Lluvia Albertina Angulo Ochoa
Expediente 875/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 875/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 31/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Lluvia Albertina Angulo Ochoa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Se interpone recurso de revisión. Agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado por el autorizado legal de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión, en contra de la sentencia emitida en el presente juicio; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo dicho medio de impugnación. Distribúyase entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios respectivos, en su oportunidad, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite correspondiente del medio de impugnación interpuesto, acompañándole el original y copia del escrito de expresión de agravios. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de este, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese personalmente a la representación social de esta adscripción, mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a la parte quejosa,. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Integración de oficio. Agréguese a los autos el oficio que remite el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante el cual envía el oficio firmado por la Coordinadora Ejecutiva del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora, al efecto se provee: Sin mayor determinación. Agréguese a los autos sin mayor determinación el oficio remitido por la autoridad responsable en cita, toda vez que el doce del presente mes y año, se dictó resolución constitucional en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3437/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del doce de agosto de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informe con justificación rendidos por dos de las responsables. El juez acuerda: Se tiene por hecha la certificación que antecede. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con las documentales que exhibió la parte quejosa, las cuales obran agregadas al presente sumario. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las citadas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: ténganse por perdido el derecho para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 875/2022; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el treinta de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, remitido por razón de turno a este órgano jurisdiccional, el día siguiente hábil, Lluvia Albertina Angulo Ochoa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama del Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Mediante proveído de cinco de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Continuando con el procedimiento, se celebró la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en términos del acta que antecede, misma que concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución General; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto de autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. Precisión del acto reclamado Del estudio integral del expediente y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados consisten: ? La orden, expedición, firma, refrendo, publicación y aplicación del artículo décimo primero transitorio del Decreto que crea el Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora, publicado el nueve de junio de dos mil veintidós en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. Existencia del acto reclamado Son ciertos los actos reclamados al gobernador y al secretario, ambos del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. Por su parte, el Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora, representado por su Junta Directiva, así como la Coordinación Ejecutiva de dicho instituto, omitieron rendir su informe justificado, a pesar de haber sido notificados para tales efectos, por lo que de conformidad con el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos de aplicación que se les reclaman. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, la existencia de las disposiciones legales reclamadas es un hecho notorio que no está sujeto a prueba, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por encontrarse publicadas en el órgano de información local, desprendiéndose la participación de las autoridades en el proceso de creación de la norma. Lo expuesto encuentra apoyo en la tesis 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Igualmente, sirve de apoyo la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Causa de improcedencia actualizada El estudio de las causas de improcedencia es preferente y de oficio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso sobreviene la causa de inejercitibilidad prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos numerales 5°, fracción I, y 6°, todos de la Ley de Amparo, y con el artículo 107, fracción I, constitucional, interpretados a contrario sensu, toda vez que la parte quejosa no probó el acto de aplicación que le cause perjuicio. En efecto, los artículos que actualizan la causa de improcedencia son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo o individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." De los preceptos transcritos se desprende como improcedencia del juicio de amparo la falta de interés jurídico de la parte agraviada; y, de los mismos se desprenden también los supuestos que debe tener la parte afectada para acudir al juicio de amparo. El artículo 107, fracción I, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El artículo 107, fracción I, párrafo segundo, de la propia Constitución Política señala que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En ese orden de ideas, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: 1. Ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o 2. En caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. En tanto que el artículo 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución precisa que para combatir actos de tribunales se debe acreditar siempre un interés jurídico. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos de la fracción I del artículo 5 de la propia ley. En ese contexto, se debe precisar lo siguiente: Interés jurídico. El interés jurídico constituye un presupuesto de la acción constitucional de amparo, que de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, debe entenderse como la mera afectación a la esfera jurídica del gobernado. En ese caso, para que proceda el amparo y la protección de la justicia federal, debe existir un agravio personal, directo y objetivo, es decir, el daño o perjuicio que infiere una autoridad a cualquier gobernado violando en su perjuicio derechos humanos, bien mediante un hecho positivo o una abstención. Entendiendo por: Daño o perjuicio: La existencia de una violación a derechos humanos de una persona al verse mermados, disminuidos o restringidos por una ley o acto de autoridad. Agravio personal: El sujeto que intente la acción de amparo debe ser precisamente el titular de los derechos subjetivos públicos. Agravio directo: Implica el quebranto de esos derechos directamente a su titular. Agravio objetivo: Por medio del análisis que realice la autoridad de amparo, se encuentre que efectivamente se han violado los derechos humanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. Registro: 170500, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Enero de 2008. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 168/2007. Página: 225, de contenido siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente susbienes jurídicamente amparados." Interés legítimo. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo, tienen un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparada. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. Las características que permiten identificarlo, son: a) Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante. b) Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. c) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular. El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho. d) Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante. e) La anulación del acto de autoridad produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Consecuentemente, la procedencia de la acción de amparo continúa siendo limitada, pues de acuerdo con las premisas que se han señalado, la inclusión del interés legítimo, como presupuesto de procedencia, no implica que cualquier persona, sin más, pueda accionar este medio de control constitucional, pues no basta el simple interés económico, ni aún el interés general de legalidad de los actos de la administración pública, sino que es necesario que se satisfagan los supuestos que demuestren la existencia de interés jurídico, o bien, legítimo y, fundamentalmente, que dichos intereses se vean afectados por el acto de autoridad, o en su caso la omisión, sin que baste la sola existencia del acto autoritario para que prospere el juicio de amparo. En síntesis, el interés legítimo se traduce en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, lo que implica que se hayan ampliado las posibilidades para acudir al juicio de amparo, pues han quedado proscritas exigencias tales como la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho subjetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. Por su parte, el interés simple o jurídicamente irrelevante, es aquel que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado. Por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. Por consiguiente, en torno al interés jurídico de las partes promoventes de amparo el órgano de control constitucional del conocimiento debe examinar, en cada caso, la naturaleza de los actos reclamados y la afectación que la agraviada aduzca que se genera en su esfera jurídica, ya sea como titular de un derecho o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; identificando de esa manera si le es exigible el acreditamiento del "interés jurídico" o simplemente demostrar un "interés legítimo". Ahora bien, en relación con el interés jurídico y legítimo, debe destacarse que en amparo contra normas generales, es necesario identificar el momento en el que se causa afectación y la causa, es decir, el momento en el que se incide en la esfera jurídica del gobernado y el motivo y, para ello, se debe recurrir al concepto de individualización condicionada e incondicionada, para efectos de dilucidar si se está en presencia de una norma de naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa. En este sentido, la condición se entiende como el acto por el cual los supuestos de la ley son desplegados en la realidad, es decir, si la norma requiere para su observancia de un acto de autoridad en virtud del cual se individualice la hipótesis jurídica contenida en ella, o bien, si se puede prescindir del mismo para impugnarla, porque el quejoso está obligado a su cumplimiento sin que la autoridad deba coaccionarlo. Así, las normas autoaplicativas, son aquellas que