Lizbeth Hernández Peña
Expediente 974/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 18 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 974/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 13/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Lizbeth Hernández Peña
- presidente Municipal Constitucional de Santa Lucía del Camino, Oaxaca
- LIZBETH HERNÁNDEZ PEÑA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que el plazo de quince días con el que la parte quejosa contaban para interponer el recurso de inconformidad previsto por el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo en contra del acuerdo de doce de agosto del año en curso, en el que se declaró cumplido el fallo protector ha transcurrido sin que hicieran valer dicho mecanismo de impugnación; por tanto, se declara consentido el proveído en donde se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo previsto por el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en este juicio de amparo se concedió la protección constitucional a la parte quejosa en términos de lo estatuido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del citado Acuerdo este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso b) del arábigo 18 del propio Acuerdo de observancia general; en consecuencia, se ordena su depuración. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes que conforme a los criterios de valoración establecidos por los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años contado a partir de la notificación del auto en donde se ordenó su archivo y una vez cumplido ese plazo dentro de los noventa días siguientes se procederá a su depuración, por lo que deberán conservarse únicamente la demanda de amparo y su ampliación, la sentencia de veintinueve de mayo de dos mil veinte, el acuerdo en donde se declaró que ese fallo causó ejecutoria de veintinueve de septiembre del año próximo pasado, el auto de doce de agosto pasado, en donde se declaró cumplida la ejecutoria de amparo y la presente determinación. Terminado el proceso de depuración este órgano jurisdiccional solicitará la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que el plazo concedido a la parte quejosa en el proveído de veintinueve de julio pasado, para que expresara lo que a su interés conviniera respecto de los informes de cumplimiento de la ejecutoria de amparo que el Presidente Municipal y el responsable de la Unidad de Transparencia, ambos de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, rindieron y de las constancias que aportaron transcurrió del nueve al once de agosto del año en curso, sin que haya realizado manifestación alguna en ese lapso. Por tanto, este órgano jurisdiccional se ocupará de resolver lo que en derecho corresponde en cuanto al cumplimiento del fallo protector. I. Efectos de la concesión del amparo. El treinta y uno de mayo de dos mil veinte, se dictó la sentencia definitiva en este juicio de amparo; en el auto de veintinueve de septiembre de esa anualidad, se declaró que dicho fallo causó ejecutoria, porque no fue impugnada por las partes. La protección constitucional se otorgó a la inconforme para que el Presidente Municipal y el responsable de la Unidad de Transparencia, ambos de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, realizaran lo siguiente: "[.] De manera fundada y motivada den respuesta en su totalidad al escrito de la quejosa presentado el doce de septiembre de dos mil diecinueve, y le notifiquen tal determinación. [.]" II. Actos que las autoridades responsables deben llevar a cabo para cumplir el fallo protector. Para cumplir la ejecutoria de amparo, el Presidente Municipal y el responsable de la Unidad de Transparencia, ambos de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, debían realizar lo siguiente: a) De manera fundada y motivada tenían que dar respuesta en su totalidad al escrito que la inconforme presentó el doce de septiembre de dos mil diecinueve. b) Debían notificar a la disidente esa contestación. III. Acciones que los entes responsables realizaron para acatar la ejecutoria de amparo. El veintinueve de julio de dos mil veintiuno, se recibieron los informes de cumplimiento del fallo protector que el Presidente Municipal y el responsable de la Unidad de Transparencia, ambos de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, rindieron, a los cuales anexaron copia certificada del acuerdo 1/2021 de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente administrativo MSLC/UT/01/2019 formado con motivo del escrito que la justiciable presentó el doce de septiembre de dos mil diecinueve, mediante el cual la segunda de las citadas autoridades da respuesta integral a la petición contenida en ese ocurso y esa contestación se comunicó a la quejosa, porque calzó su firma en esa actuación. Al instrumento descrito se otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su ordinal 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." IV. Estudio del cumplimiento del fallo protector. Del análisis de los informes de cumplimiento de la ejecutoria de amparo y de las constancias que el Presidente Municipal y el responsable de la Unidad de Transparencia, ambos de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, exhibieron se advierten los aspectos siguientes: El responsable de la Unidad de Transparencia de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, mediante el acuerdo 1/2021 de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente administrativo MSLC/UT/01/2019, dio respuesta integral a la petición que la justiciable formuló a través de su escrito presentado el doce de septiembre de dos mil diecinueve, porque contestó los siete cuestionamientos que la disidente realizó. Aunado a lo anterior, la citada autoridad expuso los fundamentos y los motivos que estimó necesarios para justificar su competencia, así como su deber de dar respuesta a la solicitud que la inconforme elevó y señaló el medio ordinario de defensa que podía hacer valer contra esa determinación, el plazo que tiene para hacerlo y las disposiciones que prevén ese mecanismo de impugnación. Tal determinación se notificó a la quejosa, porque en esa actuación calzó su firma con su puño y letra, lo cual revela que tuvo conocimiento de la respuesta que el ente responsable dio a su petición contenida en su libelo presentado el doce de septiembre de dos mil diecinueve, sin que sea obstáculo que no se haya exhibido la constancia de notificación respectiva, porque aun cuando esa comunicación procesal no se realizó de manera formal dicha circunstancia no impide considerar que la agraviada tuvo conocimiento de la respuesta dada a su solicitud. Además, se tiene presente que la vista dada en el auto de veintinueve de julio pasado con los informes de cumplimiento y las constancias que las responsables exhibieron se notificó de manera personal a la disconforme el cinco de los corrientes, lo cual revela que tuvo conocimiento de la contestación que recayó a su petición. Al respecto, es ilustrativa por las razones que expone la jurisprudencia 2a./J. 36/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." En ese contexto, es factible sostener que el responsable de la Unidad de Transparencia de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, de manera fundada y motivada dio respuesta en su totalidad al escrito que la inconforme presentó el doce de septiembre de dos mil diecinueve; además, notificó a la disidente esa contestación. Con las actuaciones descritas que los entes responsables realizaron en consideración de este órgano jurisdiccional acataron el fallo protector, por lo que con fundamento en lo dispuesto por ordinal 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio constitucional. En el presente proveído se declara cumplido el fallo protector en términos de lo que dispone la jurisprudencia 2a./J. 201/2009 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese personalmente.(SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO)
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Agréguense las documentales señaladas en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el Presidente Municipal y el responsable de la Unidad de Transparencia, ambos de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, pretenden dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo se ordena dar vista a la parte quejosa con los informes y las constancias que las citadas autoridades exhibieron para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento relativo. En el entendido que transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin ella, con apoyo en el citado precepto este órgano jurisdiccional resolverá si la sentencia dictada en este juicio se encuentra cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, con base en las constancias de autos y los datos aportados por las mencionadas responsables. Precisa señalar que para la consulta de las constancias indicadas en las instalaciones que albergan a este Tribunal es necesario que las partes obtengan una cita previamente, la cual podrá programarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en particular en el sistema "Agenda OJ", en donde aparecerán las fechas y los horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, que deberán llevarse en términos de lo dispuesto por los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en concordancia con el artículo único del diverso Acuerdo General 5/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con relación al periodo de vigencia y con las medidas sanitarias respectivas. Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO)
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de julio de dos mil veintiuno. Agréguense las documentales señaladas en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el Presidente Municipal y el responsable de la Unidad de Transparencia, ambos de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, en atención al requerimiento de dieciséis de junio del año en curso, hacen del conocimiento que se acordó la petición que la justiciable formuló a través de su escrito presentado el doce de septiembre de dos mil diecinueve; también señalan que la disidente recibió la información que solicitó, por lo que piden que se tenga por cumplida la ejecutoria de amparo y se archive este asunto como concluido; finalmente, para evidenciar su aserto exhiben copia certificada del comunicado SLC/PM/137/2021 de quince de los corrientes. Al respecto, no es factible emitir un pronunciamiento sobre el cumplimiento del fallo protector, como las citadas autoridades lo solicitan, porque aun cuando exhiben copia certificada del oficio SLC/PM/137/2021 de quince de julio del año en curso, suscrito por el Presidente Municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, en donde se contiene la respuesta dada a la petición que la inconforme formuló mediante su escrito presentado el doce de septiembre de dos mil diecinueve, lo cierto es que esa contestación no contiene fundamentos ni motivos. En este punto es necesario tener en cuenta que en el fallo protector se vinculó a los entes responsables para que de manera fundada y motivada dieran respuesta en su totalidad al escrito que la inconforme presentó en la data indicada y que notificaran tal determinación a la solicitante del amparo. Sobre la fundamentación y motivación de los actos de los entes públicos debe tenerse presente que el numeral 16, primer párrafo, de la Constitución General de la República establece en la parte conducente el derecho fundamental de legalidad de los actos de autoridad que afecten o infrinjan alguna molestia a los particulares sin privarlos de sus derechos e impone a las autoridades que los dictan el deber de que tales actos de molestia se expresen por escrito, que provengan de autoridad competente y que se funde y se motive la causa legal del procedimiento; esto es, que se expongan las razones de derecho y los motivos de hecho que se consideraron por la autoridad para pronunciar el acto, los cuales deberán ser reales y ciertos e investidos con la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 73 emitida por la Segunda Sala del Supremo Tribunal Constitucional del País, que informa: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En consecuencia, las mencionadas responsables deberán atender de manera puntual el requerimiento de dieciséis de junio pasado y tendrán que exhibir las documentales que acrediten su acato al fallo protector en cuanto a los aspectos destacados. En ese contexto, dichas entidades públicas deberán atender el requerimiento señalado en los términos en los que fue dictado, en el entendido de que subsiste el apercibimiento formulado en ese acuerdo en el caso de que no lo hagan. Notifíquese.
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