Lorena Ariadna Garcia Rebolledo
Expediente 106/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 106/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Lorena Ariadna Garcia Rebolledo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el doce de marzo de dos mil veinticuatro. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Dependiente del Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, y otras autoridades, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número ********************/2021, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO Ahora, acorde al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desechar de plano la demanda que dio origen a los presentes autos, conforme a lo que enseguida se expone. Sustenta lo anterior, la tesis P.VI/2004, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril del 2000, Tomo XI, página 32, con número de registro 192097, bajo el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (Lo destacado es propio). De lo anterior, se evidencia que si bien se refiere a la fijación clara y precisa de los actos reclamados en la sentencia, también lo es, que resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo, de la cual se advierte que el promovente expuso hechos o antecedentes, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, de acuerdo al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, septiembre de 2007, Tomo XXVI, página 2613, con número de registro 171389, del tenor siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." (Lo destacado es propio). En ese sentido, los actos que en esta vía constitucional se reclaman consisten en: "En que las autoridades que señalo como ordenadoras han girado una orden de aprehensión, detención y/o presentación, fuera de todo procedimiento judicial y sin fundamento legal alguno, y que sin haber cometido delito del cual ignoro, pretenden llevar a cabo dicha detención, y de las autoridades que señalo como, como ejecutoras reclamo la inminente ejecución de dicha orden" En el caso, la suscrita estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, relacionada con los diversos numerales 17 y 18 del propio ordenamiento, que a la letra establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." (Lo destacado es propio) "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo anterior, se desprende que es improcedente el juicio de amparo cuando la demanda no se promueve dentro del término de quince días, contados éstos, a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación a la parte quejosa del acto que reclama o tenga conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, por lo que el cómputo de dicha término depende básicamente de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado y de su naturaleza, lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efecto, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las dos restantes, se desprenden del artículo 18 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; y por ende, no requieren de manera indispensable un acto de notificación sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden del referido artículo 18 de la ley que rige la materia, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso; máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. Lo anterior, se robustece con el criterio sustentado en la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, enero 2011, Tomo XXXIII, página 5, con número de registro 163172, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar.". En ese sentido, es necesario precisar que la quejosa ********************, manifestó en su capítulo de antecedentes lo siguiente: "ANTECEDENTES: Es el caso de que con fecha siete de enero de la presente anualidad me he enterado de que elementos de dependen de las autoridades que señalo como responsables, se han presentado en mi domicilio particular ubicado en Circuito Atlántico Oeste número treinta y ocho, fraccionamiento Lagos de puente moreno, Medellín, Veracruz, Veracruz, con el propósito de detenerme, lo cual no han logrado, gracias a que he podido evadirlos pues mis familiares y vecinos me han avisado del caso, ya que dichos sujetos alegan tener orden de detenerme. (.)" En ese orden de ideas, como se dijo al inicio de este proveído, la suscrita estima que debe desecharse de plano la demanda de amparo, toda vez que su promoción resulta extemporánea, debido a que ésta no se promovió dentro de los quince días siguientes a aquél en que la promovente tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es, a "el siete de enero del año en curso", pues así lo manifestó en el escrito de demanda. Al efecto, cabe destacar lo estipulado por el artículo 18 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el plazo para presentar la demanda de amparo, previsto por el diverso ordinal 17 del mismo ordenamiento, se contará a partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostenten sabedores del acto reclamado; por lo tanto, el plazo que tuvo el impetrante de amparo para promover la demanda respecto de los actos de los cuales tuvo conocimiento a partir del siete de enero del año en curso, resulta indudable que la presentación de la demanda es extemporánea. Apoya lo antepuesto, la jurisprudencia 1ª./J. 22/2014 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, página 