Lorena González Vallejo

Expediente 498/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
498/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
13/05/2019

Partes del expediente

  • Lorena González Vallejo

Actuaciones

  1. Principal

    ... Agréguese el escrito signado por LORENA GONZÁLEZ VALLEJO Y ALEJANDRO MEDINA SILVA, mediante el cual cumplen con la prevención realizada el tres de mayo de dos mil diecinueve. Ahora bien, del análisis del escrito de cuenta, así como de la demandada de amparo promovida por LORENA GONZÁLEZ VALLEJO Y ALEJANDRO MEDINA SILVA, contra actos del Juez Mixto Civil de Primera Instancia de la ciudad de Zacapu, Michoacán y Actuario de su adscripción, se advierte que ésta resulta notoriamente improcedente, y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 198, Tomo VIII, Noviembre de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional. En ese contexto, en relación al acto reclamado al Actuario adscrito al Juzgado Mixto Civil de Primera Instancia de la ciudad de Zacapu, Michoacán, consistente en la ilegal notificación que se les practicó mediante instructivo, del auto de uno de abril de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio ordinario civil 1/2017, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículos 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Del artículo transcrito se desprende que la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso, juicio o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o bien, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en vigor, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. En otras palabras, el principio de definitividad rector del juicio de amparo, a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse al promoverse el juicio de amparo, y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. En ese sentido, previamente a la promoción del juicio biinstancial que nos ocupa, la parte quejosa tuvo que haber promovido el medio ordinario de defensa que tenía a su alcance para impugnar la notificación del auto de uno de abril de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio ordinario civil 1/2017, la cual fue señalada como acto reclamado. En otras palabras, previo al ejercicio de la acción constitucional, los promoventes del amparo tuvieron que haber agotado el incidente de nulidad de notificaciones previsto en los artículos 94 y 98 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, que disponen textualmente: "Artículo 94. Las notificaciones que se hicieren en forma distinta a la prevenida en este capítulo, serán nulas;.". "Artículo 98. La nulidad de actuaciones y notificaciones se substanciará en la forma y términos que determine este Código para los incidentes". De la interpretación gramatical de los preceptos citados se advierte que las notificaciones que se hicieren en forma distinta a la prevenida, cabe el incidente de nulidad de notificaciones, por lo que si dicha incidencia constituye un medio de defensa por medio del cual, la parte quejosa podía nulificar la notificación practicada por la autoridad responsable, respecto del acuerdo de uno de abril de dos mil diecinueve, es evidente que previamente a la promoción del juicio de amparo tuvo que haber promovido dicha incidencia, pero como no lo hizo así, el juicio de amparo que nos ocupa es improcedente. No obsta lo anterior, que de la narración de los hechos precisados bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, se advierta que la notificación reclamada se hubiere realizado posteriormente a que la autoridad responsable hubiese elevado a la categoría de sentencia ejecutoriada el convenio que los quejosos celebraron con la parte actora del juicio dentro del juicio ordinario civil 1/2017, puesto que el incidente de nulidad de notificaciones también puede formularse contra las notificaciones acaecidas con posterioridad a la sentencia, resoluciones o acuerdos de voluntades, que ponga fin al juicio, tal como acontece en el caso. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 430, del Tomo XXI, Abril de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo". Además, cabe destacar que en el presente caso no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad en comento, ya que de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, se advierte que ésta es parte dentro del juicio ordinario civil 1/2017, toda vez que compareció a dicho juicio para hacer valer sus derechos; además, el acto impugnado de ninguna forma importa peligro de que a los quejosos se les prive de la vida, se les deporte, se les destierre o que se cometa en su perjuicio cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional y, finalmente, tampoco está combatiendo un acto restrictivo de su libertad. En ese contexto, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado al Juez Mixto Civil de Primera Instancia de Zacapu, Michoacán, consistente en el acuerdo de uno de abril de dos mil, dictado dentro del juicio ordinario civil 1/2017, donde la citada autoridad tuvo a la parte actora informando que, los ahora quejosos, le entregaron a aquélla, de manera voluntaria, la posesión del inmueble que fue objeto del juicio aludido y del convenio que se elevó a la categoría de sentencia ejecutoriada. Los numerales en cita disponente textualmente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De acuerdo con lo previsto por el segundo de los numerales transcritos, el juicio de amparo indirecto es procedente en la etapa de ejecución de sentencia, únicamente contra aquél que constituye la última resolución. Sobre los alcances de lo que debe entenderse como la última resolución en ejecución de sentencia, el propio numeral en consulta es claro en establecer que se trata de aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Lo anterior implica, a contrario sensu, que si se trata de actos de tribunal judicial, emitidos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando éstos no se traten de la última resolución. Ahora bien, como ya se dijo anteriormente, el acto reclamado consiste en el acuerdo de uno de abril de dos mil, dictado dentro del juicio ordinario civil 1/2017, donde la autoridad responsable tuvo a la contraparte de los quejosos informando que éstos, le entregaron a aquélla, de manera voluntaria, la posesión del inmueble que fue materia del convenio que se elevó a la categoría de sentencia ejecutoriada. Luego, de los antecedentes narrados por los quejosos, tanto en su demanda, como en la ampliación, se observa que éstos, en el expediente de donde deriva el acto reclamado, en su calidad de parte demandada, celebraron con la parte actora un convenio que se elevó a la categoría de sentencia ejecutoriada, para dar por finalizado el juicio sobre rescisión de contrato de promesa de compraventa número 1/2017, respecto de un bien de su propiedad, en donde ambas partes fijaron clausulados, entre otros, inherentes a obligaciones de hacer, so pena de dejarlo sin efecto, ante su incumplimiento. Bajo tales condiciones, si el convenio aludido se elevó a la categoría de sentencia ejecutoriada, y el acto reclamado se dictó en la ejecución de éste, se torna patente que el auto reclamado no constituye la última resolución pronunciada en la etapa de ejecución de sentencia, dado que no se trata del proveído en que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo convenido o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o el que ordena el archivo definitivo del expediente, toda vez que el acuerdo combatido, constituye una resolución intermedia en ejecución de sentencia, cuyo objeto fue tener haciendo diversas manifestaciones a la parte actora, en relación al acuerdo de voluntades en cuestión. Por tanto, el juicio de amparo deviene improcedente para combatir el acto reclamado de trato, toda vez que no constituye la "última resolución" que se dicte en el procedimiento de ejecución respectivo; al no aprobar o reconocer el cumplimiento total de lo sentenciado, ni declarar la imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento a lo convenido, y menos aún, ordenar el archivo definitivo del expediente. Orienta lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Máxime que dicho auto reclamado no afecta de manera directa derechos sustantivos de la parte solicitante del amparo, para determinar la procedencia de este juicio constitucional. Consecuentemente, en la especie se actualiza, de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, aplicada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el dispositivo 113 transcrito, se desecha la demanda en estudio. ...

