Llanet Zarco Billalobos
Expediente 761/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 761/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Llanet Zarco Billalobos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Como se desprende de la constancia secretarial que antecede y toda vez que transcurrió el término previsto por el artículo 86 de la Ley de la Amparo, para que las partes legitimadas recurrieran la resolución de uno de los actuales; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis aislada número 316096, Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación, tomo CXXX, Página: 676, del rubro: "REVISION INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO." Asimismo, vista la constancia secretarial se obtiene que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, 18, fracción I, inciso a), 20, fracción II, inciso a) y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y c) Los expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales. Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: I. Expedientes Auxiliares: a) Cuadernos de antecedentes; b) Expedientes varios; c) Comunicaciones oficiales (exhortos, despachos, requisitorias); y d) Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones. II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; y b) Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que no se haya establecido jurisprudencia; Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General..". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo III-761/2022-L, promovido por. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 63, 73, 74, 75, 217 y Sexto Transitorio de la Ley de Amparo; S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando segundo, por los motivos ahí precisados. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de la licenciada Rosa María Cortés Guzmán, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, a quince de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual la autoridad responsable referida, rinde su informe justificado y remite la constancia descrita en la cuenta secretarial; con lo cual dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por la quejosa en cita, por medio del cual cumple con el requerimiento de quince de los actuales; por tanto, con fundamento en los artículos 5°, 33 fracción IV, 35, 37, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE a trámite la misma contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por los actos que fueron preciados en su escrito inicial de demanda. Regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número III-761/2022-L. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. Sin que haya lugar a formar cuadernos incidentales, en virtud de que no fueron solicitados por la quejosa. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley en cita, requiérase a la autoridad señalada como responsable, su informe justificado, el que deberá rendir dentro del término de quince días contados a partir del que reciba el oficio en el que se le solicita, el que podrán hacerlo por escrito, y en el cual deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener, en su caso, la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberán acompañar las constancias en que se basaron para emitir el acto, o copia certificada de las mismas, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cien días de la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se señalan las ONCE HORAS DEL UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, para la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En atención al acto reclamado que consiste en la omisión de señalar fecha para la audiencia de conciliación dentro del juicio laboral número 5A-2014/2022, se estima que en este caso la contraparte de la quejosa no tiene el carácter de tercero interesado, toda vez que la omisión reclamada, también le afecta a esa parte, por lo cual no tiene un interés contrario a la parte quejosa. En el entendido que este juzgado de Distrito no soslaya el contenido de la jurisprudencia 1°/J. 90/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TERCERO PERJUIDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMDO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO." Sin embargo, se considera que dejó de ser aplicable en la actualidad, pues interpreta la Ley de Amparo anterior y la nueva en su artículo 5, fracción III, inciso b) precisa la necesidad de la existencia de un interés adverso, para que pueda tener el carácter de tercero interesado antagonista de la parte quejosa lo cual, se reitera, no sucede en la especie, en tanto que el actor como la demandada esperan la pronta resolución de la controversia a la que son sometidos. Más aún que la reforma constitucional al artículo 17 constitucional de quince de septiembre de dos mil diecisiete y la interpretación que al respecto hizo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia 16/2021, ordenó que debe privilegiarse la resolución del fondo del asunto sobre los formalismos procedimentales siempre y cuando no se afecte la igualdad entre las partes. En términos del artículo 5, fracción II, del referido Acuerdo General 21/2020, la audiencia constitucional se llevará a cabo a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, para lo cual se hace de su conocimiento que en caso de ofrecer pruebas o formular alegatos, para ser considerados en la audiencia, resulta necesario que presenten de manera física los escritos correspondiente ante la Oficialía de Partes Común hasta un día antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lo anterior tomando en consideración que ante la pandemia el personal de este Juzgado sólo puede recoger las promociones presentadas hasta el final del día, por lo que si la presentan en ese lugar el día de la audiencia sería extemporáneo porque se acordaría hasta el día siguiente cuando ya se habrá celebrado la audiencia constitucional; sin embargo, tales promociones, con la finalidad de que puedan ser consideradas en la audiencia podrán ser presentadas de manera electrónica si desean hacerlo el mismo día de la audiencia siempre y cuando sea previo a la hora señalada para su verificativo, apercibidas que de no hacerlo en los términos precisados, la promoción relativa se acordará con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional. En el entendido de que los hechos que narra la quejosa en su demanda, son bajo protesta de decir verdad, y por tanto, en el caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, podría ser constitutivo de un delito de conformidad al artículo 261 de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En términos de los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a éste Juzgado, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cincuenta días en los términos precisados en párrafos que antecede. Por otra parte, en términos de los artículos 28, fracción I y 30 Fracción I, de la Ley en cita, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables, y a las que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menor trascendencia, se notificarán por lista; en la inteligencia que, de manera enunciativa, más no limitativa, se comunicarán por oficio, en su caso, las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) sentencia de fondo; d) admisión de recursos de revisión y queja; y, e) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. En apoyo a lo anterior, es de invocar por similitud, la jurisprudencia 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia común, del Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, consultable en la página 1253, del rubro texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción 1, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. En términos del precepto 28, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, y que desde el momento de su recepción, la notificación surte sus efectos legales; si se niega a recibir tales oficios, se tendrá por realizada la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia, a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados se niegue a recibir el oficio respectivo, lo anterior en estricto acatamiento a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27 fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. Hágase saber a la autoridad responsable, que para rendir su informe, deberá hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde vía fax o telegrama, ya no es necesario rendirlo vía postal (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), y en ese caso, podrá hacerlo al número telefónico 01 (443) 3 22 69 60, extensión 1192; asimismo, no es indispensable que la autoridad responsable acuse recibo de los autos que se le notifique, salvo manifestación expresa de este Órgano Jurisdiccional. Y, para el caso de que las autoridades responsables lo consideren conveniente, proporcionen su correo electrónico oficial a fin de que les sean remitidas las notificaciones que sean de naturaleza urgente inherentes al presente asunto, de igual manera se proporciona el correo oficial de este Órgano Jurisdiccional para que en esos casos remitan los acuses de notificación respectivas (el cual es 2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo por la vía postal. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Asimismo, hágase saber a la autoridad responsable que, para rendir su informe, deberá hacerlo al correo oficial de este órgano jurisdiccional (2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual es menester que realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones el que precisa en su libelo constitucional, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere, toda vez que como se advierte de la constancia secretarial no tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.
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