Lorena González Vallejo
Expediente 607/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 607/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Lorena González Vallejo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio 5181, signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 607/2019 y adjunta testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en sesión de doce de septiembre de dos mil diecinueve, dentro de la queja civil número 105/2019, promovida por ..., en contra del auto de dieciocho de junio del año en curso, por medio del cual se desechó la demanda que dio origen al presente juicio; acúsese recibo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y tomando en consideración que el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío del expediente original al Tribunal de Alzada, está integrado por copia íntegra del juicio en que se actúa, de lo que se sigue que resulta innecesario que éstas se agreguen al presente expediente; por tanto, glósese únicamente al presente asunto, las constancias practicadas dentro de dicho cuaderno de antecedentes y no así las copias simples con las que se formó y comuníquese a las partes dicha ejecutoria en lo conducente, mediante la cual se resuelve: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja, interpuesto por ..., en contra del auto dictado por el Juez Noveno de Distrito en el Estado con residencia en esta ciudad, el dieciocho de junio de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo número 607/20119-11, del índice de ese juzgado, que desechó la demanda de garantías promovida por los citados recurrentes en contra de los actos que reclamaron del Juez y Ministro Notificador, del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, consistentes en los proveídos de dos y veintitrés de Mayo de dos mil diecinueve, dictados en el juicio ordinario civil 1/2017, sobre rescisión de contrato de compraventa, así como la falta de notificación de los mismos.". Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
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...CON AUDIENCIA CELEBRADA...
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MORELIA, MICHOACÁN, DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vistas las diligencias elaboradas por el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, el diecisiete de los actuales, en las cuales se tuvo a los quejosos LORENA GONZÁLEZ VALLEJO y ALEJANDRO MEDINA SILVA, ratificando su escrito aclaratorio presentado el seis del mes y año en curso, mediante el cual cumplen con el requerimiento formulado en proveído del treinta de mayo de esta anualidad. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo y escrito aclaratorio de la misma, promovida por los citados LORENA GONZÁLEZ VALLEJO y ALEJANDRO MEDINA SILVA, contra actos del Juez y Ministro Ejecutor de Juzgado Mixto Civil de Primera Instancia de la ciudad de Zacapu, Michoacán, se advierte que dicha demanda resulta notoriamente improcedente, y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 198, Tomo VIII, Noviembre de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". Ahora bien, los actos reclamados por los peticionarios de amparo, se hacen consistir en los proveídos de dos y veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, emitidos dentro del juicio ordinario civil 1/2017, sobre rescisión de contrato de compra venta, del índice del juzgado responsable, así como la falta de notificación de los aludidos acuerdos, en los cuales, en el primero, se tuvo a los actores en ese asunto, informando que como ya había sido cumplimentado el convenio elevado a la categoría de cosa juzgada y les fue entregado el inmueble objeto del citado juicio, procedieron a desocupar el mismo y, en razón a que los demandados, ahora quejosos, dejaron bienes en el interior de dicho inmueble, se ordenó se les notificara de forma personal, que los aludidos bienes se dejaban a su disposición en el domicilio ahí indicado, previa cita que se hiciera, en tanto que, en el segundo de los proveídos combatidos, no se les tuvo promoviendo incidente de nulidad de actuaciones en contra del proveído de uno de abril de esta anualidad, en que se tuvo a la parte actora informando que se les hizo entrega voluntaria del bien inmueble materia del juicio de origen, al resultar extemporáneo dicho incidente. Cabe señalar que respecto de los aludidos actos reclamados se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, los cuales señalan: Los numerales en cita disponente textualmente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;". De acuerdo con lo previsto por el segundo de los numerales transcritos, el juicio de amparo indirecto es procedente en la etapa de ejecución de sentencia, únicamente contra aquél que constituye la última resolución en ese periodo. Sobre los alcances de lo que debe entenderse como la última resolución en ejecución de sentencia, el propio numeral en consulta es claro en establecer que se trata de aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Lo anterior implica, a contrario sensu, que si se trata de actos de tribunal judicial, emitidos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando éstos no se traten de la última resolución. Ahora bien, como ya se dijo anteriormente, los actos reclamados consisten en los acuerdos de dos y veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, emitidos dentro del juicio ordinario civil 1/2017, sobre rescisión de contrato de compra venta, del índice del juzgado responsable, así como la falta de notificación de los aludidos acuerdos, en los cuales, en el primero, se tuvo a los actores en ese asunto, informando que como ya había sido cumplimentado el convenio elevado a la categoría de cosa juzgada y les fue entregado el inmueble objeto del citado juicio, procedieron a desocupar el mismo y, en razón a que los demandados, ahora quejosos, dejaron bienes en el interior de dicho inmueble, se ordenó se les notificara de forma personal, que los aludidos bienes se dejaban a su disposición en el domicilio ahí indicado, previa cita que se hiciera, en tanto que, en el segundo de los proveídos combatidos, no se les tuvo promoviendo incidente de nulidad de actuaciones en contra del proveído de uno de abril de esta anualidad, en que se tuvo a la parte actora informando que se les hizo entrega voluntaria del bien inmueble materia del juicio de origen, al resultar extemporáneo dicho incidente. Luego, de los