Lizeth Berenice Delgado Leyva
Expediente 1574/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1574/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Lizeth Berenice Delgado Leyva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Juicio de amparo 1574/2021 Certificación. El veintidós de abril de dos mil veintidós, María Guadalupe Noriega Vega, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, certifico y hago constar que el plazo de tres días previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, otorgado a la parte quejosa mediante proveído de cinco de abril de dos mil veintidós, transcurrió del dieciocho al veinte de abril del presente año; asimismo, certifica que no obran documentos originales que hayan sido exhibidos por las partes. Lo anterior, se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. Cuenta. El veintidós de abril de dos mil veintidós, se da cuenta al juez con la certificación que antecede, así como con el estado que guardan los autos. Conste. Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de abril de dos mil veintidós. I. Estado procesal. Del estado de los autos se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa para realizar manifestaciones respecto del cumplimiento de la ejecutoria; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar si la responsable cumplió con los lineamientos de la sentencia protectora. II. Relación de constancias. Mediante resolución constitucional emitida el veinticinco de febrero del año en curso, que por un lado sobreseyó, y por otro concedió el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la autoridad responsable: "[.] gire de manera inmediata el exhorto ordenado en auto de dieciocho de enero de dos mil veintidós en el juicio laboral 163/2021." En proveído de dieciséis de marzo anterior, la referida sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió a las responsables por su cumplimiento. III. Calificativo de cumplimiento. Por oficio recibido en este juzgado el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada de diversas constancias, de las que se advierte, la remisión de los exhortos para emplazar a las partes demandadas Market Pro, sociedad anónima de capital variable y Personal Certificado en Canal Moderno, sociedad anónima de capital variable, al juicio laboral de origen 163/2021. Por lo anterior, mediante acuerdo de cinco de abril anterior, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación de ese proveído se manifestara al respecto, con la prevención de que transcurrido dicho plazo este juzgador se pronunciaría sobre el cumplimiento de ejecutoria, sin que al respecto hiciera manifestación alguna. Por las consideraciones vertidas la sentencia de amparo se califica cumplida sin exceso ni defecto para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. V. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. Noriega Oficios: 9832 y 9833. Juicio de amparo 1574/2021 Certificación. El veintidós de abril de dos mil veintidós, María Guadalupe Noriega Vega, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, certifico y hago constar que el plazo de tres días previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, otorgado a la parte quejosa mediante proveído de cinco de abril de dos mil veintidós, transcurrió del dieciocho al veinte de abril del presente año; asimismo, certifica que no obran documentos originales que hayan sido exhibidos por las partes. Lo anterior, se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. Cuenta. El veintidós de abril de dos mil veintidós, se da cuenta al juez con la certificación que antecede, así como con el estado que guardan los autos. Conste.Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de abril de dos mil veintidós. I. Estado procesal. Del estado de los autos se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa para realizar manifestaciones respecto del cumplimiento de la ejecutoria; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar si la responsable cumplió con los lineamientos de la sentencia protectora. II. Relación de constancias. Mediante resolución constitucional emitida el veinticinco de febrero del año en curso, que por un lado sobreseyó, y por otro concedió el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la autoridad responsable: "[.] gire de manera inmediata el exhorto ordenado en auto de dieciocho de enero de dos mil veintidós en el juicio laboral 163/2021." En proveído de dieciséis de marzo anterior, la referida sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió a las responsables por su cumplimiento. III. Calificativo de cumplimiento. Por oficio recibido en este juzgado el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada de diversas constancias, de las que se advierte, la remisión de los exhortos para emplazar a las partes demandadas Market Pro, sociedad anónima de capital variable y Personal Certificado en Canal Moderno, sociedad anónima de capital variable, al juicio laboral de origen 163/2021. Por lo anterior, mediante acuerdo de cinco de abril anterior, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación de ese proveído se manifestara al respecto, con la prevención de que transcurrido dicho plazo este juzgador se pronunciaría sobre el cumplimiento de ejecutoria, sin que al respecto hiciera manifestación alguna. Por las consideraciones vertidas la sentencia de amparo se califica cumplida sin exceso ni defecto para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. V. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Integración de oficio. Agréguese a los autos sin mayor determinación el oficio de cuenta suscrito por la secretaria General Jurídica Laboral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México; toda vez que en audiencia constitucional de veinticinco de febrero pasado, se agregó a los autos informe justificado rendido por la referida autoridad responsable y se dictó sentencia dentro del presente juicio de derechos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Certificación. El dieciséis de marzo de dos mil veintidós, María Guadalupe Noriega Vega, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, certifico y hago constar que en el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa (quien es la parte legitimada) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia emitida el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, plazo que transcurrió del dos al quince de marzo de la presente anualidad, con descuento del cinco, seis, doce y trece de marzo de la presente anualidad, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Lo que se asienta para debida constancia. Doy fe. Cuenta. El dieciséis de marzo de dos mil veintidós, se da cuenta al juez con la certificación que antecede y con el estado de los autos. Conste. Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa -única facultada para hacerlo-interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que, por una parte, sobreseyó en el juicio y, por otra, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a las responsables, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente, realicen lo siguiente: "(.) se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable gire de manera inmediata el exhorto ordenado en auto de dieciocho de enero de dos mil veintidós en el juicio laboral 163/2021." Apercibimiento. Bajo apercibimiento que, de incumplir injustificadamente, se les impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la ley de la materia y se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IX.1o.6 K, consultable en la página 883, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, de la Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO." Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y mediante lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. Noriega Oficios: 5846 y 5847. Certificación. El dieciséis de marzo de dos mil veintidós, María Guadalupe Noriega Vega, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, certifico y hago constar que en el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa (quien es la parte legitimada) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia emitida el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, plazo que transcurrió del dos al quince de marzo de la presente anualidad, con descuento del cinco, seis, doce y trece de marzo de la presente anualidad, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Lo que se asienta para debida constancia. Doy fe. Cuenta. El dieciséis de marzo de dos mil veintidós, se da cuenta al juez con la certificación que antecede y con el estado de los autos. Conste. Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa -única facultada para hacerlo-interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que, por una parte, sobreseyó en el juicio y, por otra, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a las responsables, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente, realicen lo siguiente: "(.) se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable gire de manera inmediata el exhorto ordenado en auto de dieciocho de enero de dos mil veintidós en el juicio laboral 163/2021." Apercibimiento. Bajo apercibimiento que, de incumplir injustificadamente, se les impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la ley de la materia y se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IX.1o.6 K, consultable en la página 883, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, de la Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO." Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y mediante lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. Noriega Oficios: 5846 y 5847. Certificación. El dieciséis de marzo de dos mil veintidós, María Guadalupe Noriega Vega, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, certifico y hago constar que en el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa (quien es la parte legitimada) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia emitida el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, plazo que transcurrió del dos al quince de marzo de la presente anualidad, con descuento del cinco, seis, doce y trece de marzo de la presente anualidad, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Lo que se asienta para debida constancia. Doy fe. Cuenta. El dieciséis de marzo de dos mil veintidós, se da cuenta al juez con la certificación que antecede y con el estado de los autos. Conste. Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa -única facultada para hacerlo-interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que, por una parte, sobreseyó en el juicio y, por otra, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a las responsables, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente, realicen lo siguiente: "(.) se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable gire de manera inmediata el exhorto ordenado en auto de dieciocho de enero de dos mil veintidós en el juicio laboral 163/2021." Apercibimiento. Bajo apercibimiento que, de incumplir injustificadamente, se les impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la ley de la materia y se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IX.1o.6 K, consultable en la página 883, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, de la Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO." Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y mediante lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. Noriega Oficios: 5846 y 5847. Certificación. El dieciséis de marzo de dos mil veintidós, María Guadalupe Noriega Vega, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, certifico y hago constar que en el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa (quien es la parte legitimada) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia emitida el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, plazo que transcurrió del dos al quince de marzo de la presente anualidad, con descuento del cinco, seis, doce y trece de marzo de la presente anualidad, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Lo que se asienta para debida constancia. Doy fe. Cuenta. El dieciséis de marzo de dos mil veintidós, se da cuenta al juez con la certificación que antecede y con el estado de los autos. Conste.Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa -única facultada para hacerlo-interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que, por una parte, sobreseyó en el juicio y, por otra, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a las responsables, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente, realicen lo siguiente: "(.) se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable gire de manera inmediata el exhorto ordenado en auto de dieciocho de enero de dos mil veintidós en el juicio laboral 163/2021." Apercibimiento. Bajo apercibimiento que, de incumplir injustificadamente, se les impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la ley de la materia y se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IX.1o.6 K, consultable en la página 883, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, de la Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO." Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y mediante lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las doce horas con veinticuatro minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, la secretaria relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto de admisión, constancias de emplazamiento a juicio de las partes, informe justificado rendido por el secretario general en funciones de presidente por ministerio de ley adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y con un oficio y anexo registrados con folio 2464; a lo que el juez acuerda: téngase por hecha la certificación que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, que contiene el informe justificado rendido por la secretaria General Jurídica Laboral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México y tómense en consideración al momento de resolver el presente asunto. Revisado el estado de autos, se advierte que en auto de radicación, se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado. Por otra parte, de la certificación que antecede se advierte que no le transcurre a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido de la totalidad de las constancias que obran en el presente sumario; empero, debe precisarse que no es necesario esperar a que acontezca tal circunstancia. Se explica. No se inadvierte que el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", en tanto que, en el caso, el artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada, que guarda similar redacción con la del precepto 117 de la ley de la materia vigente, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 54/2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." . En dicho criterio, el Alto Tribunal sostuvo esencialmente que cuando la autoridad responsable no rinda el informe justificado al menos con ocho días de anticipación al de la celebración de la audiencia constitucional y, el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación; ello, con el objeto de que las partes tengan la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo. Sin embargo, la circunstancia de que no mediará el mencionado plazo, este juzgador considera que, en la especie, no se contraviene el artículo transitorio apuntado, en razón de que el alcance del referido artículo 117 se obtiene al adminicularlo con el diverso 93, fracción IV, de la propia ley, el cual regula la hipótesis concerniente a que las violaciones procesales cometidas en sede constitucional, deben ser reparadas siempre que su trascendencia impacte en la sentencia; hipótesis que no se contenía en la Ley de Amparo anterior en el numeral 91, fracción IV, que disponía que la reposición sólo era procedente cuando "hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva". Es decir, la aludida jurisprudencia interpretó el numeral 149 de la Ley de Amparo abrogada, donde no había disposición expresa por parte del legislador que colocara una condicionante a las reposiciones del procedimiento cuando era patente que durante la substanciación del juicio de amparo el juzgador había incurrido en una infracción de carácter procesal, como sí ocurre con la ley que la sustituyó. Ciertamente, la expedición de la actual Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, incorporó