Lorena Galindo Arizmendi

Expediente 358/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 73 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
358/2021
Año
2021
Actuaciones
73
Última actuación
09/03/2023

Partes del expediente

  • Lorena Galindo Arizmendi
  • Agente del Ministerio Publico Federal Adscrito Al Juzgado Octavo de Distrito En el Estado de Morelos.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 73.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a nueve de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a fin de que la parte quejosa manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria del presente juicio. Por tanto, este órgano de control constitucional se encuentra obligado a determinar si la ejecutoria está o no cumplida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, por lo que, con base en los elementos existentes en el expediente y con los aportados por la autoridad señalada como responsable, se procede a analizar sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Lo anterior además, en observancia a la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, con número de registro digital 192174, visible en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que literalmente reza: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Ahora bien, en la resolución dictada por este Juzgador, el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, en su segundo punto resolutivo, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************, para los siguientes efectos: "1. En el respectivo ámbito de su competencia, paguen a la quejosa en los términos del decreto 2,316, publicado el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5896, la pensión por jubilación, previo descuento de las cantidades depositadas. 2. Remita copia certificada de las constancias que acrediten lo considerado en el punto que antecede." Inconforme con lo anterior, la autoridad responsable Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, interpuso recurso de revisión, mismo que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, quien en ejecutoria de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el amparo en revisión 249/2021, de su índice, en cuyos puntos resolutivos determinó: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a LORENA GALINDO ARIZMENDI contra los actos y las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo de la sentencia sujeta a revisión, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo." En mérito de lo anterior, mediante acuerdo de veintitrés de noviembre del mismo año, causó ejecutoria y se requirió a la responsable para que en el plazo de tres días cumpliera con los efectos determinados en la ejecutoria de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dictada por este juzgado de Distrito, misma que tiene como efectos los siguientes: "1. En el respectivo ámbito de su competencia, paguen a la quejosa en los términos del decreto 2,316, publicado el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5896, la pensión por jubilación, previo descuento de las cantidades depositadas. 2. Remita copia certificada de las constancias que acrediten lo considerado en el punto que antecede." Por tanto, mediante oficios recibidos en este órgano jurisdiccional el veintinueve y treinta de noviembre, siete y ocho de diciembre de dos mil veintiuno y ocho de febrero de dos mil veintidós, registrados bajo los folios 17184, 17205, 17781, 17868, 2115, las autoridades Dirección General de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Delegada del Congreso del Estado de Morelos y Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, remitieron lo siguiente: Oficios SH/0734/2021 y SH/1173/2021, mediante los cuales la Secretaría de Hacienda, informó al Magistrado Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, la ampliación presupuestal a favor del Poder Judicial del Estado de Morelos, destinado al pago de jubilaciones. Oficio CJ/DGACyA/1017/2021 girado por el Dirección General de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos al Coordinador de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, para que en el ámbito de su competencia diera cumplimiento a la sentencia de amparo. Oficio PMD/119/1ERAÑO girado por la Delegada del Congreso del Estado de Morelos, al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, solicitándole se realizara la transferencia de los recursos económicos al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, para dar cumplimiento al pago de pensión. Oficio SH/CPP/DGPGP/2869-GH/2021, mediante el cual el Coordinador de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, informó al Director General de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica del Estado de Morelos, que se debía hacer uso de los recursos económicos con que contaba el Poder Judicial del Estado de Morelos para realizar el pago correspondiente. Oficio CJ/DGACyA/1017/2021-11 mediante el cual la Coordinación de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, informó al Dirección General de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, que se debía hacer uso de los recursos económicos con que contaba el Poder Judicial del Estado de Morelos para realizar el pago correspondiente Oficio SH/1414/2021 mediante el cual la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, informó al del Congreso del Estado de Morelos, que se debía hacer uso de los recursos económicos con que contaba el Poder Judicial del Estado de Morelos para realizar el pago correspondiente Impresión de reporte global de pago de nómina con el que acreditó que se realizó la transferencia electrónica a la cuenta de la quejosa por la cantidad de $399.879.79 (trescientos noventa y nueve mil ochocientos setenta y nueve pesos 79/100 M.N.) Por lo anterior, y toda vez que de las constancias que obraban en autos no era posible establecer si se había dado cumplimiento a la ejecutoria, pues resultaba necesario conocer los documentos y operaciones realizadas por la autoridad responsable con base en las cuales concluyó que con la transferencia realizada por la cantidad de $399.879.79 (trescientos noventa y nueve mil ochocientos setenta y nueve pesos 79/100 moneda nacional) cubría el pago de la pensión por jubilación que se otorgó; en consecuencia, mediante acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se aperturó de oficio el incidente innominado para precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria dictada. Además, se requirió a las autoridades responsables Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, así como al Director General de Administración, ambos del Poder Judicial, Congreso y Gobernador, todos del Estado de Morelos, para que en exhibiera lo siguiente: "El cálculo desglosado de los conceptos que pagó a la quejosa con motivo del decreto 2,316, publicado el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5896, correspondiente a la pensión por jubilación que se le otorgó, el cual deberá incluir los periodos que abarcó, el salario que se tomó en consideración y los porcentajes que se aplicaron." Por tanto, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el veintidós de febrero de dos mil veintidós, registrado bajo el folio 2960, la autoridad Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, remitió lo siguiente: Original de la determinación de pensión por jubilación. Copia simple de recibo de nómina. Asimismo, mediante oficios recibidos en este órgano jurisdiccional el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, registrados bajo los folios 3045 y 3046, el Director General de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica en representación del Gobernador del Estado, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" todos pertenecientes al Estado de Morelos, manifestaron su imposibilidad para remitir las constancias solicitadas. Aunado a