Lizbeth Rentería Cámara
Expediente 85/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 85/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/05/2023
Partes del expediente
- Lizbeth Rentería Cámara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de dieciocho de abril del año en curso, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de depuración, en términos del artículo 18 de dicho Acuerdo, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo en comentario, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurará el expediente y terminado dicho proceso se solicitará u transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. En la inteligencia que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el artículo 21 de tal ordenamiento; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Notifíquese.
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MESA IV. Toluca, Estado de México, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexo) de cuenta, a través del cual, el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en Toluca, Estado de México, remite copia certificada de la razón de notificación realizada a la parte quejosa del laudo de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, con lo cual da cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente sumario constitucional. Por tanto, se tiene por cumplido el requerimiento hecho a la autoridad. Ahora bien, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con los oficios y anexos recibidos en proveído de veintidós de marzo del presente año y en esta data, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector; apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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Toluca, Estado de México, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexo) de cuenta, a través del cual, el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada laudo dictado en el juicio laboral burocrático ******************** de su índice, dictado en veintiocho de febrero del año en curso. En ese sentido, previo acordar lo conducente, es menester precisar que en la sentencia dictada en este asunto, se concedió el amparo a la quejosa ********************, para el efecto de que la autoridad responsable, con plenitud de jurisdicción, emitiera el laudo que en derecho procediera en los autos del juicio laboral ********************, y ordenara su notificación a la parte quejosa en el lugar que para tal efecto haya señalado ésta; debiendo remitir copia certificada de dicha respuesta y notificación a este Juzgado de Distrito. Por tanto, toda vez que la autoridad oficiante no adjuntó la notificación respectiva, requiérasele para que en el término de tres días contado a partir de su notificación, allegue esa constancia, en la inteligencia que continua vigente el apercibimiento con que fue conminada en autos. Notifíquese.
- Principal
MESA VII.- SENTENCIA R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que se mencionan a continuación: " 3. AUTORIDAD RESPONSABLE. TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE MEXICO, con domicilio oficial en Rafael M. Hidalgo, 301, Colonia Cuauhtémoc, Código Postal 50130, Toluca, Estado de México. ACTUARIO ADSCRITO. ACTOS RECLAMADOS. De la Sala la omisión de dictar laudo dentro del término de Ley. Del Actuario su notificación dentro del término legal." Actos reclamados que la quejosa señaló violaban los derechos fundamentales protegidos por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Trámite. Por acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que compete al Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional; la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede, misma que forma parte de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, porque se reclaman actos provenientes de autoridades laborales cuya ejecución puede realizarse en el ámbito territorial donde este Juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: La omisión de dictar el laudo dentro del expediente laboral 2243/2019. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado el Presidente y Jefe del Área Actuarial, ambos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, aceptaron la existencia del acto reclamado en el presente juicio de amparo, en virtud de que refirió que en veintiuno de septiembre del año dos mil veintidós, se emitió un acuerdo en el que se declaró cerrada la instrucción y se ordenó turnar los autos al Auxiliar Dictaminador, dentro del expediente laboral número 140/2023, y tendiendo la monumental carga de trabajo de esa autoridad, no ha sido posible acordar lo relativo a dichas misivas. Certeza que se constata del contenido de las constancias que remitió la responsable, como complemento a su informe justificado; a las cuales, por tratarse de documentales públicas y ser emitidas por servidor público en uso de sus facultades, se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, primera parte, Quinta Época, consultable en la página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo al estudio del fondo del asunto, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen o no cualquiera de las partes. Sustenta esta determinación, la Jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 272, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Al respecto, toda vez que las partes no las hicieron valer, y este juzgado no advierte de oficio alguna causa de improcedencia, se procede al estudio del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. Se procede al estudio de los conceptos de violación que hace valer el impetrante del amparo, mismos que se tienen aquí por reproducidos íntegramente, como si se insertaran a la letra, en obvio de innecesarias repeticiones; lo que se efectúa con apoyo en la jurisprudencia 2a./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Página: 830, con número de registro 164618, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". Sin embargo, con la finalidad de resolver la cuestión efectivamente planteada, se estima pertinente precisar que la promovente del amparo hace valer como conceptos de violación, en síntesis, el que la autoridad responsable transgrede en su perjuicio lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no administrarse la justicia en los plazos y términos que fijan las leyes al no dar continuidad al juicio laboral intentado por éste. SEXTO. Estudio. La parte quejosa refiere, en esencia, que la responsable viola en su perjuicio el principio de impartición de justicia pronta y expedita, protegido por el artículo 17 de la Constitución Federal, dado que no ha emitido el laudo respectivo en el expediente laboral 2243/2019; lo cual resulta fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, aunque para ello deba suplirse en su deficiencia, con apoyo en la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo. En efecto, en la especie se reclama la omisión del Presidente y Actuario del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, de realizar y elaborar el proyecto de resolución en forma de laudo que en derecho corresponde dentro del expediente laboral 2243/2019. En ese sentido, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Constitución Federal establece: "Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión y, en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. De lo anterior, se deduce que los tribunales legalmente establecidos, deben realizar los actos procesales y emitir las resoluciones correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, dentro de los términos y plazos que establezca la ley que los rija. Es decir, del texto constitucional se obtiene que la expeditez debe estar presente en todo el desarrollo del procedimiento a fin de que permita resolverse el conflicto en la forma más pronta. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral a fin de que se facilite la solución del conflicto. En consecuencia, retomando la litis planteada en esta instancia constitucional, es de considerar que, como se aprecia de las constancias que obran en autos, desde el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, se declaró cerrada la instrucción, y se turnaron los autos del expediente laboral 2243/2019 para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo; sin embargo, no se acreditó que a la fecha en que se falla el presente asunto, se haya emitido el laudo correspondiente en el conflicto laboral sometido a la potestad de las autoridades responsables. Cabe destacar que los preceptos de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que contienen los términos que deben respetar los tribunales laborales, para tomar las medidas necesarias a fin de lograr la mayor economía procesal, concentración y sencillez del proceso, establecen: "Artículo 242. Una vez formulados los alegatos se declarará cerrada la instrucción y se turnarán los autos al C. Auxiliar Dictaminador, para que emita el proyecto de laudo correspondiente, observando el principio de celeridad procesal. Artículo 242 BIS. Una vez elaborado el proyecto de laudo, se procederá a su discusión y aprobación en una sesión de pleno que se verificará en un término no mayor de 15 días." Los numerales antes transcritos establecen que, una vez formulados los alegatos, se declarará cerrada la instrucción, y se turnarán los autos al Auxiliar Dictaminador para que emita el proyecto de laudo correspondiente, observando el principio de celeridad procesal; asimismo, que una vez elaborado el proyecto de laudo, se procederá a su discusión y aprobación en una sesión de pleno que se verificará en un término no mayor de quince días. El diverso artículo 244 de la ley en consulta, establece: "Artículo 244. Si la propuesta fuere aprobada, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros del Tribunal o de la Sala. Si se le hicieran modificaciones o adiciones, se harán constar en el acta y el presidente ordenará que de inmediato se redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. Una vez firmado el laudo, se turnará el expediente al actuario, para que de inmediato lo notifique personalmente a las partes." El precepto reproducido establece que si la propuesta fuere aprobada, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros del Tribunal o de la Sala; empero, en el supuesto de que se hicieran modificaciones o adiciones, se hará constar en el acta y el presidente ordenará que de inmediato se redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado, por lo que una vez firmado el laudo, se turnará el expediente al actuario, para que de inmediato lo notifique personalmente a las partes. De modo que, como ya se dijo, si de la constancia que remitió la autoridad responsable, se obtiene que desde el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dictó un acuerdo en el proceso laboral de referencia, que declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos al Auxiliar Dictaminador para que emita el proyecto de laudo correspondiente, e inexiste constancia alguna de la que se advierta que el Auxiliar Dictaminador hubiera realizado el proyecto relativo, para que se procediera a su discusión y aprobación dentro de los quince días siguientes, en términos del numeral 242 BIS antes transcrito, es inconcuso que han transcurrido los términos con que legalmente cuenta para emitir la resolución en el mencionado juicio, sin que se desprenda que así lo hubiere hecho. En esa tesitura, después de haber realizado los cómputos de los términos que establecen los artículos 242 y 242 Bis antes invocados, para lo cual sirvió como punto de partida la determinación donde declaró cerrada la instrucción en el juicio laboral; se concluye que, al momento en que se admitió la demanda de amparo y fue solicitado a la responsable su informe justificado, ya había transcurrido en exceso el término al que hace referencia el último numeral antes invocado, pues de acuerdo a lo establecido en el mismo, la autoridad responsable debió haber tomado las determinaciones correspondientes a efecto de emitir el laudo respectivo, en virtud de que el plazo que señala el precepto acabado de indicar, constituye un límite fijado por el legislador conforme al cual debe administrarse la justicia en el procedimiento del trabajo, sustentado en el derecho que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el cual no se observó, a pesar de que en el procedimiento laboral se instituyeron los principios de celeridad, inmediatez, economía y sencillez, a fin de evitar el entorpecimiento y obstaculización de la función jurisdiccional de los tribunales. Además, al día en que la responsable rindió su informe con justificación, ya había transcurrido en exceso el plazo de cuarenta y cinco días y ciento veinte días (previsto en el artículo 204 A de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios) naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debió emitirse el laudo respectivo; lo cual evidencia una dilación excesiva, que se traduce en una paralización al procedimiento; como fuera establecido en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 33/2019, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En tales circunstancias, lo procedente es conceder a la quejosa ********************, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable, por conducto de su Presidente, inmediatamente, a partir del día siguiente al en que cause ejecutoria esta resolución, de no haberlo hecho ya, con plenitud de jurisdicción, emita el laudo que en derecho proceda en los autos del juicio laboral 2243/2019, y ordene su notificación a la parte quejosa en el lugar que para tal efecto haya señalado ésta. Lo anterior es así, pues los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado, y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del país publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, de los datos siguientes: "ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." SÉPTIMO. Vigencia jurisprudencial. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. OCTAVO. Protección de información y datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con los artículos 6, apartado A., fracción II y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones IX y X, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dese cumplimiento a lo establecido en el diverso 118 de ley especial citada, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Lo anterior, en atención al Criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En ese sentido la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a la unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************, contra el acto y autoridad precisados en los considerandos Segundo y Tercero de esta sentencia, para los efectos expuestos en el diverso Séxto de la misma.
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