Loida Blas Marcial

Expediente 1001/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 20 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1001/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
27/05/2022

Partes del expediente

  • Loida Blas Marcial

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley concede para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio, interpusiera recurso de revisión contra el auto de veintinueve de abril de la presente anualidad, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que lo haya hecho valer. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívense las actuaciones como asunto concluido. Ahora, en cumplimiento al artículo 21, incisos a) y c), y penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el expediente en que se actúa así como el cuaderno original del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, al haberse sobreseído fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo y negado a la parte quejosa la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado; asimismo, una vez que se cumplan tres años al haberse dictado el acuerdo de archivo, y pasados treinta días de este plazo, se deberán destruir con posterioridad al VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO. Además, en cumplimiento al artículo 20, fracción II, inciso a) y penúltimo párrafo, del citado Acuerdo General, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos seis meses, y pasados treinta días de este plazo, se procederá a la destrucción del mismo; por tanto, agréguese copia auténtica de este proveído a los cuadernos incidentales. Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Ténganse por recibido el primer oficio de cuenta, signado por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual anexa copia certificada del acta de comparecencia de esta fecha, de la que se advierte que la quejosa Loida Blas Marcial recibió los certificados de derechos parcelarios números 1101053, 1101055 y 1101056, expedidos a su favor, con motivo de la inscripción de la sentencia dictada en el juicio agrario 480/2017, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, registrada con el folio 30144030117061988R, que fue solicitada a través del escrito presentado en la oficialía de partes de dicha delegación el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, cuya omisión de dar contestación se reclama en este juicio de amparo. Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la autoridad responsable la documental que anexó a su oficio, la cual se deja a vista de las partes en el recinto de este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por otro lado, cabe destacar que de conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, el oficio y anexo de cuenta, recibidos vía correo electrónico, tienen pleno valor probatorio, al estar autorizado el empleo de este medio de comunicación para la transmisión de constancias a los órganos del Poder Judicial de la Federación. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la demanda de amparo que les dio origen, se advierte que la quejosa Loida Blas Marcial señaló dentro del capítulo del acto reclamado, lo siguiente: "... La omisión de darme contestación y/o respuestas y/o entregarme certificado parcelario respecto a mi solicitud de trámite de fecha 18 de septiembre del año 2018." Además, con motivo de que en el informe justificado rendido por la autoridad responsable Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, se advirtió la participación de la diversa autoridad Dirección General de Catastro y Asistencia Técnica del Registro Agrario Nacional en la Ciudad de México, la parte quejosa amplió su demanda de amparo, toda vez que ésta no había realizado la modificación de superficie solicitada por la primera autoridad citada para estar en condiciones de expedir los certificados parcelarios correspondientes. En ese tenor, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se puede precisar que en esta vía constitucional la parte quejosa reclama: De la autoridad responsable Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad: la omisión de acordar el escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, en la oficialía de partes de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el que solicitó la inscripción de la sentencia dictada en el juicio agrario 480/2017, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, así como su cumplimiento, consistente en la expedición de los certificados de derechos parcelarios a su favor. De la autoridad responsable Dirección General de Catastro y Asistencia Técnica del Registro Agrario Nacional en la Ciudad de México, la omisión de dar contestación al oficio DEV/ST/572/2021, signado por el Representante del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, por medio del cual solicitó la modificación de la superficie de las parcelas 203 y 291 del ejido de Sayula de Alemán, municipio de Sayula de Alemán, Veracruz (dos de las tres a las que se debía de expedir los certificados parcelarios cuya omisión de expedir se reclama). En ese orden de ideas, de la copia certificada remitida por la autoridad responsable en el oficio de cuenta, se advierte que en esta fecha, la quejosa recibió los certificados de derechos parcelarios números 1101053, 1101055 y 1101056, expedidos a su favor, con motivo de la inscripción de la sentencia dictada en el juicio agrario 480/2017, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, registrada con el folio 30144030117061988R, que fue solicitada a través del escrito presentado en la oficialía de partes de dicha delegación el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Además, de las constancias recibidas por auto de veintitrés de marzo pasado, se advierte que el Director de Catastro Rural del Registro Agrario Nacional en la Ciudad de México, giró el oficio DGCAT/100/CR-102/105/2022, de veintiuno de enero de dos mil veintidós, por el cual envió al Encargado del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, la opinión y observaciones técnicas realizadas a las parcelas 203 y 291 del ejido de Sayula de Alemán, municipio de Sayula de Alemán, Veracruz. Luego, de la relación armónica de la precisión de los actos reclamados con el contenido de las constancias allegadas a los autos del juicio de amparo en que se actúa, resulta inconcuso que las actitudes omisivas tildadas de inconstitucionales por parte de las responsables han dejado de existir y por ende sus consecuencias legales han dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa; por lo tanto, la suscrita analizará de oficio la actualización de la causa de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En ese contexto, cabe destacar que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto, en este caso omisivo, no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En esta tesitura, si los actos que se reclaman por esta vía son en esencia la omisión de acordar el escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, en la oficialía de partes de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y la omisión de dar contestación al oficio DEV/ST/572/2021, signado por el Representante