lo anterior, para estar en condiciones de resolver el incidente innominado para precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria dictada, el Director Regional de Servicios Periciales, Zona Metropolitana, de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos, en cumplimiento al requerimiento de quince de junio de dos mil veintidós, nombró a la perito Sandra Rosalba Camacho, para fungir como perito en materia de contabilidad, misma que en veintiuno de junio de dicho año, aceptó y protestó el cargo, asimismo, solicitó información y diversos documentos para estar en condiciones de rendir su dictamen pericial. Por lo anterior, se requirió a la autoridad responsable Director General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos, para que realizara lo siguiente: Informara bajo protesta de decir verdad, la fecha exacta en la que la quejosa ********************, dejó de ser trabajadora del Poder Judicial del Estado de Morelos; y, Remitiera copia certificada del último recibo de nómina de la quejosa ******************** estando en activo, así como de todos los recibos de pago que dicha persona ha recibido por concepto de jubilación. Por lo que, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el treinta de junio de dos mil veintidós, registrado bajo el folio 10849, la autoridad responsable Director General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos, remitió: Recibo de nómina a nombre de ******************** correspondiente al periodo 16/12/2020 al 31/12/2020. Diecisiete recibos de nómina a nombre de ********************. Finalmente, en la resolución dictada por este Juzgador, dentro del incidente innominado para efecto de cuantificar las cantidades a devolver a la parte quejosa y terminada de engrosar el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, resolvió "PRIMERO. Es procedente pero infundado el incidente innominado, por las razones expuestas en esta ejecutoria. SEGUNDO. Al haberse pagado a la quejosa la cantidad de $940, 893.******************** (******************** pesos ********************/100 moneda nacional), por concepto de la pensión y aguinaldo correspondiente al año dos mil veintiuno y de pensión de enero a mayo de dos mil veintidós, no se impone requerir el pago de cantidad diversa a las autoridades responsables en contra de quienes se concedió el amparo en este juicio." Los documentos mencionados tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se declara cumplida ejecutoria de amparo Bajo esa tesitura, atento al estudio íntegro efectuado a las constancias de referencia, es dable concluir que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, toda vez que, el efecto de la concesión del amparo fue para que las autoridades responsables en el respectivo ámbito de su competencia, pagaran a la quejosa en los términos del decreto 2,316, publicado el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5896, la pensión por jubilación, previo descuento de las cantidades depositadas, y una vez hecho lo anterior, remitiera copia certificada de las constancias que acreditaran. En ese sentido, del contenido de las documentales antes precisadas, se advierte que las autoridades responsables cumplieron lo solicitado, esto es así toda vez que mediante conforme al dictamen pericial emitido por la perito oficial, se determinó que la cantidad a pagar a la quejosa ********************, por concepto de la pensión y aguinaldo correspondiente al año dos mil veintiuno y de pensión de enero a mayo de dos mil veintidós, lo era la cantidad de $******************** (******************** pesos ********************/100 M.N.), suma que, se advirtió ya se había depositado a la quejosa de conformidad con los recibos de nómina que exhibió el Director General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos. Atento a lo anterior, es dable concluir que dichas autoridades, dieron cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este Juzgado de Distrito tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Estudio de exceso y defecto Asimismo, cabe precisar que existe defecto en la ejecución siempre que la autoridad responsable se abstenga de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida; por el contrario, hay exceso en la ejecución cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación, ejecute u ordene otros actos a que no la obliga la sentencia de amparo, y que no son tampoco efecto inmediato de lo decidido en dicha sentencia. De ahí se puntualiza que no existe exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, en virtud de que cumplió íntegramente con la concesión de amparo. Se ordena archivo En ese contexto, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, párrafo I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el punto 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal y toda vez que se concedió la protección constitucional en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de depuración, debiéndose conservar la demanda, sentencia y demás constancias que se estimen pertinentes. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. De los cuadernos incidentales Por otra parte, en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, se advierte que en sentencia interlocutoria de tres de mayo de dos mil veintiuno, en su segundo punto resolutivo se concedió la suspensión definitiva; por tanto, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del precitado acuerdo, se declara que el cuaderno original de dicho incidente es susceptible de depuración. Por su parte, el duplicado del cuaderno del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del ordenamiento antes citado, es susceptible de destrucción, además de que, como se advierte de autos, no obran documentos originales y este Juzgado estima que el presente asunto no tiene relevancia documental por la cual deba conservarse; por lo que, se ordena agregar copia simple del presente proveído al duplicado del cuaderno del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo de que se trata. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en resolución de treinta y uno de enero del año en curso, se declaró procedente pero infundado el incidente innominado para efecto de cuantificar las cantidades a devolver a la parte quejosa en el juicio que nos ocupa, sin que haya sido recurrida. Por tanto, de conformidad con el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, manifieste lo que a su derecho corresponda; con el apercibimiento que de no realizarlo, este órgano jurisdiccional con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, en el momento procesal oportuno acordará lo que legalmente proceda. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Es procedente pero infundado el incidente innominado, por las razones expuestas en esta ejecutoria. SEGUNDO. Al haberse pagado a la quejosa la cantidad de $940,893.65 (novecientos cuarenta mil ochocientos noventa y tres pesos 65/100 moneda nacional), por concepto de la pensión y aguinaldo correspondiente al año dos mil veintiuno y de pensión de enero a mayo de dos mil veintidós, no se impone requerir el pago de cantidad diversa a las autoridades responsables en contra de quienes se concedió el amparo en este juicio. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en relación al incidente innominado para establecer el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se advierte que la audiencia incidental se encontraba señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, sin que la misma se haya desahogado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Amparo, se regulariza el procedimiento en el presente asunto, por lo que se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia incidental correspondiente al incidente innominado para establecer el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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