Lizbeth Julieta Acosta Ortiz

Expediente 670/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
670/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Lizbeth Julieta Acosta Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos copia del escrito de expresión de agravios formulado por*** apoderado legal del tercero interesado*** se provee*** Con fundamento en lo dispuesto por los artículos*** una vez que se encuentren debidamente notificadas de la resolución combatida, así como del presente acuerdo, dentro del plazo de tres días a que se refiere el artículo 89 de la ley de la materia, remítanse vía interconexión, a través del Sistema de Seguimiento de Expediente*** el citado escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, en turno, para la substanciación del citado medio de impugnación de trato. Asimismo, póngase a disposición del Tribunal Colegiado que corresponda, la versión electrónica del presente expediente, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación; para lo cual se instruye a la analista Jurídica de este órgano jurisdiccional, que en su momento habilite dicha función. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En el entendido que, para dar cumplimiento a lo anterior, deberán acatarse las reglas contenidas en la Circular*** emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, esto es, solicitar el turno por correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común que corresponda, adjuntando un oficio que contenga los datos necesarios para el registro. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el escrito firmado por la quejosa*** atento a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia de conformidad con su segundo precepto, expídase a su costa copia certificada de las constancias que solicita y entréguense a cualquiera las personas que autoriza para recibirlas, previa razón de recibo que obre en autos. Notifíquese.

  3. Principal

    Vistos los autos del juicio de amparo indirecto 670/2023, promovido por*** contra actos del*** Juez Segundo de Primera Instancia de Córdoba, Veracruz, y otra autoridad, que consideró violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, en el caso las partes no invocaron causas de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación en obvio de repetición innecesaria y atento al contenido de la jurisprudencia*** SEXTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, resulta conveniente reseñar algunos antecedentes de los actos reclamados, que se desprenden de las constancias del juicio especial hipotecario*** remitidas por el juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, las cuales fueron valoradas en el considerando cuarto de este fallo, a saber*** SÉPTIMO. Análisis sobre la constitucionalidad de los actos reclamados. La peticionaria del amparo, en sus conceptos de violación, manifiesta que la diligencia de emplazamiento no se realizó con las formalidades esenciales del procedimiento y que nunca fue llamada al juicio. Lo expuesto a ese respecto, suplido en su deficiencia en términos de lo dispuesto en el artículo*** de la Ley de Amparo, resulta esencialmente fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado; y a efecto de evidenciarlo es pertinente precisar lo siguiente*** La Ley Orgánica para el Estado de Veracruz, en lo que aquí trasciende, dispone*** De los preceptos transcritos se obtiene que los juzgadores no cuentan con atribuciones para otorgar fe pública; y sólo gozan de fe pública los secretarios y actuarios; además, entre los puestos inherentes a la carrera judicial no se encuentra el de oficial administrativo. En efecto, la o el oficial administrativo no cuenta con la fe pública que le permita tener por ciertos los hechos asentados en el acta que levantó con motivo de la diligencia de emplazamiento en el juicio especial hipotecario. La fe pública es la potestad que el Estado otorga a ciertos funcionarios, los que una vez en posesión de sus cargos, tienen la facultad de dotar de autenticidad y fuerza legal a los instrumentos que autorizan. Por tanto, al ser una atribución otorgada expresamente por la ley, la fe pública es indelegable y se entiende como verdad impuesta coactiva o imperativamente por el Estado, que obliga a los habitantes a dar por ciertos o veraces determinados instrumentos o hechos, que además deberán estar firmados por los servidores públicos facultados, en cumplimiento a las formalidades legales que garanticen su autenticidad. También supone integridad, elemento de la referida potestad, es decir, que lo narrado bajo esta circunstancia se ubique en un tiempo y lugar determinado y se preserve en el tiempo sin alteración en su contenido, porque si se discutiera la autenticidad de los documentos suscritos con tal facultad, los mismos carecerían de eficacia y perderían fuerza legal. Sobre esa base, si en el caso quien llevó a cabo la diligencia de emplazamiento fungía como Oficial administrativo, quien en términos del artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, no se encuentra dentro de las categorías de carrera judicial, y no cuenta con atribuciones de dar fe o certificar el acto; entonces, la actuación que llevó a cabo es ilegal, pues no estaba facultado para realizarla. En ese entendido, no resulta procedente considerar válida la legalidad de la diligencia reclamada, pues aun cuando el juez responsable haya autorizado al Licenciado Alejandro Tuxtla Hernández oficial administrativo para llevar a cabo la diligencia de emplazamiento de veinticinco de junio de dos mil trece, deducida del exhorto*** relativa al juicio especial hipotecario*** éste no cuenta con facultades o atribuciones legales para ejercer la fe pública que se requiere para ello. En tales condiciones, si el*** oficial administrativo que practicó la diligencia de emplazamiento, no era el funcionario público autorizado por ministerio de ley para que llevarla a cabo, al no contar con fe pública que otorgue certeza y legalidad a la diligencia en estudio; se concluye que su actuación carece de certidumbre y, por tanto, no puede válidamente estimarse acreditada la legalidad del emplazamiento practicado a la quejosa*** En consecuencia, al resultar fundados los conceptos de violación, en la parte que se analiza, suplidos en su deficiencia con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a*** para el efecto de que el Juez Segundo de Primera Instancia de Córdoba, Veracruz*** Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario*** del índice administrativo de ese juzgado, a partir de la diligencia de emplazamiento; y ordene reponer el procedimiento, para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen. OCTAVO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el auto admisorio se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada, hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacía manifestación alguna conllevaría a la no aprobación a tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tienen por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos*** de la Ley de Amparo en vigor se, RESUELVE*** ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA a*** en contra de los actos reclamados de las autoridades 1. Juez Segundo de Primera Instancia de Córdoba, Veracruz*** Actuario Judicial adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huatusco, Veracruz*** Actuario Judicial adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huatusco, Veracruz, señalados en el considerando segundo, por las razones y para los efectos precisados en el considerando séptimo, de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese

  4. Incidental

    Vistos los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 670/2023, promovido por*** contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia con sede en Córdoba, Veracruz; y otras autoridades*** De los antecedentes de la demanda de amparo, se advierte que Lizbeth Julieta Acosta Ortiz se ostenta como tercera extraña a juicio por equiparación, pues indica, bajo protesta de decir vedad, que es parte demandada dentro del juicio especial hipotecario*** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia con sede en esta ciudad, con lo cual acredita su interés suspensional. Por tanto, dado que de la demanda de amparo se advierte que el inmueble ya fue escriturado e inscrito ante la autoridad registral, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 128, 132 y 151 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que sin paralizar el procedimiento de ejecución, no se ordene la entrega del bien inmueble en cuestión al adjudicatario, y en caso de que ya se haya hecho, no se ejecute dicha orden; hasta en tanto cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio principal del cual deriva la presente incidencia. Lo anterior, en virtud de que con dicha medida no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, en cambio, de ejecutarse se causaría los agraviados daños y perjuicios de difícil reparación. REQUISITO DE EFECTIVIDAD (MONTO DE LA GARANTÍA). A fin de proveer respecto del monto de la garantía que debe fijarse por los posibles daños y perjuicios que se pudieran causar al tercero interesado, se toma en consideración que la quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que en los autos del juicio especial hipotecario*** fue condenada al pago de $652,638.56 (seiscientos cincuenta y dos mil seiscientos treinta y ocho pesos 56/100 M.N.). En consecuencia, la suspensión concedida surte sus efectos desde luego de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley de Amparo, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no otorga garantía en el término de cinco días, computado legalmente, en cualquiera de las formas establecidas por la ley, a satisfacción de este juzgado de distrito, por la cantidad de $52,667.92 (cincuenta y dos mil seiscientos sesenta y siete pesos 92/100 M.N.), para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se podrían causar a la parte tercero interesada, en caso de que los peticionarios del amparo no obtengan sentencia favorable, la cual se fija de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia*** Esto es, la parte quejosa deberá exhibir la cantidad total de $52,667.92 (cincuenta y dos mil seiscientos sesenta y siete pesos 92/100 M.N.), por lo que respecta a garantizar los daños y perjuicios que podrían ocasionarse a la parte tercero interesada en caso de no obtener sentencia favorable en el juicio principal del que se deriva este incidente. La cual deberá exhibir en cualquiera de las formas legales. En el entendido que de exhibirse en billete de depósito deberá procurar que el mismo sea expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, y que al llenar el rubro denominado concepto deberá especificar que se exhibe "para que surta sus efectos la suspensión definitiva otorgada en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 670/2023", o en cualquiera de las demás formas establecidas por la ley, A NOMBRE DE LA DIRECTA QUEJOSA, COMO DEPOSITANTE, ante y a satisfacción de este juzgado. En caso de ser póliza de fianza, deberá de ser a disposición de este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, y a favor de la Tesorería de la Federación, como lo establece el artículo 45 de la Ley de la Tesorería de la Federación y por tiempo indeterminado. Asimismo, de conformidad con los artículos 174, 175 y 291 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la compañía respectiva deberá comprometerse, para el caso que sea necesario hacerla efectiva, al trámite previsto en el artículo 278 de ese ordenamiento. En relación con las manifestaciones que formula en el sentido de que es viuda y no tiene ingresos fijos, ni forma de comprobarlos para efecto de fijar la garantía; se hace de su conocimiento que en términos del artículo 132 de la Ley de Amparo, como ya se indicó, la garantía se fija atendiendo a los posibles daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero interesado con la concesión de la medida cautelar, para el caso de que la parte quejosa no obtenga sentencia favorable; partiendo de la base de que el tiempo estimado para la resolución del juicio de amparo es de seis meses, y que la quejosa se ostenta como tercera extraña al juicio especial hipotecario*** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, en el que ya se dictó sentencia ejecutoriada; por lo que la cantidad que se fijó como requisito de efectividad se estima suficiente y adecuada para garantizar la suspensión del acto reclamado; de ahí que no es factible fijar una diversa. Por lo expuesto, fundado y además con apoyo en los artículos 128, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve*** ÚNICO. Se CONCEDE a*** la suspensión definitiva que solicitó, en contra del acto que reclamó de la autoridades señaladas como responsables precisadas en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos y para los efectos expuestos en el tercero. Notifíquese.

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