Lorena Guadalupe Von Aguilar

Expediente 756/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
756/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
14/12/2022

Partes del expediente

  • Lorena Guadalupe Von Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    "... Agréguese el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, y anexo consistente en el testimonio de la ejecutoria de dos de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el recurso de queja 356/2022, del índice del referido tribunal. Acúsese recibo. Por otra parte, dado que la superioridad declaró infundado el recurso de queja interpuesto por **********, contra el proveído de veintitrés de junio de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo; hágase del conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia, para los efectos legales consiguientes. Ahora, vista la certificación de cuenta, toda vez que, el presente expediente físico coincide con el electrónico, .... archívese el asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que éste expediente será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente; ...Hágase las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia el Estado de Oaxaca, remitió el toca 55/2022, y un cuadernillo de copias certificadas, mediante comunicación que se libre para tal efecto, devuélvase dichos expedientes..."

  2. Principal

    "... Agréguese el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, por el cual informa, que dicho tribunal admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa y se avocó a su conocimiento, registrándolo con el número 356/2022..."

  3. Principal

    "... Agréguese el escrito de la quejosa *****, en su atención, se provee: Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó su demanda de amparo. En consecuencia, ríndase el informe correspondiente, y como apoyo del mismo, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, a quien incumbe la calificación sobre procedencia, oportunidad y, en su caso, resolución, 1) el expediente electrónico, debidamente vinculado; y, 2) el original y copia del escrito interposición del recurso y expresión de agravios. Se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que habilite la disponibilidad del expediente electrónico, a efecto de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de vincularlo con el recurso de queja que corresponda; lo que se le hace de su conocimiento para los efectos legales conducentes..."

