Lizbeth Silva Barrientos
Expediente 322/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 322/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Director General del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajio
- Lizbeth Silva Barrientos
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que transcurrió el término de veinte días, contemplado en el artículo 27, fracción III, 2 inciso b), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa acreditara ante este Juzgado que procedió a la publicación de los edictos que le fueron entregados el dieciséis de febrero del presente año; siendo que el término en mención comenzó a computarse a partir del día siguiente en que surtió efectos la notificación del auto mediante el cual le fueron puestos a disposición, esto es, el veinte de febrero siguiente, y culminó el pasado diecisiete del presente mes y año, sin contar los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de febrero, así como el cuatro, cinco, once y doce de marzo, todos del año actual, por ser inhábiles. Recepción de escrito Por otra parte, glósese el escrito signado por ****, autorizado en términos amplios de la parte quejosa. Contenido El promovente manifiesta que ha localizado un domicilio en el que el tercero interesado ****, puede ser emplazado a juicio. Determinación En consecuencia, por única ocasión, túrnense los autos al actuario judicial de la adscripción, a efecto de que emplace al tercero interesado en mención en el domicilio que se proporciona, esto es, el ubicado en calle ****, a quien deberá correrle traslado con copia simple del escrito inicial de demanda, así como autorizada del auto admisorio y del presente proveído; le prevenga para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad y le aperciba que en caso de no hacerlo, las subsecuentes de carácter personal, se harán por lista, de conformidad con el artículo 26, fracción III, del ordenamiento legal en consulta. Finalmente, resérvese acordar lo que en derecho corresponda hasta en tanto se tenga resultado de la diligencia ordenada en el párrafo que antecede. Notifíquese; hágase personalmente al tercero interesado **** en el domicilio que se indica.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de marzo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos de los que se desprende que mediante determinación de siete de marzo de la presente anualidad, este órgano jurisdicción se declaró legalmente incompetente por razón de territorio, para conocer del presente asunto, declinando dicha competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, en turno; no obstante al día de la fecha no se tiene noticia de si se ha aceptado o no la competencia declinada. Ahora bien, atendiendo a la urgencia del caso particular, se procede a lo siguiente: Se agrega oficio y se reserva. Glósese a los presentes autos para que obren como corresponda, los informes relativos a la suspensión de plano rendidos por el Director General y Representante Legal del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, con residencia en León, Guanajuato; en atención a su contenido, resérvese acordar lo conducente, hasta en tanto se tenga conocimiento del Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, en turno, que se declare competente para conocer el presente juicio de garantías. Se ordena notificación. No obstante lo anterior, se toma en cuenta que la autoridad responsable informa que ha programado al menor quejoso de iniciales A.D.T.S., para la realización del procedimiento requerido, para el día veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. En tal virtud, se ordena correr traslado con copia de los informes de mérito a la parte quejosa para que se imponga del contenido de los mismos. Hecho que sea lo anterior, y teniéndose conocimiento de si se ha aceptado la competencia declinada, remítanse de inmediato los informes de cuenta. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de marzo de dos mil veintitrés. Registro de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por ****, en representación del menor de iniciales ****., contra actos del Director General del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, en León Guanajuato; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 322/2023-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Suspensión de plano. La parte promovente del amparo señala que el menor de iniciales ****, fue diagnosticado por los médicos tratantes con craneosinostosis coronal/sagital, motivo por el cual, le indicaron que requería ser canalizado a un hospital de tercer nivel, que cuente con los especialistas en cirugía de remodelación craneal 360 grados, por lo que fue canalizado al nosocomio antes mencionado. En ese orden, le fue programada la cirugía mencionada el veintisiete de enero del año actual, haciéndole hincapié que dicha cirugía debía realizarse antes de que el menor cumpliera un año de edad; asimismo, cumplió con el diverso requisito de trasladar ocho donadores de sangre al hospital correspondiente. Sin embargo, una semana antes de la fecha programada, fue cancelada la cirugía ante la falta de material. Asimismo, el catorce de febrero del año actual, acudió nuevamente al hospital de mérito para la atención médica y le reiteraron que el motivo de la cancelación de la cirugía era por falta de material. Derecho a la salud. Ahora bien, es necesario transcribir los artículos 1° y 4° constitucionales, los cuales a la letra refieren: "Artículo. 