Lizbeth del Carmen Rusil Saucedo

Expediente 23/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 28 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
23/2023
Año
2023
Actuaciones
28
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Lizbeth del Carmen Rusil Saucedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Incidental

    Córdoba, Veracruz, a veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, autorizada el once de octubre de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de esperar que todas las autoridades se encuentren notificadas o que les transcurra el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo; en virtud de que carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que su sentido no le causa ningún agravio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en al artículo 17, fracción III, incisos b), del citado Acuerdo General, se establece que el original del incidente de suspensión es conservable y deberá transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se establece que una vez transcurridos seis meses deberá ser destruido, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Tomando en consideración que se encuentran glosado a este expediente una memoria usb presentada por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibirla dentro del término de noventa días legalmente computado, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, el correrá la misma suerte que este expediente. Notifíquese, por lista de acuerdos a la parte quejosa.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, autorizada el once de octubre de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de esperar que todas las autoridades se encuentren notificadas o que les transcurra el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo; en virtud de que carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que su sentido no le causa ningún agravio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en al artículo 17, fracción III, incisos b), del citado Acuerdo General, se establece que el original del incidente de suspensión es conservable y deberá transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se establece que una vez transcurridos seis meses deberá ser destruido, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Tomando en consideración que se encuentran glosado a este expediente una memoria usb presentada por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibirla dentro del término de noventa días legalmente computado, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, el correrá la misma suerte que este expediente. Notifíquese, por lista de acuerdos a la parte quejosa.