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio y procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta localidad, al que adjunta: a) juicio de amparo directo 204/2022 de su índice; b) un correspondiente a la copia certificada del incidente de cancelación de pensión alimenticia relativo al expediente familiar 563/2013, del índice del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro; y c) el Toca Familiar 55/2022, del índice de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Toda vez que el citado órgano colegiado se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Lorena Guadalupe Von Aguilar, contra actos de la Primera Sala Familiar del Tribunal superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en virtud de que el acto que reclama es materia de amparo indirecto; acúsese recibo. En consecuencia, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 756/2022. Improcedencia Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. De la lectura de la demanda amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, la resolución de doce de mayo del año dos mil veintidós, dictada en el toca familiar 0055/2022, en el que se resolvió la queja relativa a la inadmisión del recurso de apelación interpuesto contra el proveído de quince de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual, reclama diversos acuerdos de admisión e inadmisión de pruebas, así como; la preparación de las mismas. Con base en lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el normativo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, así como 170 y 172, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. (.)". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley. (.). La interpretación de los preceptos transcritos revela que la improcedencia del juicio de amparo también resulta de alguna disposición tanto Constitucional, como de la propia ley, diversa de las veintidós fracciones del artículo 61 transcrito; que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este punto cabe resaltar que la Ley de Amparo en vigor, en su artículo 107, fracción V, es taxativa al señalar qué debe entenderse por actos de imposible reparación. Lo anterior es trascendente en la medida que bajo la vigencia de la Ley de Amparo anterior (publicada el diez de enero de mil novecientos treinta y seis en el Diario Oficial de la Federación), los actos de imposible reparación comprendían además de afectación a derechos sustantivos, también los actos procesales o formales cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior; así acontecía con el desechamiento de pruebas legalmente ofrecidas o con su desahogo en forma contraria a la ley. Sin embargo, ya que la Ley de Amparo vigente limita la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de los actos cuyos efectos sean de imposible reparación, precisando qué debe entenderse por éstos; entonces los actos procesales con las características referidas quedan excluidos de dicha categoría y, por ende, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclame un acto de naturaleza procesal o formal, ya que éste no tiene la característica de ser de "imposible reparación". En efecto, la redacción de la actual Ley de Amparo ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, proporcionando mayor seguridad jurídica para la promoción del juicio biinstancial contra esta clase de actos, pues a través de una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Dicho en otras palabras, hoy día para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, se requiere, primero, que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", esto es, que el acto autoritario impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; segundo, que esos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión totalmente opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, donde la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese contexto, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", en los juicios de amparo iniciados conforme a la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de aquel criterio, por su incompatibilidad con el nuevo texto legal. Sirve de apoyo a las consideraciones anteriores, la jurisprudencia siguiente: "PERSONALIDAD, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- si no que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En la especie, se aprecia que el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye actos de imposible reparación, dada su propia naturaleza intraprocesal, pues no afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que en favor del justiciable, consagran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Lo anterior, tomando en consideración que la quejosa reclama, la resolución interlocutoria emitida el doce de mayo de dos mil veintidós, en el toca familiar 55/2022, en el que se resolvió la queja relativa a la inadmisión del recurso de apelación interpuesto contra el proveído de quince de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual, reclama diversos acuerdos de admisión e inadmisión de pruebas, así como; la preparación de las mismas, dentro del incidente de cancelación de pensión alimenticia aperturado en el expediente familiar 563/2013, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Sin embargo, de dicho acto no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto, puesto que no se trata de uno cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ello es así, porque el incidente de cancelación de pensión alimenticia dentro del expediente 563/2013, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, se encuentra en trámite, tal y como se aprecian de los antecedentes que la impetrante narra, bajo protesta de decir verdad; lo cual quiere decir que aún existe la posibilidad de que la hoy quejosa pueda obtener una resolución favorable al final del procedimiento que haga que la violación procesal que reprocha resulte intrascendente, dado que equivaldría a la prosecución del procedimiento por todas sus etapas hasta el dictado de la resolución correspondiente, donde pueden repararse tales violaciones, en caso de que obtenga un fallo favorable. Por tanto, la parte quejosa estará en aptitud de promover el juicio de amparo, una vez que el juicio haya concluido, es decir se haya dictado sentencia definitiva y ordenado el requerimiento para el cumplimiento de la obligación de la condena, hasta entonces estará en aptitud de promover la instancia biinstancial y junto con ella, podrán plantearse las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. PROCEDE EL AMPARO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE PONEN FIN A INCIDENTES Y PROCEDIMIENTOS AUTÓNOMOS TRAMITADOS CON POSTERIORIDAD A LA SENTENCIA DEFINITIVA. El procedimiento de ejecución de sentencia inicia una vez que el juicio ha concluido por sentencia definitiva y se integra por el mandamiento en el que el Juez ordena requerir al demandado que cumpla con la obligación establecida en la condena; en el caso de obligaciones de dar, la negativa de efectuar el pago motiva el embargo de bienes, su avalúo, la publicación de edictos para convocar postores y las audiencias de almoneda para concluir con la sentencia que aprueba el remate; de conformidad con lo anotado, la intelección del artículo 114, fracción III, último párrafo, de la Ley de Amparo, es en el sentido de que el juicio biinstancial de garantías sólo procede contra esa resolución; en cambio, el párrafo anterior de dicho dispositivo se refiere en términos más generales a todos los actos de ejecución de sentencia, respecto de los cuales se restringe la procedencia del juicio hasta el momento en que se dicte la última resolución y, junto con ella, podrán plantearse las violaciones cometidas durante ese procedimiento; esta disposición busca armonizar los principios de celeridad, concentración y economía procesal, que también rigen en la etapa de ejecución de los juicios, con el derecho de los gobernados de someter al análisis constitucional todo acto de autoridad. Por esta razón, conviene distinguir los procedimientos que se tramitan en la etapa de ejecución, entre los que destacan el procedimiento de remate, identificado con la ejecución forzosa, que sólo pueden impugnarse en amparo cuando se dicta sentencia que lo aprueba o desaprueba; el incidente de liquidación de la condena, que tiene la finalidad de traducir a un importe en dinero la condena establecida en términos generales y abstractos o cualquier otro incidente o procedimiento suscitado después de la sentencia definitiva, que pueden impugnarse en el juicio de amparo con motivo de la resolución que les ponga fin, una vez agotado el principio de definitividad, los cuales no guardan vinculación entre sí, aun y cuando se tramiten y resuelvan todos ellos durante la etapa de ejecución de sentencia; por lo que la procedencia del amparo en su contra, se rige siempre por la regla de que se promueva contra la última resolución dictada en cada uno de esos procedimientos, pues dada su eventualidad y su autonomía, no existe razón para relacionarlos unos con otros, si bien en la misma demanda de amparo es factible impugnar las violaciones suscitadas durante la secuela procesal que los rige. Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 187660 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: I.1o.C.20 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Febrero de 2002, página 953 Tipo: Aislada Además, el acto reclamado no recae sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal o procedimental, es decir, aquél debe lesionar bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. En ese contexto, si el acto reclamado no satisface las condiciones para que sea considerado como un acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, entonces, el juicio de amparo indirecto debe reputarse improcedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos analizados en párrafos que anteceden y, por ende, se desecha de plano la demanda de garantías, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo Domicilio y Autorizados. Se tiene como domicilio el que indica y por autorizados en los términos amplios que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo a Romeo Villalobos Roja, toda vez que tiene cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales y únicamente para imponerse de autos, oír y recibir notificaciones a la persona restante que menciona. Asimismo a efecto de agilizar la tramitación del juicio en el que se actúa y tomando en cuenta la situación que actualmente vive el país con motivo de la pandemia derivada del virus SARSCoV2 (COVID-19); aunado a que el espíritu de los Acuerdos Generales 8/2020 y 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal es privilegiar el uso de medios electrónicos dada la contingencia sanitaria que atraviesa el país, y toda vez que la parte quejosa proporcionó el correo electrónico lorena.von.aguilar@hotmail.com, para comunicaciones no procesales. Medios electrónicos. Respecto a la utilización de medios electrónico para capturar o reproducir el contenido de las constancias del expediente, desde este momento se le autoriza el uso. Lo anterior, privilegiando el uso de medios electrónicos tomando en consideración la situación que actualmente vive el país con motivo de la pandemia derivada del virus SARCoV2 (COVID 19), aunado a que los Acuerdos Generales 8/2020, 13/2020 y 15/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, privilegian el uso de medios electrónicos en el contexto de dicha contingencia sanitaria. Trámite de juicio en línea. Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL").Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Transparencia. Finalmente, se reitera con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

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