Lorena Tuz Lopez
Expediente 1574/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1574/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 13/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Lorena Tuz Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
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MES V. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de garantías el veintidós de febrero del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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mesa v. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguense a los autos el oficio 232/2018 rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad y anexo que acompaña al mismo, mediante el cual remitió copias certificadas del dictamen pericial número 32/2018 suscrito por la L.C.C. MARIA ANTONIA DOMINGUEZ PALMA, perito en grafoscopia y documentos cuestionados, de fecha quince de enero del año en curso. Ahora bien, de la revisión del oficio y las constancias que fueron anexadas por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local Junta de Conciliación y Arbitraje en el Estado con residencia en esta ciudad, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63 de la citada ley de la materia. Al respecto, es necesario precisar que la promovente del amparo reclama en el presente juicio la paralización del procedimiento toda vez que la Junta Especial número Dos omitió enviar oficios recordatorios a la Fiscalía General del Estado y la Dirección de Servicios Periciales a fin de que el perito designado remitiera dictamen pericial. En este sentido, de las constancias que adjuntó a su oficio número 232/2018 el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad, se aprecia que mediante audiencia de fecha dos de los corrientes, la perito L.C.C. MARIA ANTONIA DOMINGUEZ PALMA, remitió su dictamen de fecha quince de enero del año en curso. En este orden de ideas, y toda vez que en audiencia del día dos de febrero del año en curso se dio cuenta con dicho peritaje; y para acreditar lo anterior, remitió copia certificada de dicho acuerdo, así como el propio peritaje de la L.C.C. MARIA ANTONIA DOMINGUEZ PALMA; documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, se llega a la conclusión que en el presente juicio de amparo han cesado los efectos del acto que se reclama, y se surte la causal de improcedencia señalada, al destruirse de forma total e incondicional el acto omisivo combatido por el solicitante del amparo a la autoridad responsable, restituyéndose al agraviado en el goce de la garantía constitucional violada. De ahí que aparezca la imposibilidad de entrar al análisis de fondo del acto reclamado por haber quedado sin efecto la omisión impugnada, pues no hay materia por la cual se procediera a determinar su constitucionalidad de proseguirse el trámite del presente juicio. En apoyo de lo anterior tiene aplicación al respecto la tesis número P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, que al rubro y texto reza: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis. Por consiguiente, este Juzgador Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.
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MESA V. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante informe justificado rendido el veinticinco de enero último, el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, adjuntó diversas constancias de las que se advierte que se señaló el dos de febrero de esta anualidad, para que la perito María Antonia Domínguez Palma, compareciera ante dicha junta laboral a rendir su correspondiente dictamen pericial. En tal virtud, dado que aún no obran en autos las constancias relativas a la pericial de mérito, y de que éstas resultan necesarias para resolver el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que en el término de tres días, legalmente computado, remita copia certificada de las constancias relativas a la comparecencia de la perito antes mencionada; apercibida que de no hacerlo así, dentro del término fijado, se le impondrá la multa de cien unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 260 fracción II de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO."- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional relativa. Finalmente, es importante señalar que al momento de rendir su correspondiente informe justificado, el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, lo hizo en respuesta a los oficios 37803/2017 y 37804/2017, de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, rindiendo el informe justificado relativo a este asunto, por sí y por lo que respecta al Actuario adscrito a dicha junta laboral, lo que se hace del conocimiento de las partes, para los fines legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
V. Agréguense a estos autos los informes justificados rendidos por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y el Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General, con el anexo que adjuntaron; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. .
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