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas". "Artículo 4o.- Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución". El artículo citado en primer término establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social que atente contra la dignidad humana y que, junto con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México, reconocen el valor superior de la dignidad humana, es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal. Además, aun cuando estos derechos personalísimos no se enuncian expresamente en la Constitución General de la República, están implícitos en los tratados internacionales suscritos por México y, en todo caso, deben entenderse como derechos derivados del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, pues sólo a través de su pleno respeto podrá hablarse de un ser humano en toda su dignidad. El segundo precepto citado señala que el Estado debe garantizar a toda persona su derecho a la salud. Por su parte, de acuerdo a la interpretación realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 4° Constitucional, el derecho a la salud comprende lo siguiente: a) La atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno. b) La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. La Ley General de Salud, reglamentaria del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, define a la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (artículo 1° bis); establece el Sistema Nacional de Salud, cuyo objetivo primario es proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos (artículos 5° y 6°). Define a los servicios de salud como aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad (artículo 23); clasifica a los servicios de salud en de atención médica, de salud pública y de asistencia social (artículo 24); señala que la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud constituye un servicio básico de salud (artículo 27, fracción VIII). La Organización Mundial de la Salud señala que este derecho significa una obligación de los gobiernos de crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones incluyen la disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos; de manera que el derecho a la salud no debe entenderse solamente como el derecho a estar sano. En efecto, el derecho a la salud, consagrado por el artículo 4°, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la tesis P. XIX/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comprende la recepción de medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos del sector salud, sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, pues éstas son cuestiones ajenas al derecho el individuo de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad, como parte integrante del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado como derecho humano, y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación registro 192160, que dice: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA ELARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS. La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4o., párrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social; que son servicios básicos de salud, entre otros, los consistentes en: a) la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Deriva de lo anterior, que se encuentra reconocido en la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud, el que tal garantía comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos del sector salud, sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, pues éstas son cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad, como parte integrante del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado como garantía individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos". En relación con tópico del derecho a la salud, no debe soslayarse que en el caso específico también se está ante la presencia de un menor de edad. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene1 que la importancia de tomar en cuenta el interés superior del niño, implica, entre otras cosas, tomar en cuenta aspectos relativos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para la 1 Amparo Directo en Revisión 69/2012. Tesis 1a. CXXII/2012 (10a.). Registro 2000988. elaboración de normas y aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño, de conformidad con lo establecido en el texto constitucional y la Convención sobre Derechos del Niño. Como principio jurídico protector, se entiende que su función es constituirse en una obligación destinada para las autoridades estatales que resulta netamente vinculante a efecto de asegurar la efectividad de los derechos subjetivos de los niños, es decir, implica una prescripción de carácter imperativo. Por cuanto se refiere a su contenido, cabe destacar que éste es directamente la satisfacción de todos los derechos del niño a efecto de potencializar el paradigma de la "protección integral". Luego, desde esta dimensión, el interés superior del niño, enfocado al deber estatal se actualiza cuando en la normativa jurídica se reconocen de manera expresa el cúmulo de derechos y se dispone el mandato de efectivizarlos. La dimensión de principio protector, implica