Lizeth Rivera Córdova

Expediente 298/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
298/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
21/05/2021

Partes del expediente

  • Lizeth Rivera Córdova

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Causa ejecutoria sentencia, se ordena archivo... Auto. Hermosillo, Sonora, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno.

  2. Principal

    CON ESTA FECHA SE TIENE POR HECHA LA NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL CONTENIDO DEL AUTO DE 21 DE MAYO DE 2021, EN EL CUAL SE DECRETO: CAUSA EJECUTORIA Y SE ORDENA ARCHIVO.............

  3. Principal

    CON ESTA FECHA SE TIENE POR HECHA A LA PARTE QUEJOSA LA NOTIFICACION DEL AUTO DE 23 DE ABRIL DE 2021, EN EL CUAL SE DECRETO: SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA..................

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, rinde informe justificado y remite constancias. Pruebas. Con apoyo en el numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, se tienen por exhibidas las copias certificadas que adjunta a su oficio la autoridad de referencia, a las cuales este juzgador les otorga plena validez probatoria, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°., de las que se deriva una causal de improcedencia. Sobreseimiento fuera de audiencia. En efecto, de las constancias remitidas por la autoridad de mérito, se advierte de manera manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. La hipótesis en trato, del numeral en mención establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]" De dicha porción normativa transcrita, se colige que el juicio de amparo es improcedente cuando en un procedimiento judicial o administrativo del que emane el acto reclamado, surja una situación jurídica nueva que provoque que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, siempre que no sea posible decidir sobre la constitucionalidad de las mismas sin afectar la situación jurídica nueva generada. Así, para que se actualice dicha causa de improcedencia, se requiere: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Se cita al respecto, el contenido de la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1996, Tomo IV, página 219, del contenido siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Precisado lo anterior, cabe señalar que de la lectura integral de la demanda el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en la omisión de la autoridad responsable de fijar fecha para la celebración de la audiencia prevista por el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral 1097/2013, del índice de la Junta de Trabajo responsable. Al respecto, el presidente de la junta responsable, al rendir el informe justificado en el oficio que se agrega, si bien manifiesta que no acepta ni niega, el reclamo constitucional, pero ante tal ambigüedad, en el particular se tiene como cierto el reclamo constitucional, dado que del contenido del propio informe y de la documental que anexa, se evidencia que ante dicha junta se encuentra registrado el expediente laboral 1097/2013 y que éste se encuentra extraviado, además, que se hicieron actuaciones de certificaciones al respecto para aperturar un incidente de reposición de autos; de ahí, que se tenga como cierto el reclamo del quejoso. En ese contexto, y en razón de que la responsable acredita que el catorce de abril del año en curso, señaló fecha para efectos de llevar a cabo el incidente de reposición de constancias del referido juicio laboral, en virtud de que el aludido expediente se encuentra extraviado, resulta incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia en comento, toda vez que al emitirse el incidente de reposición de constancias del citado juicio laboral del cual deriva el acto reclamado, se produjo un cambio de situación jurídica, cuenta habida que para ello se cumplen los requisitos que exige la actualización de la causal de improcedencia que nos ocupa. Se afirma lo anterior, pues el acto omisivo reclamado emanó de un procedimiento jurisdiccional; asimismo, con posterioridad a la presentación de la demanda la responsable pronunció una resolución que cambia la situación en la que se encuentra el quejoso en relación con el reclamo; y, respecto de dicha resolución este juzgador no puede decidir sobre la constitucional del acto, pues afectaría la nueva situación jurídica (tramitación del incidente de reposición); igualmente, es evidente que esa nueva resolución cuenta con autonomía o independencia respecto del acto que se reclamó en el juicio de garantías, pues subsiste con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Así, el cambio de situación jurídica expuesto hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones que se pudieran atribuir a la omisión de la junta laboral, consistente en no haber señalado fecha para la audiencia de ley en el juicio de origen a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que no es posible decidir sobre lo reclamado sin afectar la situación del incidente de reposición de autos del juicio de origen. Cobra aplicación por analogía, la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, número XII.1o.34 C, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Mayo de 2001, Novena Época, Registro 189784, publicada a foja 1096, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL. Cuando en un procedimiento civil ya se citó para oír sentencia y ésta no se dicta, y no existe acuerdo o razón que justifique tal omisión, eso constituye, de hecho, una situación jurídica en sentido negativo; por ende, si luego se dicta un acuerdo en que con determinados argumentos y con base en algunas disposiciones de derecho se suspende el procedimiento, lo anterior constituye una nueva situación jurídica diversa y autónoma, pues en el primer caso hay una omisión lisa y llana y en el segundo es un acto distinto que produce el mismo efecto dilatorio, pero con determinada fundamentación y motivación. Por ende, no se puede conceder el amparo para el efecto de que se dicte sentencia, pues ello vendría a trastocar la nueva situación jurídica, constituida por un acto que sí existe y que contiene su propia sustancia formal, y que podría ser constitucional o no; sin embargo, ello dependerá del estudio del mismo, que no puede ser hecho en un amparo relativo a otro acto con el que no guarda relación ni secuencia." (lo subrayado añade énfasis). En tales condiciones, ante la actualización manifiesta e indudable del consabido motivo de inejercitabilidad, procede sobreseer en este biinstancial, conforme a lo dispuesto en los artículos 61, fracción XVII y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Por otro lado, háganse las anotaciones respectivas en el libro uno de Registro de Juicios de Amparo, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, en su oportunidad, archívese el presente como asunto concluido. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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