Lluvia Raquel Vega Hernandez

Expediente 88/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
88/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
24/02/2023

Partes del expediente

  • Lluvia Raquel Vega Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término de cinco días que la ley prevé para la interposición del recurso de queja contra el auto de ocho de febrero de dos mil veintitrés, en el cual se desechó de plano la demanda; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Asimismo, en estricto acatamiento a lo previsto por el artículo 21, inciso d), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse desechado la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTISÉIS y pasados seis meses de la citada fecha. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Luis Alberto Camacho Mondragón, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la quejosa ********************, mediante el cual, da cumplimiento al requerimiento que se le efectuara en auto de dos de febrero del año en curso; por tanto, en tiempo se tiene por desahogado el requerimiento dictado en actuaciones respecto de la demanda que presentó contra el acto reclamado a la autoridad Directora de la Escuela de Bachilleres ******************** y otras autoridades. La cual fuera registrada en el Libro de Gobierno respectivo con el número 88/2023-I-A. Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que a este órgano jurisdiccional confieren los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de cuenta, conforme a lo que enseguida se expone. Ahora, los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se tiene que el Juez de Distrito dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que recibe la demanda, examinará si desecha, previene o admite la demanda, sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Por otra parte, cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD; y la tesis al rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación de la quejosa de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por la quejosa, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". ACTO RECLAMADO. Del análisis armónico de la demanda de amparo y del escrito de desahogo de prevención, se tiene que la promovente reclama de las autoridades responsables lo siguiente: La inminente baja escolar como alumna de la Escuela preparatoria "Bachilleres ********************." CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA. Este órgano de control constitucional advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso artículo 1, fracción I y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados. "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: Fracción II. La autoridad o autoridades responsables teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción IV, de la legislación de la materia. Sustenta el anterior argumento, la tesis 2a. XCI/2015, que contempla lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo." En principio, es necesario precisar que de los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, se deriva que el juicio de amparo, única y exclusivamente procede contra actos de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que; por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares a excepción de aquellos actos que tengan efectos equivalentes a los de autoridad con los que se afecten los derechos del quejoso y esas funciones están acotadas en la ley, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra- subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos consagrados en la Constitución. Sirve de apoyo, la tesis de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De lo anterior, se tiene que la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada, como ya se dijo, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, y que por tal se entiende como aquella que con fundamento en una norma legal, dicta, ordena, ejecute, o trata de ejecutar, el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Lo anterior tiene sustento en la tesis XXXVI/99, que es del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La Teoría General del Derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." En esta tesitura, no está por demás mencionar que en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. SUS LAUDOS ARBITRALES SON ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó las notas distintivas que debe revestir un órgano o ente para ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, y al respecto aprobó la tesis número 2a.CCIV/2001, del rubro y texto que enseguida se transcriben: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Como se advierte de la anterior transcripción, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; 4. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Con base en lo expuesto, el Máximo Tribunal de la Nación consideró que de acuerdo con la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo, todos ellos apuntan a sostener que éste es improcedente contra actos de particulares, o contra actos que aun siendo emitidos por una autoridad, no afectan por sí y ante sí, ni de manera unilateral crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados; de lo que se sigue, haciendo una interpretación en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio, debe atenderse a la naturaleza del acto para determinar si goza de los atributos antes mencionados. Para definir este aspecto, conforme al criterio de la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo debe concebirse en razón de la naturaleza jurídica de las relaciones de "supra a subordinación" surgidas entre las autoridades y los gobernados, y entre particulares, cuando se realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos señalados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Asimismo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los criterios jurisprudenciales en consulta, resulta conveniente atender al viejo concepto de las relaciones jurídicas que existen entre el Estado y los particulares, al tenor de los conceptos que proporciona la Teoría General del Derecho, es decir, conforme a los tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos, a saber: las de coordinación, las de supra a subordinación, y las de supraordinación. De acuerdo con esa teoría, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, entre otras. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, pues si ambas están en el mismo nivel, entonces existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Dicho en otras palabras, las relaciones de coordinación son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados, o incluso, entre el Estado y los particulares, sólo que en este supuesto el Estado se desapodera de su facultad de imperio y actúa con los particulares en el plano del derecho privado, es decir, como si se tratara de un particular. En cambio, las relaciones de "supra a subordinación" son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales que protegen derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas breves precisiones ponen de manifiesto que la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación concluyó que para definir el concepto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a si la relación que se somete a la decisión de los órganos de control constitucional de amparo se ubica dentro de las denominadas de "supra a subordinación", la cual tiene como presupuesto, según ha quedado explicado, que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Con base en las precisiones anteriores es posible deducir que para definir el concepto de autoridad responsable, se debe analizar, primeramente, si el acto reclamado se realizó con fundamento en una ley de origen público, si la autoridad ejerce un poder jurídico que afecte por sí y ante sí, y de manera unilateral cree, modifique o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio del quejoso y, consecuentemente, si su actuación se ubica dentro del plano de "supra a subordinación", con lo cual existiría autoridad responsable. Ahora bien, el artículo 5°, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando: "(.) realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Así, para que un particular adquiera calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, en términos de la legislación de la materia, se requiere: 1. Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien que omita actuar en determinado sentido. 2. Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas. 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general. En efecto, la procedencia del juicio de amparo a la luz de la legislación actualmente en vigor no se define por la naturaleza de la persona u órgano señalado como responsable, sino por la naturaleza y características del acto reclamado que se considere lesivo de derechos fundamentales y que derive del ejercicio de funciones determinadas por una norma general. De tal suerte que, aun cuando los particulares dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que origine, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral, u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, no será procedente el amparo si el acto o la omisión no se actualizan en el contexto de funciones que tengan encomendadas por una norma general. En ese contexto, se advierte que el acto que reclama la quejosa en el presente juicio de amparo, no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues no deriva de una relación supra a subordinación, por los motivos que se exponen a continuación. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo y del escrito de desahogo de prevención, se desprende que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: Directora de la Escuela de Bachilleres ******************** y de los catedráticos ******************** y ********************, la inminente baja escolar como alumna de dicha escuela, de lo anterior, se colige que la relación que existe entre la promovente de amparo y las autoridades académicas, es de coordinación y no de supra a subordinación, ya que no surgió en ejercicio de una potestad pública para los efectos del juicio de amparo, sino que deriva de una relación educativa; esto es, la inconformidad de la quejosa no deriva de una actuación que tenga su origen en un mandato legal, o en ejercicio de una potestad para crear, modificar o extinguir situaciones generales o concretas de manera imperativa; de lo que se deduce que, en la situación particular, no se colman los requisitos de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por lo que en su caso los conflictos que se susciten entre las partes involucradas en la relación de referencia, deben ser ventiladas ante las autoridades educativas competentes y no ante este órgano de control constitucional, ya que la "inminente orden de baja" que reclama la quejosa, es con motivo de no haber acreditado la materia física II del cuarto semestre de la preparatoria en la que estudia, al haber obtenido la calificación de 5 (cinco) a través del examen R3 (3er. Parcial); asimismo, que la menor contaba con la opción de solicitar la aclaración de la calificación a partir de los cinco días hábiles a partir de la fecha en que el plantel educativo le informara de manera general que se encuentra disponible la boleta de calificaciones. En efecto, si bien corresponde a la institución educativa y a sus catedráticos la impartición de la educación a la quejosa, en específico de la materia de física II en el cuarto semestre, lo cierto es que ello deviene al cumplimiento del mandamiento ordenado por la Secretaría de Educación de Veracruz, al formar parte del plan de estudios del periodo escolar 2022-2022 del cuarto semestre de la Escuela de Bachilleres ********************, por lo que la orden de baja a la quejosa, es con motivo de no haber acreditado la materia antes señalada con una calificación mínima aprobatoria, sin que su conducta revista las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad que se requieren para establecer el concepto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona; por ende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso artículo 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Notifíquese vía electrónica a la promovente de amparo.