el reconocimiento de un "núcleo duro de derechos", entendiendo por tal aquellos que no admiten restricción alguna y, por tanto, constituyen un límite infranqueable que alcanza, particularmente, al legislador. Dentro de estos se ubican: el derecho a vida, a la nacionalidad y a la identidad, a la libertad de pensamiento y de conciencia, a la salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a realizar las actividades propias de su edad (recreativas, culturales, entre otras.) y las garantías propias del derecho penal y del procesal penal. Por otra parte, el "interés superior del niño", también tiene la dimensión de ser una pauta interpretativa para solucionar conflictos entre los propios derechos de los niños; es decir, este aspecto es aplicable para resolver aquellos casos en que se produzcan situaciones que hagan incompatible el ejercicio conjunto de dos o más derechos para un mismo niño. En estos casos, es el interés superior del niño, utilizado como pauta interpretativa, el que permite relativizar ciertos derechos frente a aquellos que constituyen el denominado "núcleo duro"; esto a efecto de garantizar el pleno respeto y ejercicio de los derechos que se consideran superiores dentro del sistema normativo, con la finalidad de otorgar una protección integral al menor. Asimismo, se advierte que una cuestión fundamental e inherente a la debida protección del derecho a la salud es que los servicios se presten de manera integral, lo que implica que se debe proporcionar un tratamiento adecuado y completo. En este sentido, la debida protección del derecho a la salud incluye, cuando menos la atención médica que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno, así como el suministro de medicamentos básicos necesarios para su tratamiento. Se decreta suspensión de plano. En virtud de lo antes destacado, con fundamento en el numeral 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano y de oficio la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus obligaciones, competencias y facultades, realicen todos los actos y diligencias necesarias a fin que se proporcione la atención médica al menor quejoso de iniciales ****, así como los estudios necesarios, y la entrega inmediata de medicamento e insumos, de acuerdo al padecimiento que le fue diagnosticado, a través de las acciones siguientes: 1. Certifiquen si derivado del diagnóstico del menor quejoso, la cirugía que alude la parte promovente le señalaron, es la adecuada para atender el padecimiento del menor quejoso -quien aduce se encuentra diagnosticado craneosinostosis coronal/sagitaL-, comparado con otras alternativas que estén incluidas en el cuadro básico o compendio nacional de insumos para la salud o en sus propios catálogos institucionales. 2. Si la conclusión de ese análisis es que la cirugía solicitada es lo mejor para el quejoso, la Institución debe programarla de inmediato y para ello, debe realizar los trámites correspondientes. 3. En caso que no sea así, deberá informar a la parte quejosa su dictamen para que ésta decida de manera informada sobre su tratamiento. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 40/2020 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes 09 de octubre de 2020, Décima Época, Registro 2022231, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE OTORGARSE PARA QUE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE, DE INMEDIATO, ANALICE Y CERTIFIQUE EL MEJOR MEDICAMENTO PARA EL PADECIMIENTO DEL QUEJOSO, EN COMPARACIÓN CON LOS MEDICAMENTOS PREVISTOS EN EL CUADRO BÁSICO O COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron recursos de queja en los que se impugnaron los efectos de la suspensión provisional concedida por los Jueces de Distrito, ante demandas de amparo, en las que un derechohabiente o beneficiario de instituciones de seguridad social solicitó que se le suministrara gratuitamente un medicamento, que fue prescrito por un médico ajeno a esos organismos, y que además no se encontraba incluido en el Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud regulado en los artículos 28 y 29 de la Ley General de Salud. Criterio jurídico: Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que el Juez de Distrito debe conceder la suspensión provisional para el efecto de que los médicos de la Institución responsable, de inmediato, revisen la solicitud del promovente y certifiquen si el medicamento es el de mayor eficacia terapéutica, seguridad y eficiencia para el padecimiento del quejoso, comparado con otras alternativas que sí están incluidas en el Cuadro Básico o Compendio Nacional de Insumos para la Salud o en sus propios catálogos institucionales, y si la conclusión de ese análisis es que el medicamento solicitado es el mejor tratamiento para el paciente-quejoso, la Institución debe otorgarlo de inmediato, y para ello debe realizar los trámites correspondientes; de no ser así, comunicará su dictamen al paciente para que éste decida, de manera informada, sobre su tratamiento, en el entendido que de subsistir la controversia, ésta sólo podrá decidirse en la resolución sobre la suspensión definitiva o el fondo del amparo, según sea el caso. Lo anterior, con la condición de que esté demostrado que el medicamento cuenta con el registro sanitario que exige el artículo 222 de la Ley General de Salud, que compete