LORENA SANCHEZ SANTIAGO y Otros.
Expediente 23/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 23/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/02/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- LORENA SANCHEZ SANTIAGO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA 3-A "... Agréguese la comunicación del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por medio de la cual acusa recibo del oficio 795 y anexos, e informa que aceptó la competencia declinada. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido; el cual se estima carece de relevancia documental, por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción, ello en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Finalmente, hágase las anotaciones correspondientes en la carátula de este cuaderno de antecedentes y en el libro de gobierno respectivo. .."
- Principal
MESA III-A "... Agréguese el escrito de LORENA SÁNCHEZ SANTIAGO y JAVIER JUÁREZ OROZCO, mediante el cual desahogan el requerimiento formulado en auto inicial (fojas 6 y 7). Ahora bien, se procede a examinar si en el caso, este órgano jurisdiccional es competente, para analizar la constitucionalidad o no de los actos reclamados por la quejosa, pues ello, es presupuesto procesal de orden público y estudio preferente. El artículo 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: c). En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común." Por otra parte, los artículos 47, 170 y 171 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo". "Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: c) en materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no procede el recurso de apelación, de acuerdo a la ley que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal...". En relación con el tema, existe la jurisprudencia siguiente: "DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. Los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo establecen, respectivamente, que se está ante una sentencia definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, cuando decide el juicio en lo principal y respecto de ella las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno, por virtud del cual pueda ser modificada o revocada; asimismo, se considerará como tal, la dictada en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si la ley se los permite; al igual que la resolución que pone fin al juicio, es decir, la que sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido y respecto de la cual las leyes no conceden recurso ordinario alguno; y que el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo contra ese tipo de sentencias es el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Ahora bien, si una resolución que pone fin al juicio o una sentencia son legalmente recurribles, pero el interesado no agota el recurso previsto en la ley y deja transcurrir el término para ello, aunque la sentencia o la resolución ya no puedan ser legalmente modificadas, no por ello deben tenerse como definitivas para los efectos del juicio de amparo directo, pues la situación de facto, consistente en haber dejado transcurrir el término de impugnación, no puede hacerlo procedente, toda vez que ello implicaría soslayar unilateralmente la carga legal de agotar los recursos que la ley prevé, lo que se traduciría en violación al principio de definitividad" (jurisprudencia P./J. 17/2003, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVIII, Julio de 2003, Materia Común, página 15, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). Los artículos y jurisprudencia transcritos, clarifican que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados. Por otra parte, disponen que cuando ante el juez de Distrito se presente una demanda de amparo contra una sentencia definitiva, éste se declarará incompetente de plano y la remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. En el caso, la parte quejosa reclama la sentencia de nueve de diciembre de dos mil catorce, emitida por el Juez Octavo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el juicio mercantil ejecutivo 581/2012, y en su escrito aclaratorio bajo protesta de decir verdad manifiesta: "(.) La cantidad exacta de la suerte principal que reclama la parte actora en el juicio ejecutivo mercantil 581/2012, es la cantidad de NOVENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL." Al respecto, cabe señalar que la determinación antes aludida, resulta ser una resolución que puso fin al juicio natural y condenó a los demandados al pago de diversas prestaciones que le fueron reclamadas, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada; por tanto, esa sentencia de la autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo, tiene el carácter de resolución que pone fin al juicio en términos del artículo 170 fracción I, de la Ley de Amparo y por ello, es impugnable en amparo directo y no por la vía biinstancial planteada, pues con ello, lo da por concluido; y en contra de la misma, el Código de Comercio, específicamente en sus artículos 1339 y 1340 , por tratarse de un monto inferior a $539,756.58 (QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N.) -monto actualizado a partir del treinta de diciembre de dos mil trece-, por concepto de suerte principal, no concede recurso ordinario mediante el cual pueda ser modificada o revocada. Ahora, tomando en consideración que, en el caso, la resolución reclamada es en materia mercantil, el conocimiento de este juicio de amparo corresponde al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Tercer Circuito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 47,170 y 171 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, se declara legalmente incompetente para conocer el presente asunto, estimándose, constitucional y legalmente competente, al Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, conforme lo disponen los citados numerales 47, 170 y 171 de la Ley de Amparo, y 37 fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que regula la competencia de los Tribunales Colegiados para conocer en materia civil, sobre sentencias o resoluciones dictadas por tribunales judiciales; salvo mejor consideración de ese Tribunal. Bajo ese contexto, remítase la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Décimo Tercer Circuito, residente en esta ciudad, para que a su vez la remita al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, del cual se solicita el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA..." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS A LOS QUEJOSOS, PREVIO CITATORIO QUE SE LES DEJÓ EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA SER NOTIFICADOS EL 04 DE FEBRERO DE 2015. CONSTE.)
