Lizeth Josefiina Rodríguez Rangel

Expediente 1037/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1037/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
30/11/2022

Partes del expediente

  • Lizeth Josefiina Rodríguez Rangel

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de quince de noviembre de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el treinta de noviembre de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese, y háganse las anotaciones correspondientes....

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, quince de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa y anexo. Atento a su contenido, téngase a la citada responsable remitiendo copia certificada de las [1] constancias de notificación a las partes, [2] diligencia de siete de noviembre de la presente anualidad, [3] escrito de fecha de recibo de veintisiete de octubre del año en curso y [4] acuerdo de ocho de noviembre de este año. Ahora, de la diligencia de requerimiento de pago de siete de noviembre de dos mil veintidós, ordenada por el Tribunal responsable en proveídos de diecisiete y veintiocho de octubre de este año, dictados en el expediente 588/2007-IV, de su índice, se desprende que los integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Ixmatlahuacan, Veracruz, no dieron cumplimiento a la requerimiento de pago por la cantidad de $263,832.01, (doscientos sesenta y tres mil ochocientos treinta y dos pesos 01/100 moneda nacional), a favor de Felipa Chávez Fabián, en su carácter de legitima beneficiaria de los derechos quien en vida se llevó el nombre de Inocente Chávez Fabián; sin embargo, en dicha diligencia manifestaron que llevarán a cabo posterior a la audiencia una sesión de cabildo extraordinaria para ver la manera de hacer el pago a la referida parte. Por lo cual, el actuario adscrito al Tribunal responsable requirió a los integrantes del referido ayuntamiento para que dentro del término de cinco días hábiles, en sesión ordinaria o extraordinaria, se reunieran en Cabildo y, con el voto de por lo menos las dos terceras partes de sus integrantes; [1] señalaran bienes del dominio privado, propiedad del Ayuntamiento susceptibles de ser embargados y suficientes para cubrir lo adeudado a Felipa Chávez Fabián, por la cantidad $263,832.01, (doscientos sesenta y tres mil ochocientos treinta y dos pesos 01/100 moneda nacional); [2] señalaran bienes de uso común o los afectos a un servicio público, susceptibles de convertirlos en bienes de dominio privado a través del procedimiento de desincorporación de bienes, suficientes para pagar la referida cantidad; [3] realizaran acciones pertinentes dentro de sus atribuciones, para allegarse de los recursos económicos necesarios para hacer frente a las obligaciones derivadas de laudos que hayan causado ejecutoria; por lo que se debe contemplar en el presupuesto de egresos del próximo ejercicio fiscal la cantidad adeudada en el juicio laboral de origen; o [4] partiendo de la idea de que la principal fuente de recursos de los municipios son transferidos por la federación compuestos por las participaciones, aportaciones federales y programas, subsidios y convenios de reasignación de recursos; como caso excepcional declaren como deuda pública la cantidad aludida, con la finalidad de considerarla dentro de su sistema contable pasivo y poder liquidarla a través de los recursos que obtiene el municipio por concepto de aportaciones federales, específicamente del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). En ese tenor, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de que quede debidamente notificado de este proveído, remita copia certificada, legible, completa y ordenada de las constancias relativas al cumplimiento que el Ayuntamiento Constitucional de Ixmatlahuacan demandado haya realizado con motivo del requerimiento efectuado a sus integrantes, en la diligencia de requerimiento de pago de siete de noviembre del año en curso, en el juicio laboral 588/2007 de su índice, o bien informe el impedimento legal que tenga para ello. Apercibido que de no cumplir con lo solicitado dentro del término que se señala, o no informar el impedimento para ello, se impondrá al omiso multa de cien unidades de medida y su actualización, de conformidad con los preceptos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, la cual hoy equivale a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional); misma que se actualizará al momento de realizarse la conducta sancionada y se seguirá el procedimiento previsto en el párrafo segundo del artículo 192, párrafo segundo, de la misma ley que establece: "En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación." Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.) sustentado por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Notifíquese, por oficio a la referida autoridad responsable y por lista a las demás partes.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,101 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano