Lorena Piloni Sevenello

Expediente 56/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
56/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
04/02/2022

Partes del expediente

  • Lorena Piloni Sevenello

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 56/2022-VI. Puebla, Puebla, cuatro de febrero de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO Y ARCHIVO. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de las presentes actuaciones, se obtiene que la quejosa no recurrió el acuerdo de veinte de enero de dos mil veintidós, en el cual se desechó la solicitud de amparo recibida en este juicio. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que el mismo ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de los autos, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, pues se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS ORIGINALES No se advierten documentos exhibidos por la quejosa, motivo por el cual se deja de proveer lo relativo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 56/2022-VI. En veinte de enero de dos mil veintidós Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. .. Ahora, la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permitió detectar los reclamos de los actos consistentes en las órdenes de citación, presentación, detención, aprehensión, arraigo, comparecencia, búsqueda, localización, privación de la libertad personal, captura y arresto; así como la ejecución de todas ellas. Improcedencia contra las órdenes de presentación, detención, aprehensión, arraigo, comparecencia, búsqueda, localización, privación de la libertad personal, captura y arresto; así como la ejecución de todas ellas. En primer término, se arriba a la convicción de que esta vía de amparo indirecto resulta improcedente respecto de los actos reclamados consistentes en las órdenes de presentación, detención, aprehensión, arraigo, comparecencia, búsqueda, localización, privación de la libertad personal, captura y arresto; así como la ejecución de todas ellas; atribuidos al Fiscal General del Estado de Puebla y otras autoridades. En efecto, los actos mencionados reclamados por la parte quejosa convergen bajo las reglas del sistema penal acusatorio adversarial previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a las cuales dichas autoridades de naturaleza investigadora y administrativa no están facultadas legalmente para emitir esos actos. Por ello, respecto de los mencionados actos a las autoridades responsables (esto es, los fiscales y titulares de las unidades de investigación o unidades especializadas de investigación y titulares de distintas fiscalías, que constituyen autoridades adscritas a diversas fiscalías cuya naturaleza concierne al ministerio público o autoridades ministeriales dedicadas a la investigación o persecución de delito, y demás ejecutoras) señaladas en la demanda, se actualiza la causal de improcedencia (con las características de indudable y manifiesta) que resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo con los diversos 16, 20 y 21 constitucionales, estos últimos aplicados en sentido contrario. Se explica: Así así, acorde con el artículo 20 constitucional y en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sistema de justicia penal adversarial, una persona puede ser detenida a fin de ser presentada ante la autoridad jurisdiccional por tres supuestos: 1. Porque se le conduzca a proceso a través de un citatorio, orden de presentación o comparecencia a través de la fuerza pública o se ejecute una orden de aprehensión en su contra, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Este tipo de actos sólo puede ser emitido por una autoridad jurisdiccional. 2. Se detenga a una persona en flagrancia en términos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. La detención puede realizarla cualquier persona o autoridad, con la condición de poner a la persona detenida de forma inmediata a disposición del Ministerio Público, quien después de examinar la legalidad de la detención, podrá ordenar a retención por el plazo de constitucional. 3. El Ministerio Público ordene la detención de una persona por tratarse de caso urgente, conforme lo dispone el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Esta hipótesis, constituye una restricción a la libertad personal de carácter extraordinaria, pues se aparta de la regla de detención de control judicial previo; esto es, para que un representante social ordene una detención por causa urgente es necesario medien condiciones no ordinarias, como que por la hora o el lugar sea imposible acudir ante una autoridad a solicitar una orden de aprehensión o que de hacerlo existan datos que evidencien de manera objetiva que el imputado podría evadir la acción de la justicia. Con base en lo anterior, resulta inconcuso que en el caso no es posible adjudicar a las autoridades responsables (esto es, los fiscales y titulares de las unidades de investigación o unidades especializadas de investigación y titulares de distintas fiscalías, que constituyen autoridades adscritas a diversas fiscalías cuya naturaleza concierne al ministerio público o autoridades ministeriales dedicadas a la investigación o persecución de delito, y demás ejecutoras) señaladas en la demanda, la facultad de emitir las órdenes privativas o restrictivas de la libertad que se combaten (órdenes de presentación, detención, aprehensión, arraigo, comparecencia, búsqueda, localización, privación de la libertad personal, captura y arresto; así como la ejecución de todas ellas); ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16, constitucional, 141 y 168, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales; habida cuenta que en términos del diverso 21 de la constitución federal al agente del ministerio público (incluyendo a los fiscales o titulares de unidad de investigación de ilícitos, tales como los aquí señalados como responsables) le corresponde la persecución e investigación de los delitos, lo que implica que esas autoridades responsables sólo podrían actuar en ese marco legal a través de los representantes sociales a su cargo y para ese exclusivo fin. De ahí, es evidente la improcedencia en la especie respecto de dichos actos. A mayor abundamiento debe explicarse lo siguiente. Como se expuso, no puede ordenarse la detención del quejoso por dichas autoridades administrativas señaladas como responsables a través de los actos aquí reclamados; salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que esto último sea posible, se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que el ahora impetrante lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, y que por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el aquí quejoso puedan evadirse. No obstante, en los hechos descritos en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa hace alusión, en lo esencial, a que tiene conocimiento de que dos personas que adujeron ser policías ministeriales, se presentaron en su domicilio particular sin identificarse comentando que tenían una orden de búsqueda, aprehensión y detención girada en su contra "por un juez de control (sic)", y sin informarle el delito imputado, aunado a que a pesar de preguntarle a esas personas respecto a de cuál autoridad provenía esa acusación, esos individuos se negaron a proporcionarle esa información. Lo anterior diluye cualquier posibilidad de que cualquiera de las autoridades responsables (esto es, los fiscales y titulares de las unidades de investigación o unidades especializadas de investigación y titulares de distintas fiscalías, que constituyen autoridades adscritas a diversas fiscalías cuya naturaleza concierne al ministerio público o autoridades ministeriales dedicadas a la investigación o persecución de delito, y demás ejecutoras) señaladas en la demanda, hubieran ordenado la detención por caso urgente de la quejosa; aunado a que no se reclama así como acto. Ello evidencia de manera indudable que, si acaso, existiera el desarrollo de una investigación en contra de la quejosa, ello no implicaría necesariamente que el representante social respectivo ordenara aprehenderla, detenerla, presentarla, arrestarla, arraigarla o privarla de la libertad). De donde se sigue que resulta inconcusa la actualización del motivo de improcedencia de esta vía de amparo respecto de los actos reclamados ya precisados. Por tanto, de conformidad con la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo con los artículos 16, 20 y 21 constitucionales, estos últimos aplicados en sentido contrario; es improcedente la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, porque los actos que reclama (las órdenes de presentación, detención, aprehensión, arraigo, comparecencia, búsqueda, localización, privación de la libertad personal, captura y arresto; así como la ejecución de todas ellas) actualizaron la causal en mención, de manera manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas. Improcedencia de este juicio de amparo respecto de la orden de citación reclamada y su ejecución. Debe señalarse que respecto de los diversos actos consistentes en la orden de citación y su ejecución, reclamadas, la presente vía constitucional de amparo resulta igualmente improcedente. Luego, aún en el caso en el que el representante social (como lo sería cualquiera de las autoridades responsables; tales como los fiscales y titulares de las unidades de investigación o unidades especializadas de investigación y titulares de distintas fiscalías, que constituyen autoridades adscritas a diversas fiscalías cuya naturaleza concierne al ministerio público o autoridades ministeriales dedicadas a la investigación o persecución de delito) llegue a citar a la hoy quejosa con la calidad de persona investigada; primero, tendría que cumplir con la obligación de darle a conocer los registros de la investigación tal como lo dispone el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir con los principios y derechos de adecuada defensa, igualdad ante la ley y debido proceso. Incluso, después de haber cumplido con tales exigencias, el agente del ministerio público sólo (eventualmente) podría recabarle su entrevista a fin de incorporarla como dato de prueba, y no así su declaración; porque en el sistema penal acusatorio el representante social carece de facultades para obtener pruebas de manera unilateral, como lo hacía en el sistema penal mixto; ahora, para obtener algún tipo de prueba de lo que una persona imputada llegue a decir, es indispensable que se cumplan con los principios de inmediación y contradicción; lo que en el caso, evidentemente no sucede. Además, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la cita de un inculpado, investigado o imputado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque en virtud de la orden de citación solamente se pide a la parte de la que se trate que comparezca ante la fiscalía, pero ello no implica que se le obligue a ser entrevistada, pues al encontrarse ante la autoridad ministerial, la persona en cuestión puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo, lo que implicaría también la improcedencia del amparo. También, con motivo de la citación reclamada (citación librada en su contra con base en los artículos 90, 91, 92 o 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales) lejos de coartarle algún derecho a la hoy quejosa, lo cierto es que únicamente implicaría que la autoridad investigadora observaría el respeto de sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que de ordenarse (en su caso) que la peticionaria del amparo se apersonara ante dicha autoridad ministerial, aquélla se encuentra en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación; asimismo, se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aunado a que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estarían en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo que considerara pertinentes. Así es, un agente del ministerio público o representante social (como lo sería cualquiera de las autoridades responsables, tales como los fiscales y titulares de las unidades de investigación o unidades especializadas de investigación y titulares de distintas fiscalías, que constituyen autoridades adscritas a diversas fiscalías cuya naturaleza concierne al ministerio público o autoridades ministeriales dedicadas a la investigación o persecución de delito) tiene la obligación y facultad constitucional de investigar los delitos; ese proceso de investigación para conocer determinados hechos no debe ser obstaculizado por cada acto de investigación que se pretenda llevar a cabo, como es la entrevista (mediante cita o citación) de quien sea señalado como la persona que de manera probable participó o intervino en la comisión de algún hecho que la ley señala como delito. Mención aparte merecen las técnicas de investigación que pueden afectar de manera directa e inmediata derechos fundamentales; sin embargo, para que el agente del ministerio público pueda llevar a cabo ese tipo de actuaciones, se requiere de la insaculación estricta del juez de control a través de un test de proporcionalidad, tal como lo prevé el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por consiguiente, es improcedente también el juicio de amparo contra la orden de citación y su ejecución, reclamadas de las autoridades señaladas como responsables. Máxime si dichos actos fueron reclamados, entre otras autoridades, al Fiscal General del Estado de Puebla, pues éste no emite por sí mismo ninguna de esas órdenes reclamadas, habida cuenta que sólo tiene el carácter de superior jerárquico de agentes del ministerio público de la misma fiscalía, por lo que no realiza de manera directa y por sí mismo ningún acto dentro de las carpetas de investigación a cargo de estos últimos. Sin que en el caso, se haya señalado en modo alguno a autoridades judiciales, atribuyéndoles (en su caso) las referidas órdenes.... En efecto, por cuanto hace a la citación reclamada, librada en su contra con base en los artículos 90, 91, 92 o 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe decirse que ésta no le ocasiona una afectación actual, real y directa en su esfera jurídica, en razón de que únicamente es emitido (en su caso) para que se presente ante la autoridad que lo citó y se lleve a cabo una diligencia de carácter ministerial, sin que contenga algún tipo de medio de apremio en caso de no asistir. Cabe destacar que, tal como ocurría en el caso de la diversas orden de presentación reclamada (de la que ya se explicó su improcedencia con antelación), la citación de mérito (la citación librada en su contra con base en los artículos 90, 91, 92 o 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales) no corresponde a "la orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna", prevista en el artículo 141, fracción II, del código adjetivo penal nacional antes invocado. Es evidente -por ende- que respecto de la citación reclamada, librada en su caso contra la quejosa con base en los artículos 90, 91, 92 o 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se configura en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con la fracción I, del artículo 5°, ambos de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:Por su parte, la fracción I, del artículo 5° de la ley de la