Lorena Ocampo Cambray
Expediente 825/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 825/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Lorena Ocampo Cambray
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso b), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, en la caratula del expediente principal, conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del multicitado Acuerdo General. Notifíquese.Así lo proveyó y firma electrónicamente el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de Lorena Morales Saldierna, Secretaria del propio Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
TIENE NOTIFICACIÓN PERSONAL LA PARTE QUEJOSA
- Principal
AVISO.- SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCION DE FECHA VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, MEDIANTE LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, MISMA QUE DICE: Acapulco, Guerrero; veinte de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Lorena Ocampo Cambray, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tabares, Salvador Delgado Ochoa, con domicilio en esta ciudad y de otra autoridad responsable. Regístrese en el libro de gobierno con el número 825/2021, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa. Luego, al examinar el escrito de demanda, se advierte que la quejosa reclama la resolución de fecha seis de julio del año en curso dictada por la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tabares, dentro de la carpeta judicial C-32/2021, instruida en contra de Ricardo Vieyra Cadena, por el delito de violación equiparada agravada, en agravio de la menor con seudónimo Cenicienta, por medio de la cual se le citó para que compareciera a las once horas del día diecinueve de julio del presente año a las instalaciones que ocupa la autoridad ejecutora Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, con sede en esta ciudad, para ser entrevistada por la defensa del inculpado. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia que prevé la fracción XVI del numeral 61 de la Ley de Amparo que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.)." Es conocido que acorde al artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, el juicio de garantías tiene como fin último cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, restituir al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales transgredidos por el acto de autoridad. De lo que se sigue que cuando ello no es posible de ocurrir sea porque se agotó el acto que se reclama o que aunque éste exista no sea posible cumplir con los fines del amparo porque el acto en el que debe recaer deja de tener vida jurídica, no hay motivo legal alguno para analizar su constitucionalidad, porque el medio extraordinario de defensa no puede emplearse con fines especulativos o meramente académicos, tal es el supuesto a que se alude en la causal de improcedencia que se estima aplicable al caso, en el que aun cuando el acto que se reclama existe al momento de instarse el juicio constitucional, y que incluso pudiera resultar que llegara a transgredir la esfera jurídica de la parte quejosa por contener vicio de inconstitucionalidad, si dejó de existir el objeto materia del mismo, por ende no puede surtir efecto legal o material alguno, entonces el juicio de garantías en su contra resulta improcedente, lo que encuentra una razón lógica jurídica ya que resolver el fondo del amparo y conceder la protección constitucional, resultaría estéril e innecesario, dado que no podría ejecutarse ni surtir sus efectos el fallo amparador porque la materia u objeto del mismo dejó de tener vida, es decir dejó de existir. En el caso concreto, se afirma la actualización de la causal de improcedencia de mérito, dado que de la lectura de la demanda se advierte que con fecha catorce de julio del año en curso le fue entregado a la quejosa un citatorio, en el cual se ordenó su comparecencia para las once horas del diecinueve de julio siguiente en las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, con sede en esta ciudad, a efecto de que fuera entrevistada por la defensa del inculpado Ricardo Vieyra Cadena, dentro de la carpeta judicial C-32/2021, instruida por el delito de violación equiparada agravada, en agravio de la menor con seudónimo Cenicienta, actuación que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (dieciséis de julio de dos mil veintiuno), aparentemente pudo infringir en perjuicio de la quejosa las garantías tuteladas en los artículos 14 y 16 Constitucionales; sin embargo, como la fecha que se señaló para su comparecencia ante la autoridad ministerial responsable feneció antes de que la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, turnara físicamente a este juzgado la demanda (quince horas del diecinueve de julio actual), es inconcuso que el objeto del acto reclamado ha dejado de existir por lo que no puede seguir surtiendo efecto legal o material alguno en perjuicio de aquélla. En ese orden de cosas, dado que, aun subsistiendo el acto reclamado, el objeto y materia de éste quedo sin efecto jurídicamente, de modo que, la citación que por esta vía reclama la quejosa no podrá surtir