afectan la esfera de derechos del gobernado, con su sola entrada en vigor, ya que en ellas se contemplan supuestos cuya actualización, depende de una actuación del justiciable, es decir, la obligación contenida en la norma cobra aplicación porque la persona realiza un actuar que le da vida jurídica, sin necesidad de que exista un acto por parte de un agente externo al propio quejoso. De ahí que se diga que es una norma de individualización incondicionada, porque la existencia de la obligación no está supeditada a la emisión de un acto de autoridad en contra del quejoso. En tanto que las normas heteroaplicativas, a diferencia de las anteriores, cobran vida jurídica cuando existe un acto que impacta la esfera de derechos del quejoso, es decir, su actualización depende de que exista un acto emitido por una autoridad dirigido al justiciable. Por ello, se dice que son de individualización condicionada, pues la afectación que pueda sufrir el quejoso, está sujeta a la existencia de un acto de autoridad, que le dé vida jurídica y, por ende, el interés para impugnar esa norma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 55/97, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Tomo VI, Julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro de localización 198200, de rubro y contenido siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Corolario de lo expuesto, para diferenciar una norma autoaplicativa de otra heteroaplicativa se debe atender fundamentalmente, a que en la primera basta que el gobernado se sitúe en la hipótesis normativa para que con su sola entrada en vigor se afecte su esfera jurídica (por sujetarlo a alguna conducta de hacer o no hacer, sin necesidad del surtimiento de cierta condición o de la realización de algún acto), en tanto que, en la segunda se requiere, necesariamente, de algún acto concreto de aplicación como condición para actualizar el supuesto normativo; y, en tratándose de leyes, el acto debe fundamentarse en el precepto que causa la afectación, lo cual constituirá el acto de aplicación. En ese tenor, entre otras condicionantes, en lo que aquí interesa, para la procedencia del amparo indirecto contra normas generales que se reclaman con motivo del primer acto de aplicación, debe encontrarse demostrada la existencia de dicho acto, es decir, que la afectación resentida por el justiciable se derive de un acto concreto de aplicación fundado en la norma que se señale como inconstitucional, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, puesto que constituye un requisito indispensable de procedencia para la impugnación de la norma. Al respecto, es aplicable la tesis publicada en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación, volumen 199-204, primera parte, instancia Pleno, séptima época: "LEY, AMPARO CONTRA. CUANDO SE RECLAMA CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN, ESTE DEBE PROBARSE. De lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, se infiere que cuando se reclama una ley, autoaplicativa o heteroaplicativa, con motivo de un acto de aplicación, éste debe acreditarse, para probar la vinculación del acto con la ley cuya inconstitucionalidad se reclama." En el caso, en el escrito inicial de demanda la solicitante de amparo reclama de las autoridades responsables gobernador y secretario de Gobierno, ambos del Estado de Sonora, Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora, por conducto de la Junta Directiva, y el coordinador de dicho instituto, todos con sede en esta ciudad, la expedición, promulgación, refrendo, publicación y aplicación del artículo décimo primero del Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, el nueve de junio de dos mil veintidós. El numeral impugnado establece: "Artículo décimo primero. En atención a lo dispuesto en los artículos 11, fracción I, 71 y 102, fracciones XII y XIII, de la Ley de Transporte para el Estado de Sonora, los concesionarios deberán tramitar ante el Instituto, como nuevo ente regulador, la reexpedición de su título de concesión, para lo cual contarán con un plazo de transición hasta el 31 de diciembre de 2022; lo anterior, para estar en condiciones de actualizar el Registro Público de Transporte del Estado." Ahora, la quejosa acude a esta instancia constitucional argumentando que en el mencionado precepto transitorio del Decreto en cuestión, se establece una condición como lo es que los concesionarios deben tramitar ante el Instituto, como nuevo ente regulador, la reexpedición de su título de concesión, para lo cual se contará con un plazo hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, lo cual señala, que la obliga, sin fundamento legal, a ir a tramitar una reexpedición de título de concesión, lo que conlleva el riesgo de que no se le reexpida, además de que será sometida a escrutinio y trámite de validación, corriéndose el riesgo de que se le impongan nuevas condiciones de otorgamiento y que se tengan que someter a un régimen de actos que emita la autoridad. De donde se obtiene claramente que se está en presencia de una norma de carácter heteroaplicativa, puesto que para que la misma ocasione un perjuicio a la parte quejosa se requiere de un acto concreto de aplicación condicionada por parte de una autoridad administrativa, que en el caso sería el Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora. Sin que en el caso se acredite el acto de aplicación con las pruebas documentales exhibidas por la parte quejosa consistentes en: a) Copia de credencial de elector expedida a favor de la quejosa Lluvia Albertina Angulo Ochoa por el Instituto Nacional Electoral. b) Concesiones número P020011GYM y P020025GYM, expedidas a favor de la mencionada quejosa por la Dirección General de Transporte del Gobierno del Estado de Sonora. Es así, pues si bien dichas documentales cuentan con valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129, 202 y 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°., con ellas no se acredita la aplicación del precepto de ley reclamado, pues a lo sumo dichos documentos son aptos para probar que la impetrante cuenta con concesiones a su nombre expedidas por la Dirección General de Transporte del Gobierno del Estado de Sonora, desde el uno de julio de mil novecientos noventa y tres, para ser explotadas con las unidades de autotransporte que ahí se especifican y en la circuncisión referente al municipio de Guaymas, Sonora, pero que por sí solas nada demuestran en relación con el perjuicio que refiere en su escrito de demanda, esto es, que la autoridad responsable competente la haya sometido a nuevas condiciones o le haya negado la reexpedición de las concesiones de mérito, de ahí que se desestimen esas pruebas ofertadas por la quejosa. En esa virtud, la quejosa no demostró el perjuicio que refiere en su demanda de amparo le ocasiona el artículo transitorio décimo primero del Decreto publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el nueve de junio de dos mil veintidós, el cual establece la obligación de los concesionarios para tramitar ante el Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora, como nuevo ente regulador, la reexpedición de su título de concesión en un plazo de transición hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, para estar en condiciones de actualizar el Registro Público de Transporte del Estado. Lo que deja evidenciado únicamente una invitación a actualizar el Registro Público de Transporte del Estado con la citada medida de reexpedición de las concesiones, mas no lo que presupone de antemano la parte quejosa de que se le someterá a nuevas condiciones o inclusive se le denegarán los títulos de concesión con los que ya cuenta en la actualidad, lo que en su concepto, constituye el primer acto de aplicación, pues con motivo de la expedición del citado Decreto acudió a la vía de amparo; sin embargo, de lo antes expuesto queda evidenciado que en la especie no existe el acto de aplicación del precepto impugnado como inconstitucional. Resultan aplicables las siguientes jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE SOBRESEERSE POR LA LEY, SIN QUE ELLO IMPIDA AL PROMOVENTE IMPUGNARLA EN LA OPORTUNIDAD EN QUE SE APLIQUE EN SU PERJUICIO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de una disposición con motivo del primer acto de aplicación debe demostrar que lo perjudica; si éste no existe debe decretarse el sobreseimiento por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, pero el sobreseimiento en los términos indicados no le impide volver a impugnar la ley o reglamento cuando en realidad se le aplique en su perjuicio." Registro digital: 193720; Novena Época; Materias(s): Constitucional, Común; Tesis: 2a./J. 67/99; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Julio de 1999, página 104. "LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a la técnica del juicio de garantías, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada. De no ser así, la ley reclamada no causa perjuicio y el amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, ésta en concordancia con el artículo 114, fracción I, a contrario sensu, de la ley de la materia." Registro digital: 196641; Novena Época; Materias(s): Común; Tesis: 2a./J. 12/98; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Marzo de 1998, página 323. Decisión En vista de lo anterior, se concluye que la parte quejosa no cuenta con interés jurídico para promover este medio de control constitucional y en consecuencia se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 5º, fracción I, y 6º, todos de la Ley de Amparo, y con el artículo 107, fracción I Constitucional, interpretados a contrario sensu, por lo que se impone sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento. Finalmente, cabe mencionar que el sobreseimiento decretado, impide entrar al estudio del fondo del asunto, de conformidad con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, 24 Tercera Parte, página 49, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Lluvia Albertina Angulo Ochoa, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas en el capítulo III, precisados en el apartado II del presente fallo, por las razones expuestas en el apartado IV. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante el secretario de juzgado José Enrique Ayala García, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno, en representación del secretario de Gobierno, con residencia en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido. Designación de delegados y domicilio. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen por designados como delegados en este asunto, a los profesionistas a que alude en su informe; asimismo, por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Información de contacto. Finalmente, en apego al artículo 23, fracción I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se tiene a la citada responsable proporcionando para cuestiones no procesales los correos electrónicos y números telefónicos que menciona en su informe justificado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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