Lorena Piloni Sevenello

Expediente 107/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
107/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
21/02/2022

Partes del expediente

  • Lorena Piloni Sevenello

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 107/2022-VII. Puebla, Puebla, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de cuatro de febrero de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de amparo. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial "A", que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 107/2022-VII. Puebla, Puebla, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales presentada por Lorena Piloni Sevenello, por su propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla Desechada. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Para demostrarlo, se hace notar que de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: ? Las órdenes de detención, aprehensión, arraigo, privación de la libertad personal, captura y/o arresto, así como su ejecución. Las autoridades responsables ordenadoras, son las siguientes: 1. Fiscal General del Estado de Puebla. 2. ..21. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Y como autoridades responsables ejecutoras, las siguientes: 1. Director de la Agencia Estatal de Investigación del Distrito Judicial de Puebla. 2. Director de la Agencia Estatal de Investigación del Distrito Judicial de Cholula. 3. Fiscal General en el Estado de Puebla. 4. Director General del Centro Penitenciario de Puebla. Ahora bien, se arriba a la convicción de que esta vía de amparo indirecto resulta improcedente respecto de los actos reclamados consistentes en las órdenes de detención, aprehensión, arraigo, privación de la libertad personal, captura y/o arresto; así como la ejecución de todas ellas; atribuidos al Fiscal General del Estado de Puebla y otras autoridades. En efecto, los actos mencionados reclamados por la parte quejosa convergen bajo las reglas del sistema penal acusatorio adversarial previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a las cuales dichas autoridades de naturaleza investigadora y administrativa no están facultadas legalmente para emitir esos actos. Por ello, respecto de los mencionados actos a las autoridades responsables (esto es, los fiscales y titulares de las unidades de investigación o unidades especializadas de investigación y titulares de distintas fiscalías, que constituyen autoridades adscritas a diversas fiscalías cuya naturaleza concierne al ministerio público o autoridades ministeriales dedicadas a la investigación o persecución de delito, y demás ejecutoras) señaladas en la demanda, se actualiza la causal de improcedencia (con las características de indudable y manifiesta) que resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo con los diversos 16, 20 y 21 constitucionales, estos últimos aplicados en sentido contrario. Se explica: Así así, acorde con el artículo 20 constitucional y en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sistema de justicia penal adversarial, una persona puede ser detenida a fin de ser presentada ante la autoridad jurisdiccional por tres supuestos: 1. Porque se le conduzca a proceso a través de un citatorio, orden de presentación o comparecencia a través de la fuerza pública o se ejecute una orden de aprehensión en su contra, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Este tipo de actos sólo puede ser emitido por una autoridad jurisdiccional. 2. Se detenga a una persona en flagrancia en términos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. La detención puede realizarla cualquier persona o autoridad, con la condición de poner a la persona detenida de forma inmediata a disposición del Ministerio Público, quien después de examinar la legalidad de la detención, podrá ordenar a retención por el plazo de constitucional. 3. El Ministerio Público ordene la detención de una persona por tratarse de caso urgente, conforme lo dispone el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Esta hipótesis, constituye una restricción a la libertad personal de carácter extraordinaria, pues se aparta de la regla de detención de control judicial previo; esto es, para que un representante social ordene una detención por causa urgente es necesario medien condiciones no ordinarias, como que por la hora o el lugar sea imposible acudir ante una autoridad a solicitar una orden de aprehensión o que de hacerlo existan datos que evidencien de manera objetiva que el imputado podría evadir la acción de la justicia. Con base en lo anterior, resulta inconcuso que en el caso no es posible adjudicar a las autoridades responsables (esto es, los fiscales y titulares de las unidades de investigación o unidades especializadas de investigación y titulares de distintas fiscalías, que constituyen autoridades adscritas a diversas fiscalías cuya naturaleza concierne al ministerio público o autoridades ministeriales dedicadas a la investigación o persecución de delito, y demás ejecutoras) señaladas en la demanda, la facultad de emitir las órdenes privativas o restrictivas de la libertad que se combaten (órdenes de detención, aprehensión, arraigo, privación de la libertad personal, captura y/o arresto; así como la ejecución de todas ellas); ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16, constitucional, 141 y 168, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales; habida cuenta que en términos del diverso 21 de la constitución federal al agente del ministerio público (incluyendo a los fiscales o titulares de unidad de investigación de ilícitos, tales como los aquí señalados como responsables) le corresponde la persecución e investigación de los delitos, lo que implica que esas autoridades responsables sólo podrían actuar en ese marco legal a través de los representantes sociales a su cargo y para ese exclusivo fin. De ahí, es evidente la improcedencia en la especie respecto de dichos actos. A mayor abundamiento debe explicarse lo siguiente. Como se expuso, no puede ordenarse la detención de la quejosa por dichas autoridades administrativas señaladas como responsables a través de los actos aquí reclamados; salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que esto último sea posible, se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que el ahora impetrante lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, y que por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el aquí quejoso puedan evadirse. No obstante, en los hechos descritos en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa hace alusión, en lo esencial, a que tiene conocimiento de que dos personas que adujeron ser policías ministeriales, se presentaron en su domicilio particular sin identificarse comentando que tenían una orden de búsqueda, aprehensión y detención girada en su contra "por un juez de control (sic)", y sin informarle el delito imputado, aunado a que a pesar de preguntarle a esas personas respecto a de cuál autoridad provenía esa acusación, esos individuos se negaron a proporcionarle esa información. Lo anterior diluye cualquier posibilidad de que cualquiera de las autoridades responsables (esto es, los fiscales y titulares de las unidades de investigación o unidades especializadas de investigación y titulares de distintas fiscalías, que constituyen autoridades adscritas a diversas fiscalías cuya naturaleza concierne al ministerio público o autoridades ministeriales dedicadas a la investigación o persecución de delito, y demás ejecutoras) señaladas en la demanda, hubieran ordenado la detención por caso urgente de la quejosa; aunado a que no se reclama así como acto. Ello evidencia de manera indudable que, si acaso, existiera el desarrollo de una investigación en contra de la quejosa, ello no implicaría necesariamente que el representante social respectivo ordenara aprehenderla, detenerla, presentarla, arrestarla, arraigarla o privarla de la libertad). De donde se sigue que resulta inconcusa la actualización del motivo de improcedencia de esta vía de amparo respecto de los actos reclamados ya precisados. Por tanto, de conformidad con la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo con los artículos 16, 20 y 21 constitucionales, estos últimos aplicados en sentido contrario; es improcedente la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, porque los actos que reclama (las órdenes de detención, aprehensión, arraigo, privación de la libertad personal, captura y/o arresto; así como la ejecución de todas ellas) actualizaron la causal en mención, de manera manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas. Domicilio procesal y autorizados. La quejosa señala domicilio para oír y recibir notificaciones por vía electrónica. Por tanto, a fin de respetar la política de sana distancia aplicada a la contingencia de salud pública derivada de la enfermedad Covid-19, en el sentido de que debe privilegiarse el trabajo a distancia con el uso de las herramientas electrónicas que resulten necesarias, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se tiene como vía para recibir notificaciones el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario " ", dada la solicitud expresa de la parte quejosa. Luego, se instruye al secretario que habilite la notificación electrónica al usuario referido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Napoleón Álvarez Nieto, Cristian Abel Farciert Veliz, Nyidia Baez Navarro, Bibiana Téllez García, María Fernanda Rosas Betancourt y Héctor Madrid Álvarez, porque los mismos cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y a los demás profesionistas, con las restricciones que marca dicho ordenamiento legal, por no contar con el citado registro. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa vía electrónica y cúmplase.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,491 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano