LORENA JIMÉNEZ CHÁVEZ y Otros.
Expediente 426/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 426/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 08/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- LORENA JIMÉNEZ CHÁVEZ y Otros.
- Lorena Jiménez Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de febrero de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y definitiva; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y la suspensión definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo, el auto donde se proveyó lo relativo a la suspensión provisional y la interlocutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte en el presente asunto se encontraban suspendidos los plazos y términos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, derivado de la situación que impera en el país con motivo del fenómeno de salud pública provocado por el virus COVID-19 y la cual tuvo sustento legal en la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte del Consejo de la Judicatura Federal. Dicha circular tuvo como objetivo el salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del citado Consejo, en la cual se determinó adoptar como medida especial el regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, a partir del veintiuno de diciembre de veinte y hasta el once de enero pasado, lo cual ya aconteció; por ende, se reanudan los términos y plazos procesales en este juicio de amparo. En ese tenor, es necesario destacar que de conformidad a lo establecido en dicha circular, durante el periodo de suspensión no corrieron términos; es decir, los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por otra parte, del estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, respecto al sobre que devuelve la empresa denominada "ESTAFETA", que contiene la comunicación oficial con número de orden 192/2020 y de origen 136/2020, que no fue entregada en su destino; se ordena glosar a los autos y darse de baja en el libro de gobierno respectivo, como no diligenciada, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de diciembre de dos mil veinte. Incorpórese a los autos el oficio y anexos que exhibe la Jueza Primero de lo Civil del distrito judicial de Villa de Etla, Oaxaca, sin que haya lugar a dictar mayor proveído respecto de las mismas; en virtud que el presente asunto fue resuelto mediante sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil veinte. Sin que obste a lo anterior que el oficio de cuenta refiere dirigirse al incidente de suspensión relativo a este asunto, porque del análisis de su contenido y anexos se advierte que corresponde al presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 426/2020, promovido por ** por su propio derecho y en representación de los menores de edad J. A. O. J. y J. M. O. J., contra los actos de la autoridad que se menciona más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos la parte quejosa manifiesta que, el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, promovió demanda de alimentos en contra del aquí tercero interesado Rogelio Osorio Vásquez, ante el Juzgado Primero Civil de Etla, Oaxaca, la que fue admitida con el número 478/2017. El seis de diciembre de dos mil dieciocho, celebró un convenio definitivo con su contra parte, donde acordaron que el progenitor proporcionaría de manera definitiva el cuarenta por ciento de su sueldo, el cual haría llegar a la madre de los menores de edad mediante transferencia electrónica. Que fue hasta el mes de julio de dos mil diecinueve, que el aquí tercero interesado, parte demandada en el juicio natural, había estado cumpliendo con el pago de alimentos. A partir del mes de agosto del año pasado, hasta el día en que promovió el juicio de amparo que nos ocupa -cinco de agosto de dos mil veinte-, no había proporcionado la cantidad acordada por concepto de pago de alimentos para sus menores hijos. Con motivo de lo anterior, promovió ante el Juez Familiar -Civil-, que requiriera el cumplimiento del pago de alimentos al dueño de la empresa para la que laboraba el deudor alimentario, sin que a la fecha de presentación de la demanda de amparo se hubiera solucionado ese problema, debido a que la responsable se limitó a girar un oficio al dueño de la empresa en cuestión, únicamente para que informara el motivo de la falta de pago, sin que haya tomado las medidas necesarias para garantizar el derecho de los menores a recibir alimentos. Además, indique que a pesar de la contingencia en salud el deudor alimentario ha continuado trabajando por lo que está en condiciones de cumplir con el convenio celebrado ante el Juez Familiar, mismo que no ha tomado las medidas necesarias que garanticen el derecho de los menores de edad a recibir alimentos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ** promovió amparo por su propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad J. A. O. J. y J. M. O. J., mediante escrito presentado el cinco de agosto de dos mil veinte a través de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec y enviado al día siguiente a este Juzgado de Distrito, al que correspondió por razón de turno. Señaló como autoridad responsable y actos reclamados, los siguientes: 1. JUEZA PRIMERO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ETLA, OAXACA, con domicilio en Prolongación de hidalgo, 2, sin número, centro, villa de Etla, Oaxaca. IV.- OMISIÓN QUE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE RECLAMA: La puesta en peligro de la vida de dos menores de edad por no recibir alimentos. La falta de medidas para garantizar el derecho humano a recibir alimentos de mis menores hijos, en el juicio que se tramita en el juzgado primero civil del distrito judicial de Etla, Oaxaca, expediente 678/2017. La falta de actuación oficiosa en cuestiones que afectan intereses de menores de edad, como es el caso en el juicio de alimentos que se tramita en el juzgado primero civil del distrito de Etla, Oaxaca, con número de expediente 678/2017. La falta de acceso a una justicia pronta y expedita. La violación al derecho humano de un menor de edad a recibir alimentos. La violación al derecho humano a la salud y a una vida digna de mis menores hijos y míos. La quejosa denunció la violación de los artículos 1, en su párrafo tercero y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el número 426/2020. Se admitió a trámite mediante acuerdo de seis de agosto de dos mil veinte, una vez agotados los trámites correspondientes, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque la autoridad señalada como responsable en este juicio de amparo indirecto tienen su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el órgano jurisdiccional, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa atribuye al Juez Primero Civil del distrito judicial de Etla, Oaxaca: La falta de tomar medidas para garantizar el derecho humano de los quejosos menores de edad a recibir alimentos, en el juicio 678/2017. La falta de actuación oficiosa en cuestiones que afectan intereses de menores de edad, en el juicio 678/2017. La falta de acceso a una justicia pronta y expedita. Sin que haya lugar a tener como actos reclamados los diversos que refiere como incisos a), d) y e), toda vez que se trata de conceptos de violación, los que no constituyen actos reclamados en sí mismos, y si bien se alude la puesta el peligro de la vida y salud de los menores de edad, ello deriva de la situación fáctica de no recibir alimentos, lo que en todo caso, constituirían consecuencias de las omisiones que atribuye a la autoridad responsable, las cuales son la base del argumento esencial de su causa de pedir, en virtud que constituye esencialmente la afectación que causa la supuesta omisión de la responsable a tomar diversas medidas para salvaguardar la vida y salud de los menores de edad y garantizar el pago de los referidos alimentos. Aunado a ello, la parte quejosa se duele de una omisión por parte de la responsable para requerir de oficio el pago de alimentos que considera afecta directamente a los quejosos menores de edad, porque manifiesta que la juzgadora de origen debió realizar de oficio todas las diligencias tendentes a cubrir los pagos respectivos, a partir de que tomó conocimiento de un incumplimiento por parte del deudor alimentario, para garantizar su verdadero acceso a la justicia. INEXISTENCIA DE ACTOS RECLAMADOS El Juez Primero de lo Civil del distrito judicial de Etla, Oaxaca, al rendir informe justificado negó la existencia de los actos reclamados, sin embargo, por razón de método se analizará primero, lo relativo al acto reclamado consistente en la falta de actuación oficiosa en cuestiones que afectan intereses de menores de edad, en el juicio 678/2017. La autoridad responsable en cuestión niega la existencia del acto reclamado, también es cierto que al darle vista con el informe justificado y anexos de la misma, por autos de diez y veintiuno de septiembre de dos mil veinte, la parte quejosa no hizo manifestación alguna al respecto. Del citado informe justificado y constancias deducidas del expediente 678/2017, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del distrito judicial de Etla, Oaxaca, se advierte que: Dicho juicio se trata de un divorcio incausado, promovido por la aquí quejosa Lorena Jiménez Chávez, en contra de Rogelio Osorio Vásquez en la vía especial prevista en el Código de Procedimientos Civiles del Estado y no de un juicio de alimentos, como lo expuso la quejosa en el escrito inicial de demanda. Con fecha seis de diciembre de dos mil dieciocho, se celebró un convenio entre las partes el cual fue aprobado y elevado a categoría de cosa juzgada por la autoridad responsable, con lo que se dio concluido el aludido juicio de divorcio. En ese convenio, entre otras cuestiones, las partes acordaron que se descontaría el cuarenta por ciento y demás prestaciones que percibe el demandado para el pago de alimentos, lo que emotivo que se expidiera el oficio correspondiente. La autoridad manifiesta que se han realizado diversos requerimientos a efecto de lograr el pago de los alimentos en cuestión, sin que se halla limitado el derecho de acceso a la justicia de la parte quejosa en forma alguna, debido a que al haberse iniciado el citado asunto en la vía especial con motivo de la demanda de divorcio incausado. Dejando a salvo los derechos de la parte actora aquí quejosa, a fin de que en la vía incidental promoviera lo correspondiente en relación al pago de la pensión alimenticia que dice la adeuda el demandado aquí tercero interesado. Lo anterior, para que la autoridad judicial responsable en cuestión se encontrara en condiciones de garantizar los alimentos de los menores de edad, conforme a los artículos 53, 487, 488, 493, 494 y 495 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Oaxaca. Ahora bien, la parte quejosa hasta el momento de la presentación de la