Lluvia Anahis Peña Martinez
Expediente 287/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 287/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Ciudad
- Lluvia Anahis Peña Martinez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º., se declara que dicho acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y acorde al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenara la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
SE NOTIFICA A LA QUEJOSA LLUVIA ANAHIS PEÑA MARTÍNEZ, EN EJERCICIO CUSTODIA Y PATRIA POTESTAD DE SU MENOR HIJA CON INICIALES K.P.P., EL ACUERDO DE VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS QUE DICE:Visto el escrito de demanda presentado por Lluvia Anahis Peña Martínez, en ejercicio custodia y patria potestad de su menor hija con iniciales K.P.P., contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad; fórmese expediente con el número 287/2022-2, y respecto del escrito de demanda se provee: Es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y contenido: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación.". Del escrito inicial de demanda, se advierte que el quejoso de manera esencial reclama el auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós, que niega la admisión a trámite el recurso de apelación interpuesto por la actora ahora quejosa, en contra del diverso acuerdo de seis del mismo mes y año, donde el juez responsable tuvo por admitido un incidente de reducción de pensión alimenticia promovido por el demandado Sergio Antonio Plascencia Rivera, asimismo, le admite las pruebas ofrecidas respecto de dicho incidente, en los autos del expediente número 273/2022. Ahora bien, de los antecedentes del acto reclamado que se proporcionan bajo protesta de decir verdad, se desprende que la promovente de amparo, resulta ser la parte actora en los autos del juicio de origen, asimismo, que dicho juicio se encuentra en trámite. En tal virtud, se estima que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior:. a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;. c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento..". El precepto transcrito establece la causa de improcedencia derivada de la falta de acatamiento al principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Así, el proceso de garantías es un medio extraordinario, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes, de tal suerte que la jurisdiccional ordinaria debe de agotarse previamente. En consecuencia, si la quejosa de mérito resulta ser la parte actora, es evidente, que antes de acudir a la vía constitucional debe agotar el recurso ordinario que proceda en contra de la determinación de no admisión del recurso de apelación interpuesto, tal y como lo establecen los artículos 369 y 376 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, que establece lo siguiente: Artículo 369. Las resoluciones judiciales no se entenderán consentidas, sino cuando notificados expresamente consientan y así lo haga constar el notificador, quien recabará la firma respectiva de la parte, o cuando se deje pasar el plazo señalado para interponer el recurso. Para impugnar las resoluciones judiciales se conceden los siguientes recursos: I. Revocación; II. Apelación, y III. Queja.". "Artículo 376. Las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dicte. Los autos que no sean apelables y los proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o por el que lo sustituya en el conocimiento del asunto, salvo que este Código expresamente disponga que no sean recurribles.". En ese orden de ideas, la demanda de amparo es de notoria improcedencia, toda vez que previamente al ejercicio de la acción constitucional, la parte impetrante de garantías debió o debe agotar el medio de defensa legal antes citado, que lo es el recurso de revocación ante el propio juez responsable, el cual puede tener por efecto nulificar o modificar el acuerdo de no admisión del recurso de apelación interpuesto en contra del auto que admitió a trámite el incidente de reducción de pensión promovido por la parte demandada. Se cita al respecto por analogía la tesis visible en la página número 307, del tomo XIII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y cuatro del Semanario Judicial de la Federación que son del tenor siguiente: "DEMANDA DE GARANTIAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo.". De igual manera tesis visible en la página número 259, del tomo III, Segunda Parte-1, del mes de enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación que refieren: "DEMANDA DE GARANTIAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Si el acto reclamado se hizo consistir en el acuerdo pronunciado por el juez señalado como autoridad responsable, mediante el cual no admitió el recurso de apelación interpuesto, es incuestionable que el quejoso antes de promover su demanda de amparo, debió hacer valer el medio ordinario de defensa que al efecto establece la Ley Procesal de la materia, conforme lo establece el artículo 73 fracción XIII de la Ley de Amparo, pues contra aquel acuerdo que negó la admisión del recurso de apelación, procedía el de queja, previsto en el artículo 723 fracción III del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y procede desde luego, su desechamiento de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 146 del mismo ordenamiento legal.". Sin que en el caso el acto reclamado se