Lorena Carrillo Torres

Expediente 168/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 20 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
168/2016
Año
2016
Actuaciones
20
Última actuación
19/07/2016

Partes del expediente

  • Lorena Carrillo Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; diecinueve de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, sin que se hubiere recurrido la sentencia emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobresee, ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase contar lo anterior en su carátula. Notifíquese.

  2. Principal

    sintesis. VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 168/2016, y RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Lorena Carrillo Torres, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO. "A).- A la C. Presidenta de la H. Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, le reclamo La Falta de Administración de Justicia Pronta y Completa, para hacer cumplir el pago de lo obtenido en laudo de fecha 22 de Enero del año 2014, por el cumplimiento al procedimiento de ejecución previsto en la Ley Federal del Trabajo". SEGUNDO. En proveído de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda de amparo que se registró bajo el número 168/2016; solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe con justificación; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, después de dos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. El Titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por reclamarse omisiones dentro de la etapa de ejecución del laudo dictado en un juicio laboral, atribuido a una autoridad que reside en el ámbito territorial en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se procede a hacer la precisión de los actos de autoridad reclamados en esta instancia constitucional, para lo cual se toma en cuenta el contenido integral del escrito de demanda, en específico lo narrado por la parte quejosa en el capítulo de antecedentes, así como las demás constancias que integran el expediente en que se actúa al no ser posible identificar el acto reclamado a partir de la expresión genérica planteada en la demanda, en el capítulo relativo "Falta de Administración Justicia Pronta y Completa para hacer cumplir el pago de lo obtenido en laudo". Aunado a que, atento a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de inconformidad 282/2013, pues en este determinó que los alcances por los cuales se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo y tomando en consideración la etapa procedimental en la que la omisión se sitúa. Por tanto, se señala que el objeto de análisis en este juicio de amparo lo constituye: I. La omisión de dictar la resolución en el recurso de revisión que promovió en contra de la diligencia de requerimiento de pago y embargo de ocho de diciembre de dos mil catorce. II. La abstención de cumplir con el procedimiento de ejecución, en específico aquélla relativa a girar los oficios a efecto de que practique el avaluó al bien embargado, el caso un elevador. TERCERO. La Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la omisión que se le reclama; manifestación que se acepta en sus términos, pues así se advierte de las actuaciones que integran el juicio laboral 1443/2005, que en copia certificada remitió como justificación a dicho informe, a las cuales se les concede valor probatorio pleno de acuerdo con los numerales 129, 197 y 202 del citado ordenamiento adjetivo aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2, como a continuación se expondrá. Esto es así, teniendo en cuenta que cuando se reclama un hecho negativo que se traduce en la omisión de la autoridad de realizar una conducta en el sentido pretendido por la parte quejosa, es decir, implica un no actuar de la misma, por regla general corresponde a la responsable demostrar con un hecho positivo que no incurrió en tal omisión, de acuerdo con la Tesis CLXXV/2015 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 22 de mayo de 2015, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI CONSISTE EN LA FALTA DE EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD, SE GENERA UNA PRESUNCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE ÉSTA DEBE DESVIRTUAR. El artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada prevé que cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso demostrar la inconstitucionalidad de dicho acto, salvo que sea violatorio de garantías en sí mismo, pues en ese caso la carga de la prueba se revierte a las autoridades para demostrar su constitucionalidad. En esas condiciones, cuando en el juicio de amparo se reclama que la autoridad no ha desplegado sus facultades, se genera una presunción de inconstitucionalidad que ésta debe desvirtuar. Así, dicho acto tiene el carácter de omisivo, lo cual implica un hecho negativo, es decir, que la autoridad no ha realizado algo, por lo que debe acompañar las pruebas necesarias que acrediten el debido ejercicio de su facultad, esto, en concordancia con el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en