Lizbeth Euly Martínez Segura

Expediente 623/2014 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 28 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
623/2014
Año
2014
Actuaciones
28
Última actuación
16/08/2016

Partes del expediente

  • Lizbeth Euly Martínez Segura y Otros.
  • Lizbeth Euly Martínez Segura
  • Susana Lara Martínez y Otros.
  • Juez Cuarto de lo Familiar del distrito judicial del Centro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Mesa VI-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio número 38303/2016, del índice de este juzgado, por el que se le remitió el juicio de amparo 623/2014, original y copia del escrito por el que la parte quejosa interpuso recurso de inconformidad contra el auto de veintisiete de junio del año en curso, dictado en este juicio Asimismo, informa que admitió a trámite el citado medio de impugnación, registrándolo con el número 14/2016. Notifíquese...

  2. Principal

    "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintisiete de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el escrito de la parte quejosa, por medio del cual, interpone recurso de inconformidad contra el auto dictado por este órgano de control constitucional el veintisiete de junio del año en curso, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; al respecto se provee: Con fundamento en los artículos 201 a 203 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General número 5/2013, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito y como del escrito de cuenta se advierte que la parte quejosa se inconforma con el cumplimiento de la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; por tanto, se advierte que es al Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, a quien corresponde conocer de la inconformidad planteada por la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el punto séptimo del aludido acuerdo, remítanse los autos originales de este juicio de amparo así como original y copia del escrito de cuenta al referido tribunal de alzada. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del auto admisorio y de este proveído, sin que sea necesario deducir más constancias, puesto que este juicio se encuentra debidamente integrado para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como lo dispone el artículo 3° de la Ley de Amparo; por lo que de ser necesario, su consulta se hará por ese medio. Notifíquese personalmente..." EN TERMINOS DEL ART 27, FRAC I DE LA LEY DE AMPARO

  3. Principal

    MESA VI-B "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintisiete de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el escrito de la parte quejosa, por medio del cual, interpone recurso de inconformidad contra el auto dictado por este órgano de control constitucional el veintisiete de junio del año en curso, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; al respecto se provee: Con fundamento en los artículos 201 a 203 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General número 5/2013, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito y como del escrito de cuenta se advierte que la parte quejosa se inconforma con el cumplimiento de la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; por tanto, se advierte que es al Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, a quien corresponde conocer de la inconformidad planteada por la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el punto séptimo del aludido acuerdo, remítanse los autos originales de este juicio de amparo así como original y copia del escrito de cuenta al referido tribunal de alzada. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del auto admisorio y de este proveído, sin que sea necesario deducir más constancias, puesto que este juicio se encuentra debidamente integrado para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como lo dispone el artículo 3° de la Ley de Amparo; por lo que de ser necesario, su consulta se hará por ese medio. Notifíquese personalmente..."