demanda de amparo -cinco de agosto de dos mil veinte-, no ha promovido la incidencia relatada en líneas precedentes y la autoridad responsable si ha probado, con las documentales que exhibió, a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, que el juicio del que emana la omisión reclamada, no es uno de alimentos sino de un divorcio incausado concluido, por lo que la autoridad no se encuentra obligada a actuar de oficio más allá del dictado de medidas preventivas -lo que realizó en el momento procesal oportuno, es decir, desde el inicio del juicio de divorcio-, aunado a que como se desprende del acuerdo de trece de noviembre de dos mil veinte, dictado en el expediente en cuestión, se registró la entrega del pago de alimentos en el juicio natural. Por lo anterior, lo procedente es sobreseer en el juicio debido a que del análisis de autos se advierte, que la juez de lo Civil del Distrito Judicial de Etla, no se encontraba obligada para continuar actuando oficiosamente en el expediente 678/2017 de su índice, motivo por el cual, su inacción en ninguna manera puede traducirse en una omisión. Tal declaración de inexistencia, se ve fortalecida por el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que plantea: ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. Situación semejante ocurre con el acto reclamado que se menciona como "la falta de acceso a una justicia pronta y expedita", dado que a pesar de que exista la suplencia de la queja en su más amplia expresión a favor de los quejosos menores de edad, lo cierto es que se trata de un señalamiento genérico, que a falta de individualización, resulta inexistente, derivado de que la peticionaria de amparo no precisa qué escrito, petición, recurso o incidente ha omitido proveer la autoridad responsable. Apoya esta determinación, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia de rubro y texto: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda. Aunado a ello, la parte quejosa, no ofreció ni exhibió prueba idónea con la que se desvirtúe la negativa de la autoridad responsable. De ahí que, como no existe prueba en contrario y con base en el análisis de las constancias de autos, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que procede en este asunto es decretar el sobreseimiento, por inexistencia de los reclamados señalados como falta de actuación oficiosa en cuestiones que afectan intereses de menores de edad, en el juicio 678/2017 y falta de acceso a la justicia pronta y expedita. VI. CERTEZA DE UN ACTO RECLAMADO. En relación al acto consistente en la falta de tomar medidas para garantizar el derecho humano de los quejosos menores de edad a recibir alimentos, en el juicio 678/2017, por el que la autoridad responsable negó la existencia del acto reclamado, debe decirse que tal negativa se desvirtúa, debido a que de las constancias de autos, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo -cinco de agosto de dos mil veinte-, el deudor alimentario no había realizado el pago puntual de los alimentos a que se refiere la parte quejosa en su demanda de amparo, lo que en un momento dado manifestó al juez civil sin que éste hubiera dictado alguna medida efectiva al respecto, por lo que la negativa se desvirtúa y se tiene por cierto el acto reclamado. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento. VII. CAUSA DE IMPROCEDENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente. En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el siguiente rubro y texto: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Este órgano jurisdiccional advierte que respecto al acto reclamado a que se refiere este punto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". El referido precepto legal transcrito, prescribe que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que indebidamente omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica; por lo que resulta justificado que el juicio de amparo se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, como ocurre en el presente caso. En ese tenor, si en el presente juicio constitucional -como se anticipó- está probado que el referido Juez Primero de lo Civil del distrito judicial de Etla, Oaxaca, ha realizado las gestiones tendentes a tomar las medidas para garantizar el derecho humano de los quejosos menores de edad a recibir alimentos, en el juicio 678/2017. Lo anterior, porque constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en términos el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, que ante este Juzgado de Distrito se tramita el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, del que se advierte que por autos de cuatro (que obra en autos del incidente de suspensión) y trece de noviembre de dos mil veinte (obra agregado al presente asunto y al incidente de suspensión), emitidos en el juicio natural, en el primero: Requirió a Rogelio Osorio Vásquez, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, cumpliera con el pago de la pensión alimenticia en cuestión. Dejó a salvo los derechos de la actora aquí quejosa, para que en la vía y forma correspondiente, promoviera lo relativo al incumplimiento del deudor alimentario, en atención al artículo 413 del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca. También requirió al dueño de la fuente de trabajo del quejoso, para que dentro de igual término probara haber realizado el pago de alimentos. En el segundo, tuvo a la citada contraparte de