Lluvia Cristal Fernández Rentería
Expediente 1349/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1349/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/07/2019
Partes del expediente
- Lluvia Cristal Fernández Rentería
Actuaciones
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito exhibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco el cinco de septiembre de dos mil trece, remitido por razón de turno a este Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, ahora Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Anyel Vanessa Díaz López, Moisés, Juan Pablo y Sabino, todos de apellidos Pérez Santos, por propio derecho, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y por las autoridades que a continuación se precisan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: AUTORIDAD ORDENADORA: a) El Juez Mixto de Primera Instancia del Séptimo Partido Judicial de la Ciudad de Arandas, Jalisco, con domicilio en calle Morelos número 151 de la Zona Centro de la Ciudad de Arandas, Jalisco. AUTORIDADES EJECUTORAS. b) El Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Séptimo Partido Judicial de la Ciudad de Arandas, Jalisco, con domicilio en calle Morelos número 151 de la Zona Centro de la Ciudad de Arandas, Jalisco. c) El Juez Menor del Séptimo Partido Judicial del Municipio de Jesús María, Jalisco con domicilio en la calle Orozco Romero número 10 del Municipio de Jesús María, Jalisco. d) El Secretario de Acuerdos del Juzgado Menor del Séptimo Partido Judicial del Municipio de Jesús María, Jalisco con domicilio en la calle Orozco Romero número 10 del Municipio de Jesús María, Jalisco. e) El Jefe de la Unidad Departamental del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de Arandas, Jalisco, con domicilio en calle Álvaro Obregón número 50, Planta Alta de la Ciudad de Arandas, Jalisco. IV.- DEL ACTO RECLAMADO: De la autoridad ordenadora se reclama la indebida autorización de notificación a los suscritos por medio de edictos ordenada en los autos del Juicio Civil Sumario expediente número 113/2004, la publicación deficiente de los mismos dado que no satisfacen los requisitos legales correspondientes, la celebración y aprobación del remate y adjudicación realizada por ese H. Tribunal a favor del C. FERNANDO CONCHAS MELENDEZ así como la orden de cancelación del gravamen constituido a favor de los suscritos como consecuencia del crédito laboral generado en contra del C. RAUL PEREZ CERVANTES, en el Juicio Ordinario Laboral expediente número 525/2007 como consecuencia del laudo condenatorio dictado por la Cuarta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. De las autoridades ejecutoras se reclama lo siguiente: b) El Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Séptimo Partido Judicial de la Ciudad de Arandas, Jalisco se reclama la indebida publicación de edictos realizada dentro de los autos del Juicio Civil Sumario expediente número 113/2004. c) El Juez Menor del Séptimo Partido Judicial del Municipio de Jesús María, Jalisco reclamamos la indebida ejecución y publicación de edictos realizada en supuesto cumplimiento al despacho 4/2011 deducido del Juicio Civil Sumario expediente número 113/2004. d) El Secretario de Acuerdos del Juzgado Menor del Séptimo Partido Judicial del Municipio de Jesús María, Jalisco se reclama la incorrecta ejecución y publicación de edictos realizada en supuesto cumplimiento al despacho 4/2011 deducido del Juicio Civil Sumario expediente número 113/2004. e) Del Jefe de la Unidad Departamental del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de Arandas, Jalisco, la Cancelación del Gravamen inscrito a favor de los que suscriben en el folios reales números 8055449 y 8055451 con motivo del crédito laboral constituido como consecuencia del embargo practicado en los autos del Juicio Ordinario Laboral expediente número 525/2007 ante la Cuarta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco; realizado por esa unidad registral en fecha 19 de Junio del año 2013" (transcripción literal) La parte quejosa señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 14, 29 y 133, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de seis de septiembre de dos mil trece, se admitió la demanda de garantías; se solicitó el informe con justificación; y se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación. Por auto de siete de mayo de dos mil catorce, se reconoció el carácter de autoridades responsables al Gobernador y al Congreso del Estado de Jalisco, a quienes se requirió para que rindieran informe justificado; se emplazó a los terceros interesados; y, el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, se dictó sentencia definitiva en la que se negó por una parte y se concedió en otra, la protección de la justicia federal solicitada. Inconforme con esa determinación el tercero interesado Fernando Conchas Melendez interpuso recurso de revisión, el cual decidió el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante resolución correspondiente a la sesión de trece de mayo de dos mil dieciséis, en la que se revocó la sentencia y se ordenó la reposición del procedimiento, para el efecto de que se emplazara debidamente al tercero interesado mencionado. En proveído de trece de julio de dos mil dieciséis, se señaló fecha para el nuevo desahogo de la audiencia constitucional; el veintiuno del mismo mes y año se emplazó al tercero interesado Fernando Conchas Melendez y, el dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, se dictó sentencia definitiva. En desacuerdo nuevamente con la determinación que antecede, el citado tercero interesado interpuso recurso de revisión, del cual tocó conocer al Tribunal Colegiado de Circuito aludido, mismo que mediante resolución correspondiente a la sesión de trece de enero de dos mil diecisiete, revocó la sentencia recurrida y ordenó la reposición del procedimiento, para el efecto de que se tuvieran y se emplazaran como terceros interesados a Eduardo Fernández León y María Lidia Fernández Plascencia. En acatamiento a lo anterior, el trece de junio de dos mil diecisiete, se emplazó de forma personal al tercero Eduardo Fernández León y; posteriormente, el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, a la diversa interesada María Lidia Fernández Plascencia; el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva. Inconforme con ésta, el tercero interesado Fernando Conchas Melendez interpuso recurso de revisión, el cual resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante resolución engrosada el cinco de octubre de dos mil dieciocho, en la que se revocó la sentencia recurrida y ordenó la reposición del procedimiento, para el efecto de que se emplazaran debidamente a los terceros interesados Eduardo Fernández León y María Lidia Fernández Plascencia. En cumplimiento a ello, el doce de abril de dos mil diecinueve, se emplazó a los terceros interesados (fojas 1500 a 1503); se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Determinación de la competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado. Debido a que se promueve juicio de amparo indirecto contra actos dictados en un proceso civil por quienes se ostentan terceros extraños y se aduce que la ejecución de los actos tuvo lugar dentro de la jurisdicción territorial de este tribunal constitucional. SEGUNDO. Especificación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de fijar la litis constitucional, debe precisarse que de la integral lectura de la demanda de garantías, se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: a) Del Gobernador y el Congreso del Estado de Jalisco: I. La promulgación y aprobación del artículo 553 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. b) Del Juez Mixto de Primera Instancia de Arandas, Jalisco: I. La emisión del auto de veintitrés de noviembre de dos mil once, que ordenó citar a los quejosos a la audiencia de remate por medio de edictos, en los autos del juicio civil sumario 113/2004. II. El acuerdo de veintidós de mayo de dos mil doce, que aprobó el remate. III. El proveído de cuatro de junio de dos mil trece, que ordenó girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Arandas, Jalisco, a efecto de que se realizara la cancelación de los gravámenes que pesan sobre los inmuebles adjudicados, así como su ejecución. IV. La celebración de la audiencia de remate efectuada el veintisiete de febrero de dos mil doce, en la que se adjudicó el inmueble materia del remate a favor de Fernando Conchas Melendez. c) De los secretarios de acuerdos adscritos a los Juzgados Mixto de Primera Instancia de Arandas y Menor de Jesús María, ambos en el Estado de Jalisco: I. La publicación de los mencionados edictos. d) Del Juez Menor de Jesús María Jalisco y del Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Arandas, Jalisco: I. La ejecución de los autos de veintitrés de noviembre de dos mil once y cuatro de junio de dos mil trece, respectivamente. TERCERO. Determinación acerca de la existencia de los actos reclamados. Ante todo conviene establecer que, por razón de método, en principio debe analizarse si los actos reclamados en verdad existen, habida cuenta que de no resultar ciertos, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no existiría materia para efectuarlo. Son ciertos los actos que se atribuyen al Juez Mixto de Primera Instancia de Arandas, Jalisco, consistentes en la emisión de los acuerdos de veintitrés de noviembre de dos mil once, veintidós de mayo de dos mil doce y cuatro de junio de dos mil trece, cuyo contenido se precisó en el considerando anterior, así como la celebración de la audiencia de remate de veintisiete de febrero de dos mil doce. Asimismo, son ciertos los actos reclamados a los secretarios de acuerdos adscritos a los Juzgados Mixto de Primera Instancia de Arandas y Menor de Jesús María, ambos en el Estado de Jalisco, consistentes en la publicación de los edictos ordenados en auto de veintitrés de noviembre de dos mil once. Igualmente, son ciertos los actos reclamados al Juez Menor de Jesús María, Jalisco, así como al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Arandas, Jalisco, consistentes en la ejecución de los autos de veintitrés de noviembre de dos mil once y cuatro de junio de dos mil trece, respectivamente, cuyo contenido se precisó en el considerando anterior. Es así, porque así lo confesaron al rendir informe justificado (folios 93, 443 y 520 a 522); lo que se corrobora con el legajo de constancias que en copia certificada remitió en su apoyo de su informe, el primero de los nombrados. Igualmente, resultan verídicos los actos que se atribuyen al Congreso y al Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Jalisco, consistentes en el ámbito de sus atribuciones en la aprobación y promulgación de la porción normativa impugnada, debido a que así lo reconocieron en su informe de ley (folios 506 a 509 y 520 a 522). Al margen de lo anterior resulta indudable la existencia de las disposiciones reclamadas, al haberse difundido Periódico Oficial de esta entidad federativa, resulta suficiente para que este órgano