del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, por medio del cual se solicitó la modificación de la superficie de las parcelas correspondientes, y en este momento procesal obra en autos copia certificada del acta de comparecencia de esta fecha, de la que se advierte que la quejosa Loida Blas Marcial recibió los certificados de derechos parcelarios números 1101053, 1101055 y 1101056, expedidos a su favor, con motivo de la inscripción de la sentencia dictada en el juicio agrario 480/2017, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, registrada con el folio 30144030117061988R, al haberse recibido el oficio DGCAT/100/CR-102/105/2022, de veintiuno de enero de dos mil veintidós, por el cual el Director de Catastro Rural del Registro Agrario Nacional en la Ciudad de México emitió la opinión y observaciones técnicas de las parcelas 203 y 291 del ejido de Sayula de Alemán, municipio de Sayula de Alemán, Veracruz; resulta evidente que han cesado los efectos de las omisiones reclamadas. Al caso es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Lo subrayado es propio). Asimismo, al haberse analizado de oficio la actualización de la causa de improcedencia respecto a la cesación de efectos de los actos reclamados, se debe proceder a lo estipulado por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". (Lo subrayado es propio). En este orden de ideas, una vez que se ha acreditado que los efectos de los actos reclamados han cesado, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el suscrito considera menester sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional. Apoya a la anterior determinación, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Lo subrayado es propio). En mérito de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional que estaba señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Además, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, en su oportunidad, archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Finalmente, agréguense sin mayor proveer el segundo oficio y anexo de cuenta que se recibieron físicamente, los cuales son un duplicado del acordado en líneas que anteceden. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, doce de abril de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por Gloria Elena Díaz Martínez, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, mediante el cual, en atención al auto de veinticinco de marzo de la presente anualidad, informa que el veintinueve de marzo pasado, la quejosa compareció a las oficinas de la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional, y le fueron expedidos los certificados parcelarios 1101053, 1101055 y 1101056 correspondientes a las parcelas 203, 291 y 296, todos del ejido de Sayula de Alemán, Veracruz; al respecto, agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. Además, con fundamento en el artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días, contado a partir de que se encuentre legalmente notificada del presente acuerdo, remita copia certificada de las constancias de las que se advierta la entrega de los certificados parcelarios descritos en el párrafo anterior, la cual resulta necesaria para resolver el presente asunto o, en su defecto, manifieste la imposibilidad legal que tenga para dar cumplimiento al requerimiento de mérito; en la inteligencia que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/97, adoptada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 108 del tomo V, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en Febrero de 1997, Materia Común, registro 199454, de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." En mérito de lo anterior, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de nueve de marzo pasado, informa que pone a disposición de la quejosa en el módulo de atención a trámites de dicha delegación, los certificados de derechos parcelarios expedidos a su favor, previa identificación y firma de recibido, en un horario de diez a catorce horas, de lunes a viernes; por lo que a su vez solicita, que se le brinde a la quejosa copia del oficio que signa, a efecto de que lo pueda entregar al personal que la atienda en las instalaciones y le brinden los certificados parcelarios expedidos a su favor. En consecuencia, córrasele traslado a la parte quejosa con la copia simple del oficio de cuenta, para que esté en condiciones de allegarse de su contenido e imponerse ante las instalaciones de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a recoger los certificados parcelarios correspondientes, de conformidad con lo señalado por la autoridad responsable. Por otro lado, téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la autorizada de la parte quejosa Gloria Elena Díaz Martínez, mediante el cual solicita copia certificada de diversas constancias; al respecto, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a la parte quejosa copia certificada de los autos de nueve y diez de marzo pasado, así como de la promoción registrada bajo el número 3049 en la oficialía de partes de este juzgado, la cual podrá ser entregada indistintamente a la quejosa o a sus autorizados, previa identificación y recibo que se deje en autos. En ese contexto, para que le sea entregada la copia certificada de mérito, deberá agendar una cita en este órgano en el Portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ingresando al apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", para que, atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional, genere un Código QR que le permitirá ingresar a este juzgado de distrito. Sin embargo, la recepción de dicha copia queda condicionada al horario de labores del centro de fotocopiado con el que cuenta el edificio sede del Poder Judicial de la Federación, sede Xalapa, por lo cual deberá concertar previamente cita, con una anticipación de cuarenta y ocho horas, con el citado centro a los números telefónicos 55 18 36 80 66 y 55 31 48 76 82. Al margen de lo anterior, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de la quejosa se hace de su conocimiento que de conformidad con los lineamientos previstos en los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cuenta con la posibilidad de realizar el trámite correspondiente, para que a través del portal http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/, haciendo uso de la Firel o e.Firma (Fiel), acceda al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para consultar el expediente electrónico generado, el cual cuenta con las constancias que integran el presente asunto. Dado que las partes autorizadas para consultar el expediente electrónico pueden obtener copia de las constancias que obren en él, en términos del artículo 36, párrafo segundo, del citado acuerdo general 12/2020, que establece: "Las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente". Notifíquese por lista de acuerdos y personalmente a la quejosa.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Luis Alberto Camacho Mondragón, Secretario que autoriza y da fe.

Quedan 16 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · 5,534 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano