Lorena Hernadez Paz

Expediente 28/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 13 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
28/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
03/06/2019

Partes del expediente

  • Lorena Hernadez Paz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, tres de junio de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada interpusieran el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del proveído de diez de mayo de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no haya realizado el computo a efecto de saber si ya transcurrió el término a la autoridad responsable, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer el presente juicio; por tanto, dicha resolución no le irroga perjuicio alguno. Ahora bien, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracciones I, II y III del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diez de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama la quejosa Lorena Hernández Paz es: "La omisión de llevar acabo todos y cada uno de los actos válidos y eficaces tendiente a lograr en forma pronta la EJECUCIÓN del LAUDO dentro de los autos del juicio natural para que la suscrita logre acceder al DERECHO DE JUSTICIA PRONTA que les otorgado en el artículo 17 Constitucional, desde el momento en que soy actora en el juicio". Ahora, cabe hacer mención que en proveído de veintidós de marzo del año en curso, se tuvo a la quejosa ampliando su demanda de amparo en lo que respecta a diverso acto vinculado con el que reclamó inicialmente en su escrito de demanda; expresando la siguiente consideración: "me otorgue el amparo y Protección de la Justicia Federal y que se ordene a la mencionada responsable que deje sin efecto el acuerdo mencionado únicamente donde ordena la remisión del exhorto correspondiente al JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA CON SEDE EN CIUDAD VALLES, S. L. P. y que dicte otro donde ordene la remisión del exhorto correspondiente a la H. JUNTA ESPECIAL No. 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, a fin de que en su auxilio lleve a cabo la diligencia encomendada, atento a que es la autoridad competente para tal fin (.) " En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, para darle la oportunidad a la de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En ese tenor, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Dicho precepto legal establece que los controvertidos constitucionales devienen improcedentes cuando el acto de autoridad que se considera lesivo de los derechos fundamentales de la quejosa, cesó en sus efectos; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Sobre dicho tópico la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En ese sentido, el citado Tribunal constitucional refirió que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, expone la referida Sala del Máximo Tribunal de este país que la improcedencia que se invoca se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija; por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, concluye la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. De lo expuesto, adquiere relevancia las condiciones que pueden ocurrir para determinar si se está ante una cesación de los efectos del acto de autoridad refutado de inconstitucional, es decir, la Segunda Sala del Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la figura en estudio se actualiza al ocurrir cualquiera de los siguientes supuestos: a) Cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y ello da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o bien. b) Cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En el particular, se actualiza el supuesto descrito en el inciso b) que antecede, toda vez que de las constancias que acompaño a su informe justificado se advierte que la Presidenta del Tribunal Estatal del Conciliación y Arbitraje en el Estado de San Luis Potosí, mediante proveído de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, regularizó el procedimiento en los autos del juicio laboral 229/2011/M-1, y ordenó girar exhorto al Presidente de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia de la Ciudad Valles, San Luis Potosí, a fin de que procediera a la ejecución del laudo; subsanando de esa manera el error que se efectuó en acuerdo de trece de diciembre de dos mil diecinueve, por el cual la responsable había girado exhorto al Juzgado Mixto de Primera Instancia con sede en esta ciudad -autoridad que no tiene competencia alguna en el juicio laboral citado- cuya reinstalación de la aquí quejosa y pago de los salarios caídos, se le requería mediante dicho auto; por lo que a través del oficio 411/2019, la autoridad responsable acompaño a su informe justificado copia de dicho proveído subsanando las deficiencias referidas, constancias a las que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Actuaciones que tienen como consecuencia la constitución de una situación jurídica que destruyó aquella que motivó el reclamo a la afectación de los derechos fundamentales de la demandante de garantías. Así, es evidente que la responsable emitió una determinación que constituyó una situación jurídica que destruyó la diversa que originó la presentación de la demanda de garantías, en la que se reclamó la afectación de los derechos primarios de la requirente de amparo, habida cuenta que con tal actuación tuvo como consecuencia la destrucción del acto tildado de inconstitucional en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la citada particular. En estas condiciones, la relatada cesación de efectos implica que la Junta responsable ha dejado de afectar la esfera jurídica de la peticionaria de amparo, siendo patente lo innecesario que resultaría examinar su legalidad o ilegalidad; aunado a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la justiciable que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. A mayor abundamiento, cabe precisar que si hubiere resultado fundada la pretensión de la parte quejosa, se haría nugatorio lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que no habría que reestablecer ni que reintegrarle a la demandante de garantías, ya que fue restituido en el pleno goce del derecho humano violado. Consecuentemente, al haberse actualizado de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, deviene incontrovertible que este juicio de garantías debe sobreseerse con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional (diez horas con diez minutos del cuatro de junio de dos mil diecinueve). Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el licenciado Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, asistido de Selene Vázquez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADO *** LA DETERMINACIÓN DE DIEZ DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, diez de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama la quejosa Lorena Hernández Paz es: "La omisión de llevar acabo todos y cada uno de los actos válidos y eficaces tendiente a lograr en forma pronta la EJECUCIÓN del LAUDO dentro de los autos del juicio natural para que la suscrita logre acceder al DERECHO DE JUSTICIA PRONTA que les otorgado en el artículo 17 Constitucional, desde el momento en que soy actora en el juicio". Ahora, cabe hacer mención que en proveído de veintidós de marzo del año en curso, se tuvo a la quejosa ampliando su demanda de amparo en lo que respecta a diverso acto vinculado con el que reclamó inicialmente en su escrito de demanda; expresando la siguiente consideración: "me otorgue el amparo y Protección de la Justicia Federal y que se ordene a la mencionada responsable que deje sin efecto el acuerdo mencionado únicamente donde ordena la remisión del exhorto correspondiente al JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA CON SEDE EN CIUDAD VALLES, S. L. P. y que dicte otro donde ordene la remisión del exhorto correspondiente a la H. JUNTA ESPECIAL No. 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, a fin de que en su auxilio lleve a cabo la diligencia encomendada, atento a que es la autoridad competente para tal fin (.) " En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, para darle la oportunidad a la de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En ese tenor, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Dicho precepto legal establece que los controvertidos constitucionales devienen improcedentes cuando el acto de autoridad que se considera lesivo de los derechos fundamentales de la quejosa, cesó en sus efectos; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Sobre dicho tópico la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En ese sentido, el citado Tribunal constitucional refirió que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, expone la referida Sala del Máximo Tribunal de este país que la improcedencia que se invoca se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija; por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, concluye la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. De lo expuesto, adquiere relevancia las condiciones que pueden ocurrir para determinar si se está ante una cesación de los efectos del acto de autoridad refutado de inconstitucional, es decir, la Segunda Sala del Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la figura en estudio se actualiza al ocurrir cualquiera de los siguientes supuestos: a) Cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y ello da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o bien. b) Cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En el particular, se actualiza el supuesto descrito en el inciso b) que antecede, toda vez que de las constancias que acompaño a su informe justificado se advierte que la Presidenta del Tribunal Estatal del Conciliación y Arbitraje en el Estado de San Luis Potosí, mediante proveído de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, regularizó el procedimiento en los autos del juicio laboral 229/2011/M-1, y ordenó girar exhorto al Presidente de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia de la Ciudad Valles, San Luis Potosí, a fin de que procediera a la ejecución del laudo; subsanando de esa manera el error que se efectuó en acuerdo de trece de diciembre de dos mil diecinueve, por el cual la responsable había girado exhorto al Juzgado Mixto de Primera Instancia con sede en esta ciudad -autoridad que no tiene competencia alguna en el juicio laboral citado- cuya reinstalación de la aquí quejosa y pago de los salarios caídos, se le requería mediante dicho auto; por lo que a través del oficio 411/2019, la autoridad responsable acompaño a su informe justificado copia de dicho proveído subsanando las deficiencias referidas, constancias a las que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Actuaciones que tienen como consecuencia la constitución de una situación jurídica que destruyó aquella que motivó el reclamo a la afectación de los derechos fundamentales de la demandante de garantías. Así, es evidente que la responsable emitió una determinación que constituyó una situación jurídica que destruyó la diversa que originó la presentación de la demanda de garantías, en la que se reclamó la afectación de los derechos primarios de la requirente de amparo, habida cuenta que con tal actuación tuvo como consecuencia la destrucción del acto tildado de inconstitucional en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la citada particular. En estas condiciones, la relatada cesación de efectos implica que la Junta responsable ha dejado de afectar la esfera jurídica de la peticionaria de amparo, siendo patente lo innecesario que resultaría examinar su legalidad o ilegalidad; aunado a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la justiciable que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. A mayor abundamiento, cabe precisar que si hubiere resultado fundada la pretensión de la parte quejosa, se haría nugatorio lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que no habría que reestablecer ni que reintegrarle a la demandante de garantías, ya que fue restituido en el pleno goce del derecho humano violado. Consecuentemente, al haberse actualizado de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, deviene incontrovertible que este juicio de garantías debe sobreseerse con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional (diez horas con diez minutos del cuatro de junio de dos mil diecinueve). Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el licenciado Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, asistido de Selene Vázquez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, siete de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que la autoridad responsable Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje con sede en San Luis Potosí; no rindió su informe con justificación, dentro del término previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, esto es, con ocho días de anticipación por lo menos, a la fecha fijada para la celebración de la audiencia Constitucional, para el efecto de que se diera vista a las partes con su contenido. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia Constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su desahogo. ...Notifíquese.

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