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, dos de febrero de dos mil veintitrés. EXHORTACIÓN, CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMUNICACIONES CON EL PERSONAL JURISDICCIONAL. Conforme al artículo 257, fracción I, 261 y 263, fracciones II y IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se exhorta a las partes a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. De igual forma, se les hace saber que respecto de comunicaciones no procesales, se les brindará la atención vía telefónica, a través del equipo telefónico con que cuenta este Juzgado de Distrito o a través del correo electrónico 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx. De manera excepcional se podrá hacer uso de tales medios para comunicaciones procesales, únicamente en el caso de que no cuenten con acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En la inteligencia de que se conservará el registro respectivo de las comunicaciones realizadas hasta la conclusión del presente asunto. De igual manera, se hace de su conocimiento, que en caso de que alguna de las partes se presente físicamente a las instalaciones de este Juzgado de Distrito, a consultar el presente expediente, dicha consulta se realizará de manera electrónica, a través del equipo de cómputo con que se cuenta en este órgano jurisdiccional, el cual también podrá ser utilizado para acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y para la participación en videoconferencias con el personal de éste órgano jurisdiccional. Se precisa que los equipos telefónicos y de cómputo a que se hace mención, se ubican en el área de recepción de este órgano jurisdiccional y su uso y atención al público será de nueve horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos en días hábiles. DEMANDA DE AMPARO Vista la demanda de amparo promovida por********************contra actos reclamados al Secretario de Educación de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 88/2023-I-A. Al respecto, se acuerda: OBLIGACIÓN LEGAL DE PREVENIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE ACLARE LA DEMANDA. Ahora, este Órgano Federal analizó la demanda a la luz de las disposiciones de la Ley de Amparo, y específicamente conforme a lo previsto por los artículos 112 y 114, fracción II, y 108, fracción IV, que en lo referente establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Artículo 114.- El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame(.);" Como se advierte de los dispositivos transcritos, es obligación del gobernado indicar con precisión el acto que pretende combatir; lo anterior, con la finalidad de reunir los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de la Materia, y cuando el juzgador advierta que los mismos resultan confusos o que faltan datos relevantes para proveer conforme a derecho la demanda intentada, deberá prevenir al quejoso para subsane dichas deficiencias. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa indicó en su capítulo de actos reclamados esencialmente lo siguiente: "La violación de los artículos 1o., 3º., párrafos primero, segundo, tercero, fracción II, inciso c) y 4o., párrafos cuarto, octavo, noveno y décimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al permitir y motivar actos de violencia escolar psicoemocional ejercida en mi CONTRA por la Escuela de Bachilleres ********************, y de la autoridades señaladas en los numerales 1, 2 y 3 al omitir el seguimiento y verificación en la impartición de la educación en la institución educativa se encuentren libres de violencia escolar de acorde a las necesidades actuales de los jóvenes estudiantes. Posteriormente, en su capítulo de conceptos de violación, la promovente manifiesta que la institución educativa trata a los estudiantes actuales como había estado tratando a sus generaciones anteriores, lo cual, a su consideración es un error, pues esta nueva generación tiene la particularidad de haber tenido que adaptarse a una educación en línea con motivo de la pandemia ocasionada por el COVID, misma que refiere no tiene los mismos resultados que una educación presencial. De igual forma, indicó que el cuarto semestre en el que tenía la materia de Física II, reprobó en los exámenes ordinarios bimestrales, teniendo como consecuencia, presentarlos en regulación. Asimismo, refiere que los exámenes de regularización los elaboraron de manera conjunta los maestros ********************, y ********************, por lo que al haber realizado de tal forma la elaboración del examen, es decir de manera conjunta, dicho examen resultó confuso en la aplicación de ciertos criterios en la resolución de los ejercicios planteados, por lo que obtuvo nuevamente una calificación reprobatoria. Finalmente aduce que, con motivo de lo anterior, desarrolló un proceso de ansiedad, depresión y crisis nerviosa, por lo que solicitó hablar con la psicóloga de la