Lorena Saenz Solis
Expediente 131/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 131/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Lorena Saenz Solis
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por Lorena Sáenz Soni y Belzaira Márquez Sáenz, por su propio derecho y la primera de ellas en representación de sus menores hijos Midory Lorena y Joaquín de Jesús ambos de apellidos Márquez Sáenz, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Por otro lado, toda vez que existen copias certificadas de actas de nacimiento exhibidos en la demanda de amparo, se ordena notificar personalmente a la parte promovente, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger los documentos originales que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, una vez que transcurra dicho término se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto. Notifíquese, y personalmente a la parte promovente.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, ocho de abril de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo promovida conjuntamente por las quejosas Lorena Sáenz Soni y Belzaira Márquez Sáenz, por su propio derecho y la primera de ellas en representación de sus menores hijos Midory Lorena y Joaquín de Jesús ambos de apellidos Márquez Sáenz, contra actos de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro; que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 131/2019-IV. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Acorde a lo señalado en el numeral 112 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." Procédase a su análisis y resuélvase lo que en derecho proceda. Ahora bien, el diverso numeral 113 de la ley de la materia, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto legal transcrito se advierte, que el Titular del Juzgado de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Es aplicable por identidad de razón, la Jurisprudencia I.13o.A.J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, correspondiente al mes de septiembre de dos mil cuatro, página 1631, bajo el texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." En ese sentido, a manera de preámbulo debe señalarse, que nuestro más alto tribunal ha sustentado reiteradamente, el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma armonizar los datos y los elementos que lo conforman, a fin de poder determinar de manera clara y precisa, el acto o los actos reclamados. Apoya lo considerado, la Jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, página 32, que expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así pues, de la lectura integral de la demanda de garantías y del escrito de cuenta se advierte, que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: "ACTO RECLAMADO: LA OMISIÓN Y/O NEGATIVA, DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO (USEBEQ) DE PAGAR A LAS QUEJOSAS, LA PENSIÓN ALIMENTICIA DEL 45%, DEL 100% DE LOS INGRESOS, QUE PERCIBE JOAQUÍN MARQUEZ BALDERAS, COMO EMPLEADO DE DICHA DEPENDENCIA, DICHA OMISIÓN DESDE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019, LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019, Y LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019, OMISIÓN Y/O NEGATIVA, CON BASE EN EL ANEXO NÚMERO 03, QUE SE ACOMPAÑA AL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS, CONSISTENTE EN LA ORDEN DE PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA, CONTENIDA EN EL OFICIO NÚMERO 1450/2018, DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2018, GIRADO POR EL JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, SAN LUIS POTOSÍ, DENTRO DEL JUICIO DE CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR POR ALIMENTOS, EXPEDIENTE 460/2018, QUE PROMUEVEN LAS QUEJOSAS CONTRA EL TERCERO INTERESADO, DICHO OFICIO PRESENTADO ANTE LA RESPONSABLE, PARA EFECTOS DE QUE DIERA CUMPLIMIENTO, DESDE EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2018." Sentado lo anterior, se considera que en la especie, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, del referido cuerpo normativo, que en su orden señalan: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos legales transcritos se desprende que: a) El juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo vigente. b) El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. c) El último de los preceptos trascritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; además, dispone que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad. Como puede advertirse, el segundo párrafo del artículo 5º de la Ley de Amparo, establece que para efectos del juicio constitucional, los particulares pueden tener la calidad de autoridad responsable, siempre y cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad; por tanto, acorde a la nueva legislación, con independencia de la denominación y naturaleza formal de quien emita el acto, si éste reúne las características de ser considerado como un acto de autoridad, debe tenerse a su emisor como autoridad responsable; sin embargo, no todos los actos de los particulares son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo, sino sólo aquellos que sean equiparables a los actos de autoridad, los que como se indicó, exigen de requisitos indispensables. Ahora bien, la nota distintiva del concepto jurídico de "autoridad responsable" consiste en el ente público que actuando unilateralmente crea, modifica o extingue una situación jurídica que afecta a un particular mediante el ejercicio de sus facultades de imperio y de coercibilidad, esto es, todo acto de autoridad es unilateral, imperativo y coercitivo. Así, el acto de autoridad es unilateral, porque el ente público actúa motu proprio; es imperativo debido a que constriñe al particular a un hacer u omisión que se le exige inexcusablemente y es coercitivo puesto que a través de la infraestructura del Estado, se somete obligatoriamente la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión del ente público. Por tanto, se conserva así en la Ley de Amparo vigente el concepto jurídico de "autoridad responsable" que sobre dicho concepto normativo ya existía respecto de la abrogada ley, en la medida que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 164/2011, de la Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, registro 161133, del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Conforme a dicha jurisprudencia, una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Por tanto, las características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Que tenga características de órgano público; Las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, Emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Ahora bien, del análisis de la demanda y de las constancias que adjuntó a ella la parte quejosa, se advierte que el acto reclamado atribuido a la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), consistente en la omisión de realizar el descuento por concepto de pensión alimenticia por los periodos que indica en el referido escrito de demanda, del sueldo del trabajador Joaquín Marquez Balderas, ordenado en autos del juicio de controversias del orden familiar 460/2018, deriva, de que el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Municipio de Tancanhuitz, San Luis Potosí, mediante oficio 1450/2018 de diez de diciembre de dos mil dieciocho, ordenó a favor de la parte aquí quejosa se realizará el descuento correspondiente en la nómina como trabajador de dicha dependencia. Por lo cual es dable deducir que, así planteado el acto reclamado por la quejosa, si bien es cierto que corresponde realizarlo a la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), también lo es que ello deviene del cumplimiento al mandamiento dictado por un órgano jurisdiccional, para lo cual, la forma de cumplimentarlo o, en su caso, de omitirlo, no es una conducta que se realice con el carácter de autoridad, sino que es obvio que lo efectuará o no, pero en su calidad de patrón, de quien fue demandado en el juicio de alimentos, y resulta ser su empleado. Por ende, tal conducta será como empleador de aquél y como simple auxiliar en el cumplimiento de una determinación jurisdiccional, sin que su conducta revista las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad para los efectos del juicio de amparo. Pues si bien es cierto, que el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que autoridad responsable es la es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; también lo es que la necesidad de que el acto revista las características apuntadas, pues así lo ha establecido el Máximo Tribunal del país al determinar cuándo un determinado organismo o ente cumple con los atributos para ser considerado autoridad para efectos del juicio de amparo. Así las cosas, es de considerarse que cuando el acto reclamado constituye la omisión de descuento a un trabajador de un ente de la administración pública, por concepto de pensión alimenticia, el referido juicio resulta improcedente, precisamente porque esas acciones o conductas no constituyen actos de autoridad en términos del referido numeral 5 de la Ley de Amparo, fracción II, de la Ley de Amparo, susceptibles de combatirse mediante el procedimiento de amparo. En este punto, es dable señalar que la circunstancia de que la legislación de la materia contemple la posibilidad de incluir a los particulares con la calidad de autoridades responsables, de modo alguno implica la consecuencia de que todos los actos que realicen aquéllos se consideren actos de autoridad, por mucho que sus facultades deriven de una norma general, pues para que así lo sean deben equipararse o ser equivalentes a los que realizan los órganos del estado en sus funciones de supra a subordinación frente a los gobernados; es decir, que sean unilaterales y obligatorios, con independencia de que el propio ente que los emita pueda lograr su cumplimiento coactivo. Además, para fijar con precisión si se está frente a la existencia de un acto de autoridad reclamable en amparo, es indispensable analizar la naturaleza jurídica del mismo, porque incluso existen actos emitidos por personas inmersas en el catálogo de servidores públicos que no encuadran dentro de los actos reclamables en el juicio de amparo fundamentales (a pesar de que pudieren modificar, crear o extinguir situaciones jurídicas); siendo indispensable en este caso, que el particular realice actos equivalentes a los de autoridad, pues con independencia de la denominación formal del ente que emita el acto u omita realizarlo, es su naturaleza la que permitirá concretar si en un caso determinado dicho ente actúa o no en una relación de supra a subordinación. Así pues, el acto que reclama la parte quejosa no constituye, de acuerdo a su naturaleza, actos de persona de derecho público o de autoridad, sino actos entre particulares, pues la señalada como autoridad responsable, no obra con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino como patrón, en tanto, que la omisión reclamada será como empleador de aquél y como simple auxiliar en el cumplimiento de una determinación jurisdiccional, sin que tal conducta revista la características de unilateralidad, coercitividad e imperatividad, por lo que es incuestionable que el juicio de amparo en el que se reclaman actos de esta especie resulta improcedente. Encuentra aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia VII.2o.C. J/28, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, Registro 168203, Tomo XXIX, Enero de 2009, Materia Civil, página: 2360, del rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, CUANDO EL ACTO QUE DE ELLAS SE RECLAMA CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL DESCUENTO A UNO DE SUS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA. La omisión de efectuar el descuento por concepto de pensión alimenticia, derivado del cumplimiento dictado por un órgano jurisdiccional en un juicio de alimentos cuya parte demandada es un trabajador de alguna dependencia gubernamental, no da a los funcionarios de ésta la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando el acto reclamado es, precisamente, esa omisión, pues tal conducta es desplegada en su carácter de patrón y, por ende, su actuar no reviste las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad necesarias para establecer el concepto de autoridad". Asimismo, la Jurisprudencia VII.2o.C. J/28, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 168203, Tomo XXIX, Enero de 2009, Materia Civil, página 2360, del contenido sucesivo: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, CUANDO EL ACTO QUE DE ELLAS SE RECLAMA CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL DESCUENTO A UNO DE SUS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA. La omisión de efectuar el descuento por concepto de pensión alimenticia, derivado del cumplimiento dictado por un órgano jurisdiccional en un juicio de alimentos cuya parte demandada es un trabajador de alguna dependencia gubernamental, no da a los funcionarios de ésta la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando el acto reclamado es, precisamente, esa omisión, pues tal conducta es desplegada en su carácter de patrón y, por ende, su actuar no reviste las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad necesarias para establecer el concepto de autoridad." Por analogía, es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, Décima Época, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1639, registro 2011298, del epígrafe y contenido que al efecto dicen: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." Así como la tesis I.6o.T.26 L, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Novena Época, Tomo III, Abril de 1996, página 347, registro 202602, del texto siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." En las relatadas circunstancias, es claro que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, del cuerpo normativo aplicable, por lo que procede desechar la demanda en estudio por su manifiesta e indudable improcedencia, en términos de lo dispuesto por el diverso numeral 113 de la propia ley. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado calle Tamaulipas número 35, local 3, de la colonia Obrera de esta ciudad. Asimismo, se tiene como autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Yoloxochitl García Oyarvide, no así a Eusebio Hernández Matías, en virtud de que este último, no cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación del presente auto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma Luis Ignacio Arredondo Veytia, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Juez de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/1603/2018 de diez de abril de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Eric Eduardo Escamilla Juárez, Secretario que autoriza y da fe.EEEJ
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