efectos en su contra, su esfera de derechos se encuentra a salvo de la misma, y por tanto tampoco podría hacerlo una sentencia amparadora, lo que torna improcedente el presente juicio de garantías. Puede invocarse por analogía la tesis número VI.2o.T.38 L, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, consultable en la página 829, tomo XV, febrero de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SUBSISTE, PERO SU OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR POR HABERSE CELEBRADO Y CUMPLIDO ANTE LA AUTORIDAD DE INSTRUCCIÓN, UN CONVENIO ENTRE LAS PARTES. Subsistiendo el laudo que constituye el acto reclamado, si el demandado, hoy quejoso, convino con el actor, dirimiendo y satisfaciendo las pretensiones de éste, ante la potestad de la autoridad laboral competente, es incuestionable que su objeto y materia quedaron sin efecto jurídicamente pues, de otra manera, si se resolviera el fondo del juicio de garantías y se concediera la protección constitucional a favor de la demandada, ello resultaría estéril, en virtud de que al existir un acuerdo de voluntades entre los contendientes del juicio, el cual ha sido cumplido en todos sus términos, la ejecución del laudo no tendría razón de ser cuando ésta tiene por efecto satisfacer los derechos subjetivos del trabajador, los cuales ya se vieron cumplidos a través del convenio aludido. En esas condiciones, es inconcuso que se surte la improcedencia del juicio contenida en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, es procedente sobreseer en el mismo, acorde a lo dispuesto por la diversa fracción III del artículo 74 de la legislación referida." Asimismo es aplicable la tesis número 2a.XCIX/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 357, tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." No pasa desapercibido que la quejosa refiere que en el citatorio que se le entregó se le apercibió que de no comparecer a la cita sin causa justificada, se haría acreedora a una medida de apremio consistente en una multa de veinte a mil días de salario mínimo vigente en la entidad en términos del artículo 104, fracción I, inciso B) del Código Nacional de Procedimientos Penales, empero ello no hace procedente la demanda, ya que el apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una autoridad, no produce una afectación actual, real y directa a la quejosa, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar, de ahí que respecto de ello se actualice de manera manifiesta e indudable la diversa causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al actualizarse las causales de improcedencia precisadas, las cuales son manifiestas porque se pueden determinar con base en los elementos aportados con la demanda, e indudables porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Copacabana número 2, colonia la Poza, edificio Integral de Justicia, planta baja, en esta ciudad; y como su autorizado en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Armando Ayala Soberanis, cuya cédula se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como profesional del derecho. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. INFORMACIÓN GENERAL Se comunica a la quejosa que de conformidad con los artículos 22, fracción I, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia, así como a los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial, por sus similares 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021, tratándose de comunicaciones no procesales se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, por lo que se le invita para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Del mismo modo, se le informa que acorde al numeral 3 del referido Acuerdo General 21/2020, para la consulta del expediente de manera física previamente deberá generar una cita, para lo cual habrá de ingresar al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", en el apartado "Agenda OJ", a fin de obtener fecha y hora para tal fin, y una vez concluido el proceso el sistema le proporcionara un Código QR que permitirá su ingreso al órgano jurisdiccional (y en su caso el de otra persona autorizada al expediente), mismo que estará condicionado a que quien acuda se identifique como la persona a cuyo nombre se generó la cita. En el entendido de que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No obstante lo anterior, en la planta baja del edificio A, en que se encuentra este órgano jurisdiccional se habilitara una Oficialía de Partes Común para la recepción de promociones presentadas físicamente para el público en general y para quien carece de una cita, ello de conformidad con el artículo 12 del citado Acuerdo General 21/2020.PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,920 expedientes
- Lorena Carpio Arredondo292/2016
- Lorena Carrillo Torres168/2016
- Lorena Catalan Bahena444/2014
- Lorena Cherem Hanono1199/2022
- Lorena Cisneros Prudente946/2017
- Lorena Leal Abundez624/2019
- Lorena Pineda Melquiades y Otros.689/2022
- Lorena Ramírez Hernández658/2021
- Lorena Román Aparicio977/2016
- Lorena Sánchez Muñoz y Otros.558/2023
- Lorenza Romero Estrada480/2019
- Lorenzo Crispin Emperatriz814/2018