al sistema del derecho de amparo instituciones novedosas y trascedentes cambios que, como en el caso que nos ocupa, obligan a construir una nueva forma de concebir el medio de control constitucional por excelencia. Así, por conducto del nuevo ordenamiento se buscó la actualización de algunos de los postulados que rigen dicho mecanismo jurisdiccional, en aras de ciudadanizarlo mediante la agilización del trámite, la des-tecnificación de sus reglas, el mejoramiento y fortalecimiento de sus efectos, y la ampliación de su ámbito de protección. En conclusión, con motivo de la nueva redimensión de la Ley de Amparo, que busca un efecto útil en la solución de las controversias que se planteen ante los órganos de control constitucional, es dable insistir que, en la especie, el hecho de que la parte quejosa no hubiese conocido del informe justificado con la anticipación de ocho días que marca la ley, no impacta en el resultado del fallo, como se explicará a continuación y, ante ese panorama, de ordenar el diferimiento de la audiencia constitucional para otorgar el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico, sobre todo porque las propias actuaciones del juicio otorgan noticia de elementos suficientes para emitir la presente sentencia. A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto al interpretar la Ley de Amparo abrogada como la vigente, ha establecido directrices que se decantan por privilegiar la solución del fondo de los asuntos cuando, a pesar de que existan violaciones procesales, el órgano de control constitucional no advierta que generen perjuicio en los justiciables; circunstancia que, desde luego, debe entenderse en el sentido de que el operador jurídico no debe constituirse en un autómata que, al detectar un posible quebrantamiento a las disposiciones reguladoras del procedimiento, como las previstas en el artículo 117 de la Ley de Amparo ordene el diferimiento de la audiencia constitucional, sino que debe examinar las particularidades de cada caso, para advertir si esa decisión es la más viable e impactará al resultado del fallo, puesto que sólo así se respetará el principio de justicia pronta reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Jurisprudencia de la que deriva que, con independencia del sentido del fallo, aun cuando exista una violación procesal, si su resultado es intrascendente no resulta dable ordenar la reposición del procedimiento porque a ningún fin práctico conduciría y, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia en contravención al postulado previsto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en este supuesto, el hecho de brindar a las partes la posibilidad de ofrecer pruebas traería en realidad un perjuicio para ellas al dilatar la solución del asunto, porque ese aparente derecho no podría ser ejercido por más tiempo que al efecto se les concediera, en la medida de que tendrían que demostrar que no es verdad que el acto reclamado subsiste y de ordenarse el diferimiento de la audiencia constitucional, lo único que produciría es el retardo en la solución del asunto en detrimento de la economía procesal y en perjuicio de la propia parte quejosa. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, se da cuenta con la documentales ofrecidas por las autoridades responsables. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas por su naturaleza las aludidas probanzas. Asimismo, se hace constar, que en el escrito de demanda, la parte quejosa ofreció la prueba de inspección judicial tendente a acreditar, en lo medular, la existencia del juicio laboral de origen 163/2021, del índice de la junta del conocimiento; las partes materiales en el citado procedimiento; que la audiencia de conciliación, demanda y excepciones se señaló fuera del plazo establecido en la Ley Federal del Trabajo, así como la falta de emplazamiento a las partes demandadas. Ahora, en lo tocante a la prueba de inspección judicial, quien resuelve considera innecesaria su práctica, dado que del análisis al informe justificado rendido por las autoridades responsables, se desprenden los aspectos que pretende acreditar la impetrante con el citado medio de convicción; de ahí que a nada práctico llevaría el desahogo de dicha probanza, aunado a que la admisión y desahogo de tal prueba implicaría retardar el trámite de este juicio de amparo. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, la secretaria hace constar los formulados por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. El juez acuerda: se tienen por reproducidos los alegatos expresados y por perdido el derecho de las demás partes para realizarlos; se cierra esta fase y al no existir cuestión pendiente por proveer, se procede a dictar la resolución que conforme a derecho corresponda. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1574/2021; y, I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito recibido el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido al siguiente día hábil, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Lizeth Berenice Delgado Leyva, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad. El veintidós de diciembre siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: II. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto de autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde este juzgado Federal ejerce jurisdicción. III. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como actos reclamados los siguientes: De la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad: La fecha lejana fijada por auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno, por parte de la autoridad responsable para que tenga verificativo la audiencia prevista en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo, en los autos del expediente laboral 163/2021. La omisión de girar exhorto a efecto de emplazar a las partes demandadas Market Pro, sociedad anónima de capital variable y Personal Certificado en Canal Moderno, sociedad anónima de capital variable. Del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México: La falta de emplazamiento de las partes demandadas en cita, en auxilio de la junta del conocimiento. IV. Inexistencia del acto combatido No es cierto el acto reclamado atribuido al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, que se precisó en el inciso c) del apartado que antecede, toda vez que así lo manifestó la secretaria General Jurídica Laboral adscrita a dicha junta al rendir su informe justificado; máxime que, acompañó a su informe justificado, la certificación correspondiente de la que se advierte que no ha recibido exhorto de su homólogo con sede en esta ciudad, para emplazar a las partes demandadas Market Pro, sociedad anónima de capital variable y Personal Certificado en Canal Moderno, sociedad anónima de capital variable. En consecuencia, en el caso se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por ende, se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." V. Existencia del acto combatido Son ciertos los diversos actos reclamados bajo los incisos a) y b) del apartado III, pues así lo manifestó el secretario general en funciones de presidente por ministerio de ley adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, máxime que dicha certeza se desprende de las constancias que remitió en apoyo a su informe con justificación. Causa de improcedencia actualizada En la especie se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente y de oficio, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado identificado con el inciso a) del apartado III, consistente en la fecha lejana señalada por auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 163/2021. En efecto, en el caso se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]". Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada; de modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Tiene aplicación en la especie, la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en la foja 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Esta causa de improcedencia, se encontraba establecida en los mismos términos en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada y fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a/J. 59/99, en el sentido de que la hipótesis de improcedencia ahí contenida se actualiza cuando todos los efectos de los actos reclamados se destruyen en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelven al estado anterior de la violación de garantías, como si los actos no hubiesen irrumpido en la esfera jurídica del quejoso o, en su defecto, no hayan dejado huella alguna. De igual modo, el Máximo Tribunal del País sostuvo el criterio de que la cesación de efectos de los actos reclamados, puede suscitarse por haberse sustituido procesalmente por otro, que puede darse con motivo de un medio ordinario de defensa o de autocontrol, sea vertical u horizontal, que se traduce en la acción de una autoridad como facultad legal para modificar, confirmar o revocar la resolución reclamada, de modo que la resolución recaída a la impugnación sustituye al acto recurrido. En ese orden de ideas, de manera genérica la cesación de efectos consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, generalmente realizada por las autoridades responsables, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto. Por ende, la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, es factible considerar que la cesación de efectos de los actos reclamados en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto (revocación( se actualiza cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, de manera tal que los efectos de éste, se destruyan total e incondicionalmente, y por ende, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. El segundo supuesto (sustitución( se presenta por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. En el caso a estudio, respecto al acto reclamado se actualiza la segunda de las hipótesis antes reseñadas. Se llega a la firme convicción de que el acto reclamado derivado del acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual se señaló como fecha para la celebración de la audiencia de ley el doce de abril de dos mil veintidós, ha cesado en sus efectos y perdido ejecutividad, ya que fue sustituido por un acto posterior que constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la que le dio motivo. En efecto, la parte quejosa combate el citado acto al considerar que la fecha señalada para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo resultaba lejana y, por ende, violatoria del artículo 17 constitucional, sin embargo, de las constancias que en copia certificada adjuntó el secretario general en funciones de presidente de la junta laboral, se advierte que mediante proveído de dieciocho de enero de dos mil veintidós, la responsable advirtió que la fecha y hora señalada para el desahogo de la audiencia bifásica se excedía el plazo establecido en la Ley Federal del Trabajo, y como consecuencia de