de control constitucional conozca su contenido y alcance. CUARTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Definido que resultó cierto lo reprochado por la parte quejosa, técnicamente ahora es menester examinar si respecto a ello resulta procedente la acción de garantías. Sobre el particular, por un lado, no se advierte que las partes hayan planteado causal alguna que amerite su análisis en este apartado y, en otro, no obstante el análisis oficioso que sobre el punto exige el precepto 62 de la Ley de Amparo, quien hoy resuelve no advierte que se concrete alguna causal de improcedencia. Entonces, lo que procede es el análisis de los motivos de disenso. QUINTO. Conceptos de violación. La parte impetrante del amparo formuló los motivos de inconformidad que se tienen por reproducidos y no se transcriben, en aras de salvaguardar el principio de economía procesal, determinación que no deja a ella ni a las demás contendientes en este proceso constitucional en estado de indefensión, habida cuenta que no se les veda de la posibilidad de recurrir esta sentencia y alegar lo que estimen pertinente. SEXTO. Estudio de constitucionalidad e inconvencionalidad respecto de las normas reclamadas. Son infundados los conceptos de inconformidad que se hacen valer contra el precepto impugnado. Sostienen los quejosos que se violan en su perjuicio los derechos humanos de seguridad jurídica y debido proceso que lleva implícita la garantía de audiencia, consagrados en los artículos 14 y 29 de la Constitución, así como en los artículos 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 8 de la Declaración Americana de los Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos con motivo de la aplicación del artículo 553 del Código de Procedimientos Civiles del Estado por lo siguiente: a) Es inconstitucional el citado artículo 553 del código adjetivo civil del Estado en razón de que no establece los mecanismos que garanticen que el acreedor pueda tener un conocimiento certero del acto privativo, que le permita realizar una defensa adecuada de su derecho de crédito. Es infundado el sintetizado motivo de queja. En primer lugar, es pertinente señalar que los artículos 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 8° primer párrafo, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, consagran la garantía de audiencia previa. Este mandamiento superior, cuya esencia se traduce en una garantía de seguridad jurídica para los gobernados tutelada en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. Las formalidades esenciales del procedimiento, también conocidas como garantía de debido proceso legal, se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas, esto es, implica que se otorgue la oportunidad de defensa a la víctima del acto de privación a efecto de que externe sus pretensiones opositoras. Así lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado" Ahora, el numeral que se tilda de inconstitucional, es del tenor siguiente: "Artículo 553. Si del certificado aparecieren gravámenes, se hará saber a los acreedores el estado de la ejecución para que intervengan en la subasta de los bienes, si les conviniere. La citación de los acreedores se hará personalmente en su domicilio, que deberá indicar el ejecutante si le fuere conocido; en caso contrario, se llevará a efecto en las mismas convocatorias del remate" De la interpretación literal del precepto transcrito se tiene que si del certificado de gravámenes se advierte que existen acreedores del inmueble de que se trate, debe hacerse de su conocimiento el estado de ejecución para que, de considerarlo pertinente, intervengan en la subasta de los bienes. Asimismo, que la notificación a tales acreedores debe efectuarse personalmente en su domicilio y, de no ser conocido, mediante las convocatorias del remate. Como se adelantó, deviene infundado lo que se arguye, tocante a que el precepto en análisis no establece los mecanismos que garanticen que el acreedor pueda tener un conocimiento certero del acto privativo que le permita realizar una defensa adecuada, ya que, contrario a ello, de su lectura se tiene que expresamente dispone que los acreedores deben ser notificados a efecto de que tengan conocimiento del estado de ejecución. Además, prevé que dicha notificación debe efectuarse personalmente en el domicilio del acreedor y, para el caso de que este no sea conocido, dicha notificación debe hacerse mediante edictos, lo que se traduce en que los acreedores tendrán conocimiento del estado de ejecución y podrán comparecer al procedimiento a hacer valer sus derechos. b) El precepto legal en cuestión deja al arbitrio del ejecutante la posibilidad de que el acreedor sea notificado personalmente o por edictos, esto es, la forma de notificación queda a cargo de los particulares y no del órgano jurisdiccional que es quien tiene la obligación de velar por el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. Es infundado lo alegado en el motivo de queja planteado, por lo siguiente: El capítulo V, del título segundo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, denominado "De las notificaciones", previene en el artículo 106 que las notificaciones se harán personalmente o por cédula; por boletín judicial o lista de acuerdos; por edictos; por correo, por telégrafo, por instructivo o por medios electrónicos. Por su parte, el artículo 117 del propio ordenamiento regula las notificaciones por edictos y dispone, que cuando el actor manifieste que desconoce el domicilio de la persona buscada, previo a ordenar