Lorena Francina Romero de la Torre

Expediente 2113/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 21 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2113/2019
Año
2019
Actuaciones
21
Última actuación
27/05/2021

Partes del expediente

  • Lorena Francina Romero de la Torre
  • Juez Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Analizadas las constancias del expediente electrónico derivado del juicio de amparo en el que se actúa, se advierte que ya se ordenó el archivo del presente asunto sin que existe diligencia pendiente por desahogar; en consecuencia, por así permitirlo el estado procesal de los autos y al ser innecesaria su retención en este juzgado de Distrito, devuélvase al Juez Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, el cuaderno de pruebas consistente en seis tomos que allegó como constancia.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. I. Estado de autos. Vista la certificación que antecede se advierte, que transcurrió el plazo para que las partes se inconformaran e hicieran valer el recurso de inconformidad contra el auto de nueve de noviembre de dos mil veinte, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. II. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. III. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Igualmente, conforme lo dispone el inciso a) de la fracción y numeral mencionados, el original del incidente de suspensión será depurable en el mismo plazo, toda vez que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, por lo que deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, así como los demás documentos que se consideren necesarios. En el entendido que el mismo no se glosa a los autos, en razón de lo establecido en la página treinta y nueve del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En atención a lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del acuerdo en cita, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; por ende, en virtud que resulta ociosa su glosa a los autos del juicio en que se actúa, entretanto transcurre dicho plazo, remítase al legajo correspondiente. IV. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada. V. Oposición de datos personales. De autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Notifíquese.

  3. Principal

    Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y a la tercera interesada. cumplimiento a lo ordenado en auto de 26 de octubre de 2020, por este medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado se notifica a la parte tercero interesada Luz María del Rocío de la Torre López, el presente proveído de nueve de noviembre del año en curso, por el cual se acordó lo siguiente: Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. II. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en ejecutoria emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la revisión principal 7/2020, al resolver se determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la unión ampara a *****, contra las autoridades y por los actos precisados en aquella resolución." Asimismo, de la sentencia dictada por este juzgado el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, se advierte que los efectos para los que se concedió el amparo y protección constitucional solicitada, son los siguientes: "I. Deje insubsistente la resolución de treinta de agosto de dos mil diecinueve, en el juicio 862/2008 de su índice. II. Hecho lo anterior, emita una nueva, en la que con plenitud de jurisdicción, tomando en consideración lo aquí resuelto, de manera fundada y motivada valore el dictamen realizado por el perito auxiliar, en específico, si existió o no un cambio de nomenclatura de los bienes inmuebles materia de la litis, y luego, con base en los elementos que tenga a su alcance, resuelva la incidencia planteada." Cabe señalar que en el fallo protector, esencialmente, se consideró que la resolución reclamada era violatoria de los derechos fundamentales del quejoso debido a que no se fundó ni motivó debidamente, al señalar que el cambio de nomenclatura de los bienes inmuebles que fueron materia del dictamen de valuación estaba demostrado en virtud de lo asentado por el perito oficial, toda vez que en éste se inadvirtió que se haya ilustrado de manera clara que como quedó demostrado que el bien inmueble con el número 266 de la calle Álvaro Obregón, actualmente corresponde a los números 260 y 260 A; y, 254 y 256, o en su caso, que obrara la documental de la que se desprendiera que existió un cambio de numeración respecto a dichos inmuebles. III. Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por oficio 1117/2020, el juez y los secretarios ejecutores adscritos al Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitieron copia certificada del proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, dictado en los autos del expediente 862/2018, en el que se dejó insubsistente la resolución de treinta de agosto de dos mil diecinueve y se ordenó poner los autos a la vista de ese juzgado para dictar una nueva resolución. Posteriormente, mediante oficio 1261/2020, la citadas autoridades remitieron copia certificada de la resolución pronunciada el nueve de octubre de dos mil veinte, en la que se reprobó la planilla de liquidación propuesta por la parte actora y, en consecuencia, se declaró improcedente el incidente de ejecución de sentencia respectivo, al considerar insuficientes los dictámenes periciales emitidos tanto por el diestro designado por la parte actora, como por el auxiliar, respecto del cual, se expuso lo que se observa en las imágenes siguientes: Constancias que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos. IV. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón a que atendió los lineamientos del fallo protector, esto es, dentro del juicio de origen se dejó insubsistente la resolución reclamada y se dictó una nueva con plenitud de jurisdicción, en la que valoró el dictamen realizado por el perito auxiliar fundando y motivando, por qué lo consideró ineficaz para los fines pretendidos, declarando improcedente el incidente de ejecución de sentencia respectivo. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita.

  4. Principal

    CITATORIO.- POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DE NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE DICE: Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. II. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en ejecutoria emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la revisión principal 7/2020, al resolver se determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la unión ampara a *****, contra las autoridades y por los actos precisados en aquella resolución." Asimismo, de la sentencia dictada por este juzgado el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, se advierte que los efectos para los que se concedió el amparo y protección constitucional solicitada, son los siguientes: "I. Deje insubsistente la resolución de treinta de agosto de dos mil diecinueve, en el juicio 862/2008 de su índice. II. Hecho lo anterior, emita una nueva, en la que con plenitud de jurisdicción, tomando en consideración lo aquí resuelto, de manera fundada y motivada valore el dictamen realizado por el perito auxiliar, en específico, si existió o no un cambio de nomenclatura de los bienes inmuebles materia de la litis, y luego, con base en los elementos que tenga a su alcance, resuelva la incidencia planteada." Cabe señalar que en el fallo protector, esencialmente, se consideró que la resolución reclamada era violatoria de los derechos fundamentales del quejoso debido a que no se fundó ni motivó debidamente, al señalar que el cambio de nomenclatura de los bienes inmuebles que fueron materia del dictamen de valuación estaba demostrado en virtud de lo asentado por el perito oficial, toda vez que en éste se inadvirtió que se haya ilustrado de manera clara que como quedó demostrado que el bien inmueble con el número 266 de la calle Álvaro Obregón, actualmente corresponde a los números 260 y 260 A; y, 254 y 256, o en su caso, que obrara la documental de la que se desprendiera que existió un cambio de numeración respecto a dichos inmuebles. III. Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por oficio 1117/2020, el juez y los secretarios ejecutores adscritos al Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitieron copia certificada del proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, dictado en los autos del expediente 862/2018, en el que se dejó insubsistente la resolución de treinta de agosto de dos mil diecinueve y se ordenó poner los autos a la vista de ese juzgado para dictar una nueva resolución. Posteriormente, mediante oficio 1261/2020, la citadas autoridades remitieron copia certificada de la resolución pronunciada el nueve de octubre de dos mil veinte, en la que se reprobó la planilla de liquidación propuesta por la parte actora y, en consecuencia, se declaró improcedente el incidente de ejecución de sentencia respectivo, al considerar insuficientes los dictámenes periciales emitidos tanto por el diestro designado por la parte actora, como por el auxiliar, respecto del cual, se expuso lo que se observa en las imágenes siguientes: Constancias que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos. IV. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón a que atendió los lineamientos del fallo protector, esto es, dentro del juicio de origen se dejó insubsistente la resolución reclamada y se dictó una nueva con plenitud de jurisdicción, en la que valoró el dictamen realizado por el perito auxiliar fundando y motivando, por qué lo consideró ineficaz para los fines pretendidos, declarando improcedente el incidente de ejecución de sentencia respectivo. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita.

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