  2. Principal

    Vista la demanda de garantías promovida por LORENA GONZÁLEZ VALLEJO y ALEJANDRO MEDINA SILVA, contra actos del Juez Mixto Civil de Primera Instancia de la ciudad de Zacapu, Michoacán y otra autoridad, y a fin de estar en condiciones de proveer sobre su admisión o desechamiento, en términos de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de Amparo, que prevé las sanciones penales y pecuniarias a que se harán acreedores los quejosos que al formular su demanda de amparo afirmen hechos falsos u omitan las que le consten, con apoyo en los numerales 108, fracción V y 114, fracción II de la Ley de la materia, requiérase a los citados quejosos, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que queden debidamente notificados del presente proveído, por escrito cumplan con lo siguiente: 1) Señalen de manera precisa cuál o cuáles son los actos que reclaman a cada una de las autoridades responsables; toda vez que al respecto son imprecisos. Esto es así, debido a que, si bien, del capítulo referente al acto reclamado, establecieron que del Juez Mixto Civil de Primera Instancia de Zacapu, Michoacán, reclamaban el auto de uno de abril de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio ordinario civil 1/2017, lo cierto es que del capítulo de antecedentes, punto segundo, se observa, que los quejosos establecieron, por un lado, que no han sido enterados por parte del juez responsable, de la promoción que presentaron en dicho juicio los terceros interesados María Elena, Salvador y José Salud, todos de apellidos Salas Rodríguez, el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, y por el otro, de ese mismo capítulo en relación con el atinente a los conceptos de violación, que no han sido enterados del auto de dieciocho de abril de dos mil diecinueve, que decretó concluido el juicio, y elevó a la categoría de cosa juzgada el convenio celebrado en dicho juicio, de lo que se sigue, que al parecer, la parte quejosa también se duele de los actos enunciados en los apartados de antecedentes y conceptos de violación que quedaron precisados. En ese sentido, resulta evidente que la parte quejosa no precisó con exactitud cuál o cuáles eran los actos que reclamaban en particular a cada una de las autoridades responsables. Por ende, en atención a los artículos 108, fracción IV y 114, fracción IV de la Ley de Amparo, es imperativo para la parte quejosa precise la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame, a fin de que estén en aptitud de rendir su informe de ley. 2) Narren de manera sucinta los antecedentes que dieron origen a los actos reclamados, toda vez que al respecto los que narraron los quejosos están incompletos y son imprecisos. Es así, porque si bien es cierto, señalaron que los actos reclamados derivaban del juicio ordinario civil 1/2017, sobre rescisión de contrato de compraventa, en el cual, la parte quejosa es parte, y donde además, se presentó un convenio para finiquitar el asunto, el cual se elevó a la categoría de sentencia ejecutoriada, lo cierto es que, no manifestaron a qué acuerdo de voluntades llegaron respecto a la tramitación del juicio, y menos, cuáles eran los efectos del convenio en cuestión; además de que no señalaron qué fue lo que la autoridad responsable acordó en relación a la promoción de los terceros interesados de fecha veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, así como en el auto de uno de abril de dos mil diecinueve. En ese contexto, deberá completar los antecedentes relativos a los actos reclamados, bajo protesta de decir verdad, pues la finalidad de dicha protesta es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a la parte quejosa que manifieste hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de la materia, que señala que cuando algún quejoso o su abogado autorizado o ambos, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda admiten hechos falsos u omita los que le consten, en relación con el acto reclamado, se harán acreedores a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trecientos días de salario, adquiriendo con ello la responsabilidad que conlleva su manifestación dadas las consecuencias legales que de dicha protesta pudieran derivarse; por lo que si lo aseverado por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón la tesis P./J. 127/99, consultable en la página 32, del Tomo X, correspondiente al mes de noviembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas". Así como la tesis I.7o.A.100 K, visible en la página 990, tomo XXIII, Abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley". Y la diversa jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato". Bajo apercibimiento que en caso de no cumplir con los requerimientos antes formulados en el plazo concedido, se procederá en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En la inteligencia de que deberá anexar las copias simples necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, es decir, una para cada una de las dos autoridades señaladas como responsables, una para la Agente del Ministerio Público de la adscripción, una para cada uno de los tres terceros interesados y dos para los cuadernos incidentales, mismos que se tramitarán por duplicado y separado, las cuales dan un total de ocho copias. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 106/2005, visible en la página 170, Tomo XXII, correspondiente al mes de Octubre de 2005, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional". 3) Exhiba una copia más de su escrito inicial de demanda para formar los cuadernos incidentales. En atención a que las siete que adjuntó resultan insuficientes para tal efecto, dado que se requiere de una para cada una de las dos autoridades señaladas como responsables, una para la Agente del Ministerio Público de la adscripción, una para cada uno de los tres terceros interesados y dos para los cuadernos incidentales, mismos que se tramitarán por duplicado y separado, las cuales dan un total de ocho copias. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número P.VII/2001, consultable en la página 325, del tomo XIII, correspondiente al mes de abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa.". Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento al requerimiento hecho en líneas anteriores, se proveerá, de ser procedente, a la admisión de su demanda sin tramitar el incidente de suspensión que solicita. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 86/2002, visible en la página 245, Tomo XVI, correspondiente al mes de agosto de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUÉLLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE. El artículo 146 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en lo que interesa, que si no se exhiben las copias que señala el artículo 120, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que las presente dentro del término de tres días, y si no lo hace así, tendrá por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso, y que fuera de esos casos, transcurrido el término señalado sin haberse dado cumplimiento a la providencia relativa, dicho Juez mandará correr traslado al Ministerio Público, por veinticuatro horas, y en vista de lo que éste exponga, admitirá o desechará la demanda, dentro de otras veinticuatro horas, según sea procedente. Ahora bien, el objeto de la prevención a que alude el precepto referido, es auxiliar al quejoso en el planteamiento y exposición de su demanda, a fin de procurar su acceso a la justicia, por lo que dicho artículo no se debe interpretar en forma aislada, sino de manera sistemática y acorde con lo dispuesto en los numerales 120 y 141 de la ley citada, que establecen, respectivamente, que con la demanda de amparo deben exhibirse copias en número suficiente para emplazar a las autoridades responsables, al tercero perjudicado, si lo hubiere, y al Ministerio Público, así como dos copias más para formar el incidente de suspensión, si ésta se pidiere, y no debiera otorgarse de plano, conforme a la ley, y que si cuando al presentarse la demanda no se hubiese promovido el incidente de suspensión, el quejoso podrá promoverlo en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria. En congruencia con lo anterior, si al promoverse el juicio de garantías se solicita la suspensión del acto reclamado y el Juez de Distrito que conoce del asunto requiere a la parte quejosa para que presente dos copias más del escrito inicial de demanda, debe concluirse que las copias que se solicitan son las necesarias para la formación del incidente de suspensión, por lo que el efecto jurídico que produce la falta de desahogo de dicha prevención, será el de postergar la apertura del incidente de suspensión hasta en tanto se exhiban las copias requeridas, sin que el desacato constituya obstáculo para tramitar el juicio de garantías en lo principal cuando con las copias presentadas con la demanda sea posible emplazar a las autoridades responsables, al tercero o terceros perjudicados, si los hubiere, y al Ministerio Público". Por otra parte, como la demanda de garantías es promovida por dos quejosos sin que éstos designaran de entre ellos un representante común, de conformidad con el artículo 13 de la referida Ley de Amparo, este juzgado designa como tal a LORENA GONZÁLEZ VALLEJO, sin perjuicio de que los quejosos la sustituyan por otro. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la calle Paseo del Ébano, número 711, colonia Prados Verdes, en esta ciudad y autorizando para tal efecto a Armando Silva Moreno, quien gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizó la cédula profesional número 473770, que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho, no así a Maciste, José Virgilio y P.J. Rafael, todos de apellidos Silva Solorio, en tanto acrediten estar legalmente facultados para ejercer la citada profesión. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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