la notificación por edictos, debe solicitar a la policía municipal un informe del domicilio del buscado; esto, a fin de que haya fiabilidad del desconocimiento de tal domicilio. Ahora, el artículo 553 del código en consulta, establece que en caso de que el ejecutante desconozca el domicilio de los acreedores, debe citárseles por medio de las convocatorias de remate, esto es, por medio de edictos. En consecuencia, de la interpretación sistemática de ambos preceptos se concluye que, en caso de que el ejecutante manifieste que desconoce el domicilio de los acreedores, previo a ordenar la notificación por edictos, es necesario que haya fiabilidad de ese desconocimiento y ello sólo se logra previa búsqueda policiaca del domicilio de éstos a fin de demostrar la generalidad del desconocimiento de su paradero. En ese sentido, lo infundado del motivo de queja en análisis deviene del hecho de que, contrario a lo que sostienen los promoventes, la forma de la notificación que se efectúe a los acreedores no queda al arbitrio del ejecutante, pues no basta que manifieste desconocer el domicilio de los acreedores para que se ordene la notificación por medio de edictos, ya que previo a ello, la autoridad debe observar lo que al respecto dispone la propia legislación. Aunado a lo anterior, debe señalarse que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 81 y 82 de la misma legislación, haciendo uso de su prudente arbitrio y para mejor proveer, la autoridad puede ordenar la expedición de oficios a los titulares de diversas oficinas o dependencias públicas a efecto de llevar a cabo una búsqueda del domicilio de los acreedores. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA. PARA DETERMINAR SI LA LEY RECLAMADA RESPETA ESTA GARANTÍA, DEBE EXAMINARSE EL CONTENIDO DE LAS NORMAS APLICABLES. Si al impugnarse la constitucionalidad de una ley, el quejoso manifiesta que ésta viola la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no contener un procedimiento de defensa contra actos de autoridad que lo priven de derechos, el estudio de este aspecto debe efectuarse apreciando el contenido de las normas aplicables, aunque no sean las específicamente reclamadas" Lo que se traduce en que, es la autoridad quien está a cargo de la vigilancia del cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. c) El texto del artículo 553 del Código de Procedimientos Civiles del Estado es contradictorio con el contenido del diverso 552 del mismo ordenamiento legal que establece la imposibilidad de proceder al remate de un bien si antes no se ha citado a los acreedores que aparecen en el certificado de libertad de gravámenes. Tal motivo de inconformidad resulta infundado. Para exponer los motivos que conducen a calificarlo de tal forma, es necesario destacar el contenido de los dispositivos mencionados por los inconformes, los cuales establecen: "Artículo 552. No podrá procederse al remate de bienes raíces, sin que previamente se haya pedido al Registro Público de la Propiedad certificado de libertad o de los gravámenes del predio y sin que se haya citado a los acreedores que aparezcan de dicho certificado; éste comprenderá los últimos diez años, pero si en autos obrare ya otro certificado, sólo se pedirá al Registro el relativo al período transcurrido desde la fecha de aquel, hasta la en que se decretó la venta. En defecto de los datos que pueda ministrar el Registro Público de la Propiedad, deberá el Juez recabar previamente constancia de la Oficina Catastral respectiva para cerciorarse, al menos por este medio, de que la persona contra quien se pretende fincar el remate, es la misma en cuyo favor estuviere empadronada la finca de que se trata; si esto no fuere así, el remate no se llevará a efecto." "Artículo 553. Si del certificado aparecieren gravámenes, se hará saber a los acreedores el estado de la ejecución para que intervengan en la subasta de los bienes, si les conviniere. La citación de los acreedores se hará personalmente en su domicilio, que deberá indicar el ejecutante si le fuere conocido; en caso contrario, se llevará a efecto en las mismas convocatorias del remate." Del primer precepto transcrito se extrae, que un requisito de procedibilidad del remate es la citación de los acreedores que aparezcan en el certificado de libertad de gravámenes que se haya solicitado al Registro Público de la Propiedad. Por su parte, del segundo de los numerales se obtiene que los acreedores que aparezcan en el referido certificado, deben ser notificados del estado de ejecución del inmueble, lo que debe realizarse personalmente y, de no ser posible de esta manera, entonces, por medio de edictos. Pues bien, se sostiene que es inexacto lo argumentado por los peticionarios, toda vez que el referido artículo 553 no se contradice con lo dispuesto en el 552, por el contrario, se trata de una disposición complementaria pues mientras que en este último se establece que no puede llevarse a cabo el remate sin que se haya citado a los acreedores, en el primer precepto mencionado se establece la forma en la que debe efectuarse tal citación. d) El artículo 553 del código adjetivo civil del Estado contraviene el principio pro homine consagrado en el artículo 1° constitucional, ya que en vez de establecer mecanismos que favorezcan al ser humano imponiéndole al juez la obligación de cerciorarse de que, efectivamente, los acreedores tengan noticia completa del procedimiento de remate, deja al arbitrio del ejecutante la calidad de la notificación del acreedor; además, no establece o impone