Lizeth Jimenez Garcia

Expediente 691/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 30 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
691/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
30/07/2021

Partes del expediente

  • Lizeth Jimenez Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho, contra actos del Director de la Escuela Normal Superior de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades regístrese en el Libro de Gobierno con el número?III-691/2021-L. Del análisis realizado al libelo constitucional, se deprende que los actos reclamados en esta instancia se hacen consistir en: El acuerdo dictado por el Director de la Escuela Normal Superior de Michoacán y el Secretario Estudiantil de la referida escuela, de fecha diecinueve de julio del presente año, quien en lo conducente determino: por este conducto informó a usted que, mediante la aplicación de examen diagnóstico de nuevo ingreso, se presentó un caso inusual de aspirantes que no presentaron credencial oficial del INE, por lo que se les requirió la constancia de identidad expedida por sus municipios de origen. El comité de transparencia ante eventualidad decidió tomar fotografía a cada uno de los aspirantes con la constancia de identidad. Tal es el caso que al finalizar se cotejo la fotografía tomada con la ficha emitida por el Departamento de Control Escolar que tiene en resguardo y se detectó a cuatro personas que presentaron el examen y que aparecen como promovidos, por lo que se le solicito realizar los trámites respectivos para que las fichas, ... sean eliminados de la lista de prelación y se realice el recorrido escalafonario correspondiente, conforme a derecho que les asiste El suscrito estima que la demanda de amparo, debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, porque el Director de la Escuela Normal Superior de Michoacán, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Los artículos de referencia, establecen en su orden lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo el carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas Luego, de los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos o las garantías otorgadas por la Constitución Federal. Asimismo, tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Respecto al tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que como autoridad deben considerarse a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. 2 Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1089, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Novena Época, Septiembre de 2011, Registro 161133, y rubro siguiente: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Así como, la tesis aislada P. XXVII/97, localizable en la página 118, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo V, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la Novena Época, Febrero de 1997, con número de registro 199459, y rubro: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. De ahí que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes a La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular b Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana c Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular y, d Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Así, resulta relevante determinar si el comunicado emitido por el Director de la Escuela Normal Superior de Michoacán y el Secretario Estudiantil, por el cual eliminó de la lista de prelación a las aspirantes a ingresar a la Escuela Normal Superior de esta entidad federativa, encuadran o no en los parámetros descritos y si, por ende, son o no impugnables a través del juicio de amparo. En primer término, resulta necesario analizar la naturaleza del órgano que emitió el comunicado que se reclama, y en segunda, al acto en sí mismo. Como punto de partida, conviene destacar que el artículo 3° constitucional establece que la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, por lo que constituye una prerrogativa para quienes decidan continuar la educación básica y media superior que tienen la calidad de ser obligatoria por parte del Estado y se encuentra sujeta a varios requisitos de selección de aspirantes que ofrecen las escuelas y universidades públicas en donde el Estado realiza dicha función educativa. Lo anterior se plasmó en la tesis 2a. CCIV/2001, visible en la página treinta y nueve, Tomo XIV, correspondiente al mes de noviembre de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular b que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad c que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular y, d que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Artículo 3. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo, la educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. FRACCIÓN X: La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federal y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. En ese sentido, el artículo 73 de la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo, señala que la educación normal está comprendida en el tipo de educación superior. Artículo 73. La educación superior, es el último esquema de la prestación de los servicios educativos para la cobertura universal prevista en la Constitución. Es el servicio que se imparte en sus distintos niveles, después del tipo medio superior. Está compuesta por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Comprende también la educación normal en todos sus niveles y especialidades. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, establecerán políticas para fomentar la inclusión, continuidad y egreso oportuno de estudiantes inscritos en educación superior, poniendo énfasis en los jóvenes. Las autoridades educativas determinarán medidas que amplíen el ingreso y permanencia a toda aquella persona que, en los términos que señale la Ley en la materia, decida cursar este tipo de estudios, tales como el establecimiento de mecanismos de apoyo académico y económico que responda a las necesidades de la población estudiantil. Las instituciones podrán incluir, además, opciones de formación continua y actualización para responder a las necesidades de la transformación del conocimiento y cambio tecnológico Asimismo, los artículos 17, fracción XII y 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán, que establecen: Artículo 17. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Gobernador del Estado, habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública Estatal Centralizada: XII. Secretaría de Educación Artículo 29. A la Secretaría de Educación, le corresponden las atribuciones que expresamente le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y las siguientes: I. Planear, programar, desarrollar, supervisar y evaluar la educación a cargo del Estado, en todos los tipos y niveles, en los términos de las leyes de la materia, bajo la cultura de la no violencia y educación para la paz II. Proponer y ejecutar los convenios de coordinación que en materia educativa, científica y tecnológica celebre el Estado con la Federación y los municipios III. Otorgar, negar o revocar autorizaciones a los particulares para impartir la educación primaria, secundaria normal y demás niveles educativos, de conformidad con las leyes de la materia IV. Expedir los certificados otorgar las constancias y diplomas revalidar los estudios, diplomas, grados o títulos equivalentes a la enseñanza que se imparta en el Estado, en los términos de la ley de la materia V. Garantizar la alfabetización de la población y el acceso a la educación básica para adultos, en el que se incluya la capacitación en el uso de la tecnologíaVI. Otorgar becas y subsidios de carácter educativo y gestionar ante las autoridades correspondientes su otorgamiento VII. Integrar y mantener el registro de los planes y programas de estudio de las carreras profesionales