325, con número de registro 2005917, del rubro y texto siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental". (Lo destacado es propio). En las relatadas condiciones, la parte quejosa tuvo la posibilidad legal de impugnar el acto que reclama, dentro del plazo perentorio señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que, se colige que existió consentimiento de su parte en lo que hace a los actos reclamados (orden de aprehensión y la existencia de la carpeta de investigación), al no ejercer en el momento oportuno la acción que intenta, esto es, dentro del plazo de quince días que dispone el aludido precepto legal; en tal razón, lo expuesto conlleva a establecer la imposibilidad de encuadrar su inconformidad en este medio, si previamente lo consistió tácitamente. Es aplicable la tesis de jurisprudencia número 14, publicada en la página once, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, del tenor siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Sin que se soslaye el hecho de que, las autoridades responsables con carácter de ordenadoras Jueces de Control y Enjuiciamiento Penal Oral, Salas "A", "B", "C", "D", y "E", con residencia en Veracruz, Veracruz, no hayan laborado de acuerdo a las circulares números 2 y 3 de doce y veintisiete de enero, así como el comunicado de veinte, todos del año en curso, en la que declararon inhábiles los días catorce, quince, veintidós, veintiocho y veintinueve de enero de dos mil veintiuno, así como el uno y dos de febrero actual, mismos que fueron emitidos por el Poder Judicial del Estado de Veracruz; pues resulta claro que aun descontando esos días, el término para combatir por esta vía constitucional transcurrió del día siguiente al que la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado; esto es, del ocho de enero y feneció el nueve de febrero del año en curso, descontándose los días ya mencionados, así como el nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de enero pasado, seis, siete, trece y catorce de presente mes, por haber sido inhábiles, de igual forma el cinco de febrero actual, por no haber corrido términos a esta autoridad; siendo que en dicha temporalidad la promovente estuvo en posibilidad de promover la demanda de amparo que ahora intenta. Lo anterior, con independencia de lo establecido en la circular CAP/03/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, en la que se determinó volver al esquema establecido en el artículo 1, fracción I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de evitar la propagación del virus SARS Co-V2 (COVID-19), medida que tendría vigencia del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero del presente año, asimismo, dicho comunicado implicaba dar trámite a escritos iniciales que se califiquen como "Urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónicamente, como en el caso acontece, al tratarse el acto reclamado sobre actos privativos de libertad, y por exclusión, se continuó con la suspensión de plazos y términos, únicamente por lo que respecta a los asuntos que no se ubiquen en esa clasificación. Esto es, que tratándose de actos de la naturaleza como el que aquí se reclama, se aperturó la posibilidad de impugnarlos a través de la interposición del juicio biinstancial, de ahí que la parte quejosa estuvo en aptitud de presentar el escrito de demanda correspondiente. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo en cuestión, en virtud de que la misma resulta extemporánea al no haberse presentado por la promovente ********************, dentro del plazo establecido para ello, sujetándose a lo ordenado por la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 108 Constitucionales, y con ello se actualiza la causa de improcedencia contenida en el ordinal 61, fracción XXIII, de ese mismo ordenamiento, lo que a su vez genera la imposibilidad jurídica de admitir la demanda y estudiar la constitucionalidad e inconstitucionalidad de la presunta orden de aprehensión, detención y/o presentación dictadas en su contra, pues no encuadran con la naturaleza del juicio de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, y por autorizados en términos amplios como lo dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ********************y********************, quienes acreditaron estar registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República. Y por cuanto a las restantes personas que menciona en su escrito de demanda únicamente se les tiene autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, toda vez que no cumplen con los extremos señalados. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente a la promovente. Así lo proveyó y firma electrónicamente la juez Marisol Barajas Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Ivette Caballero Rodríguez, Secretaria con quien actúa y da fe, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, así como los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura que reforma el acuerdo antes citado, en relación con la Circular SECNO/1/2021 de ocho de enero de este año, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos y en términos de la Circular DGGJ/05/2020, de catorce de mayo de dos mil veinte. Doy Fe.ica/ALFF
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