mecanismos por los cuales el juzgador pueda llevar a cabo dicha notificación, así como para cerciorarse de la efectiva notificación del acto privativo. No les asiste razón, ya que de la lectura integral de la demanda se advierte que en realidad no se pretende el análisis más favorable de dos normas con distintas regulaciones ni se está en el supuesto de que la ley admita más de una interpretación sobre un mismo aspecto. Además, los promoventes no cumplieron con los requisitos mínimos para que este juzgador analizara si se contraviene el principio pro persona, lo cuales son: a) Pedir la aplicación del principio o impugnar su falta de aplicación por la autoridad responsable; b) Señalar cuál es el derecho humano o fundamental cuya maximización se pretende; c) Indicar la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental; y, d) Precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles. Apoya lo anterior, la tesis de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD DE SU APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU OMISIÓN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades el deber de aplicar el principio pro persona como un criterio de interpretación de las normas relativas a derechos humanos, el cual busca maximizar su vigencia y respeto, para optar por la aplicación o interpretación de la norma que los favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores restricciones a su ejercicio. Así, como deber, se entiende que dicho principio es aplicable de oficio, cuando el Juez o tribunal considere necesario acudir a este criterio interpretativo para resolver los casos puestos a su consideración, pero también es factible que el quejoso en un juicio de amparo se inconforme con su falta de aplicación, o bien, solicite al órgano jurisdiccional llevar a cabo tal ejercicio interpretativo, y esta petición, para ser atendida de fondo, requiere del cumplimiento de una carga mínima; por lo que, tomando en cuenta la regla de expresar con claridad lo pedido y la causa de pedir, así como los conceptos de violación que causa el acto reclamado, es necesario que la solicitud para aplicar el principio citado o la impugnación de no haberse realizado por la autoridad responsable, dirigida al tribunal de amparo, reúna los siguientes requisitos mínimos: a) pedir la aplicación del principio o impugnar su falta de aplicación por la autoridad responsable; b) señalar cuál es el derecho humano o fundamental cuya maximización se pretende; c) indicar la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental; y, d) precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles. En ese sentido, con el primer requisito se evita toda duda o incertidumbre sobre lo que se pretende del tribunal; el segundo obedece al objeto del principio pro persona, pues para realizarlo debe conocerse cuál es el derecho humano que se busca maximizar, aunado a que, como el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad, es necesario que el quejoso indique cuál es la parte del parámetro de control de regularidad constitucional que está siendo afectada; finalmente, el tercero y el cuarto requisitos cumplen la función de esclarecer al tribunal cuál es la disyuntiva de elección entre dos o más normas o interpretaciones, y los motivos para estimar que la propuesta por el quejoso es de mayor protección al derecho fundamental. De ahí que con tales elementos, el órgano jurisdiccional de amparo podrá estar en condiciones de establecer si la aplicación del principio referido, propuesta por el quejoso, es viable o no en el caso particular del conocimiento" e) Que el artículo 553 del código adjetivo civil del Estado es inconstitucional, en razón de que no prevé las formalidades a las que debe ceñirse la notificación de los acreedores, lo que provoca la incertidumbre de que los citados puedan tener una noticia completa del llamamiento. Deviene infundado lo argüido. En efecto, el numeral en análisis dispone que la citación a los acreedores debe practicarse personalmente en su domicilio y, en caso de que éste se desconozca, se hará a través de las convocatorias de remate; ahora, si bien no prevé las formalidades de tales formas de notificación, lo cierto es que tratándose de las notificaciones personales, el artículo 111 del código en cita establece cuáles son los requisitos de este tipo de actuaciones; en tanto que el precepto 556 del mismo código, regula lo relativo a la publicación de los edictos a efecto de anunciar la venta judicial. En consecuencia, no obstante que el artículo tildado de inconstitucional no prevea las formalidades de las notificaciones que en él se contemplan, no puede considerarse que se oponga a la garantía de audiencia tutelada por el artículo 14 Constitucional, toda vez que la interpretación y aplicación que se realice de éste, no puede ser de manera aislada sino debe hacerse en conjunto de los demás preceptos que forman parte del ordenamiento legal al que pertenecen. En ese orden de ideas, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados, respecto del acto legislativo consistente en la promulgación y aprobación del artículo 553 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. SÉPTIMO. Estudio de constitucionalidad de los actos reclamados. Atendiendo a la causa de pedir, es fundado uno de los conceptos de violación que se hacen valer y suficiente para conceder el amparo solicitado. Manifiestan los quejosos que la autoridad responsable desatendió que el domicilio de los acreedores no le era desconocido al ejecutante, toda vez que éste se advierte de los documentos que obran en el Registro Público de la Propiedad de Arandas, Jalisco, relativos a la inscripción del gravamen a su favor. En primer término, se debe precisar lo que al efecto disponen los artículos 552 y 553 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco: "Artículo 552. No podrá procederse al remate de bienes raíces, sin que previamente se haya pedido al Registro Público de la Propiedad certificado de libertad o de los gravámenes del predio y sin que se haya citado a los acreedores que aparezcan de dicho certificado; éste comprenderá los últimos diez años, pero si en autos obrare ya otro certificado, sólo se pedirá al Registro el relativo al período transcurrido desde la fecha de aquel, hasta la en que se decretó la venta. En defecto de los datos que pueda ministrar el Registro Público de la Propiedad, deberá el Juez recabar previamente constancia de la Oficina Catastral respectiva para cerciorarse, al menos por este medio, de que la persona contra quien se pretende fincar el remate, es la misma en cuyo favor estuviere empadronada la finca de que se trata; si esto no fuere así, el remate no se llevará a efecto." "Artículo 553. Si del certificado aparecieren gravámenes, se hará saber a los acreedores el estado de la ejecución para que intervengan en la subasta de los bienes, si les conviniere. La citación de los acreedores se hará personalmente en su domicilio, que deberá indicar el ejecutante si le fuere conocido; en caso contrario, se llevará a efecto en las mismas convocatorias del remate.' De los numerales transcritos, se advierte que al desprenderse del certificado de gravámenes solicitado al Registro Público de la Propiedad correspondiente, la existencia de diversos acreedores, se les hará saber el estado de la ejecución para que intervenga en la subasta de bienes. Asimismo, que los mencionados acreedores deben ser citados personalmente en su domicilio, el que deberá indicar el ejecutante, si le fuere conocido; de lo contrario, la citación se realizará en las convocatorias del remate respectivo. En ese orden de ideas, es necesario que haya fiabilidad del desconocimiento aludido y para llegar a ello es menester seguir en ese aspecto lo previsto en el artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, que ordena se realice una búsqueda previa del acreedor a fin de demostrar la generalidad del desconocimiento de su paradero. En efecto, dicho ordinal 117 establece la procedencia de la citación por edictos cuando el actor manifieste, bajo protesta de decir verdad, ignorar el domicilio de quien debe citarse, previo informe de la policía municipal; esto es, corresponde a la regla general de las notificaciones, en la que se contempla la posibilidad de hacer una indagatoria del domicilio de la persona por notificar. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que para llamar a la subasta al acreedor, no basta la simple afirmación del actor de ignorar el domicilio del acreedor, para que sea legal la notificación por edictos, ya que esa ignorancia no debe ser exclusiva y personal, sino general, y que haga imposible la localización del acreedor, para así darle el tratamiento a que se refiere al emplazamiento a juicio por tratarse de un acreedor extraño al procedimiento, esto con el fin de que pueda presentarse a la subasta y hacer uso del derecho que la ley le otorga. Criterio visible en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO DE ACREEDORES EXTRAÑOS AL PROCEDIMIENTO. La Suprema Corte de Justicia ha establecido que no basta la simple afirmación del actor de ignorar el domicilio del demandado, para que sea legal el emplazamiento por edictos en los periódicos, pues para que éste surta efectos legales, es indispensable que esa ignorancia no sea exclusiva y personal, sino de tal manera general, que haga imposible la localización. Ahora bien, aunque la tesis anterior se refiere al emplazamiento en juicio, la misma debe estimarse aplicable al caso de citación de un acreedor extraño al procedimiento, ya que tratándose de la notificación que se le hace con el fin de que pueda presentarse en los autos, para hacer uso de los derechos que la ley le otorga, subsisten las razones que consigna dicha tesis" No debe perderse de vista que el remate, es el conjunto de actos jurídicos que permiten a la autoridad realizar la venta forzada de bienes para satisfacer una obligación; en ese sentido, la indagación en el Registro Público de la Propiedad sobre información de los gravámenes que reporta el bien a rematar, tiene como objetivo conocer si éste soporta o garantiza otros créditos. Ese es precisamente el efecto jurídico de una inscripción registral, dar publicidad a los actos jurídicos que afecten o se vinculen con un bien inmueble cuya teleología es permitir a éstos salvaguardar su garantía de audiencia y que sean ellos, no el juez, quienes elijan intervenir, confiriéndoles derecho para intervenir en el acto del remate, pudiendo hacer al juzgador las observaciones que estimen oportunas para garantizar sus derechos para recurrir el auto de aprobación del remate, cuando el estado de los autos lo permita, nombrar a su costa un perito que con los nombrados por el ejecutante y el ejecutado, practique el avalúo de la cosa, lo cual no sucederá después de practicado dicho avalúo por los peritos de las partes o el tercero en discordia, ni cuando la valorización se haga por otros medios. Pues bien, de las constancias certificadas del juicio de origen se advierte que mediante escrito presentado el siete de noviembre de dos mil once, la parte actora exhibió el certificado de libertad de gravámenes relativo a los inmuebles materia del procedimiento, del cual se advirtió que eran acreedores Anyel Vanessa Díaz López, Moisés, Juan Pablo y Sabino, todos de apellidos Pérez Santos; además, manifestó que desconocía su domicilio por lo que solicitó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 553 del código procesal civil del Estado, se citaran en las convocatorias de remate. Escrito al que recayó el auto de veintitrés del mismo mes y año, en el cual la autoridad responsable señaló fecha para la audiencia de remate, ordenó convocar a los postores a través de edictos y citar por el mismo medio a los mencionados acreedores. Lo expuesto permite concluir que la citación realizada a los quejosos al procedimiento de remate no se practicó conforme a los requisitos exigidos en el referido artículo 553, puesto que la autoridad responsable ordenó su citación a tal procedimiento mediante edictos, con la simple manifestación de la parte actora del desconocimiento de su domicilio. Es así, porque previo a ordenar la citación de los acreedores, aquí quejosos, al procedimiento de remate por medio de edictos, debió demostrarse un desconocimiento generalizado de su domicilio y, al no haberse hecho así, el juez responsable realizó una indebida aplicación del aludido precepto 553, lo cual constituye una violación procesal que transgrede la garantía de audiencia de la parte quejosa. Cierto, el juzgador de origen previo a ordenar la notificación por edictos, debió realizar la búsqueda a que se refiere el artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, a fin de localizar a los acreedores y, al no haberlo hecho, no se puede afirmar válidamente que no fue posible localizar a los acreedores, para que así procediera su emplazamiento a través de edictos. Debe destacarse, además, que en el caso no había fiabilidad del desconocimiento del domicilio de los acreedores, toda vez que de las constancias en copia certificada remitidas por el Jefe de la Unidad Departamental del Registro Público de la Propiedad y Comercio de Arandas, Jalisco, se advierte que entre los documentos relativos al registro del embargo trabado a favor de Anyel Vanessa Díaz López, Moisés, Juan Pablo y Sabino, todos de apellidos Pérez Santos, en los autos del juicio laboral 525/2007-F, obra el relativo a la audiencia de discusión y votación de doce de agosto de dos mil ocho, en la que se indicó el domicilio procesal de los mencionados. En consecuencia, el propio ejecutante pudo obtener en las oficinas del Registro Público de la Propiedad el domicilio de los acreedores, imponiéndose de las constancias respectivas o, en todo caso, solicitarle al juez que pidiera dicha información. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO DE ACREEDORES EXTRAÑOS AL PROCEDIMIENTO. La Suprema Corte de Justicia ha establecido que no basta la simple afirmación del actor de ignorar el domicilio del demandado, para que sea legal el emplazamiento por edictos en los periódicos, pues para que éste surta efectos legales, es indispensable que esa ignorancia no sea exclusiva y personal, sino de tal manera general, que haga imposible la localización. Ahora bien, aunque la tesis anterior se refiere al emplazamiento en juicio, la misma debe estimarse aplicable al caso de citación de un acreedor extraño al procedimiento, ya que tratándose de la notificación que se le hace con el fin de que pueda presentarse en los autos, para hacer uso de los derechos que la ley le otorga, subsisten las razones que consigna dicha tesis" Igualmente, ilustra sobre lo anterior, la tesis de rubro y texto siguientes: "REMATE, LEGALIDAD DE LA CITACIÓN DE ACREEDORES AL PROCEDIMIENTO DE. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Para que pueda considerarse que la autoridad de instancia actúa con apego a lo dispuesto por el artículo 553, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, en cuanto a la citación de acreedores por edictos, al pronunciamiento de remate, no debe fundarse en la sola manifestación del ejecutante, en el sentido de que ignora el domicilio de aquéllos, pues debe demostrarse fehacientemente que la ignorancia del domicilio es general; así, si en autos constan, a través del certificado de gravámenes, los datos del expediente en el cual embargaron los acreedores preteridos, el ejecutante está en aptitud de obtener el domicilio de éstos, imponiéndose de los autos respectivos, o instando al juzgador para que pida dicha información al órgano jurisdiccional correspondiente, y si aun en ese caso no se obtuviera el domicilio podría el juzgador, de oficio, ordenar a la autoridad administrativa la búsqueda policiaca de los acreedores en mención, a fin de demostrar la generalidad de ese desconocimiento; al no proceder de esa manera, la autoridad responsable coloca en indefensión a los quejosos, pues les priva de la oportunidad de intervenir en el procedimiento de remate reclamado, a fin de que, como acreedores, puedan promover lo que a su interés convenga" Por todo lo expuesto, lo que procede es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a Anyel Vanessa Díaz López, Moisés, Juan Pablo y Sabino, todos de apellidos Pérez Santos. Sin que resulte necesario realizar el análisis de los demás conceptos de violación relativos a la condena en costas, habida consideración que no le aportan mayor beneficio que el estudiado. Resta decir que en lo que concierne a los alegatos ministeriales que presentó la agente del Ministerio Público