materia establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. . De acuerdo con los preceptos legales invocados, el juicio de amparo constituye un medio idóneo para controlar la constitucionalidad de los actos de autoridad y se sigue sólo a instancia de parte agraviada, es decir, únicamente puede promoverlo a quien perjudique el acto de autoridad. Consecuentemente, cuando se acude en demanda de amparo la parte quejosa debe acreditar fehaciente que el acto reclamado a la autoridad responsable vulnera algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, es decir, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio resultará improcedente. En ese sentido el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional que tiene por efecto resolver, entre otros supuestos, las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la constitución mexicana, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sin embargo, no cualquier persona puede promover dicho medio de defensa, pues la parte quejosa debe cumplir con ciertos requisitos3 , a saber: a) acreditar su interés jurídico o legítimo, y b) que se agravie o afecte ese interés. Dichos elementos derivan del artículo 107, fracción I, de la constitución federal, . acuerdo con el citado dispositivo legal, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; esto es, por la persona que invoca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. En el caso, se tiene que la quejosa hizo mención a una citación o cita dirigida a su persona (que se infiere deriva de una carpeta de investigación, pues no señaló a autoridad judicial alguna); lo que en ninguna forma puede considerarse como un acto de autoridad capaz de afectar o restringir su libertad personal, como lo aduce la parte impetrante. Se afirma lo anterior, porque acorde con la naturaleza de dicha citación o cita (citación librada en su contra con base en los artículos 90, 91, 92 o 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales), no puede considerarse como un acto que restrinja la libertad personal, pues ése no es su objeto, sino (en dado caso) lograr la comparecencia para la realización de un acto procesal de investigación dentro de la integración de una indagatoria, y al tratarse de un acto que no es restrictivo de libertad, no viola derechos fundamentales de la parte peticionaria del amparo. Además, como se dijo, debe destacarse que constituye una actuación de la representante social tendente a la integración de la carpeta de investigación (aparentemente incoada contra el promovente o en la que éste forma parte de las personas involucradas con tal indagatoria); contra lo cual es improcedente el juicio de amparo. .Bajo ese contexto, la aludida citación reclamada, librada contra con base en los artículos 90, 91, 92 o 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dirigida a la quejosa, no transgrede derecho humano alguno, que permita la procedencia del amparo indirecto en su contra, pues de su contenido no se advierte la existencia de un apercibimiento o amenaza por parte de la autoridad responsable de hacerla acreedora a una sanción ante su inasistencia; más bien, se advierte correspondería (en su caso) a una citación o citatorio emitido dentro de un expediente de investigación en la etapa inicial, sin apercibimiento de por medio; de ahí que, en dicha etapa incluso no es posible concluir si se va a constituir un acto privativo de la libertad, o no. En ese orden de ideas, la citación librada en su contra con base en los artículos 90, 91, 92 o 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales emitida dentro de la integración de la carpeta de investigación, no afecta el interés jurídico de la parte quejosa, pues dicha representación legal está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, regulada ahora por el nuevo sistema penal; habida cuenta que la autoridad del ministerio público, debe atender al ejercicio de su facultad de investigación estatuida en el numeral 21 constitucional, y está en posibilidad de emitir citaciones a cualquier persona, de conformidad con lo previsto en los artículos 90, 91 y 92, en relación con el diverso 127, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, con las salvedades que los mismos preceptos establecen, siendo éstos del tenor siguiente: "Artículo 90. Citación.... Así, debe destacarse en este punto que una vez terminada la diligencia, la persona citada podrá reincorporarse a sus actividades cotidianas, ya que ésta no es sino una actuación más para integrar el material probatorio del cual el representante social se debe allegar para poder judicializar la carpeta de investigación, y que de no lograrse, no constituye un impedimento para que, en su caso, la fiscal ejerza la acción penal de estimar actualizados los presupuestos para tal efecto. En ese sentido, la citación para el desahogo de una diligencia en una integración de carpeta de investigación, por sí misma -se considera- no afecta a la libertad personal de la parte citada, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia ministerial que constituye en sí un acto de investigación (contra lo cual, como ya se dijo, es improcedente esta vía de amparo). Entonces, se reitera, que contra los actos y diligencias llevados a cabo por el ministerio público tendentes a la integración de una carpeta de investigación por regla general, el amparo es improcedente, salvo que se afecten derechos sustantivos de los gobernados, entendiéndose como tales los inherentes al ser humano, verbigracia, la vida, la libertad, las posesiones, la defensa adecuada y la exclusión de prueba ilícita; lo que en la especie no ocurre. ..En ese sentido, la orden de citación reclamada y su ejecución, en cuanto a los alcances de su emisión, no afecta la libertad personal de la persona citada, dado que la diligencia de entrevista en relación con los hechos investigados, no implica un acto sobre su persona, puesto que es optativo para la imputada acudir o no a la cita, sin que pese sobre la parte quejosa apercibimiento alguno que la constriña a asistir. Por ende, si con relación a la citación a audiencia inicial girada por una autoridad judicial es notoriamente improcedente el juicio de amparo; con mayor razón lo es si dicha citación o citatorio fue librado por una autoridad ministerial en la integración de una carpeta de investigación. Por ello, si a la parte quejosa se le citó únicamente con la finalidad de que declare en relación a hechos que se le investigan; se estima que la citación en cuestión no afecta derechos sustantivos, pues se traduce en una mera comunicación que la responsable realizó en cumplimiento de las obligaciones y las facultades que constitucional y legalmente tiene encomendadas, con base en la facultad que le otorga el artículo 21 constitucional. Lo anterior, sin que sea óbice que el ministerio público podrá imponerle alguna medida de apremio en caso de no comparecer, o a realizar las gestiones que considere necesarias para la integración de la indagatoria respectiva, ya que ello es un acto de realización futura e incierta, por la cual en todo caso, de actualizarse alguna medida, tendrá expedito su derecho de acción para promover el juicio de amparo contra la misma. . Del análisis en sentido contrario de la anterior disposición, se desprende que mientras una persona que ha sido señalada o denunciada en una carpeta, no ha sido detenida, no ha sido citada para comparecer ante el juez de control, ni se le ha pretendido recibir su declaración, no tiene, por disposición de la constitución federal, el derecho a que se le faciliten los datos que integran esa carpeta de investigación inicial; por lo que los datos que pudiera contener la carpeta de investigación derivados de los actos de investigación como los que ahora se duele no son susceptibles de afectar materialmente los derechos de la parte quejosa, pues no puede determinarse siquiera si se desembocará un juicio en su contra. Conforme a la explicación anterior, es dable concluir que tales actos, como lo es la orden de citación (en su caso) girada en su contra, ahora reclamada, no trasciende de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irroga un perjuicio, ya que éste, en todo caso, se podría materializar hasta que la autoridad judicial determine, en un momento dado, si resulta procedente o no la continuación de las etapas del proceso penal; estimar lo contrario sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren a la autoridad ministerial señalada como responsable, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Por lo tanto, de manera notoria, manifiesta e indudable, en ese caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Por todo lo antes expuesto, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la mantera, debe desecharse de plano la demanda de amparo de cuenta, al actualizarse contra los actos reclamados en la misma, las casuales de improcedente estudiadas en forma indudable y manifiesta. Autorizados, acceso al expediente electrónico y notificación electrónica. Quedan autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo los profesionistas Napoleón Alvarez Nieto, Pedro Ricardo Barrientos Esparragoza, Cristian Abel Farciert Veliz, Nydia Baez Navarro, Bibiana Téllez García, María Fernanda Rosas Betancourt y Héctor Madrid Álvarez (excepto Pamela Domínguez Rangel), porque así lo solicitó la parte quejosa y sus cédulas profesionales se encuentran dadas de alta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito. Por su parte, Pamela Domínguez Rangel, queda autorizado solo para oír y recibir notificaciones, por no encontrarse su cédula profesional registrada en dicho sistema. Asimismo, las demás personas quedan autorizadas sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. De igual manera, como lo solicita la parte quejosa, se autoriza que se le realicen las notificaciones que tengan el carácter personal únicamente de manera electrónica a través del usuario Luego, se instruye que se habilite la notificación electrónica y el acceso al expediente electrónico al usuario , porque lo solicitó Notifíquese; de manera personal (vía electrónica) a la parte quejosa, y cúmplase.

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