y de los profesionistas en lo individual, de los colegios y asociaciones, llevando a cabo la vigilancia del ejercicio de su actividad VIII. Formular, dirigir, vigilar y promover la política estatal en materia de cultura física y deporte y los programas que del mismo se deriven IX. Fomentar y difundir en el ámbito de su competencia, las actividades artísticas yculturales, en coordinación con la Secretaría de Cultura X. Promover, coordinar y fomentar los programas educativos de salud pública y mejoramiento del ambiente aprobados para el Estado y coordinar sus acciones con las autoridades federales y municipales para la realización de programas conjuntos XI. Promover y realizar en coordinación con las dependencias y entidades correspondientes, programas de capacitación técnica especializada en las ramas agropecuaria, industrial y de servicios XII. DEROGADA, P.O. 30 DE JUNIO DE 2017 XIII. Coadyuvar con las autoridades competentes y la sociedad civil, la realización de campañas de educación para prevenir y combatir las adicciones en el Estado y, XIV. Las demás que le confieran las normas jurídicas aplicables. Artículo 4. La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponden a las autoridades educativas de la Federación, de los Estados, de la Ciudad de México y de los municipios, en los términos que este ordenamiento establece en el Título Séptimo del Federalismo Educativo. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: I. Autoridad educativa federal o Secretaría, a la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal II. Autoridad educativa de los Estados y de la Ciudad de México, al ejecutivo de cada una de estas entidades federativas, así como a las instancias que, en su caso, establezcan para el ejercicio de la función social educativa III. Autoridad educativa municipal, al Ayuntamiento de cada Municipio IV. Autoridades escolares, al personal que lleva a cabo funciones de dirección o supervisión en los sectores, zonas o centros escolares, y V. Estado, a la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los municipios Artículo 47. La educación superior, como parte del Sistema Educativo Nacional y último esquema de la prestación de los servicios educativos para la cobertura universal prevista en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el servicio que se imparte en sus distintos niveles, después del tipo medio superior. Está compuesta por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Comprende también la educación normal en todos sus niveles y especialidades. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, establecerán políticas para fomentar la inclusión, continuidad y egreso oportuno de estudiantes inscritos en educación superior, poniendo énfasis en los jóvenes, y determinarán medidas que amplíen el ingreso y permanencia a toda aquella persona que, en los términos que señale la ley en la materia, decida cursar este tipo de estudios, tales como el establecimiento de mecanismos de apoyo académico y económico que responda a las necesidades de la Michoacán, prevén que la que la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, perteneciente al Poder Ejecutivo de dicha entidad, tiene atribuciones que desarrollan las obligaciones del Estado en materia educativa, entre otras, la de planear, desarrollar, dirigir y vigilar la educación a cargo del Gobierno Estatal y de los particulares, en todos los tipos, niveles y modalidades, incluyendo la superior, como en el caso, las escuelas normales. De lo expuesto en los párrafos precedentes se puede arribar a la conclusión, de que el acto reclamado no puede ser considerado como de autoridad y, en consecuencia, la Secretaría de Educación en el Estado, no actuó como autoridad, porque no ha emitido un acto unilateral, que cree, modifique o extinga una situación jurídica, de forma obligatoria y con fundamento en una norma general. Lo anterior, en razón de que el proceso de selección de aspirantes para ingresar al nivel de estudios superiores en la Educación Normal no modifica la situación jurídica de las menores quejosas aspirantes, porque no será hasta que se complete el proceso de inscripción en que se les podrá incorporar la condición de alumnas, hecho por el que obtendrán otro tipo de derechos. En ese orden, la presentación y aprobación en su caso de un examen de selección sólo incorpora a las aspirantes una expectativa de derecho, que no es correlativa a una obligación por parte del Estado de brindarle la educación superior a la que aspiran, lo anterior, porque la capacidad de impartir educación en este nivel, por no formar parte de la educación obligatoria, está sujeta a la disponibilidad de la oferta educativa la que generalmente se controla a través de los exámenes de selección los que una vez aprobados sólo incorporan al candidato la perspectiva para ser considerado como un probable alumno de la institución educativa, sin que tal carácter lo adquiera hasta que se concluya con el proceso de inscripción. De lo anterior, se concluye que el Director y Secretario de la Escuela Normal Superior de Michoacán, de reponer el proceso de selección no constituye un acto de autoridad porque no crea, modifica o extingue alguna situación jurídica, ni impide que se genere alguna como consecuencia del proceso de selección cuya reposición se pretendía. Sirve de apoyo la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 829, del rubro siguiente: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, NO TIENE TAL CARÁCTER LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA CUANDO REALIZA EXAMEN DE ADMISIÓN Lo anterior, sin que obste que por reforma a la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, promulgada por decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el seis de agosto de dos mil diez, en esta entidad federativa se amplió el parámetro de regularidad constitucional en materia educativa al señalarse en el artículo 138 que todo individuo tiene derecho a recibir educación, por lo que el Estado y sus Municipios están obligados a impartir educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, la cual será gratuita. Sin embargo, tal obligatoriedad no se traduce en que todos los aspirantes deban ingresar a la institución de educación superior elegida, sino que, el Estado deberá garantizar la existencia de oferta educativa en el nivel superior para todos los habitantes del Estado. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de amparo. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio sin embargo, tratándose de casos como en el particular, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada, lo que desde luego contravendría lo dispuesto por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1o. constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA Así como la jurisprudencia J/239, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Novena época del Semanario Judicial de la Federación, que indica: DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. En ese contexto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la citada causa de improcedencia del juicio, que impone desechar la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el mencionado numeral 113, de la ley de la materia. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar - a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Se tiene a la promovente por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y autorizando para tal efecto a ..., quien gozara de todas las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de la Materia, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el registro Único de Profesionales del Derecho, tienen registrada su cédula en dicho sistema, y únicamente para oir y recibir notificaciones a ... toda vez que no tienen registrada su cédula en dicho sistema.

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