Lizbeth Santos Rodríguez
Expediente 901/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 901/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 16/04/2018
Partes del expediente
- Lizbeth Santos Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Ciudad de México, a dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto que tuvo por cumplida la sentencia protectora (fojas 131 y 132). En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 196, párrafo cuarto, de la ley reglamentaria, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se concedió el amparo, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Por otro lado, toda vez que es un hecho notorio para este juzgado que este asunto está relacionado con el diverso juicio de amparo 207/2018, déjese a disposición de ese expediente los anexos enviados por la Primera Sala Penal de esta ciudad.
- Principal
Ciudad de México, a nueve de marzo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192, 193 y 196 de la ley de la materia, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la sentencia protectora se encuentra o no cumplida. Mediante sentencia de treinta y uno de enero del año en curso (fojas 43 a 52), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicitó la parte quejosa, contra la resolución de trece de octubre de dos mil diecisiete emitida en los autos del toca penal 376/2017, relativa a la revocación de la diversa de dieciséis de mayo anterior, en que se había otorgado a la justiciable el beneficio penitenciario de tratamiento preliberacional, así como contra su ejecución atribuida al juez Primero de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, a efecto de que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, una vez que causara ejecutoria la citada resolución (siempre y cuando subsistieran el sentido y efectos de la misma), realizara lo siguiente: a) Declarara insubsistente el acto reclamado; y b) Emitiera un nuevo pronunciamiento sobre el particular, en que para resolver la cuestión de que se trata, se limitara a los agravios expuestos por el órgano ministerial apelante; en el entendido de que el aspecto relativo a la legislación que se estimó aplicable, no había sido materia de controversia por dicha representación social. Así, por auto de veintiuno de febrero siguiente causó ejecutoria el fallo amparador (foja 64), y se requirió su cumplimiento únicamente a la sala responsable, pues los efectos de la concesión sólo la vinculaban a ella, por lo que mediante oficio presentado el veintiocho de dicho mes en la oficialía de partes de este órgano de control constitucional (foja 76), informó y acreditó que por resolución de veintisiete anterior (fojas 77 a 94), por una parte, dejó insubsistente el acto reclamado, y por otra, al emitir una nueva determinación en el toca penal respectivo, revocó la resolución recurrida, sólo que ahora con base en que no se acreditaron todos y cada uno de los requisitos que el artículo 44 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para esta ciudad, exige para la concesión del beneficio penitenciario de que se trata. Por tanto, al margen de las consideraciones expuestas para llegar a esa conclusión, si al resolver nuevamente el medio de impugnación que dio origen al acto reclamado, limitó la inconformidad del recurrente al señalamiento de las razones por las que se estimó no se satisfacían las aludidas exigencias o requisitos que el mencionado precepto exige para la concesión del beneficio de que se trata, es incuestionable que en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se ha restablecido a la quejosa en el derecho fundamental que se consideró transgredido, pues quedó fuera de la ponderación del asunto, el análisis oficioso de improcedencia del beneficio que constituyó la razón sustancial para conceder la protección constitucional solicitada; consecuentemente, se tiene por cumplida la ejecutoria que se analiza. Resérvese el envío del expediente al archivo de este órgano de control constitucional, hasta en tanto transcurra el plazo de quince días que establece el primer párrafo del artículo 202, de la Ley de Amparo, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el último párrafo de dicho numeral.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Ciudad de México, a veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Vistos el oficio y primer anexo de cuenta, a través de los cuales se informa el cumplimiento dado a la sentencia protectora. Por tanto, con el informe de referencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga, en el entendido de que transcurrido dicho plazo y aun ante la ausencia de argumentos, este juzgado resolverá lo conducente con las constancias que existen en el expediente. Finalmente, téngase a la autoridad oficiante devolviendo el original del expediente de ejecución 97/2017, del Juzgado Primero de Ejecución de Sanciones Penales de esta ciudad (un tomo).
Quedan 11 actuaciones en este expediente
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