antecedentes narrados por los quejosos, tanto en su demanda, como en el escrito aclaratorio de la misma, se observa que aquéllos, en el expediente de donde derivan los actos reclamados, en su calidad de parte demandada, celebraron con la parte actora un convenio que se elevó a la categoría de sentencia ejecutoriada, para dar por finalizado el juicio sobre rescisión de contrato de promesa de compraventa número 1/2017, respecto del bien materia de ese asunto, en donde ambas partes fijaron clausulados, entre otros, inherentes a obligaciones de hacer, so pena de dejarlo sin efecto, ante su incumplimiento. Bajo tales condiciones, si el convenio aludido se elevó a la categoría de sentencia ejecutoriada, y los actos reclamados se dictaron en la ejecución del mismo, se torna patente que los autos reclamados no constituyen la última resolución pronunciada en la etapa de ejecución de sentencia, dado que no se trata del proveído en que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo convenido, o bien, que declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o el que ordena el archivo definitivo del expediente, toda vez que los acuerdos combatidos, constituyen resoluciones intermedias en ejecución de sentencia, cuyo objeto fue tener haciendo diversas manifestaciones a la parte actora, en relación al acuerdo de voluntades en cuestión, y si bien en uno de los aludidos acuerdos no se admitió el incidente de nulidad que hicieron valer en contra del diverso auto de uno de abril de dos mil dieciocho, además, manifiestan que los acuerdos combatidos no les fueron notificados, todas esas cuestiones, en un momento dado, deberán combatirlas como violaciones procesales cometidas en la etapa de ejecución de sentencia, una vez que se emita la última resolución en ese periodo, esto es, cuando el juez responsable apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o que ordene el archivo definitivo del expediente. Por tanto, el juicio de amparo deviene improcedente para combatir los actos reclamados, toda vez que no constituyen la "última resolución" que se dicte en el procedimiento de ejecución respectivo; al no aprobar o reconocer el cumplimiento total de lo sentenciado, ni declarar la imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento a lo convenido, y menos aún, ordenar el archivo definitivo del expediente. Tiene sustento a lo anterior la Tesis número P./J. 32/2001, aplicada por identidad de razón, visible en la página 31, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tener literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Así como la jurisprudencia 1a./J. 28/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 60, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio". De igual forma, por identidad jurídica la tesis número XXI.1o.32 K, aplicada por identidad de visible en la página 565, Tomo IV, Octubre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "LANZAMIENTO, SUSPENSION DE LA DILIGENCIA DE. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTIAS POR NO SER EL ULTIMO ACTO DE EJECUCION. Si el acto reclamado se hace consistir en la suspensión de la diligencia de lanzamiento, realizada por el actuario adscrito al juzgado responsable, con motivo de la ejecución provisional de la sentencia emitida en el juicio natural; en tal circunstancia, aquélla no es la última resolución dictada en ejecución de la sentencia, la cual tampoco se puede considerar como la última en el procedimiento de ejecución; luego, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, y por ende, con fundamento en el diverso 73, fracción XVIII, de la ley de la materia, sobreseer el juicio de amparo". Así mismo, es de invocar la tesis número I.3º.C.J/21, aplicada por identidad de razón, publicada en la página 511, Tomo XI, Junio de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es: "ORDEN DE LANZAMIENTO CONTRA DEMANDADO QUE FUÉ OIDO EN JUICIO, NO ES LA ULTIMA RESOLUCION DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.- La orden de lanzamiento constituye una consecuencia directa e inmediata de la sentencia que es cosa juzgada y que emana de un juicio donde el quejoso ya fue oído y vencido en respeto a la garantía de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la sentencia que tiene esa calidad. Conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, por última resolución se entiende en forma genérica la declara cumplida la sentencia o convenio que tiene la calidad de cosa juzgada como culminación de un juicio en que ya se cumplió la garantía de audiencia previa, con las formalidades esenciales del procedimiento; o en su caso, que establece la imposibilidad para cumplirla, y acorde con la naturaleza propia de las sentencias dictadas en los procedimientos judiciales del orden civil, pueden distinguirse en forma específica, resoluciones o autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena realizada en la sentencia que es cosa juzgada; resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan la ejecución; interlocutoria que resuelve una nulidad de actuaciones o que resuelven una cuestión que guarda autonomía de la ejecución, y otros actos que se traducen en medidas de apremio que tienden a lograr la ejecución de lo resuelto, o una determinación judicial tendiente a preparar o a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia o convenio que es cosa juzgada. De ahí que por la naturaleza propia de cada una de esas resoluciones o autos que pueden dictarse en el período de ejecución, distintos al de remate, y también por la afectación a la libertad que puede darse en el caso del arresto, o a un derecho sustantivo, porque la resolución o auto modifique, extinga un derecho o constituya una obligación sustantiva que sea distinta a la que fue objeto de controversia y tenga la calidad de cosa juzgada, como son las medidas de apremio, entre otras, es posible diferenciar cuando se está ante una resolución que es la última dictada en el procedimiento de ejecución o bien que por su naturaleza autónoma a lo que ya es cosa juzgada, que crea, o modifica o extingue un derecho en ese procedimiento, deba ser analizada en el juicio de garantías". Máxime que dichos autos reclamados no afectan de manera directa derechos sustantivos de la parte solicitante del amparo, para determinar la procedencia de este juicio constitucional. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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