  3. Principal

    Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 23/2023, promovido por*** contra actos de la Subdelegada Administrativa de la Fiscalía General de la República en el Estado de Veracruz, con residencia en Veracruz, y otras autoridades, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 4°, 8, 14, 16, 123 y 127, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No son ciertos los actos reclamados de las autoridades señaladas como responsables en su denominación correcta, 1. Subdelegada Administrativa de la Fiscalía General de la República en el Estado de Veracruz, 2. Subdelegado de Procedimientos Penales "B" Zona Centro de la Fiscalía General de la República en el Estado de Veracruz, 3. Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Veracruz, los tres con residencia en Veracruz, y 4. Fiscal en Jefe*** Subsede Córdoba-Orizaba, con residencia en Córdoba, consistente en f) el acoso, discriminación y hostigamiento laboral que la impetrante, dice, sufrió en su fuente laboral, así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados,6 sin que la quejosa desvirtuara tales negativas. Tampoco son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, 1. Subdelegada Administrativa de la Fiscalía General de la República en el Estado de Veracruz, con residencia en Veracruz, y 4. Fiscal en Jefe*** Subsede Córdoba-Orizaba, con residencia en Córdoba, consistentes en: c) la omisión de notificar a la inconforme la solicitud de rembolso reclamada; y d) la violación del derecho a la privacidad de la impetrante, derivado de las fotografías que, dice, le fueron tomadas al momento de notificarle el oficio*** así se advierte de la lectura de sus respectivos informes de ley, y la quejosa no aportó medio de prueba alguno que desvirtuara tales negativas. Además, de las constancias que obran agregadas al presente sumario se advierte que el tres de enero del presente año, se notificó a la peticionaria el oficio*** del diverso*** en el que se requirió a ésta el reembolso por la cantidad de*** con motivo del adeudo generado por concepto del "ajuste de nómina por concepto de licencias médicas" del ejercicio 2022-2023, sin que de la razón que obra en dicho documento se advierta toma de fotografía alguna. Por lo que respecta al acto reclamado de la 1. Subdelegada Administrativa de la Fiscalía General de la República en el Estado de Veracruz, consistente en e) la negativa de proporcionar los documentos necesarios para que la quejosa pudiera gestionar ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el riesgo de trabajo con motivo del accidente (caída) que sufrió en su centro laboral, así lo manifestó en su informe justificado, dicha autoridad lo negó, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. En efecto, la carga probatoria del citado acto correspondía a la parte quejosa, esto es, demostrar que formuló ante dicha responsable una solicitud, en el sentido de que le proporcionara los documentos necesarios para pudiera gestionar ante el referido Instituto de seguridad social el riesgo de trabajo en cuestión, para con ello desvirtuar la negativa de la autoridad responsable al rendir su informe con justificación; y dicha carga no se satisfizo. Por tanto, el acto reclamado consistente en la "negativa" precisada, resulte inexistente. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto de los actos y las autoridades de que trata este considerando, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, 1. Subdelegada Administrativa de la Fiscalía General de la República en el Estado de Veracruz, y 2. Subdelegado de Procedimientos Penales "B" Zona Centro de la Fiscalía General de la República en el Estado de Veracruz, ambos con residencia en Veracruz, consistentes en a) la negativa de realizar a la impetrante el pago por concepto de la liquidación prevista en el numeral décimo de los lineamientos*** la solicitud de reembolso por la cantidad de*** con motivo del adeudo generado por concepto del "ajuste de nómina por concepto de licencias médicas" del ejercicio 2022-2023, pues con independencia de que en sus informes justificados lo negaron,9 efectuaron diversas manifestaciones de las cuales se evidencia la existencia de los mismos; por tanto, se tiene por desvirtuadas dichas negativas. Lo que se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad responsable citada en primer término, entre éstas, la relativa al oficio*** de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, signado por el Director General de Recursos Humanos y Organización de la Fiscalía General de la República, con residencia en la Ciudad de México, que contiene la solicitud de reembolso a la quejosa por la cantidad de*** con motivo del adeudo generado por concepto del "ajuste de nómina por concepto de licencias médicas" del ejercicio 2022-2023. Documentales que adquieren pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este Juzgado de Distrito advierte, de oficio, que en relación con el acto reclamado consistente en a) la negativa de realizar a la impetrante el pago por concepto de la liquidación prevista en el numeral décimo de los lineamientos*** se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece*** De acuerdo con el citado artículo 61, fracción XXI, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; hipótesis que para su actualización requiere que todos los efectos del acto reclamado hayan desaparecido o se hayan destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Se dice que cesan los efectos del acto reclamado cuando la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido que implica no sólo la detención definitiva del actuar de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con la concesión de amparo. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo (fracción I); y, cuando sea de carácter negativo (fracción II), el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. En el caso, como se anticipó, la quejosa reclama a) la negativa de realizar el pago por concepto de la liquidación prevista en el numeral décimo de los lineamientos*** Sin embargo, de las constancias que remitió la 1. Subdelegada Administrativa de la Fiscalía General de la República en el Estado de Veracruz, con residencia en Veracruz, en vía de informe se advierte, en lo que trasciende, que con posterioridad al once de enero de dos mil veintitrés, fecha en que se presentó la demanda de amparo, específicamente el veintisiete del citado mes y año, la impetrante recibió el cheque número*** Lineamientos del Programa de Liquidación para Personas Servidoras Públicas adscritas a la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República". En ese entendido, al cumplirse con la pretensión de la peticionaria de amparo, este órgano de control constitucional estima que los efectos del acto reclamado desaparecieron, tal y como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis. Por otra parte, este Juzgado de Distrito advierte también de oficio que en relación con el acto reclamado consistente en b) la solicitud de reembolso por la cantidad de*** con motivo del adeudo generado por concepto del "ajuste de nómina por concepto de licencias médicas" del ejercicio 2022-2023, se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que señalan*** De la interpretación conjunta de los preceptos legales transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa prescinda de designar con el carácter de responsables a las autoridades que intervinieron en la emisión o ejecución del acto reclamado. En el caso, como se anticipó, la quejosa acude al presente controvertido constitucional y reclama*** la solicitud de reembolso por la cantidad de*** con motivo del adeudo generado por concepto del "ajuste de nómina por concepto de licencias médicas" del ejercicio 2022-2023. Sin embargo, de las constancias que obran en el presente sumario se advierte que dicho acto fue emitido por el Director General de Recursos Humanos y Organización de la Fiscalía General de la República, con residencia en la Ciudad de México, mediante oficio*** de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, Al respecto, es pertinente destacar que, como quedó precisado en el capítulo de resultandos de este fallo, por auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito requirió a la quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al citado funcionario, apercibida que en caso de no hacerlo el juicio se seguiría únicamente respecto de las autoridades inicialmente señaladas como responsables; sin embargo, dado que la impetrante no cumplió tal requerimiento, en diverso acuerdo de doce de junio siguiente, se hizo efectiva la citada consecuencia jurídica. En ese entendido, al no haberse citado a juicio al Director General de Recursos Humanos y Organización de la Fiscalía General de la República, con residencia en la Ciudad de México, a efecto de que defendiera la constitucionalidad del acto que realizó; este Juzgado de Distrito está impedido para estudiarlo de oficio, en la medida que no se ha creado la relación procesal necesaria entre las partes, aunado a que la responsable no ha sido escuchada en esta instancia constitucional*** De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis. Aunado a lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que respecto del citado acto reclamado también se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con los numerales 1° y 5, fracción II, y 108, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establecen*** De la interpretación sistemática de dichos preceptos legales, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no provengan de autoridad; y de conformidad con el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, para los efectos del juicio de amparo, autoridad es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, los elementos necesarios para la conformación de un acto emitido por una autoridad para efectos del juicio de amparo, son los siguientes*** La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular*** Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad*** Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular*** Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Para la mejor comprensión de la nota distintiva precisada en el inciso a), que es la que interesa al presente estudio, es pertinente destacar que existen dos tipos de actuaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos, a saber: las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados; y las relaciones de supra a subordinación, que surgen entre los órganos de autoridad o de particulares investidos de las mismas características, por una parte y, por otra, el gobernado. Es en este segundo tipo de relación en la que la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, esto es, entre sujetos colocados en diferentes planos, el afectado por un lado, y el Estado o particular por el otro, investidos con imperio. En el caso, el acto reclamado consiste en b) la solicitud de reembolso por la cantidad de*** con motivo del adeudo generado por concepto del "ajuste de nómina por concepto de licencias médicas" del ejercicio 2022-2023. Ahora, de lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la peticionaria del amparo en su demanda, específicamente en el apartado relativo a los antecedentes del acto reclamado, se advierte que ésta indicó que laboró en la ahora Fiscalía General de la República. Manifestación que constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. A lo que se suma la copia certificada de la cedula de liquidación emitida por la Dirección General de Recursos Humanos de la referida Fiscalía, de la que se advierte que el cargo que ésta ocupaba era el de*** En ese entendido, es evidente que el acto reclamado deriva de la relación laboral entre la inconforme y la representación social federal, ubicados en un plano de coordinación*** es decir, esta última no se encuentra en un plano superior dotado de autoridad, sino que la solicitud de rembolso por adeudo constituye un acto emitido en su calidad de patrón equiparado, respecto de la impetrante, de modo que cualquier decisión que adopten u omitan las señaladas como responsables, con motivo de dicha relación laboral, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino un hecho derivado de dicha relación, por lo que los conflictos que se susciten entre la trabajadora y su patrón equiparado deben ser dirimidos ante la autoridad ordinaria competente, y no en el órgano de control constitucional. Luego, no se colma la nota característica de los actos de autoridad precisada en líneas precedentes bajo el inciso a). De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, lo que impide analizar la constitucionalidad de los actos reclamados. No pasa inadvertido el pedimento formulado por el agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional; sin embargo, resulta innecesario su análisis, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se*** ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por*** contra los actos reclamados de las autoridades responsables precisadas en el resultando primero, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, por lista de acuerdos a la parte quejosa.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA

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