ello, corrigió el procedimiento y señaló como nueva fecha para su celebración el diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Consecuentemente, al haber dejado insubsistente el acuerdo reclamado y señalar una diversa fecha próxima; es incuestionable que durante la tramitación del presente juicio de amparo, cesó en sus efectos el acto impugnado, pues se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia publicada en la página 198, Tomo XI-Marzo, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que expresa: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas.". De igual forma cobra vigencia sobre el particular la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 15, Tomo 55, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, en principio debe estimarse que esos efectos han cesado cuando las autoridades responsables comunican al Juez de Distrito que han dejado sin efecto los actos reclamados y han mandado archivar el asunto como totalmente concluido, aunque no le hayan hecho al quejoso ninguna comunicación al respecto, pues aunque sería de desearse que lo hicieran no podría decirse que conforme al precepto indicado los efectos del acto no cesen sino hasta el momento en que se comunique tal cosa al afectado. Es cierto que para sobreseerse el amparo, es menester que se conozca ciertamente la resolución que dejó sin efectos el acto, pero para ello es bastante que se le comunique oficialmente al Juez. Sería contrario a los fines de una expedita administración de justicia entrar al fondo de los negocios, en situaciones como la apuntada. Y, en todo caso, el quejoso puede obtener constancia de la cesación de efectos del acto reclamado, ya solicitando copias certificadas de las constancias pertinentes del juicio de amparo, o ya solicitándolas de las propias autoridades. Y la negligencia de éstas en lo relativo a notificar al quejoso la nueva resolución que dejó sin efectos la reclamada, no puede justificar que se entre al fondo del estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. A más de que, cuando las autoridades afirman categóricamente que han archivado el asunto como concluido, resultaría difícil entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, para decidir si se debe conceder la protección federal o no, pues en esta última hipótesis se crearía una situación legal extremadamente confusa. Y sólo podría justificarse el estudio del fondo del negocio, cuando los términos del informe justificado fueran ambiguos en forma tal, que no pudiera saberse el alcance de la cesación de los efectos del acto reclamado.". Así, al haber cesado los efectos del acto impugnado, es obvio que debe declararse improcedente el juicio de amparo y decretar el sobreseimiento en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, por el acto reclamado consistente en el acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintiuno (fecha lejana). Sustenta lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, de la época y fuente en consulta, que refiere: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Consideraciones jurídicas Toda vez que las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia, y respecto del acto reclamado indicado en el inciso c), en el apartado III, consistente en la falta de emplazamiento de las partes demandadas en el juicio laboral citado y este juzgador de oficio no advierte que en el caso se configure otra, procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. La parte quejosa aduce esencialmente en el único concepto de violación relacionado con el acto que se estudia, que éste transgrede sus derechos fundamentales de justicia pronta y expedita, contenidos en el artículo 17 constitucional, en virtud de que las responsables no han llevado a cabo el emplazamiento de la parte demandada, lo cual entorpece el desarrollo de la controversia laboral. Ese concepto de violación es fundado, toda vez que el actuario no ha realizado los actos necesarios a fin de lograr el emplazamiento de la parte demandada, lo que pone de relieve el retraso injustificado al procedimiento. En efecto, el artículo 17 constitucional, consagra a favor de los gobernados la garantía de acceso a la jurisdicción, la cual, contempla las subgarantías o principios siguientes: a. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. b. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. c. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y d. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Con base en las directrices del artículo 17 constitucional, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que la autoridad laboral faltará al derecho de administración de justicia pronta, cuando no tramite, resuelva o ejecute los juicios laborales en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional mencionado, decreta la obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia de tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone la prohibición de retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia. La naturaleza expedita de esta garantía se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por su parte, los artículos 685, 686, 771 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, establecen, entre otras cosas, que el proceso laboral se rige por los principios de economía, concentración y sencillez, es decir, debe ser dinámico, tan es así, que el propio código obrero impone la obligación a la autoridad laboral de substanciar el procedimiento dentro de los plazos que en