Lorena Mijangos Villanueva
Expediente 426/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 426/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Lorena Mijangos Villanueva
- Epifania Cruz
Actuaciones
- Principal
Mesa I-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintinueve de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos, para los efectos legales el oficio firmado por Edmundo Acacio Cebreros, perito oficial de este juzgado, por medio del cual rinde su dictamen en materia de identificación fisonómica ordenada en autos. Ahora bien, con fundamento en los artículos 298, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno, con sede la ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este juzgado se sirva requerir a Edmundo Acacio Cebreros, perito oficial de este juzgado en materia de identificación fisonómica, en el domicilio ubicado en avenida Río Consulado, número 715, guión 721, colonia Santa María Insurgentes, delegación Cuauhtémoc en la ciudad de México, a efecto de que comparezca ante ese juzgado y en diligencia relativa ratifique el contenido de su dictamen recibido en esta fecha en este juzgado (para lo cual se le remite copia certificada del mismo). Asimismo, solicítese de la manera más atenta al juez exhortado que una vez realizado lo anterior, devuelva la comunicación oficial a la brevedad posible y acuse recibo de la misma. Se le otorga amplias facultades para realizar los trámites y actuaciones necesarias a fin de lograr lo encomendado. Notifíquese...
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siete de marzo de dos mil dieciséis. Datos de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Epifania Cruz y Lorena Mijangos Villanueva, fórmese expediente en los términos del artículo 3 de la Ley de Amparo; regístrese con el número 426/2016, que le corresponde. En principio, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. Desechamiento respecto a la demanda de amparo presentada por la quejosa Epifania Cruz. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgado de distrito oficiosamente emprende el examen de la demanda para advertir si existe motivo de improcedencia; de la que se concluye, debe desecharse por que existe un motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia, en la especie se configura la establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6º, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". En el caso que nos ocupa, se actualiza la mencionada causa de improcedencia, pues si bien en el encabezado de la demanda que nos ocupa, se asienta el nombre de Epifania Cruz, ni al calce de la misma, ni de las copias que exhibe, aparece firma alguna de la parte promovente. Ello trae como consecuencia estimar que la demanda de amparo carece de la firma correspondiente y al ser así, se concluye que no existe instancia de parte agraviada, toda vez que la firma autógrafa es el medio por el cual se exterioriza la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de amparo, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todos sus efectos legales. De ahí que si la demanda de que se trata, carece de esa formalidad esencial (firma autógrafa), se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6º, ambos de la Ley de Amparo; por lo que, procede desechar de plano por notoriamente improcedente, la demanda de amparo que promueve Epifania Cruz, porque, un escrito presentado en las condiciones citadas, no obliga a este órgano de control constitucional a proveer respecto del contenido del mismo, en la medida en que, al no encontrarse firmado en forma autógrafa, debe considerarse como simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Desechamiento respecto al escrito de demanda de amparo presentada por la quejosa Lorena Mijangos Villanueva. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De los preceptos citados, se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; al respecto, el propio precepto legal señala qué debe entenderse por actos de imposible reparación, a saber, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 130/2014, estableció que dentro de un procedimiento jurisdiccional o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, no es posible reclamar, de forma autónoma, una violación al derecho de petición. Que el derecho como género previsto en el artículo 8º constitucional pretende que a la petición hecha ante una autoridad le recaiga una respuesta en breve término; en cambio, los artículos 14 y 17 constitucionales, prevén el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de acción como especie del derecho de petición, mediante los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan las pretensiones deducidas, de manera completa y congruente con lo solicitado. El derecho al debido proceso y el derecho de acción de los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite al particular obtener una completa y mejor respuesta a sus pretensiones dentro de un procedimiento jurisdiccional y, por ende, una mayor protección, puesto que el derecho de petición sólo obliga a la obtención de una respuesta básica. Asimismo, los derechos consagrados en los artículos 8º, 14 y 17 constitucionales regulan cuestiones distintas (derecho de petición, el debido proceso y el derecho de acción), sin embargo, deben entenderse de manera armónica de acuerdo a su finalidad, sin que ello implique dejar de proteger al particular frente al acto de autoridad. Por tanto, la autoridad jurisdiccional o administrativa tiene la