atención al artículo 2o. de la Ley de Amparo, en el que se precisa que el que niega sólo está obligado a probar, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, por lo que en este tipo de actos, si el quejoso reclama un hecho negativo consistente en la falta de ejercicio de sus facultades, es la autoridad quien debe probar lo contrario". Lo anterior es así, pues de las documentales remitidas por la responsable se advierte lo siguiente: 1. Por escrito de fecha ocho de junio de dos mil cinco, Lorena Carrillo Torres, demando a la persona moral Centro Médico Quirúrgico de Acapulco, Sociedad Anónima de Capital Variable, y/o Lanberto Serrano Silva y/o quien resulte responsable o propietario de la fuente de trabajo demandada, misma que correspondió conocer a la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. 2. El veintidós de enero de dos mil catorce, la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, dictó el laudo correspondiente en el expediente 1443/2005, en el cual se condenó a la demandada al pago de la pretensión principal y la mayoría de las accesorias de la parte actora, dicho laudo fue notificado a la parte actora el veintiuno de febrero de dos mil catorce. 3. Mediante acuerdo de veinte de noviembre de dos mil catorce, se decretó el auto de requerimiento de pago y embargo en contra de la parte demandada en el juicio laboral 1443/2005. 4. Dicha diligencia de requerimiento de pago y embargo, ejecutada por la actuaria adscrita a la autoridad responsable, tuvo verificativo el ocho de diciembre de dos mil catorce. 5. Como resultado de dicha diligencia, la parte demanda en el juicio laboral interpuso recurso de revisión contra actos de la Secretaria Actuaria adscrita a la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje; el cual se admitió el doce de enero de dos mil quince y se declaró improcedente mediante resolución de once de noviembre de dos mil quince. 6. Mediante escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil dieciséis, la parte quejosa solicitó (uno) se giraran los oficios a efecto de lograr el avalúo del bien embargado y (dos) la intervención de la caja de la parte demandada; el cual se proveyó el veintiséis siguiente, respecto a su primer petición la responsable, giró oficio a la Dirección del Trabajo y Previsión Social en Chilpancingo, Guerrero, para "efectos de que se sirva designar a la parte actora un perito en materia de avalúo en bienes muebles, respecto del bien que se encuentra embargado en autos, consistente en un elevador color gris metálico con capacidad para trece personas y peso de mil kilogramos con una placa que dice "GRUPO AMESA"; respecto a la segunda de sus peticiones, ésta no fue acordada al no haberse embargado. 7. Mediante acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se tuvo al Director del Trabajo y Previsión Social, informando que Alejando Cota Rayón fue designado como perito valuador en el juicio natural. De lo narrado se concluye, que no es factible atribuir a la autoridad responsable las omisiones reclamadas, pues respecto de aquélla relativa a dictar la resolución en el recurso de revisión que interpuso la parte quejosa en contra de la diligencia de embargo de fecha ocho de diciembre de dos mil catorce en el juicio laboral 1443/2005, ésta es inexistente, pues a la fecha de la presentación de la demanda (dieciocho de febrero de dos mil dieciséis), ya se había resuelto y notificado la resolución de dicho recurso; y, por lo que ve a la diversa de girar los oficios relativos a fin de que se lleve a cabo el avalúo del bien mueble embargado, esto se ordenó en acuerdo de veintiséis de enero del año en curso y en el diverso proveído de diecisiete de febrero siguiente, se tuvo al Titular de la Dirección del Trabajo y Previsión Social, residente en Chilpancingo, Guerrero, por designando perito para tales efectos, igual ello aconteció previo a la presentación de la demanda. Máxime, que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente; lo anterior es así, pues aun cuando se reclama un acto dentro de la etapa de ejecución de laudos; las actuaciones dentro de esta etapa, como ya se adelantó están sujetas a la previa solicitud de impulso del ejecutante y al no existir la misma, el amparo resulta improcedente. En este punto es aplicable la tesis de jurisprudencia 16/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2772, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Décima Época, Materia Laboral, de rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo". Por tanto, al no acreditarse la existencia de las omisiones reclamadas, procede con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 168/2016, promovido por Lorena Carrillo Torres. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el treinta de junio de dos mil dieciséis, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    CITATORIOS.