Livier Guadalupe Maldonado Maldonado

Expediente 684/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
684/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
26/12/2022

Partes del expediente

  • Livier Guadalupe Maldonado Maldonado

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio con anexos de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto número de orden 555/2022 y número de origen E-345/2022, remitido por este Juzgado de Distrito a fin de notificar personalmente a la parte quejosa *********************, el proveído de nueve de noviembre del año en curso, lo que aconteció mediante lista de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós; agréguese a los autos. Por otro lado, del estado procesal que guardan los autos, se observa que la parte quejosa *********************, no dio cumplimiento a lo requerido en acuerdo del pasado nueve de noviembre; es decir, no señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; en ese sentido, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, por tanto, las notificaciones subsecuentes se les realizarán, por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado de Distrito, aún las de carácter personal, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los autos de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de nueve de noviembre de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo promovida por Livier Guadalupe Maldonado Maldonado; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la ley de la materia se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por proveído de nueve de noviembre de dos mil veintidós, el presente juicio de amparo se desechó; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. De la misma manera, con apoyo en el mencionado numeral 21, inciso a), penúltimo párrafo de dicho acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de la orden de archivo del expediente, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, procederá a destruir este cuaderno principal, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no encuadra en aquéllos expedientes donde se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni los generados por los Plenos de Circuito, ni versa sobre materia agraria, ni se trata de un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto el oficio 28337/2022 de cuenta, firmado por el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, al que acompaña los autos del juicio de amparo 1003/2022 de su índice, promovido por ********************, contra actos de la Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada (DGSANEF) y otras autoridades. Fórmese expediente tanto físico como electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 684/2022-4A. Con apoyo en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional acepta la competencia planteada, teniendo en consideración que el acto reclamado requiere de ejecución material dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito; hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad oficiante para los efectos legales conducentes. Acúsese recibo. Ahora, en principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: ''DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.''. De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: ''Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.''. Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por ''manifiesto'' debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por ''indudable'', aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: "A.-DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA EDUCATIVA FEDERALIZADA (DGSANEF), PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LA NÓMINA EDUCATIVA FEDE4ALIZA, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, DE LA SECTARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. B.-DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PRESUPUESTO Y PAGOS, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA EDUCATIVA FEDERALIZA, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, DE LA SECTARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. C.- SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA. D. DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA. E.-SUBDIRECTOR DE PERSONAL DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA. F.-COORDINADOR DE SISTEMAS E INFORMÁTICA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA. G.- DIRECCIÓN DE SISTEMAS E INFORMÁTICA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA. H. -DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA. I.-SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA. J.-DEPARTAMENTO DE PAGOS DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA. K.-DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA. L.- UNIDAD DE REGISTRO, CONTROL Y TRÁMITE DE LOS SERVICIOS DE RECURSOS EDUCACIÓN DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA. M.- UNIDAD DE RELACIONES LABORALES DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA. Ñ.- UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN AL PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE DUCACIÓN DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA. O.-GRUPO TECNOLOGICO NOMI PAY S.A. DE C.V.". Ahora, del análisis integral de la demanda se advierte que, en esencia, reclama lo siguiente: ( Las retenciones o descuentos a su sueldo o pago como maestra activa, así como su ejecución. Luego, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 1 fracción I y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo, toda vez que esta vía constitucional procede solamente en contra de ''actos de autoridad'', concepto éste que, contrario a la percepción de la parte impetrante, no recae en las entidades a quienes se atribuyen los actos. Las citadas disposiciones son del tenor literal siguiente: ''Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; . Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.''. De lo anterior se advierte que el juicio constitucional es procedente contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, que se entiende por ''autoridad responsable'' a aquella que, con independencia de su naturaleza formal, tiene la potestad de dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto a través del cual crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realzarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Esto es, no basta que en la demanda se designe como ''autoridad'' responsable a un particular, para que por ese motivo se estime procedente la acción constitucional. Incluso, ese último artículo transcrito también prevé una modalidad, consistente en que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Lo que es congruente con la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo como medio de control de la Constitución, a la que las autoridades deben sujetar su actuación porque si bien los actos de los particulares pueden ser sometidos a través de ese medio al escrutinio del marco fundamental, tal posibilidad encuentra su razón de ser en que, finalmente, el particular al que se considere autoridad, habría actuado por sometimiento del Estado, a partir de la norma general respectiva que determinara las funciones a las que debía sujetar su actuación. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que las características que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: ''AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.''.(2a./J. 164/2011, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). En adición, entre los particulares y el Estado, o alguno de sus órganos, se pueden establecer dos tipos de relaciones jurídicas, a saber: a) Las de supra a subordinación. b) Las de coordinación. Las primeras, surgen entre un particular y el Estado o alguno de sus órganos, y tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad con que actúa el ente público; se trata de actos unilaterales, porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos, en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado; y son coercitivos dado que, si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública, sin la necesidad de acudir ante los tribunales jurisdiccionales y al margen del consenso de la voluntad del afectado. Es decir, derivan de facultades de decisión reconocidas en la ley, por lo cual emanan del ejercicio de una potestad administrativa que es irrenunciable, que se traduce en auténticos actos de autoridad, al ser de naturaleza pública la causa de ese imperio; así que, al realizar tales actos el Estado o alguno de sus órganos lo hacen en ejercicio de su poder imperativo, a través de actos que de manera unilateral modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. Por su parte, las segundas (de coordinación(, son los vínculos que entablan por una diversidad de causas, una persona física o moral y el Estado o alguno de sus órganos, que se caracterizan por tratarse de actos que se despliegan en un plano de igualdad, de tal manera que el órgano público, al intervenir en tales actos, se despoja de su imperio y actúa en su faceta de derecho privado, tal y como lo hace un particular, lo que destaca la bilateralidad en el funcionamiento de esas relaciones; de ahí que cualquier controversia que se suscite en esos términos debe ser resuelta por los tribunales jurisdiccionales establecidos legalmente, dado que las actuaciones del ente público no pueden considerarse como actos de autoridad. En el caso, el análisis íntegro de la demanda y anexos, evidencia que el reclamo se relaciona con los descuentos del salario que percibe la quejosa como trabajadora, en su calidad de maestra activa, para pagos en favor de TOTAL CREDIT SAPI S.A. de C.V., y CONSUPAGO, que atribuye a las responsables, Dirección General del Sistema De Administración de la Nómina Educativa Federalizada (Dgsanef), perteneciente a la Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada, de la Secretaria De Educación Pública, Dirección General Adjunta de Presupuesto y Pagos, perteneciente a la Dirección General Del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federaliza, de la Secretaria de Educación Pública, Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, Director General de Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, Subdirector de Personal de Servicios de Educación Descentralizada del Estado De Sinaloa, Coordinador de Sistemas e Informática de los Servicios de Educación Descentralizada del Estado de Sinaloa, Dirección de Sistemas e Informática de los Servicios de Educación Descentralizada del Estado de Sinaloa, Director de Servicios Administrativos de los Servicios de Educación Descentralizada del Estado de Sinaloa, Subdirección de Sistemas de Informática de los Servicios de Educación Descentralizada del Estado de Sinaloa, Departamento de Pagos de los Servicios de Educación Descentralizada del Estado de Sinaloa, Departamento de Recursos Financieros de los Servicios de Educación Descentralizada del Estado de Sinaloa, Unidad de Registro, Control y Trámite de los Servicios de Educación Descentralizada del Estado de Sinaloa, Unidad de Relaciones Laborales de los Servicios de Educación Descentralizada del Estado de Sinaloa, Unidad de Administración al Personal de Los Servicios de Educación Descentralizada del Estado De Sinaloa, y Grupo Tecnológico Nomi Pay S.A. de C.V. Ahora, de las manifestaciones hechas por el firmante de la demanda de amparo, las que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que esos descuentos provienen de créditos celebrados entre ésta y las empresas denominadas TOTAL CREDIT SAPI S.A. de C.V., y CONSUPAGO, esto es, se trata de préstamos, que derivan de contratos de crédito celebrados entre particulares. Lo dicho con antelación se robustece, al señalarse en el tercer concepto de violación de la demanda de amparo lo siguiente: ''.se puede apreciar que dichos descuentos no tienen origen en la ley'', sino que derivan de contratos de crédito celebrados entre particulares, en los cuales la quejosa expresó su voluntad (a través de un mandato), en cuanto a que el ente público realizara las deducciones correspondientes. Empero, dicha manifestación de voluntad es contraria al artículo 123, Apartado 13, fracción VI, en relación con el diverso 116, fracción VI, ambos del texto fundamental (que prohíbe las retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario, en los casos no previstos en las leyes). Es de esa forma, pues los descuentos que sí se encuentran autorizados en la Ley Federal del Trabajo, acorde al artículo 110 de dicha legislación, son:.(se trascribe)...''. En efecto, de lo antes narrado se evidencia que los descuentos reclamados, tienen como origen diversos préstamos personales solicitados por la solicitante de amparo, con cargo a su nómina. Por tanto, las autoridades dependientes de la Secretaría de Servicios de Educación Descentralizada del Estado de Sinaloa, no actúan como autoridades para efectos del juicio de amparo y, en consecuencia, los descuentos reclamados no son impugnables a través de la vía constitucional, sino que se está en presencia de reclamos que tienen relación con el vínculo laboral que existe entre el aquí solicitante de amparo como trabajador en activo, con la calidad de maestra activa y la señaladas como responsables, en particular SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA, en su carácter de patrón, particularmente los descuentos y/o deducciones que se aplican a su pago como empleada. Por lo que, si los entes que fueron señalados como autoridades responsables sólo actúan en funciones de patrón, por petición expresa del firmante de la demanda de amparo, entonces, se encuentra en un plano de igualdad con éstas, sin la posibilidad de actuar con imperio; de ahí que sus actos en todo caso pueden cuestionarse ante las autoridades comunes de la materia, en términos de lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, que establece: ''Artículo 113. Corresponde al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje el conocimiento y resolución de los conflictos que se susciten entre las entidades públicas y sus trabajadores o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente vinculados con ellas.''. Con lo anterior se demuestra que, en la referida relación laboral, el Gobierno del Estado de Sinaloa no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino como si fuera patrón, es decir desde un plano de igualdad con el quejoso. Ello es así, porque una nota distintiva de las relaciones de coordinación, en la cual las partes actúan en un plano de igualdad y deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J.10/90, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 92, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 1990, Octava Época, con el rubro y texto siguientes: ''TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. Entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS." y la tesis de la Segunda Sala (Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.", subyace una contradicción trascendente sobre la naturaleza jurídica del cese de un empleado de confianza al servicio del Estado, pues mientras la Segunda Sala sostiene que el cese constituye un acto de autoridad contra el cual procede el juicio de amparo, la Cuarta Sala niega que sea acto de autoridad y sostiene que es un acto que termina una relación equiparable a la laboral, lo que impide acudir al amparo en su contra. La contradicción debe resolverse en favor de este último criterio en virtud de que, en el apartado B, del artículo 123 constitucional, donde se sientan las bases que rigen las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, por una parte, y sus trabajadores, por la otra, se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes a los establecidos en el apartado A para los obreros en general. En particular destacan las disposiciones contenidas en las fracciones IX y XII de dicho apartado B, pormenorizadas por los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de las que se infiere que la relación entre el Estado y sus servidores se equipara a una relación laboral. Las disposiciones mencionadas colocan al Estado en una posición jurídica similar a la de un patrón, puesto que se instituye un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, instancia ante la cual, por determinadas causales de baja, tiene que acudir el titular de la dependencia de la administración a demandar el cese; resulta también significativo observar que los servidores cesados por otras causas tienen el derecho de reclamar ante el mencionado tribunal lo injustificado de la separación y optar por la acción de reinstalación o por la de indemnización, circunstancia que demuestra que en dicha relación el Estado no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino como si fuera patrón. Cabe señalar que de esta equiparación se encuentran excluidos los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior que, de conformidad con la fracción XIII del aludido apartado, se rigen por sus propias leyes, sin que dicha exclusión alcance a los empleados de confianza, cuya relación, como la de la generalidad de los trabajadores al servicio del Estado, es análoga a la laboral, con independencia de los derechos que como servidores públicos les otorgue la Constitución.''. De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.9/90, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 91, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 1990, Octava Época, con el rubro y texto siguientes: ''TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE SU CESE. La contradicción entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS." y la tesis de la Segunda Sala ( Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.", debe resolverse en favor de la primera, fundamentalmente, porque la fracción XII del apartado B del artículo 123 constitucional, erige al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como órgano competente para dirimir todas las controversias que se susciten entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Departamento del Distrito Federal, por una parte, y sus servidores por otra. De conformidad con la fracción XIII se exceptúan de esta regla general los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior, que se rigen por sus propias leyes y, de acuerdo con el último párrafo de la fracción XII, se exceptúan también los servidores del Poder Judicial Federal, cuyos conflictos son resueltos por este Alto Tribunal. No estando comprendidos los servidores de confianza en ninguna de estas excepciones, deben considerarse regidos por la norma general, sin que sea obstáculo para esta conclusión que dichos trabajadores carezcan de acción para demandar su reinstalación, pues una cosa es la competencia del aludido órgano jurisdiccional y otra los derechos que el apartado B les otorga. En efecto, los trabajadores de confianza al servicio del Estado, de conformidad con la fracción XIV, sólo tienen derecho a las medidas protectoras del salario y a los beneficios de la seguridad social, pero no gozan de los otros derechos que tienen los trabajadores de base como el de la inamovilidad en el empleo. De ahí que puede suceder que en caso de inconformidad del empleado de confianza con el cese, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se declare competente, aunque resulte desestimada su demanda porque carezca de acción. Por tales razones y porque el cese de esta clase de servidores no es un acto de autoridad, toda vez que la relación que los une con el Estado se equipara a la laboral, la vía impugnativa no es el amparo, sino el juicio ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Esta opinión se confirma porque resultaría incongruente sostener que cuando se reclaman derechos salariales o de seguridad social de los trabajadores de confianza, sea competente este órgano jurisdiccional por considerarse laboral la relación y al Estado como patrón, pero cuando dichos trabajadores se inconformaran con el cese, dicha relación perdiera su carácter laboral y el cese se convirtiera en un acto de autoridad, por lo que tuviera que impugnarse en la vía de amparo.''. En resumen, la relación jurídica surgida entre el solicitante de amparo y las dependencias públicas que efectúan los descuentos no corresponde al ámbito de supra subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación, de ahí que no sea dable analizar los actos que se reclaman, en la vía constitucional impugnados. Es orientadora a lo antes dicho, también, la jurisprudencia III.4º.T.J/3(10ª), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible a páginas 1639, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, correspondiente al mes de marzo de 2016, Tomo II, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: ''AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo.''. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1º y 5º, todos de la Ley de Amparo, la demanda de amparo que ocupa es improcedente, porque la autoridad y el acto reclamado no están revestidos de imperio, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, se desecha de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Lo anterior es así, pues de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Es aplicable, la Jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: ''DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.''. Además, la particular circunstancia de que se deseche la presente demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda) a la cual debe darse el tramite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia puesto que el Acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Encuentra sustento lo anterior, en la tesis identificada con el número CCLXXV/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 525, publicada en el Semanario de la Federación y su gaceta Libro, XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, de la Décima Época, de registro 2002286, que a la letra: ''DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano.''. Igualmente, con esta determinación no se contravienen los artículos 1o. y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo anterior la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinticuatro de octubre del dos mil doce, pendiente de publicarse que dice: ''DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.''. Similar criterio sostenido por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, en el amparo en revisión laboral 129/2021, correspondiente a la sesión de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, mismo que resulta orientador en virtud de la materia y acto analizado, al ser el solicitante de amparo un trabajador en activo. En mismo sentido sostuvo también el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, al resolver el amparo en revisión 385/2019 (cuaderno auxiliar 366/2020). Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Hugo Quintero Ortega y únicamente para que oigan, reciban notificaciones y se imponga de autos, a Juan Luis Astengo Urtusuastegui, Valeria Guadalupe Lizárraga Aguilar y Gabriela López Placencia en razón de que no tienen registrada su autorización para ejercer la abogacía en el sistema computarizado para el registro único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito. Ahora bien, en virtud de que la quejosa Livier Guadalupe Maldonado Maldonado, tiene autorizado como domicilio para oír y recibir notificaciones uno distinto a la jurisdicción de este Juzgado; con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la codificación de la materia, gírese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, en turno, con sede en Culiacán, para que tenga a bien girar las instrucciones pertinentes a quien corresponda, para que se notifique este proveído y emplace al presente juicio al quejoso de mérito, en el domicilio ubicado en calle Mariano Escobedo número 361 oriente, colonia Centro, planta alta de esa ciudad; asimismo, lo requiera para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de este Juzgado, apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las personales, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley. Ahora, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.

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