Lisbeth Rentería Camara

Expediente 479/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
479/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
16/07/2021

Partes del expediente

  • Lisbeth Rentería Camara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo), a través del cual, el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, remite copia certificada de la constancia que acredita la legal notificación de la quejosa Lisbeth Rentería Cámara respecto del proveído dictado en fecha diecinueve de mayo del año en curso, dentro del juicio laboral 2243/2019 de su índice. Atento a lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que al efecto dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan en el momento en que la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal ya se hubiera restituido a la parte quejosa, en el goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados por la autoridad. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que éste deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar dicha actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, página 81, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis 103, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Noviembre 1997, Novena época, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Se estima lo anterior, pues de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa Lisbeth Rentería Cámara, reclamó del Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, de la Mesa Cuatro, en el Estado de México y otra autoridad, la omisión de la autoridad responsable en notificar a la parte demandada la fecha señalada para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del juicio laboral 2243/2019 de su índice. Ahora bien, de la copia certificada anexada al oficio de cuenta, remitido por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones de servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones, se aprecia que, los efectos de dicho acto reclamado cesaron en virtud a que en fecha catorce de julio del año en curso, se notificó a la parte demanda dentro del procedimiento laboral de origen, por conducto de su apoderado (a) legal el Licenciado Christian Gutiérrez Espino, el auto de fecha diecinueve de mayo del año en curso, corriéndole traslado con el diverso de fecha once de diciembre del año dos mil veinte, por lo que se colige que, en lo que compete a la autoridad responsable, el peticionario de amparo ha quedado restituido en su derecho fundamental de acceso a la justicia. De tal manera, procede sobreseer en este juicio de amparo, conforme con lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Encuentra sustento lo anterior, en la Jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 356, cuyo contenido es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en el presente auto, ya que al advertirse la causa de improcedencia, con el fin de impartir pronta y expedita administración de justicia, las cosas no cambiarán aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional. Es de citarse por su aplicación, la tesis 2a./J. 10/2003, de la la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, visible en la página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, en atención a la determinación anterior, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las catorce horas del veintitrés de julio de dos mil veintiuno, se deja insubsistente.

  2. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, trece de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio, de los cuales se advierte que mediante proveído de nueve de julio del año que transcurre, se difirió la audiencia constitucional y para que ésta tuviera verificativo, se señalaron las dieciséis horas del veintitrés de julio del año en curso, sin embargo, lo correcto son las catorce horas del veintitrés de julio de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en el presente juicio de amparo, para los efectos a que haya lugar, y hágase del conocimiento a las partes.

  3. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, nueve de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guarda el presente juicio, se advierte que se encuentra prevista para celebrarse la audiencia constitucional para el día de la fecha, como se determinó mediante auto de nueve de junio del año en curso; sin embargo, de las constancia que integran los autos, se advierte que la autoridad responsable Secretaria Auxiliar Titular de la Sala de Juicios Orales Número Uno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, al rendir su informe justificado refirió que, a la fecha de suscripción de dicho informe, el expediente se encontraba turnado al área actuarial de dicho Tribunal para la debida y legal notificación del acuerdo de fecha nueve de mayo del año en curso. En ese sentido, con apoyo en el numeral 62 de la legislación de amparo, se requiere a la autoridad responsable para que en el plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso del ordinal 2° de la ley de la materia, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe a este Juzgado de Distrito si a la fecha, ya se llevó a cabo la notificación del auto de fecha nueve de mayo del año en curso, a la parte demanda dentro del juicio labora de origen, acompañando las constancias que acrediten lo informado, apercibida que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá, una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 163/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 319 del Tomo XXIII, Enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo tenor es el siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." Es oportuno señalar que conforme a lo dispuesto por el sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, se continuarán aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada, en tanto no se oponga a alguna disposición vigente. Finalmente, a efecto de que se cumpla lo expuesto, y de integrar correctamente el presente juicio, se difiere la audiencia constitucional fijada para el día de la fecha, y para su verificativo se fijan las dieciséis horas del veintitrés de julio de dos mil veintiuno.

  4. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo), a través del cual la Secretaria Auxiliar Titular de la Sala de Juicios Orales Número Uno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, rinde su informe justificado dentro del presente sumario constitucional; asimismo, remite copias certificadas de diversas constancias que integran el expediente laboral 2243/2019 de su índice. Por tanto, con su contenido dése vista a las partes para que en el término de ocho días, manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo. En diversa tesitura, toda vez que del estado de autos se advierte que en fecha diez de mayo del año en curso, se reservó acordar lo conducente respecto de la admisión y desahogo de la prueba ofrecida como instrumental pública de actuaciones, consistente en las actuaciones del juicio laboral 2243/2019, hasta en tanto la autoridad responsable rindiera su informe justificado, hecho que ya aconteció. En consecuencia, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada la referida probanza, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de éstas en la celebración de la audiencia constitucional, únicamente por lo que hace a las constancias que remitió la autoridad responsable, pues éstas fueron la que estimó pertinente para justificar la emisión del acto reclamado.

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