escuela para platicar con ella, quien se negó a recibirla, reflejando con ello la presión ejercida en los jóvenes por parte de dicha institución. En ese contexto, lo señalado en el capítulo atinente a los actos reclamados, y lo manifestado en el capítulo de antecedentes del su escrito de demanda y en los conceptos de violación, crea en la suscrita incertidumbre jurídica respecto al acto que pretende reclamar la promovente en esta vía. En efecto, por lo que respecta a las autoridades identificadas con los números 4, 5 y 6, no se advierte con claridad si lo que reclama es: la calificación reprobatoria en la materia de Física II, y como consecuencia su posible baja de la institución escolar, o bien, la falta de intervención para la revisión y aplicación del examen correspondiente con la finalidad de estar en posibilidad de aprobar la materia; o en su caso, los actos de violencia escolar de los cuales refiere ser objeto. Por otra parte, por lo que respecta al diverso acto reclamado que hace consistir en la omisión de dar seguimiento y verificación de que la impartición de educación en la institución educativa donde estudia se encuentre libre de violencia escolar, acorde a las necesidades actuales de los jóvenes estudiantes, la quejosa es omisa en precisar si solicitó dicho seguimiento y verificación a las autoridades responsables que enumeró con los arábigos 1, 2 y 3, de su capítulo de autoridades responsables. En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción IV y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que se encuentre legalmente notificada del presente proveído, exhiba un escrito aclaratorio al que deberá anexar copias del mismo para todas las partes, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, por tratarse de un requisito personalísimo lo siguiente: PRIMERO. Deberá precisar cuál es el acto o actos que pretende combatir en esta vía, que atribuye a las autoridades que enumera con los arábigos 4, 5 y 6, del capítulo correspondiente de su demanda, es decir, si lo que les reclama es: la calificación reprobatoria en la materia de Física II, y como consecuencia su posible baja de la institución escolar, o bien, la falta de intervención para la revisión y aplicación del examen correspondiente con la finalidad de estar en posibilidad de aprobar la materia; o en su caso, los actos de violencia escolar de los cuales refiere ser objeto. SEGUNDO. En relación al diverso acto reclamado que hace valer como la omisión de dar seguimiento y verificación de que la impartición de educación en la institución donde estudia se encuentre libre de violencia escolar, especifique si solicitó dicho seguimiento y verificación a las autoridades responsables que enumeró con los arábigos 1, 2 y 3, de su capítulo de autoridades responsables, y de ser así, si lo hizo de forma verbal o escrita, qué respuesta recayó a su petición, cuándo le notificaron dicha contestación y de qué forma, es decir, verbal o escrita. APERCIBIMIENTO. Todo lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir cabalmente con lo ordenado, en el acto de la notificación o en el plazo de cinco días, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. AUTORIZADA. Se tiene como autorizada en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, quien tiene debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con el número de registro ******************** y con las restricciones que señala dicho artículo a ******************** y ********************, por así haberlo solicitado la parte quejosa. ********************. En atención a la solicitud de la parte quejosa, se autoriza la consulta del presente expediente electrónico y la realización de las notificaciones personales vía electrónica, atendiendo a que proporciona como usuario para acceder al expediente electrónico el identificado como "********************", por lo que se instruye al Oficial Judicial "A", para que realice el registro correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, del usuario antes referido a fin de que la promovente esté en aptitud de acceder al expediente electrónico, y ser notificada por esa vía; de igual forma, atendiendo a lo antes referido se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción para que realicen las habilitaciones correspondientes para que la parte quejosa esté en condiciones de notificarse de los presentes autos electrónicamente, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona a las personas secretarias, así como a las y los oficiales judiciales correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a las personas actuarias judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo y el punto Cuarto, artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. DEPURACIÓN Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese vía electrónica a la promovente de amparo.

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