Lorena Tuz Perez

Expediente 951/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
951/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
02/02/2021

Partes del expediente

  • Lorena Tuz Perez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a estos autos el oficio 001, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el original del expediente I-951/2020, del índice de este Juzgado, y el testimonio de la resolución pronunciada en el toca 158/2020, del índice de dicho Cuerpo Colegiado, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de quince de octubre de dos mil veinte; ejecutoria de cuyo único punto resolutivo declaró infundado el recurso de mérito; al efecto, háganse las anotaciones correspondientes en el sistema y en el libro de gobierno respectivo. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a los dispuesto por el artículo 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 4088/2020, signado por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante el cual informa que fue admitido el recurso de queja interpuesto por Carlos Simón Suárez Lire, apoderado de la quejosa Lorena Tuz López, en contra del proveído de quince de octubre del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo de la que deriva este expediente, formándose por tal motivo, el toca 158/2020.

  3. Principal

    Vista la cuenta que antecede, se acuerda: Agréguese a estos autos el escrito de******, mediante el cual pretender interponer incidente de revocación a la suspensión definitiva, la que fue negada mediante ejecutoria de treinta de junio del año en curso, dictada por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, del Décimo Cuarto Circuito, en el incidente de revisión 31/2020, derivada del recurso de revisión que interpuso la tercero interesada Ana Paula Ysita Muñiz, contra la resolución interlocutoria de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en los presentes cuadernos incidentales. En efecto, en dicha interlocutoria de dieciocho de diciembre del año en curso, dictada en los presentes cuadernos incidentales, se concedió al quejoso la suspensión definitiva para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban, y no se realizara el aumento de la pensión alimenticia, conforme a lo establecido en la resolución interlocutoria de veintisiete de agosto del año en curso, esto es, por el monto del 50% de los ingresos que recibe como empleado del Hospital Regional de Alta Especialidad del Estado de Yucatán. Por lo que el quejoso debía seguir realizando el pago en concepto de pensión alimenticia a favor de sus acreedoras alimenticias **** y de sus dos hijas menores de edad de identidad reservada I.S.Y y V.S.Y, tal y como lo estableció el Juez responsable en el citado acuerdo de seis de marzo de dos mil dieciocho, dictado en autos del expediente ***. Siendo que mediante ejecutoria de treinta de junio del año en curso, el Tribunal de Alzada, al resolver el recurso de revisión que interpuso la tercero interesada, determinó, negar la suspensión definitiva, por cuanto a las consecuencias derivadas del acto reclamado al Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por cuanto de conformidad con el artículo 129, fracción IX, de la Ley de Amparo, se contravenían disposiciones de orden Público, en tanto que al concederse la medida cautelar, se impide el pago de alimentos a sus hijas menores de edad, y con ello puede causarles un perjuicio de difícil reparación, al no poder contar con el suministro de la pensión alimenticia que fue aumentada en la resolución reclamada, para satisfacer sus necesidades alimenticias. Ahora bien, en el caso, el quejoso pretende interponer el incidente de revocación a la suspensión definitiva, para el efecto, de que se revoque aquélla y se le conceda la suspensión definitiva, argumentando que en el caso, se advierten hechos supervenientes. Que lo anterior, es así, ya que no obtuvo ganancia alguna por su actividad profesional, a través de la persona moral ****, Sociedad Civil Particular, desde el mes de septiembre de dos mil diecinueve, al mes de septiembre del año en curso, por lo que cerró su consultorio médico, y solicitó al Servicio de Administración Tributaria, la correspondiente suspensión de actividades de persona moral, por lo que únicamente cuenta con su empleo en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Estado de Yucatán. Asimismo, refiere que la tercero interesada *****, cuenta con el consultorio médico número 717, nivel séptimo, del Condominio denominado "****", y que actualmente se encuentra dado en arrendamiento, por un laboratorio, además de que ejerce otra actividad empresarial. Al respecto, dígase al ocursante de mérito, que no ha lugar a acordar favorable su petición, en razón de que no se reúnen los requisitos fundamentales que señala el artículo 154 de la Ley de Amparo, para la tramitación de dicho incidente, el que refiere que la resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión. Lo anterior, es así, ya que con las pruebas documentales que adjuntó el quejoso a su escrito, no se advierte que en el caso, se trate de hechos supervenientes, que puedan lugar a la revocación de la interlocutoria de mérito, requisito sine quanon para la tramitación del incidente de que se trata; ya que los hechos que con ellas se acreditan fueron realizados con anterioridad al dictado de la resolución interlocutoria que negó la suspensión al quejoso, esto es al treinta de junio del año en curso. En efecto, de las manifestaciones a que hace referencia el quejoso, se advierte que desde septiembre del año pasado, tuvo conocimiento de que no obtuvo ganancia alguna por su actividad profesional, en un consultorio particular que rentaba, además de que de acuerdo a la documental que allegó, en donde se da por terminado el contrato de arrendamiento relativo a dicho consultorio, este se advierte que es de nueve de enero del año en curso, esto es, anterior a la fecha de la ejecutoria del Tribunal de Alzada, es decir, que tampoco se trata de un hecho superveniente. Asimismo, respecto a las fotografías que adjunta, éstas únicamente demuestran lo que en ellas se contiene, esto es, una puerta, con el número setecientos diecisiete, un aviso, de que no se labora el dieciséis de septiembre del año en curso, pero en modo alguno, tienen el alcance de acreditar un hecho superveniente, que incida directamente con la revocación de la medida cautelar, misma que le fue negada, por ejecutoria de treinta de junio del año en curso. En cuanto a la prueba de inspección que pretende se realice en el consultorio 717, del Condominio denominado *****, a fin de verificar que éste se encuentra ocupado, y del cual refiere es socia la tercero interesada, debe decirse que ésta, en nada le beneficia, pues en el caso, de la lectura integral de la demanda, se advierte que dicha cuestión ya la hizo valer e incluso fue materia de estudio de fondo, de ahí que tampoco resulta ser un hecho superveniente. En el mismo, sentido debe decirse que respecto a la diversa prueba de inspección que ofrece, respecto del consultorio 1118, en el Condominio denominado ******", debe de decirse que se trata del mismo consultorio respecto del cual se celebró la terminación anticipada del contrato de nueve de enero del año en curso, que adjuntó a su escrito de cuenta, sin que en el caso, se trate de una prueba superveniente que tenga el alcance de modificar o revocar la resolución de treinta de junio de dos mil veinte. De lo anterior, es dable advertir que las pruebas ofrecidas por el quejoso, con las que pretende sustentar el incidente de revocación a la suspensión, no tienen el alcance de acreditar un hecho acaecido con posterioridad a la emisión de dicha resolución emitida por el Tribunal de Alzada, con las que se justifique su pretensión. Lo anterior es así, ya que la naturaleza del incidente de revocación o modificación a la suspensión estriba en que por un acontecimiento ocurrido posteriormente a la emisión de la resolución respectiva, sea de tal naturaleza que cambie la situación jurídica que tenían las cosas antes de resolver sobre la suspensión definitiva; lo que en el presente caso no acontece, pues como se dijo, la finalidad que se persigue con la tramitación del incidente por hecho superveniente consiste en demostrar que el hecho acarrea como consecuencia natural y jurídica la revocación o modificación fundada de la concesión o negativa de dicha suspensión definitiva; siendo que en el caso, los hechos y pruebas que refiere para acreditarlo, ya eran conocidos desde antes de que se emitiera la resolución de segunda instancia que le negó la suspensión definitiva y, en todo caso, valorados por la Superioridad de constar en autos, o bien, en su caso, tuvo la posibilidad de ofrecerlos para demostrar el extremo que pretende; razón por la cual resulta procedente DESECHAR DE PLANO la tramitación del incidente que plantea el impetrante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 354, del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que se lee: MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN DE LA SUSPENSIÓN. DEBE DARSE TRÁMITE AL INCIDENTE RELATIVO, SIEMPRE Y CUANDO NO SEA NOTORIA Y EVIDENTE LA INEXISTENCIA DEL HECHO SUPERVENIENTE QUE LO FUNDAMENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).El artículo 140 de la Ley de Amparo, vigente hasta la , establece la facultad del juez de distrito para revocar o modificar su decisión sobre la concesión o negativa de la suspensión en el juicio de amparo indirecto, cuando aún no exista sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo y concurra un acontecimiento fáctico que impacte sobre la situación jurídica valorada por aquél al dictar la resolución sobre la suspensión. Sin embargo, de una interpretación textual y finalista del citado precepto legal se desprende que al ser una condición material para la modificación o revocación de la suspensión la existencia de un hecho superveniente, la determinación del juez al respecto deberá tomarse una vez que escuche a las partes del juicio de amparo y les haya permitido presentar pruebas y alegatos, tal como ocurre en el procedimiento ordinario de un incidente de suspensión de conformidad con el artículo 131 de la referida legislación. Por ende, el hecho superveniente no constituye un requisito de procedencia del incidente de modificación o revocación de la suspensión al que da lugar el artículo 140 de la Ley de Amparo abrogada; por el contrario, su calificativa como superveniente implica en sí misma un pronunciamiento sobre la viabilidad de tal situación fáctica para afectar el estatus jurídico que motivó la concesión o negativa de la suspensión. Por tales razones, se concluye que con la excepcionalidad de que sea notoria y evidente la inexistencia del hecho superveniente, el juzgador deberá tramitar el incidente relativo de acuerdo con las reglas previstas en los artículos 358 a 364 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley citada en términos de su artículo 2o., con el fin de permitir a las partes del juicio presentar pruebas y alegatos. Dicha notoria y evidente inexistencia no se origina por una simple deficiencia en la carga probatoria por el promovente, pues ello es materia de fondo del propio incidente; más bien, se dará cuando desde la solicitud interpuesta para modificar o revocar la suspensión, el juez advierta de forma clara e indubitable que no se satisfacen los requisitos primarios de un hecho superveniente; por ejemplo, podrá desecharse la solicitud del incidente cuando los acontecimientos o las pruebas aducidas como una causa superveniente ya fueron valoradas en la resolución de la suspensión, no guarden indiciariamente una relación con las partes o el acto reclamado, o ya hayan sido señalados por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación como causas no supervenientes, como la emisión y publicación de la jurisprudencia.De igual forma, es aplicable a lo anterior, de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, el criterio sustentado por los Tribunales Colegiados de Circuito, en la tesis visible en la página 1024, del Tomo VIII, Noviembre de 2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice:SUSPENSIÓN DEFINITIVA POR HECHO SUPERVENIENTE. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DEL INCIDENTE DE REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA INTERLOCUTORIA QUE LA CONCEDE O NIEGA.- para la procedencia del incidente de revocación o modificación de la suspensión definitiva por hecho superveniente, previsto en el artículo 140 de la Ley de Amparo, es necesario que concurran los siguientes requisitos: a) El acaecimiento de un hecho posterior o coetáneo a la resolución dictada cuya modificación o revocación se pretende; b) Que ese hecho sea de tal naturaleza que cambie la situación jurídica que tenían las cosas antes de resolver sobre la suspensión definitiva; c) Que el hecho invocado como superveniente guarde relación directa con los actos reclamados suspendidos o, en su caso, con aquellos por los que se negó la medida cautelar; y, d) Que no se haya pronunciado sentencia ejecutoria en el juicio de amparo de que se trate. Además, para la calificación del hecho superveniente no deben tenerse en cuenta los actos reclamados ni el capítulo de suspensión tal como fueron planteados en la demanda de garantías que motivó el juicio del que deriva el incidente respectivo, sino únicamente la situación jurídica que creó la resolución de suspensión definitiva, toda vez que la finalidad que se persigue con la tramitación del incidente por hecho superveniente consiste en demostrar que el hecho acarrea como consecuencia natural y jurídica la revocación o modificación fundada de la concesión o negativa de dicha suspensión definitiva."

  4. Principal

    Mérida, Yucatán; quince de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por CARLOS SIMÓN SUÁREZ LIRE, quien se ostenta apoderado de la directa quejosa Loreta Tuz López, contra actos que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, y de otras autoridades; con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se le reconoce al ocursante el carácter de apoderado de la citada quejosa, en términos de la copia con firmas autógrafas de la resolución de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, dictada en autos del juicio laboral 725/2015, del índice de la citada autoridad responsable. Ahora bien, regístrese la demanda en el libro de gobierno de este Juzgado. Por otra parte, toda vez que de la lectura de la demanda de amparo, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la referida demanda de amparo, por los motivos que a continuación se exponen. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo y escrito con el cual da cumplimiento a la prevención hecha, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En ese sentido, la parte quejosa señala en esencia como acto reclamado, la denegación de justicia de que ha sido objeto en autos del expediente 725/2015, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, de emitir el acuerdo relativo al requerimiento de pago por la cantidad de $ 148,355.86, que fuera solicitado por la quejosa mediante escrito presentado ante la Junta responsable el dos de octubre del presente año, y en consecuencia, la negativa del actuario responsable de realizar la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo. En el caso, esta Juzgadora Federal advierte que respecto del precitado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia revista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Ahora bien, al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que respecto de los actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: - La primera, la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. - La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: Falta de prosecución del trámite. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 Constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que la parte quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia, la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, si en el caso la quejosa se duele de la denegación de justicia que ha sido objeto; debe decirse que ello no se trata de un acto de imposible reparación, atento a los lineamientos antes trazados, ya que no afecta ningún derecho sustantivo en forma directa, sino solamente, en su caso, ocasiona una dilación del proceso, la cual no se estima de tal magnitud que pueda considerarse como irreparable, máxime que únicamente han transcurrido cinco días hábiles, hasta el día de la presentación de la demanda ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito, en esta ciudad. Por lo que se considera como una violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Sin que en el caso se advierta, de las manifestaciones vertidas por la propia parte quejosa en su escrito de demanda, que el acto reclamado constituya una abierta dilación del procedimiento, si se toma en consideración que la demanda de amparo fue presentada el trece de octubre de dos mil veinte, por lo que solo habían transcurrido cinco días hábiles. Atento a lo anterior, no se estima una abierta dilación del proceso, sino un mero retraso del mismo, dado que hasta la fecha de la presentación de la demanda únicamente han transcurrido cinco días hábiles; lo cual no se considera trastoque de derechos fundamentales. Sin que con lo anterior se deje en estado de indefensión al amparista, pues se encuentra en aptitud de acudir ante la autoridad requirente e instarla a que dé cumplimiento a su determinación. En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el caso, se actualiza la mencionada causal de improcedencia y, por tanto, lo procedente es desechar la demanda, por notoriamente improcedente. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de esta Juzgador, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." De igual forma se toma como criterio orientador la siguiente jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2019400, que es del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal efecto en su demanda de amparo y como sus autorizados a las personas que indica, en los términos conferidos. Ahora bien, en cuanto a que se otorgue, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo, a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, a efecto de consultar el expediente de este juicio, formular promociones y se le notifique los acuerdos aún los de carácter personal, proporcionando para ello su nombre de usuario: "gmanzano81", relativo al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el capítulo sexto del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la citada usuaria, para tener acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, para consultar, promover y que le sea notificado en el mismo con su nombre de usuario " gmanzano81", o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, para todos los efectos legales que correspondan. Asimismo, téngase como su correó electrónico suarezlire@hotmail.com, por medio del cual le podrán ser notificados los acuerdos relativos al presente juicio de amparo. En cuanto a su diversa solicitud, consistente en que se permita el uso de medios electrónicos para tomar fotografías del presente expediente; con apoyo en la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se accede a lo instado. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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