Tales circunstancias implican a criterio de este tribunal un riesgo objetivo de pérdida de imparcialidad, pues, como se dijo, el acto reclamado se encuentra indisolublemente ligado a la propia actuación de este juzgador en el procedimiento de origen, lo que podría generar una duda razonable sobre la neutralidad que como condición esencial deben revestir las actuaciones de los jueces que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional. Así las cosas, resulta pertinente hacer valer la causa de impedimento que se considera actualizada, ya que la ley así lo establece, con el fin de asegurar la neutralidad en el proceso constitucional, así como para preservar la imparcialidad e independencia en la impartición de justicia. Incluso, hasta podría ser autoridad responsable éste órgano jurisdiccional, o bien, estar vinculado a una eventual concesión de amparo, al ser el Juez instructor del expediente de origen, lo que sin duda actualiza el impedimento aludido. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Amparo, mediante oficio que derive de este auto, se ordena hacer la anterior situación del conocimiento del Tribunal Colegiado en materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para que se sirva calificar el impedimento planteado y, en su caso, determinar qué órgano jurisdiccional debe conocer de la demanda amparo. Para tal efecto, remítase el expediente en que se actúa y fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Apoya lo anterior, en lo conducente, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cincuenta y cinco, Julio a Diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, con registro 206234, que es del tenor siguiente: "IMPEDIMENTO DE UN MAGISTRADO DE CIRCUITO, SI COMO JUEZ DE DISTRITO, EXPRESO OPINIÓN SOBRE LOS HECHOS MATERIA DEL PROCESO, COMO EN EL CASO DE HABER LIBRADO LA ORDEN DE APREHENSIÓN. Cuando un magistrado de Circuito formula impedimento para conocer de un juicio de amparo directo en el que se reclama la resolución definitiva pronunciada en un proceso penal, en el cual dicho funcionario judicial, en su carácter de juez de Distrito, intervino librando la orden de aprehensión respectiva, debe aplicarse la hipótesis contemplada por la facción IV del artículo 66 de la Ley de Amparo, porque al emitir dicho mandamiento, es claro que expresó opinión sobre hechos que dieron origen al proceso. Si de acuerdo a la reglamentación de los impedimentos, lo que se pretende evitar es que en el juicio constitucional se dicten sentencias con parcialidad, es factible que esto ocurra cuando previamente el funcionario judicial ha emitido opinión sobre los hechos materia del proceso en una de sus fases substanciales. De ahí que el haber decretado la orden de captura en cuestión debe considerarse motivo suficiente para estimar legal el impedimento formulado, ya que tal resolución no constituye una actuación de mero trámite, sino como se ha dicho, la expresión dentro del proceso de su opinión sobre los hechos en una de sus fases sustanciales." IV. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la Avenida Adolfo López Mateos, número 1406-E, colonia Nísperos en esta ciudad y autorizando en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas señalados en la demanda. V. Días y horas hábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo. VI. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporadas al expediente impreso. VII. Transparencia Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los articulas 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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