de la Federación, no se realiza mayor pronunciamiento toda vez que en ellos no se hizo valer causales de improcedencia ni sobreseimiento; además, aun cuando lo alegado se dirige al fondo del asunto, deberá estarse a lo resuelto. OCTAVO. Efectos de la sentencia de amparo. Con fundamento en los artículos 77 y 192 de la ley de la materia, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa para que el Juez Mixto de Primera Instancia de Arandas, Jalisco: I. Deje insubsistente todo lo actuado a partir del auto de veintitrés de noviembre de dos mil once, mediante el cual ordenó la notificación a los acreedores Anyel Vanessa Díaz López, Moisés, Juan Pablo y Sabino, todos de apellidos Pérez Santos por medio de edictos, así como lo actuado con posterioridad. II. A fin de que los hoy quejosos estén en aptitud de comparecer al procedimiento respectivo y en respeto a su derecho de audiencia y defensa, el juez responsable deberá ordenar su llamamiento a esa etapa del procedimiento, lo que podrá hacer inclusive en el domicilio procesal señalado en este juicio de amparo, sito en la finca marcada con el número 384 de la calle Ricardo Palmerín, de la colonia San Rafael, Sector Reforma, en Guadalajara, Jalisco. Es aplicable sobre el particular, la tesis de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. CUANDO SE CONCEDE EL AMPARO PORQUE TAL DILIGENCIA SE PRACTICÓ MEDIANTE EDICTOS, SIN OBSERVARSE LAS FORMALIDADES CORRESPONDIENTES Y EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EL QUEJOSO MANIFIESTA COMO SUYO ALGÚN DOMICILIO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENAR QUE EL LLAMAMIENTO AL JUICIO NATURAL SE HAGA EN ESE LUGAR, ANTES DE INTENTARLO NUEVAMENTE POR EDICTOS. De conformidad con los artículos 114, fracción I y 116 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el emplazamiento a juicio debe realizarse preferentemente en el domicilio que habita el demandado, esto es, en su domicilio real. En relación con el emplazamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que es la formalidad del procedimiento de mayor envergadura, cuya realización contraria a las disposiciones legales correspondientes deja sin defensa a quien se le practicó. Así, el juzgador está obligado a tomar las medidas que estime pertinentes para lograr que el emplazamiento se cumplimente con el mayor apego a la ley, por tanto, cuando en un juicio de amparo promovido por quien se ostenta tercero extraño al procedimiento por equiparación, se otorgue la protección constitucional porque el emplazamiento se realizó mediante edictos, sin observarse las formalidades que corresponden al caso, y, se advierta que en la demanda de amparo el quejoso manifestó expresamente la ubicación de su domicilio, el Juez de Distrito, en aras de garantizar la legal y eficaz realización del emplazamiento, debe ordenar, como un efecto del fallo protector, que antes de que se subsane la irregularidad de la diligencia por edictos, se intente llamar a juicio al buscado en el lugar que éste precisó en el amparo, con apoyo en los artículos 114 y 116 del código adjetivo citado, porque se presume que es su domicilio real, al haberse señalado por el propio interesado ante una autoridad judicial" Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Anyel Vanessa Díaz López, Moisés, Juan Pablo y Sabino, todos de apellidos Pérez Santos contra los actos que reclaman del Gobernador y el Congreso, ambos del Estado de Jalisco, precisados en el considerando tercero, dadas las razones expuestas en el considerando sexto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Anyel Vanessa Díaz López, Moisés, Juan Pablo y Sabino, todos de apellidos Pérez Santos contra los actos que reclama del juez y el secretario de acuerdos adscritos al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Arandas, Jalisco, así como del juez y secretario de acuerdos adscritos al Juzgado Menor de Jesús María, Jalisco, precisados en el considerando tercero de esta sentencia, dadas las razones expuestas y para los efectos precisados en los considerandos séptimo y octavo. Notifíquese. Lo sentenció y firma Helmuth Gerd Putz Botello, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, que actúa con la secretaria Mónica Alejandra Vargas Domínguez, quien autoriza y da fe.
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por la Juez y el Secretario de Acuerdos, adscritos al Juzgado Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual remiten copia certificada del proveído de trece de junio de dos mil diecinueve, en el cual se ordenó dejar insubsistente todo lo actuado a partir de la diligencia de emplazamiento a la aquí quejosa, sin incluir al diverso codemandado ****, dentro de los autos del expediente 541/2016.En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la quejosa y a la tercera interesada, en los términos indicados.Vista la certificación de cuenta, se hace del conocimiento de las partes que a partir del uno de junio de dos mil diecinueve, funge como titular de este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, HELMUTH GERD PUTZ BOTELLO, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.Notifíquese; y personalmente a la quejosa y a la tercera interesada.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de la Directora General Adjunta de Evaluación, de Control Procedimental y de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, respecto del cual, se reserva proveer lo conducente, en virtud del impedimento planteado en el presente asunto.
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