Lizeth Ortega Vega
Expediente 133/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 31 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 133/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 18/10/2018
Partes del expediente
- Lizeth Ortega Vega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Ciudad de México, a dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención del anexo enviado por el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Uno Sin Detenido de la Coordinación Territorial BJ-5 de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Benito Juárez de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, debido a que es suficiente el sello de dicha autoridad, el cual hará las veces de acuse.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 133/2018, promovido por Lizeth Ortega Vega, contra actos del Procurador General de Justicia de esta ciudad y otras autoridades; y R E S U L T A N D O : I. Por escrito presentado el veintiséis de febrero pasado, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, la quejosa en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades, que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. La solicitante de amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló como violados los artículos 1°, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. El mismo día de su presentación, se registró la demanda bajo el orden 133/2018; se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señalaron fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. IV. Por acuerdo de diecinueve de abril del año en curso, se tuvieron como terceros interesados a Sofía Magdalena Vega Arias, Sandra Vega Arias, José Otoniel López Vega, José Luis León Trejo, y Paulina Colmenero Vega, quienes se encuentran emplazados a juicio. Llegada la fecha de la audiencia, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo en estudio, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza de los actos que se reclaman. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis de la demanda y de las demás constancias se precisa que los actos reclamados son los siguientes: 1. La instrucción de abstenerse de "ejercer la acción penal" en la carpeta de investigación CI-FBJ/BJ-2/UI-2 C/D/2785/06-2016, que se atribuye al: a) Procurador; b) Subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas; y c) Fiscal Descontentado de Investigación en Benito Juárez. 2. La abstención de "ejercer la acción penal" en la carpeta de investigación mencionada, atribuida al: d) Agente del Ministerio Público Responsable de Agencia; e) Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Uno Sin Detenido; f) Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Dos Sin Detenido; y g) Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad 3, de investigación Sin Detenido. Los cuatro últimos en mención de la Coordinación Territorial BJ-5 de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Benito Juárez, todos de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad. TERCERO. La autoridad señalada en el inciso g), no existe con tal denominación, según se advierte de la razón actuarial de uno de marzo pasado; por tanto, no puede existir la abstención que se le reclama. En otro contexto, no son ciertos los actos reclamados que se atribuyen a las autoridades responsables -con excepción de la autoridad precisada en el inciso e)-, pues así lo manifestaron al rendir su informe de ley, sin que la quejosa aportara prueba en contrario. En ese sentido, debido a la inexistencia de la referida autoridad, y de los actos reclamados de las restantes responsables -con la precisión anotada-, se sobresee en el juicio de amparo, con fundamento en el dispositivo 63, fracción IV, de la ley de la materia. En otro contexto, es cierta la abstención de "ejercer la acción penal" en la carpeta de investigación CI-FBJ/BJ-2/UI-2 C/D/2785/06-2016, que se atribuye al agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Uno Sin Detenido en cita, pues así se advierte de las constancias que remitió en apoyo a su informe; documental que tiene valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. No obstante la certeza de la abstención reclamada, en el caso resulta innecesario el estudio y transcripción de los conceptos de violación formulados por la quejosa, en virtud que se actualiza una causal de improcedencia, la cual es de orden preferente a aquél y se invoca de oficio conforme al numeral 62 de la ley reglamentaria. En ese sentido, toda vez que es inconcuso que tal acto se hace derivar de la facultad investigadora de la autoridad ministerial de referencia, se considera que se actualiza, de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dado que contra la abstención reclamada procede el medio de impugnación innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues así se determinó en las jurisprudencias con registros 2017641 y 2017640, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas respectivamente en las páginas 945 y 943 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Materias Común, Penal, que disponen: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad". Por tanto, si la quejosa no agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo respecto de dicho acto, lo procedente es sobreseer en el juicio, con fundamento en el numeral 63, fracción V, en relación con el dispositivo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 63, 65, 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Lizeth Ortega Vega, contra los actos reclamados consistentes en la instrucción y abstención de "ejercer la acción penal" en la carpeta de investigación CI-FBJ/BJ-2/UI-2 C/D/2785/06-2016, que se atribuyen respectivamente al Procurador; Subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas; Fiscal Desconcentrado de Investigación en Benito Juárez; Agente del Ministerio Público Responsable de Agencia; Agentes del Ministerio Público, adscritos respectivamente a las Unidades de Investigación Uno y Dos Sin Detenido; y Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad 3, de investigación Sin Detenido, los cuatro últimos en mención de la Coordinación Territorial BJ-5 de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Benito Juárez, todos de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Ciudad de México, a cinco de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, mediante el cual se devuelve diligenciado el exhorto 79/2018 (orden 80/2018), derivado de este controvertido; por tanto, dese de baja en el libro de gobierno respectivo. Ahora del estado de autos se aprecia que se reservó señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, hasta en tanto fueran emplazados al presente juicio los terceros interesados, lo que en el caso acontece. En ese contexto, se señala el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho a las doce horas con veinte minutos, para que tenga verificativo la audiencia constitucional.
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