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTES TERCEROS INTERESADOS CENTRO MEDICO QUIRURGICO DE ACAPULCO, POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE Y LAMBERTO SERRANO SILVA, LA SENTENCIA AUTORIZADA EL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS, MISMA QUE DICE... VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 168/2016, y RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Lorena Carrillo Torres, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO. "A).- A la C. Presidenta de la H. Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, le reclamo La Falta de Administración de Justicia Pronta y Completa, para hacer cumplir el pago de lo obtenido en laudo de fecha 22 de Enero del año 2014, por el cumplimiento al procedimiento de ejecución previsto en la Ley Federal del Trabajo". SEGUNDO. En proveído de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda de amparo que se registró bajo el número 168/2016; solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe con justificación; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, después de dos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. El Titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por reclamarse omisiones dentro de la etapa de ejecución del laudo dictado en un juicio laboral, atribuido a una autoridad que reside en el ámbito territorial en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se procede a hacer la precisión de los actos de autoridad reclamados en esta instancia constitucional, para lo cual se toma en cuenta el contenido integral del escrito de demanda, en específico lo narrado por la parte quejosa en el capítulo de antecedentes, así como las demás constancias que integran el expediente en que se actúa al no ser posible identificar el acto reclamado a partir de la expresión genérica planteada en la demanda, en el capítulo relativo "Falta de Administración Justicia Pronta y Completa para hacer cumplir el pago de lo obtenido en laudo". Aunado a que, atento a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de inconformidad 282/2013, pues en este determinó que los alcances por los cuales se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo y tomando en consideración la etapa procedimental en la que la omisión se sitúa. Por tanto, se señala que el objeto de análisis en este juicio de amparo lo constituye: I. La omisión de dictar la resolución en el recurso de revisión que promovió en contra de la diligencia de requerimiento de pago y embargo de ocho de diciembre de dos mil catorce. II. La abstención de cumplir con el procedimiento de ejecución, en específico aquélla relativa a girar los oficios a efecto de que practique el avaluó al bien embargado, el caso un elevador. TERCERO. La Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la omisión que se le reclama; manifestación que se acepta en sus términos, pues así se advierte de las actuaciones que integran el juicio laboral 1443/2005, que en copia certificada remitió como justificación a dicho informe, a las cuales se les concede valor probatorio pleno de acuerdo con los numerales 129, 197 y 202 del citado ordenamiento adjetivo aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2, como a continuación se expondrá. Esto es así, teniendo en cuenta que cuando se reclama un hecho negativo que se traduce en la omisión de la autoridad de realizar una conducta en el sentido pretendido por la parte quejosa, es decir, implica un no actuar de la misma, por regla general corresponde a la responsable demostrar con un hecho positivo que no incurrió en tal omisión, de acuerdo con la Tesis CLXXV/2015 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 22 de mayo de 2015, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI CONSISTE EN LA FALTA DE EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD, SE GENERA UNA PRESUNCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE ÉSTA DEBE DESVIRTUAR. El artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada prevé que cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso demostrar la inconstitucionalidad de dicho acto, salvo que sea violatorio de garantías en sí mismo, pues en ese caso la carga de la prueba se revierte a las autoridades para demostrar su constitucionalidad. En esas condiciones, cuando en el juicio de amparo se reclama que la autoridad no ha desplegado sus facultades, se genera una presunción de inconstitucionalidad que ésta debe desvirtuar. Así, dicho acto tiene el carácter de omisivo, lo cual implica un hecho negativo, es decir, que la autoridad no ha realizado algo, por lo que debe acompañar las pruebas necesarias que acrediten el debido ejercicio de su facultad, esto, en concordancia con el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en atención al artículo 2o. de la Ley de Amparo, en el que se precisa que el que niega sólo está obligado a probar, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, por lo que en este tipo de actos, si el quejoso reclama un hecho negativo consistente en la falta de ejercicio de sus facultades, es la autoridad quien debe probar lo contrario". Lo anterior es así, pues de las documentales remitidas por la responsable se advierte lo siguiente: 1. Por escrito de fecha ocho de junio de dos mil cinco, Lorena Carrillo Torres, demando a la persona moral Centro Médico Quirúrgico de Acapulco, Sociedad Anónima de Capital Variable, y/o Lanberto Serrano Silva y/o quien resulte responsable o propietario de la fuente de trabajo demandada, misma que correspondió conocer a la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. 