obligación de emitir la resolución correspondiente a la petición presentada de manera pronta y congruente, la cual debe atender a los plazos y términos fijados en las leyes que rigen dicho procedimiento. Ante la existencia de una norma secundaria que desarrolla de mejor forma la obligación de respuesta de las autoridades, no es dable que se impugne la violación al derecho de petición de manera autónoma, ya que el plazo, términos y modalidades bajo los cuales se regirá el actuar de la autoridad ante la cual se elevó la petición, serán conforme lo establecido por la norma secundaria y la autoridad deberá verificar en todo momento que se atienda de la mejor forma posible la solicitud del particular. De estimar lo contrario, podría suceder que la contestación, aun cumpliendo con los lineamientos constitucionales, no resuelva de mejor forma lo planteado, por no actuar conforme a la legislación ordinaria. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria; en razón de ello, si el reclamo se da dentro de un procedimiento, no se cumpliría con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo o que el acto hubiese dejado sin defensa al quejoso. Sin que pase inadvertido que si bien uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la omisión de dar respuesta a una petición formulada a una autoridad; sin embargo, ello por sí solo no es suficiente para considerar procedente el amparo; lo anterior, en virtud de que dicha afectación no puede verse de forma autónoma sino dentro del procedimiento en razón de los artículos constitucionales y su desarrollo en la legislación secundaria de los derechos de debido proceso y acción, por lo que no actualizaría el caso de excepción que se prevé para acudir al juicio de amparo. Bajo esas consideraciones, en el caso, de las manifestaciones de la parte promovente, bajo protesta de decir verdad, a las cuales se les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierten los antecedentes siguientes: Ante la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se tramita el juicio laboral 1121/2008 y 893/2009(4), donde la quejosa es parte. Mediante escrito presentado el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, ante dicha autoridad (petición que no se ha acordado), solicitó lo siguiente: "Por medio del presente escrito venimos a solicitar, se ordene girar oficio al Director General de Trámite y Sustanciación de Procesos Jurídicos de la Consejería del Gobierno del Estado de Oaxaca, y al Director General del Instituto Estatal de Educación para Adultos, perdidoso en el presente juicio laboral, a efecto de que ordene a quien corresponda el cumplimiento de la obligación procesal de cumplir con la condena del laudo emitido en el juicio al rubro citado o bien informe y acredite a Usted qué seguimiento y solicitudes ha desarrollado a la fecha, para realizar las modificaciones presupuestales y demás acciones financieras en su presupuesto de egresos a fin de contemplar el pago del laudo antes citado, y para ese sentido peticionar al gobernador del estado de Oaxaca su intervención a fin de solicitar a la legislatura del estado de Oaxaca la expedición de un decreto especial". La relación previa revela que el juicio de amparo que promueve la quejosa es improcedente. Es así, pues como se expuso anteriormente, el acto controvertido en este juicio de amparo es una violación al artículo 8º Constitucional, dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, esto es, falta de contestación a un escrito en el que solicitó el cumplimiento de la condena del laudo emitido en el juicio laboral 1121/2008 y 893/2009(4), lo que revela que la omisión reclamada no tiene el carácter de "imposible reparación". En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria; en razón de ello, si el reclamo se da dentro de un procedimiento, no se cumpliría con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo o que el acto hubiese dejado sin defensa a la quejosa. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, promovida por la quejosa Lorena Mijangos Villanueva. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica. Consulta expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo. Para ello, deberán registrarse en el sitio http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx La parte que desee realizar el registro, una vez que ingrese a dicha página, deberá como primer paso, llenar el formulario, proporcionar su nombre completo, domicilio, correo electrónico y la contraseña de su preferencia. Como segundo paso, deberá revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparece en el mensaje. El tercer paso es imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. Cuarto, dicha solicitud deberá presentarse en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, que es en donde se encuentra radicado su expediente de amparo y esperar que el suscrito juez federal acuerde favorablemente su solicitud. Hecho lo anterior, estará listo para utilizar el portal de consulta de expediente electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido de que la consulta del expediente por vía electrónica, en esta etapa piloto, no constituirá la notificación de las determinaciones que en su caso se emitan. Ley de Transparencia. Con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad de Oaxaca de Juárez, ante la secretaria licenciada Lizeth Ortiz Segura, que autoriza y da fe.EN TERMINOS DEL ART 27, FRAC I DE LA LEY DE AMPARO
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