- Principal
MESA III-A "... Vista la demanda de amparo promovida por LORENA SÁNCHEZ SANTIAGO y JAVIER JUÁREZ OROZCO, contra actos del Juez Octavo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 23/2015, que le corresponde. Ahora; se procede a examinar si en el caso, este órgano jurisdiccional es competente, para analizar la constitucionalidad o no de los actos reclamados por la quejosa, pues ello, es presupuesto procesal de orden público y estudio preferente. El artículo 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: c). En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común." Por otra parte, los artículos 47, 170 y 171 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo". "Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: c) en materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no procede el recurso de apelación, de acuerdo a la ley que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal...". En relación con el tema, existe la jurisprudencia siguiente: "DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. Los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo establecen, respectivamente, que se está ante una sentencia definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, cuando decide el juicio en lo principal y respecto de ella las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno, por virtud del cual pueda ser modificada o revocada; asimismo, se considerará como tal, la dictada en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si la ley se los permite; al igual que la resolución que pone fin al juicio, es decir, la que sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido y respecto de la cual las leyes no conceden recurso ordinario alguno; y que el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo contra ese tipo de sentencias es el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Ahora bien, si una resolución que pone fin al juicio o una sentencia son legalmente recurribles, pero el interesado no agota el recurso previsto en la ley y deja transcurrir el término para ello, aunque la sentencia o la resolución ya no puedan ser legalmente modificadas, no por ello deben tenerse como definitivas para los efectos del juicio de amparo directo, pues la situación de facto, consistente en haber dejado transcurrir el término de impugnación, no puede hacerlo procedente, toda vez que ello implicaría soslayar unilateralmente la carga legal de agotar los recursos que la ley prevé, lo que se traduciría en violación al principio de definitividad" (jurisprudencia P./J. 17/2003, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVIII, Julio de 2003, Materia Común, página 15, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). Los artículos y jurisprudencia transcritos, clarifican que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados. Por otra parte, disponen que cuando ante el juez de Distrito se presente una demanda de amparo contra una sentencia definitiva, éste se declarará incompetente de plano y la remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. En el caso, la parte quejosa reclama la sentencia de nueve de diciembre de dos mil catorce, emitida por el Juez Octavo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el juicio mercantil ejecutivo 581/2012, en la cual bajo protesta de decir verdad manifiesta: "(.) por la cuantía no puedo agotar el recurso ordinario (.)" Al respecto, cabe señalar que la determinación antes aludida, resulta ser una resolución que puso fin al juicio natural y condenó a los demandados al pago de diversas prestaciones que le fueron reclamadas, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada; por tanto, esa sentencia de la autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo, tiene el carácter de resolución que pone fin al juicio en términos del artículo 170 fracción I, de la Ley de Amparo y por ello, es impugnable en amparo directo y no por la vía biinstancial planteada, pues con ello, lo da por concluido; y en contra de la misma, el Código de Comercio, específicamente en sus artículos 1339 y 1340 , por tratarse de un monto inferior a $539,756.58 (QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N.) -monto actualizado a partir del treinta de diciembre de dos mil trece-, por concepto de suerte principal, no concede recurso ordinario mediante el cual pueda ser modificada o revocada. Ahora, tomando en consideración que, en el caso, la resolución reclamada es en materia mercantil, el conocimiento de este juicio de amparo corresponde al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Tercer Circuito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 47,170 y 171 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, se declara legalmente incompetente para conocer el presente asunto, estimándose, constitucional y legalmente competente, al Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, conforme lo disponen los citados numerales 47, 170 y 171 de la Ley de Amparo, y 37 fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que regula la competencia de los Tribunales Colegiados para conocer en materia civil, sobre sentencias o resoluciones dictadas por tribunales judiciales; salvo mejor consideración de ese Tribunal. Bajo ese contexto, remítase la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Décimo Tercer Circuito, residente en esta ciudad, para que a su vez la remita al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, del cual se solicita el acuse de recibo correspondiente. De conformidad con el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su dispositivo 2°, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en este expediente. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para recibir notificaciones y acuerdos, el que indica; y por autorizados a las personas que menciona para tal efecto. Por otra parte, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias, contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV, del artículo 13 de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA..." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS A LOS QUEJOSOS, PREVIO AVISO QUE SE LES DEJÓ EN EL DOMICILIO QUE SEÑALARON PARA SER NOTIFICADOS EL 21 DE ENERO DE 2015. CONSTE.)
- Principal
MESA III-A "... Vista la demanda de amparo promovida por LORENA SÁNCHEZ SANTIAGO y JAVIER JUÁREZ OROZCO, contra actos del Juez Octavo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 23/2015, que le corresponde. Ahora; se procede a examinar si en el caso, este órgano jurisdiccional es competente, para analizar la constitucionalidad o no de los actos reclamados por la quejosa, pues ello, es presupuesto procesal de orden público y estudio preferente. El artículo 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: c). En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común." Por otra parte, los artículos 47, 170 y 171 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo". "Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: c) en materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no procede el recurso de apelación, de acuerdo a la ley que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal...". En relación con el tema, existe la jurisprudencia siguiente: "DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. Los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo establecen, respectivamente, que se está ante una sentencia definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, cuando decide el juicio en lo principal y respecto de ella las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno, por virtud del cual pueda ser modificada o revocada; asimismo, se considerará como tal, la dictada en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si la ley se los permite; al igual que la resolución que pone fin al juicio, es decir, la que sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido y respecto de la cual las leyes no conceden recurso ordinario alguno; y que el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo contra ese tipo de sentencias es el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Ahora bien, si una resolución que pone fin al juicio o una sentencia son legalmente recurribles, pero el interesado no agota el recurso previsto en la ley y deja transcurrir el término para ello, aunque la sentencia o la resolución ya no puedan ser legalmente modificadas, no por ello deben tenerse como definitivas para los efectos del juicio de amparo directo, pues la situación de facto, consistente en haber dejado transcurrir el término de impugnación, no puede hacerlo procedente, toda vez que ello implicaría soslayar unilateralmente la carga legal de agotar los recursos que la ley prevé, lo que se traduciría en violación al principio de definitividad" (jurisprudencia P./J. 17/2003, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVIII, Julio de 2003, Materia Común, página 15, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). Los artículos y jurisprudencia transcritos, clarifican que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados. Por otra parte, disponen que cuando ante el juez de Distrito se presente una demanda de amparo contra una sentencia definitiva, éste se declarará incompetente de plano y la remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. En el caso, la parte quejosa reclama la sentencia de nueve de diciembre de dos mil catorce, emitida por el Juez Octavo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el juicio mercantil ejecutivo 581/2012, en la cual bajo protesta de decir verdad manifiesta: "(.) por la cuantía no puedo agotar el recurso ordinario (.)" Al respecto, cabe señalar que la determinación antes aludida, resulta ser una resolución que puso fin al juicio natural y condenó a los demandados al pago de diversas prestaciones que le fueron reclamadas, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada; por tanto, esa sentencia de la autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo, tiene el carácter de resolución que pone fin al juicio en términos del artículo 170 fracción I, de la Ley de Amparo y por ello, es impugnable en amparo directo y no por la vía biinstancial planteada, pues con ello, lo da por concluido; y en contra de la misma, el Código de Comercio, específicamente en sus artículos 1339 y 1340 , por tratarse de un monto inferior a $539,756.58 (QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N.) -monto actualizado a partir del treinta de diciembre de dos mil trece-, por concepto de suerte principal, no concede recurso ordinario mediante el cual pueda ser modificada o revocada. Ahora, tomando en consideración que, en el caso, la resolución reclamada es en materia mercantil, el conocimiento de este juicio de amparo corresponde al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Tercer Circuito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 47,170 y 171 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, se declara legalmente incompetente para conocer el presente asunto, estimándose, constitucional y legalmente competente, al Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, conforme lo disponen los citados numerales 47, 170 y 171 de la Ley de Amparo, y 37 fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que regula la competencia de los Tribunales Colegiados para conocer en materia civil, sobre sentencias o resoluciones dictadas por tribunales judiciales; salvo mejor consideración de ese Tribunal. Bajo ese contexto, remítase la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Décimo Tercer Circuito, residente en esta ciudad, para que a su vez la remita al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, del cual se solicita el acuse de recibo correspondiente. De conformidad con el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su dispositivo 2°, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en este expediente. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para recibir notificaciones y acuerdos, el que indica; y por autorizados a las personas que menciona para tal efecto. Por otra parte, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias, contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV, del artículo 13 de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA..." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS A LOS QUEJOSOS, PREVIO AVISO QUE SE LES DEJÓ EN EL DOMICILIO QUE SEÑALARON PARA SER NOTIFICADOS EL 21 DE ENERO DE 2015. CONSTE.)
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