él se señalan; que los presidentes de las juntas y los auxiliares, deben cuidar bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos. Asimismo, se advierte que una vez radicada la demanda laboral, la junta debe señalar fecha para la celebración de la audiencia de ley dentro de los quince días siguientes, por lo que el emplazamiento de las partes deberá llevarse a cabo, cuando menos con diez días de anticipación a la fecha señalada para tal efecto. Por tanto, el actuario notificador deberá realizar el emplazamiento de las partes, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a que se dicte el auto de radicación, pues de lo contrario, no mediará el plazo de diez días que asiste a las partes para tener conocimiento pleno de la demanda, previo a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Ahora, en el caso, de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, así como de las constancias aportadas por las responsables, se desprende que: En catorce de enero de dos mil veintiuno, la parte quejosa entabló demanda laboral ante la responsable, la cual fue registrada bajo el expediente 163/2021. Seguida la secuela procesal, en proveído de quince de diciembre de dos mil veintiuno, se señaló el doce de abril del presente año, para la celebración de la audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. En acuerdo de dieciocho de enero de la anualidad que transcurre, se corrigió el procedimiento y señaló el diecisiete de febrero siguiente, para la celebración de la audiencia de ley; asimismo, se ordenó emplazar mediante exhorto a las partes demandadas Market Pro, sociedad anónima de capital variable y Personal certificado en Canal Moderno, sociedad anónima de capital variable; sin embargo, no existe constancia fehaciente que acredite que se haya remitido el exhorto a fin de llevar a cabo el emplazamiento de los demandado de referencia. Lo anterior, pone de manifiesto que el proceder de la junta responsable va en contra de los principios rectores del proceso laboral, en virtud de que en proveído de dieciocho de enero del año en curso, emitido en el juicio laboral de origen, se ordenó emplazar a las partes demandadas Market Pro, sociedad anónima de capital variable y Personal certificado en Canal Moderno, sociedad anónima de capital variable, sin que se advierta que se haya remitido el exhorto a la junta laboral con residencia en Ciudad de México. Habida cuenta que, desde la fecha en que el solicitante presentó la demanda laboral a la del dictado de la presente resolución, ha transcurrido más de un año, sin que se logre el llamamiento a juicio de las partes demandadas. En consecuencia, se concluye que se violenta el derecho fundamental de pronta y expedita impartición de justicia previsto en el numeral 17 constitucional, por lo que se impone conceder la protección constitucional solicitada. Finalmente, no se desconoce que los tribunales laborales cuentan con una carga de trabajo excesiva; sin embargo, dicha circunstancia no los exime de la obligación que les impone la ley laboral, en cuanto a los tiempos fijados para el trámite del juicio. Finalmente son inatendibles los alegatos formulados por el fiscal federal adscrito, en atención a que dichas manifestaciones no forman parte de la litis constitucional, sin que ello implique transgresión a derecho procesal alguno. Tiene aplicación sobre el particular, la jurisprudencia P./J. 27/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observable en la página 14 del Tomo 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos. VIII. Decisión Al haberse actualizado la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado precisado en el inciso a) del apartado III, procede sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la citada ley. Se acota que, si por algún motivo se difirió la audiencia de ley, la nueva fecha para su celebración deberá ajustarse al plazo que indica la legislación rectora del proceso laboral en el artículo 873, pues de lo contrario, resultaría patente que la corrección del procedimiento respecto de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -justicia pronta-, lo que podría actualizar los elementos del delito a que se refiere la fracción II del artículo 262 de la Ley de Amparo. Por su parte, en relación con el acto reclamado precisado en el inciso c) del apartado III, procede sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por otro lado, en cuanto al acto precisado en el inciso b) del apartado III, consistente en la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable gire de manera inmediata el exhorto ordenado en auto de dieciocho de enero de dos mil veintidós en el juicio laboral 163/2021. Respecto de los alcances de la protección federal, se destaca que se limitan a los actos reclamados y a la etapa procesal en la que se sitúan dentro del procedimiento laboral. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: IX. Resuelve Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Lizeth Berenice Delgado Leyva, respecto del acto reclamado identificado con el inciso a) y c) del apartado III, por las razones expuestas en el considerando IV y V, del presente fallo. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Lizeth Berenice Delgado Leyva, respecto del acto reclamado identificado en el inciso b) del apartado III, por las consideraciones y para los efectos señalados en los apartados VI y VII de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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