2. El veintidós de enero de dos mil catorce, la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, dictó el laudo correspondiente en el expediente 1443/2005, en el cual se condenó a la demandada al pago de la pretensión principal y la mayoría de las accesorias de la parte actora, dicho laudo fue notificado a la parte actora el veintiuno de febrero de dos mil catorce. 3. Mediante acuerdo de veinte de noviembre de dos mil catorce, se decretó el auto de requerimiento de pago y embargo en contra de la parte demandada en el juicio laboral 1443/2005. 4. Dicha diligencia de requerimiento de pago y embargo, ejecutada por la actuaria adscrita a la autoridad responsable, tuvo verificativo el ocho de diciembre de dos mil catorce. 5. Como resultado de dicha diligencia, la parte demanda en el juicio laboral interpuso recurso de revisión contra actos de la Secretaria Actuaria adscrita a la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje; el cual se admitió el doce de enero de dos mil quince y se declaró improcedente mediante resolución de once de noviembre de dos mil quince. 6. Mediante escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil dieciséis, la parte quejosa solicitó (uno) se giraran los oficios a efecto de lograr el avalúo del bien embargado y (dos) la intervención de la caja de la parte demandada; el cual se proveyó el veintiséis siguiente, respecto a su primer petición la responsable, giró oficio a la Dirección del Trabajo y Previsión Social en Chilpancingo, Guerrero, para "efectos de que se sirva designar a la parte actora un perito en materia de avalúo en bienes muebles, respecto del bien que se encuentra embargado en autos, consistente en un elevador color gris metálico con capacidad para trece personas y peso de mil kilogramos con una placa que dice "GRUPO AMESA"; respecto a la segunda de sus peticiones, ésta no fue acordada al no haberse embargado. 7. Mediante acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se tuvo al Director del Trabajo y Previsión Social, informando que Alejando Cota Rayón fue designado como perito valuador en el juicio natural. De lo narrado se concluye, que no es factible atribuir a la autoridad responsable las omisiones reclamadas, pues respecto de aquélla relativa a dictar la resolución en el recurso de revisión que interpuso la parte quejosa en contra de la diligencia de embargo de fecha ocho de diciembre de dos mil catorce en el juicio laboral 1443/2005, ésta es inexistente, pues a la fecha de la presentación de la demanda (dieciocho de febrero de dos mil dieciséis), ya se había resuelto y notificado la resolución de dicho recurso; y, por lo que ve a la diversa de girar los oficios relativos a fin de que se lleve a cabo el avalúo del bien mueble embargado, esto se ordenó en acuerdo de veintiséis de enero del año en curso y en el diverso proveído de diecisiete de febrero siguiente, se tuvo al Titular de la Dirección del Trabajo y Previsión Social, residente en Chilpancingo, Guerrero, por designando perito para tales efectos, igual ello aconteció previo a la presentación de la demanda. Máxime, que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente; lo anterior es así, pues aun cuando se reclama un acto dentro de la etapa de ejecución de laudos; las actuaciones dentro de esta etapa, como ya se adelantó están sujetas a la previa solicitud de impulso del ejecutante y al no existir la misma, el amparo resulta improcedente. En este punto es aplicable la tesis de jurisprudencia 16/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2772, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Décima Época, Materia Laboral, de rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo". Por tanto, al no acreditarse la existencia de las omisiones reclamadas, procede con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 168/2016, promovido por Lorena Carrillo Torres. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el treinta de junio de dos mil dieciséis, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; a seis de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud de llevarla a cabo, dado que el veintiséis de mayo pasado, se tuvo por notificado del inicio de este juicio al tercero interesado CENTRO MEDICO QUIRURGICO DE ACAPULCO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE: por tanto, a fin de que se imponga del contenido del informe justificado que rindió la autoridad responsable, con la anticipación a la fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, y esté en aptitud de ofrecer las pruebas que estime pertinentes en términos del artículo 119 de la ley de la materia, se difiere la audiencia señalada para este día según se advierte de la certificación de cuenta, para las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.

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