Lorena Barreto Andrade

Expediente 716/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
716/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
07/07/2022

Partes del expediente

  • Lorena Barreto Andrade

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a siete de julio de dos mil veintidós. se declara que el auto de diecisiete de junio de dos mil veintidos, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes... archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec (Alejandro Becerra Arroyo), mediante el cual, remite las constancias requeridas por auto de diez de junio del año en curso, e informa la situación jurídica de la aquí quejosa, en la causa penal JC/701/2022, en la cual, celebró audiencia inicial el tres del mismo mes y año, en la que calificó de ilegal su detención, ordenando su inmediata libertad; por tanto, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento formulado, por lo que se deja sin efecto el apercibimiento ahí decretado. En tales condiciones, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;" En relación con esta causa de improcedencia, destaca la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 858, materia civil, tomo CIV, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época que dice: "SOBRESEIMIENTO POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si se concedió el amparo contra la resolución que declaró heredera a una persona, y ésta, fundándose precisamente en su carácter de heredera, demandó la división de una casa, debe estimarse que los efectos de la concesión de ese amparo se extienden a dejar sin materia el juicio de división mencionado, y por lo mismo, si en el presente amparo se reclama la sentencia dictada en dicho juicio, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, porque aun subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal alguno, por haber dejado de existir la materia del mismo." Así también es conveniente citar la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, Tomo VII, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas; sin embargo, conforme al texto de la ley de la materia y a las interpretaciones jurisprudenciales citadas, la procedencia del juicio de amparo está condicionada, entre otros supuestos, a que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Así, el motivo de improcedencia a que alude la fracción XXII del numeral 61 de la ley de la materia, surge a partir de que aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba se modificó sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten. Lo hasta ahora expuesto, tiene relevancia en el caso concreto, en virtud de que la parte quejosa reclamó en esta instancia constitucional la detención o retención de que fue objeto. Ahora bien, de las copias certificadas de cuenta, remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en los autos de la causa penal JC/701/2022, en audiencia pública de tres de junio de dos mil veintidós, el Juez de Primera Instancia Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec (Isidoro Edie Sandoval Lome), calificó de ilegal la detención de la quejosa Lorena Barreto Andrade, ordenando su inmediata libertad, desde las instalaciones de ese juzgado. Luego entonces, a pesar de que en la fecha en que se puso en movimiento a este órgano de control constitucional (dos de junio de dos mil veintidós), aún se encontraba privada de su libertad; sin embargo, se ordenó su inmediata libertad, desde las instalaciones del juzgado de mérito, por lo cual deja de existir la materia sobre el cual se solicitó la protección de la justicia de la Unión. Así las cosas, aun cuando subsiste en el mundo fáctico la materia de reclamo a través del presente juicio constitucional, con motivo de la libertad que alcanzo la impetrante de amparo el tres de junio de dos mil veintidós, se destruyó el objeto de la petición de la solicitante del amparo, por ende, en caso de concluirse que el acto reclamado que se combate es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho fundamental que se estima violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. En tal virtud, la concesión de amparo que pudiera alcanzar la quejosa no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, por lo que se concluye que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio de conformidad con el precepto 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Cobra aplicación, por su contenido jurídico la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, Tomo XXIV, correspondiente al mes de diciembre de dos mil seis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Así, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables. Por tanto, desde este momento se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diez de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la razón actuarial asentada por el fedatario adscrito a este Juzgado de Distrito, en la que hace constar la imposibilidad que tiene para notificar a la quejosa ***, el auto de seis de junio actual, en virtud de que al constituirse en el Centro Penitenciario Femenil, con sede en Atlacholoaya, Morelos, fue informado por el Auxiliar Administrativo en el Área Jurídica, que la quejosa de referencia, egresó de dicho centro penitenciario, por libertad ordenada en la causa penal ***, por lo que no fue posible llevar a cabo la diligencia encomendada. En consecuencia, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena hacer del conocimiento de dicha parte, el auto de seis de junio de dos mil veintidós y los subsecuentes, por medio de las listas de acuerdos que se fijan en un lugar visible de este Juzgado Federal. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que resultan necesarias diversas constancias para resolver el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, que conoce de la causa penal ***, instruida en contra de ***, para que en el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, realice lo siguiente: 1. Informe la situación jurídica de la referida imputada aquí quejosa, en la citada causa penal, en especial a lo relativo a la libertad que obtuvo a su favor; 2. Remita copia certificada legible y completa de las constancias que así lo acrediten. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior o de no informar dentro del mismo plazo el impedimento legal o material que tuviere para hacerlo, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a ciento cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 237, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Por otra parte, agréguense a los autos los informes justificados rendidos por el Subdelegado de Procedimientos Penales Federales y Amparo en ausencia del Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Morelos y por el Jefe Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Morelos; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dichos informes, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Además, por cuanto a la solicitud de la primera autoridad administrativa antes citada, dígasele que una vez que se dicte sentencia en el presente juicio, esta le será notificada por medio de oficio, el cual contendrá inserto copia certificada de la misma. Asimismo, también se tiene por recibido el oficio remitidos por el Jefe Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Morelos; mediante el cual, en relación al proveído de dos de junio actual, comunica que toma nota del cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el presente asunto; en consecuencia, téngase a la autoridad oficiante cumpliendo con el requerimiento en cuestión. Finalmente, Agréguese a los autos el pedimento suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual, solicita se autorice el acceso al expediente electrónico del presente asunto. En consecuencia, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico del juicio en que se actúa, siempre y cuando se realice con el usuario "***", y este se encuentre registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, tal y como lo establece el segundo párrafo del artículo 35, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el usuario relativo, para lo cual se instruye a la Oficial Judicial "A" de la adscripción, a fin de que proceda a realizar el trámite respectivo. Notifíquese; y cúmplase. AUTO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS: Cuernavaca, Morelos, a seis de junio de dos mil veintidós. Ratificación de la demanda. Vista la notificación realizada a la directa quejosa ***, respecto del auto de dos de junio actual, se advierte que manifestó su deseo de ratificar la demanda de amparo promovida en su favor por ***. Se admite la demanda En esa tesitura, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de la Materia, se admite la demanda de amparo. De la audiencia constitucional Se señalan las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. En tales condiciones, a efecto de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiérase a la quejosa, para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la legal notificación, señale como autorizado en términos amplios a la licenciada en derecho *** o a un diverso abogado que la represente en la presente instancia constitucional, bajo el apercibimiento de que en caso que no quiera o no pueda nombrarlo se le nombrara uno de oficio. Notifíquese; y, personalmente a la directa quejosa en el centro de su reclusión.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a siete de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Subdelegado de Procedimientos Penales "B" por ausencia del Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Morelos, mediante el cual, en atención al requerimiento efectuado mediante auto de dos de junio actual, comunica el cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada en el presente asunto; en consecuencia téngase a la responsable cumpliendo con el requerimiento en cuestión. Notifíquese.

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