Lizbeth Toledo Guzmán
Expediente 106/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 106/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Lizbeth Toledo Guzmán
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, siete de abril de dos mil veintiuno. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que este ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, doce de marzo de dos mil veintiuno. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el presidente y actuario notificador de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Prueba. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo téngase por ofrecida la documental que anexa al informe que se atiende. Sobreseimiento por cesación de efectos. Ahora bien, de las constancias adjuntas al referido informe, se observa que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a las razones que se exponen a continuación. En principio, es oportuno citar el contenido del artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Es decir, los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada; de tal modo que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo cual, debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional referida en el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada al retornar las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Tiene aplicación en la especie, la jurisprudencia 2a./J.59/99, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, de las constancias que integran el presente expediente, se desprende que los actos reclamados consisten en: a) La omisión de señalar fecha y hora a fin de llevar a cabo la audiencia establecida en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en el expediente laboral 285/20JE1. b) La omisión de emplazar a la parte demandada en dicha controversia laboral. Ahora bien, de las constancias remitidas por las responsables en copia certificada, se desprende que el veinticinco de febrero del año en curso, la junta responsable corrigió el procedimiento y señaló fecha para la celebración de la audiencia a que refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que fijó las ocho horas con treinta minutos del trece de abril siguiente para su celebración. Además, ordenó el emplazamiento de la parte demandada, lo que así aconteció el dos de marzo actual, tal y como se advierte de las constancias de notificación correspondiente. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por la parte quejosa radicaba en la falta de emplazamiento a la parte demandada y pronunciamiento en relación con la omisión de señalar fecha de la celebración de la audiencia bifásica, lo cual ya aconteció. Por tanto, al haberse dictado acuerdo en el que se señaló una fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; aunado, a que se emplazó a la parte demandada, resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinada, toda vez que con el actuar de las responsables volvieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, en tanto su pretensión se encuentra satisfecha, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, al declararse improcedente el juicio de amparo, toda vez que han cesado los efectos de los actos reclamados. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio -nueve horas con treinta y seis minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintiuno-. Finalmente, se exhorta a las autoridades encargadas del asunto, que se ajusten a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo, pues de lo contrario, resultaría patente que la regularización del procedimiento, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -justicia pronta y expedita-, lo que sin duda podría actualizar los elementos del delito previsto en el artículo 262, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese; por oficios a las autoridades responsables, personalmente a la quejosa, y por lista a la fiscal federal adscrita. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, once de febrero de dos mil veintiuno. 1. Recepción. Fórmese expediente con el oficio de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de juzgado relativo a "Registro de Juicios de Amparo". 2. Admisión de la demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Lizbeth Toledo Guzmán, contra el acto de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, y otra autoridad. 3. Audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con treinta y seis minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. (...)
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