a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), sea porque se acreditó con los documentos anexos a la demanda, porque el secretario certificó esa información en los sitios oficiales correspondientes, o en su defecto, y para el caso de no existir información confiable al respecto, se ordenará que la verificación sea realizada por los médicos de la Institución responsable en cumplimiento de la suspensión. Justificación: Lo anterior, porque conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 147 de la Ley de Amparo, aplicable en lo conducente a la suspensión provisional conforme al artículo 157 de esa ley reglamentaria, es posible ordenar el restablecimiento del derecho o garantía afectado por el acto reclamado. Tomando en cuenta la urgencia de la medida y que el quejoso tiene derecho a recibir los medicamentos de calidad que sean necesarios para su padecimiento, como parte de la atención médica integral que se encuentra obligada a otorgar la Institución de seguridad social, como efecto de la suspensión provisional el Juez de Distrito debe ordenar las medidas que se especifican en esta decisión, las cuales tienden a verificar la existencia del registro sanitario exigido por la ley, así como la evaluación previa y confiable de los médicos de la Institución responsable, ya que sin esos elementos determinantes el Juez de Distrito no puede sustituirse en la valoración médica y ordenar directamente en la suspensión provisional el suministro o aplicación del medicamento en cuestión." Lo anterior, a fin de que se salvaguarde la salud del menor quejoso. Es decir, las autoridades responsables deberán garantizar el acceso a la atención médica integral y oportuna al menor quejoso de iniciales ****, ya que, de lo contrario, se vería afectado el bien jurídico tutelado que es la salud de las personas al ser un derecho humano consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le causarían daños de difícil reparación que de ninguna forma pueden ser restituidos con la eventual concesión del amparo. Luego, la suspensión de plano se decreta a fin de que el quejoso goce de la totalidad de los derechos médicos respecto de los cuales tiene derecho como persona; por lo anterior, las autoridades responsables deberán establecer y tomar todas las medidas pertinentes para el respeto del derecho humano a la salud del que tiene derecho el quejoso, incluso gestionarlo ante terceros para la operatividad de este derecho. En estas condiciones, si el quejoso está imposibilitado, dadas sus condiciones económicas y de salud, por lo que no es dable exigirle mayores trámites a fin de que le sean proporcionados los tratamientos, especialistas y medicamentos que requiere para la atención de su padecimiento, pues ello implicaría poner en riesgo su salud. Máxime que al tratarse de una persona vulnerable dada su condición de salud, requiere de una protección reforzada, aunado a que, al encontrarse el país, en una situación de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, ello implica que deban necesariamente tomarse decisiones extraordinarias a fin de garantizar al quejoso su derecho a la salud, como lo es que deban minimizarse los trámites requeridos para la obtención del medicamento y tratamiento solicitados. En la inteligencia de que la suspensión de plano se decreta hasta en tanto se resuelva el fondo del presente asunto. Informe sobre la suspensión de plano. Se requiere a la autoridad responsable que deberá informar a este órgano judicial, en forma inmediata, a más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes a su notificación, sobre el cumplimiento dado a dicha suspensión de plano; previniéndosele que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación a lo dispuesto en los artículos 262, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, y 215 del Código Penal Federal. Hágase saber lo anterior a la autoridad responsable mediante oficio que al efecto se gire vía exhorto, con apoyo además en los artículos 24 y 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, a fin de que acate la suspensión antes decretada bajo su más estricta responsabilidad, quien deberá informar a este juzgado en el término de veinticuatro horas como lo establece el artículo 15 de la ley de la materia, sobre el cumplimiento de la misma. Apercibimiento. Apercibida que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Notificación por exhorto. Ahora bien, toda vez que la autoridad responsable tiene su domicilio en la ciudad de León, Guanajuato, esto es, fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto vía electrónica al Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional y a fin de notificar a la autoridad responsable sobre el cumplimiento de la suspensión de plano, ordene a quien corresponda, se constituya en el domicilio de dicha autoridad y le haga entrega del oficio que se le dirige, al que se le deberá anexar copia de la demanda; recabando la constancia de notificación respectiva. Declinación de competencia. Por otra parte, este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente para conocer y resolver del presente asunto; para demostrar esta premisa, es necesario trascribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal del artículo citado, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan a continuación: a) La primera regla que se encuentra