la actora, exhibiendo dos comprobantes de depósito realizados a favor de la promovente del amparo, por lo que, tuvo a la parte tercera interesada allí demandado cumpliendo con el requerimiento realizado el cuatro de noviembre de dos mil veinte. De ahí, que se insiste, cesaron los efectos del acto reclamado a la autoridad responsable, habida cuenta que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la inactividad procesal reprochada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En consecuencia, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por cuanto hace al acto reclamado relatado, de ahí que, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en lo establecido por el ordinal 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Apoya este criterio la tesis 2a./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En ese orden, resulta innecesario ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado por lo que a dicho acto respecta, puesto que no es propio de los fines del amparo realizar el estudio de fondo respecto de actos que han quedado sin efecto y, por lo tanto, ya no ocasionan agravio alguno a la parte quejosa. Sustentan lo aquí vertido, las tesis 509 y 1028, consultables en las páginas 335 y 708, respectivamente, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. Se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. En ese orden, no ha lugar a examinar los conceptos de violación expresados en su demanda, al haberse tornado improcedente el presente juicio de amparo. Sin que lo anterior implique un juicio de valor sobre el fondo del asunto, en virtud que tratándose de cuestiones de alimentos no opera la figura jurídica de cosa juzgada, porque los acreedores alimentarios tienen en todo tiempo el derecho de pedir e incluso demandar su ministración, mediante la observancia de las distintas formalidades al efecto previstas en las leyes ordinarias, dada la variabilidad de las relaciones familiares que la obligación alimentaria genera y la permanencia del estado civil de las personas según el ordenamiento sustantivo civil correspondiente, lo cual impide la irrevocabilidad e inmutabilidad las determinaciones dictadas en esa clase de asuntos y permite, en consecuencia, la existencia de diversas formas de modificación (aumento o reducción de pensión), extinción (cese de la obligación) y garantía (cumplimiento parcial e incumplimiento de la obligación) de tales determinaciones, pero siempre mediante la excitativa de la parte que se estime afectada. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, que se inserta a continuación: PENSIÓN ALIMENTICIA FIJADA EN EL CONVENIO DE DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO QUE SE ELEVÓ A CATEGORÍA DE SENTENCIA EJECUTORIADA. LA SOLICITUD DE MODIFICARLA PUEDE PLANTEARSE, INDISTINTAMENTE, EN LA VÍA INCIDENTAL DENTRO DEL PROPIO PROCEDIMIENTO, O BIEN, A TRAVÉS DE UN JUICIO AUTÓNOMO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 89-C, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, creado mediante Decreto Número 15766, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", de 31 de diciembre de 1994, constituye una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias, en la medida en que permite alterar o modificar las que han quedado firmes, siempre que: a) Se hayan pronunciado en juicios o procedimientos que versen sobre el pago de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, en los de jurisdicción voluntaria o en aquellos que autorice la aludida legislación procesal; y, b) Por hechos supervenientes cambien las circunstancias que afecten al ejercicio de la acción que se dedujo oportunamente, o bien, que se varíe la situación jurídica existente cuando se pronunció la resolución respectiva, todo lo cual debe demostrarse plenamente en el "juicio o procedimiento respectivo"; empero, como esta locución no deja claro si la reducción debe hacerse a través de un juicio autónomo, o bien, por medio de un incidente que se haga valer en el propio procedimiento donde se estableció la pensión alimenticia relativa, entonces es viable que la petición de modificar la fijada en el convenio de divorcio por mutuo consentimiento que se elevó a la categoría de sentencia ejecutoriada, pueda plantearse indistintamente en cualesquiera de esas dos vías, lo que es acorde con el derecho humano de acceso a la jurisdicción previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; máxime que en ambos casos, las partes tienen la oportunidad de ser oídas, ofrecer y desahogar pruebas, alegar e impugnar las resoluciones o actuaciones que les causen perjuicio a través de los medios ordinarios de defensa que procedan en cada caso. Finalmente, resulta importante destacar, que este órgano jurisdiccional, no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por el fiscal Federal adscrito, pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia. DECISIÓN Consecuentemente, ante la inexistencia de unos actos reclamados y al hacerse patente la causa de improcedencia analizada en el apartado que antecede, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ** por su propio derecho y en representación de los menores de edad J. A. O. J. y J. M. O. J., en contra de los actos reclamados a la Juez Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, a que se refieren los apartados IV, V, VI, y VII de esta resolución. NOTIFÍQUESE.
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