encuentre en alguna de las excepciones que establece la cita fracción XVIII, del artículo 61 de la ley de la materia. Por tanto, no estando en el caso ante actos que tengan el carácter de definitivos para los efectos del juicio de amparo, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos de los preceptos 61 fracción XVIII y 113, ambos de la Ley reglamentaria del juicio de garantías, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Lluvia Anahis Peña Martínez, en ejercicio custodia y patria potestad de su menor hija con iniciales K.P.P.. Sin que pase inadvertido, que en la especie también se actualizaría de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; ello es así, porque el acto reclamado, consistente en el citado acuerdo de no admisión del recurso de apelación interpuesto en contra del auto que admite a trámite el incidente de reducción de pensión, no es de aquellos dictados dentro de juicio, que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación. En efecto, resulta incuestionable que el citado acuerdo no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en posibles violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución incidental correspondiente o la sentencia respectiva, si éste es favorable a los intereses de la parte promovente y, en caso contrario, puede reclamarlos en el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, impugnando la determinación de que se duele en su caso, como violación procesal, en términos de los artículos 172, fracción XII y 174 de la Ley de Amparo, que disponen: "ARTICULO 172.- En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando:. XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo.". "ARTICULO 174.- En la demanda de amparo principal y en su caso, en la adhesiva el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron; las que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, precisará la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo.". Por tanto, queda de manifiesto que las violaciones procesales en comento, dada su naturaleza, no son en modo alguno irreparables, cuando es precisamente la irreparabilidad, el único supuesto en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, mismo que textualmente dispone: "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicios cuyos efectos sean que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..". En este sentido, cabe establecer que excepcionalmente, los actos que se realicen en juicio pueden reclamarse mediante el juicio de amparo indirecto, tal como lo prevé el artículo 107, fracción III, inciso b) y c) de la Constitución Federal, y en el artículo 107 fracciones V y VI de la Ley de Amparo; siempre y cuando se trate de actos dentro de juicio, que tengan una ejecución de imposible reparación en la persona o cosas de la quejosa o que afecten a personas extrañas a juicio, lo cual no aconteció en el presente juicio, toda vez que el referido acto, dada su naturaleza, no es de los que deban considerarse de imposible reparación o que le causen un perjuicio directo a la accionante de amparo, ya que el mismo únicamente afecta derechos adjetivos del quejoso, el cual produce efectos procesales, que pueden ser subsanados en caso de que se dicte una resolución favorable a sus intereses; ni tampoco se trata de una persona extraña al juicio, ya que tiene el carácter de actora; hecho por el cual resulta, como ya se dijo, que el presente juicio de amparo sea improcedente. Por similitud jurídica, tiene aplicación, la tesis número 244, visible en la página 164, Tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice de 1995, Octava Época, cuyo texto dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". Ahora bien, se insiste, acorde con los antecedentes narrados en la demanda de garantías, todavía se encuentra en trámite el incidente y expediente de origen (desahogo de pruebas), es inconcuso que dicho acto no reúne las características exigidas por el artículo 170, segundo párrafo de la Ley de Amparo, para ser considerada como sentencia definitiva, ni como resolución que pone fin al juicio. En relatadas condiciones, resulta claro, que el citado acuerdo que no admite a trámite el recurso de apelación no es un acto que se encuentre dentro de las hipótesis previstas en el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, toda vez que no causa perjuicio directo a los intereses de la parte quejosa, ya que al haberse verificado dentro de juicio, no le depara perjuicio alguno, lo cual se podría determinar en todo caso hasta en tanto la autoridad responsable emita la resolución incidental o sentencia correspondiente y se establezcan las afectaciones directas que los mismos causen a la parte impetrante, por ende, en el supuesto de que dicho acto le cause algún perjuicio, los deberá impugnar a través del juicio de amparo directo. Con apoyo en el artículo 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley actual de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Gabriel Leyva número 169-1 Altos Norte, colonia Centro, de esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Roberto Galaviz Sarmiento y Jesús Leonardo Lizárraga Rábago y, únicamente para imponerse de autos a Mizel Nataly Fontes Aguilar, Selmy Loami Apodaca Sánchez y Zayra Trinidad Heredia Guzmán, en razón de que no tienen registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito.
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