contenida en el señalado numeral, se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren necesariamente de ejecución material para su cumplimentación por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo trascrito, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución, como se observa, en este supuesto, basta que quede debidamente evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (mismo que no requiere de ejecución material) radica dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de amparo. En ese orden, del escrito de demanda se advierte que la promovente señaló como autoridad responsable al Director General del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, en León Guanajuato, de quien reclama: Actos reclamados: "A) La afectación del derecho a la salud. B) La omisión del otorgamiento de la atención médica integral oportuna, debida y urgente que en derecho corresponde, por no administrarse el tratamiento medicamento, incluyendo equipo médico, material y la realización de los estudios necesarios, en específico proveer de CIRUGÍA DE REMODELACIÓN CRANEAL 360 GRADOS. C) La omisión de no tomar las medidas adecuadas para adquirir el equipo y material médico que la atención a la salud requiere." Así las cosas, es patente que el supuesto de competencia relativo se ubica en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo; dado que la ejecución del acto reclamado se realiza en las instalaciones del hospital ubicado en León, Guanajuato. De manera que este Juzgado es legalmente incompetente, por razón de territorio, para conocer sobre la demanda de amparo promovida por ****, en representación del menor de iniciales ****, contra actos del Director General del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, en León, Guanajuato. En consecuencia, quien resulta competente para conocer del presente juicio de amparo, es el Juez de Distrito en cuya jurisdicción es competente para que se ejecute el acto reclamado; es decir, el Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, en turno. En mérito de lo expuesto, este juzgado se declara legalmente incompetente para el conocimiento de la presente demanda de amparo, debiéndose remitir el juicio al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, en turno2 , por ser donde tiene jurisdicción para la ejecución el acto reclamado. 2 Resulta aplicable lo determinado en la contradicción de criterios resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de diez de agosto de dos mil veintidós. Asimismo, se solicita de la manera más atenta, tenga a bien informar a este órgano jurisdiccional sobre la aceptación o no de la competencia planteada. Domicilio y autorizados Téngase como domicilio para recibir notificaciones el que señala y como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Laura Patricia López de Ávila quien tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que entró en vigor por Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de julio del dos mil cinco y en términos restringidos del citado numeral a las restantes personas por no contar con dicho registro y por así solicitarlo la promovente. Consulta expediente electrónico. Como se solicita de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo, así como en el diverso 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al usuario "lilauris", la consulta del expediente electrónico. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la carga de trabajo con la que cuentan los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el numeral 17 Constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que le sean encomendadas. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8° y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los diversos 70, fracción XXXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 7° y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dígasele a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; en el entendido de que aun cuando no se opongan a la publicación de sus datos personales, se suprimirá el nombre, datos de carácter personal y datos sensibles de las partes, de modo que no se impida conocer el criterio sostenido, de conformidad con el diverso artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal vigente; en la inteligencia, que dicha oposición no comprende a la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la lista de acuerdos de este Juzgado, en virtud de así estar establecido en términos del artículo, 26 fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de marzo de dos mil veintitrés. Se forma cuaderno de antecedente. En cumplimiento a lo ordenado en auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo 222/2023-II, fórmese el presente cuaderno con motivo de la incompetencia legal planteada por el suscrito y agréguense a estos autos las copias de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,469 expedientes
- Liza Nayeli Lazo Lopez132/2023
- Lizandro Ochoa Castillo640/2023
- Lizardo Morales Consuegra1256/2021
- Lizbeth Guadalupe Rodriguez Turrubiates1011/2022
- Lizbeth Salas Molina1470/2023
- Lizbeth Sanchez Esparza413/2022
- Lizeth Carolina Piña Avila1416/2023
- Lizeth Guadalupe Mendoza Espinosa374/2022
- Lizeth Hernandez Rostro592/2019
- Lizeth Padron Lara389/2022
- Lizeth Vanessa Garcia Camargo1205/2021
- Lizett Ramírez Sánchez596/2021