Lizeth Padron Lara

Expediente 389/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
389/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
30/05/2022

Partes del expediente

  • Lizeth Padron Lara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Hágase constar la valoración del expediente referido, en la carátula respectiva, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Primera Visitadora General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; como lo solicita, téngase como domicilio de su parte, el que señala. Asimismo, con fundamento en el dispositivo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable, la documental que en copia certificada anexa al informe de cuenta, misma que se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza y que será tomada en consideración en el momento procesal oportuno. Ahora bien, visto el informe de ley, en concepto de esta juzgadora, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión de dar contestación a su escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Asimismo, la Primera Visitadora General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos acompaña como justificación a su informe, copia certificada expediente DQAS-0344/22, del que se advierte que mediante diverso oficio DQNQ-0035/2022, fechado el veintiuno de abril del año en curso, la citada responsable dio contestación al referido escrito presentado por la aquí quejosa, mismo que le fue notificado el veintidós de abril siguiente. Documental a la que se le otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2°, por tratarse de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de sus funciones. Probanza de la que se obtiene que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable demostró haber emitido la contestación correspondiente; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto reclamado fue subsanado por la citada responsable, de tal suerte que, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Primera Visitadora General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; como lo solicita, téngase como domicilio de su parte, el que señala. Asimismo, con fundamento en el dispositivo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable, la documental que en copia certificada anexa al informe de cuenta, misma que se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza y que será tomada en consideración en el momento procesal oportuno. Ahora bien, visto el informe de ley, en concepto de esta juzgadora, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión de dar contestación a su escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Asimismo, la Primera Visitadora General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos acompaña como justificación a su informe, copia certificada expediente DQAS-0344/22, del que se advierte que mediante diverso oficio DQNQ-0035/2022, fechado el veintiuno de abril del año en curso, la citada responsable dio contestación al referido escrito presentado por la aquí quejosa, mismo que le fue notificado el veintidós de abril siguiente. Documental a la que se le otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2°, por tratarse de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de sus funciones. Probanza de la que se obtiene que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable demostró haber emitido la contestación correspondiente; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto reclamado fue subsanado por la citada responsable, de tal suerte que, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos el alegato ministerial que suscribe el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia respectiva. Asimismo, con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, se le tiene formulando alegatos, los que serán tomados en consideración al momento de resolver. Finalmente, hágase de su conocimiento que en virtud del nuevo esquema de trabajo y las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado por la Covid-19, este juzgado no cuenta con un centro de fotocopiado con el fin de obtener la reproducción a que se refiere. Sin embargo, se precisa al citado representante social que la copia certificada de la resolución que refiere, puede obtenerla a través del expediente electrónico que se puede consultar en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, (una vez que solicite a este tribunal la autorización correspondiente, precisando el usuario para tal efecto), e incluso las que incluyan evidencia criptográfica, se considerarán copias certificadas, de conformidad con el artículo 36, segundo párrafo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Es así, ya que, no obstante la reanudación de labores de los órganos jurisdiccionales conforme al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es claro que aún continúa vigente la necesidad de tomar las medidas conducentes para mitigar la probabilidad de contagio del virus en comento, por lo cual, las partes, en la medida de lo posible, deberán procurar tramitar y dar seguimiento a sus asuntos con la utilización de herramientas tecnológicas; de ahí que, al no exponer algún impedimento para hacer uso de ellas, no es factible acordar de conformidad su petición. Notifíquese.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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