  4. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintisiete de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de tres días a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes quejosa y tercera interesada expusieran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento efectuado por la responsable a la ejecutoria dictada en este juicio, transcurrió de la siguiente manera: Para la parte tercera interesada del seis al ocho de este mes y año. Para la parte quejosa, del ocho al diez de junio del año en curso. En consecuencia, este órgano jurisdiccional se ocupará de resolver lo conducente respecto al cumplimiento de la ejecutoria pronunciada el veinticuatro de abril de dos mil quince, por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en esta ciudad (295 a 327, tomo I), en la que revocó la sentencia de veintinueve de julio de dos mil catorce, firmada y autorizada el trece de octubre siguiente, y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Lizbeth Euly Martínez Segura, por su propio derecho y en representación de su menor hija Susana Lara Martínez, para los efectos siguientes: AUTORIDAD EFECTOS Juez Cuarto de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca. Dejara insubsistente la parte relativa del auto de veintiuno de marzo de dos mil catorce, en el que dictó las medidas que estimó conducentes a fin de reactivar las convivencias familiares entre la menor Susana Lara Martínez y su progenitor y, procediera en los siguientes términos: 1) Tomara en cuenta que con independencia de la edad que tuviera la menor, lo importante es atender a su madurez; es decir, a su capacidad de comprender el asunto y sus consecuencias, así como de formarse juicio o criterio propio. Precisándose que la evaluación de la madurez de la menor de edad podía hacerse con anterioridad al desahogo de la prueba -mediante un dictamen pericial- o durante la diligencia misma de desahogo, según se estimara conveniente. Presente este elemento considerara dos factores adicionales: (i) las diferencias o variaciones en el grado de madurez, para la valoración de la prueba; y (ii) la obligación de escuchar a la menor no equivaldría a aceptar sus deseos, sino que su opinión debería ser analizada de conformidad con el factor antes mencionado, así como dentro del cúmulo probatorio que obrara en el expediente. Tomara en consideración las formas de comunicación verbal y no verbal. También era importante tuviera presente que debía evitar entrevistar a la menor en más ocasiones de las necesarias; de tal forma que si el experto estimaba suficiente con la que ya le había sido practicada, para establecer ese grado de madurez, tomara en consideración esa circunstancia. 2) Una vez considerada la conveniencia de realizar la prueba, atendiendo al interés superior de la infancia, era importante que adoptara dos medidas, igualmente previas a la realización de la prueba: a) La menor de edad fuera informada sobre: (i) el procedimiento, es decir, sobre los alegatos de las partes y las consecuencias que se podrían generar; y (ii) su derecho a participar. b) Una vez informada, garantizara que participara voluntariamente, pues es una opción y no una obligación. El momento de confirmación de este factor sería inmediatamente antes del desahogo de la prueba, cuando la menor de edad se encontrara separada de las personas que eventualmente pudieran presionarla para que participara o se abstuviera de hacerlo. En consecuencia el desahogo de la prueba la verificara en una diligencia seguida en forma de entrevista o conversación y no de un interrogatorio o examen unilateral. Además cumpliera con lo siguiente: a) El desahogo de la diligencia se verificara, en la medida de lo posible, en un lugar que no representara un ambiente hostil para los intereses de la menor de edad, donde pudiera sentirse respetada y segura para expresar libremente sus opiniones. b) Además del juzgador o funcionario encargado de tomar la decisión, de la menor de edad y de los peritos, durante la diligencia debería estar presente una persona de confianza de la menor de edad; un tutor interino o algún mayor de edad involucrado en los asuntos de esa menor de edad, como podría ser otro familiar que no interviniera o tuviera intereses en el conflicto o algún profesor, trabajador social o cuidador. Esta última persona participara en caso de que la niña o niño así lo solicitara o se estimara mejor para lograr su superior interés. 3) En la medida de lo posible, registrara la declaración de la menor en su integridad, ya fuera mediante la transcripción de toda la diligencia o con la utilización de los medios tecnológicos al alcance del juzgado o tribunal que permitieran el registro del audio. Esto permitiría que la entrevista se valorara integralmente por los tribunales de alzada y de amparo que eventualmente llegaran a conocer del asunto, así como evitaría el sometimiento de los menores de edad a la celebración de nuevas entrevistas cuando no fueran necesarias. 4) La menor de edad interviniera directamente en las diligencias, sin que ello implicara que no pudiera tener representación alguna durante el juicio. Para estos efectos, la representación recaería en quienes legalmente estuvieran llamados a ejercerla, salvo que esta situación generara un conflicto de intereses -como suele ocurrir en asuntos de guarda y custodia, por ejemplo-, en cuyo caso se analizara la necesidad de nombrar un tutor interino. 5) Aunque la decisión final fuera adoptada por el juzgado, consultara a la citada menor sobre la confidencialidad de sus declaraciones, para efectos de evitar generarles algún conflicto que implicara una afectación a su salud mental o, en general, a su bienestar. 6) Igualmente el juzgador de instancia, atendiera a lo siguiente: Es importante enfatizar que en cada una de estas medidas tuviera siempre en cuenta el interés superior de la infancia, de modo que no adoptara determinación alguna que implicara algún perjuicio para la menor de edad, más allá de los efectos normales que resultan inherentes a su participación dentro de la prueba. Asimismo, resultaba de la mayor trascendencia que todas las decisiones que se adoptaran en relación con la prueba y su valoración se expresaran con claridad y exhaustividad por el juzgador o tribunal, de modo que pudieran ser objeto de análisis y control -por los tribunales de alzada y los jueces de amparo-. Lo anterior posibilitaría la comprobación de que se ha seguido el interés superior de la infancia durante el procedimiento y, en su caso, detectar las deficiencias en este sentido. Por otra parte, resulta necesario precisar que en proveído de quince de abril de este año, se requirió nuevamente el cumplimiento del fallo protector, ya que una vez efectuado el análisis de las constancias correspondientes, la autoridad judicial no acató estrictamente los lineamientos de la ejecutoria de amparo dictada por los integrantes del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este circuito judicial, pues previo a la valoración psicológica de la menor Susana Lara Martínez¸ pues: -No se proveyó lo conducente para evaluar la madurez de la menor y la conveniencia de admitir dicha valoración; -No se informó a la referida menor sobre el procedimiento judicial de que se trata y las consecuencias legales que pudieran generar sus declaraciones; -No se informó, que le asiste el derecho a participar por estarse cuestionando lo relativo a la reactivación del régimen de convivencias familiares entre la citada menor y su progenitor; -No se obtuvo el conocimiento de si es su deseo participar voluntariamente en el procedimiento; -No se determinó en su caso, que al recibir sus declaraciones, lo hiciera en forma de entrevista o conversación; y que previamente la juez de la causa se reuniera con un psicólogo o psiquiatra especialista en temas de niñez para que se aclararan los términos sobre lo que se pretendía conversar con la menor; -No se verificó el lugar en el que ésta declararía no le representaba un ambiente hostil para sus intereses, y que le permitiera sentirse respetada y segura para expresar sus opiniones con libertad; -No se proveyó que además de registrarse literalmente la declaración de la menor, se utilizara algún medio tecnológico al alcance del juzgado que permita su registro en audio; -No se consultó a la menor sobre la confidencialidad de sus manifestaciones, explicándole que ello es para evitar generarle algún conflicto que pudiera implicar una afectación a su salud mental o, en general, a su bienestar; -No se proveyó previamente lo relativo a que en el desahogo de la prueba pericial en materia de psicología, se preguntara a la menor si era su deseo participar voluntariamente en dicha probanza, se le explicara la conveniencia de la misma; se precisara que el lugar en el que se realizaría no representaba para ella un ambiente hostil para sus intereses, y hubiera cercioramiento de que en dicho lugar se sintiera respetada y segura para expresarse con libertad, se le preguntara si era su deseo ser asistida o acompañada por una persona mayor de edad de su confianza para el desahogo de los exámenes correspondientes o, en su defecto, se proveyera lo necesario para que la asistiera la tutora interina que se le asignara o alguna persona mayor de edad involucrada en los asuntos de esa menor; y se le consultara respecto de la confidencialidad de su declaración. Ahora bien, la jueza Cuarto de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca, mediante oficios 1096/2015 y 1488/2016, de veinticinco de abril y treinta de mayo pasado, remitió copia certificada de diversas constancias deducidas del expediente familiar 790/2012, de su índice; de las que se advierte lo siguiente: 1. En determinación de veinte de abril de este año (fojas 591 y 591), tomando como base la edad de la menor, el dictamen 181/2016 (fojas 560 a 567), en el que el perito oficial dictaminó que la menor contaba con la madurez acorde a su edad y etapa de desarrollo, así como la adecuada capacidad cognoscitiva; que en el momento de la emisión de la experticia la infante no era apta para ser escuchada; no obstante la autoridad judicial consideró pertinente la escucha de la menor, a efecto de realizarla como se ordenó en la ejecutoria dictada en este juicio reduciendo al mínimo el perjuicio psicológico: I. Giró oficio al director de servicios periciales del Consejo de la Judicatura del poder Judicial del Estado, para que hiciera comparecer al perito oficial psicólogo designado en autos del juicio origen Noé Torres Calvo, a fin que expusiera conforme a su experiencia profesional las medidas que se deberían tomar para escuchar a la menor, reduciendo en mínimo de su revictimización. II. Nombró como tutora dativa de la menor a la trabajadora social adscrita a dicho órgano jurisdiccional 2. En audiencia de comparecencia del especialista en mención, de tres de mayo del año en curso (fojas 602 a 604, tomo II), éste: I. Señaló que contaba con la experiencia necesaria en asuntos de la niñez para emitir su opinión respecto al asunto sometido a su conocimiento, esto al tener cinco años participando como perito oficial en audiencias de índole familiar en diversos juzgados al Poder Judicial del Estado. II. Indicó las medidas que se deberían tomar para la escucha de la menor Susana Lara Martínez, y precisó: Que el área de convivencia del juzgado era un espacio aceptable para escuchar a la menor. Sugirió cubrir las ventanas y el cristal de la puerta de dicho espacio, para cuidar la privacidad de la menor, de tal manera que tal recubrimiento permitiera la luz exterior. Manifestó que previa entrevista con la menor le explicaría con lenguaje acorde a su edad, los lineamientos señalados en el fallo protector, señalados en el cuadro anterior. Atendiendo a las relatadas consideraciones, la jueza de primera instancia responsable señaló fecha y hora para el verificativo de la audiencia respectiva, citando a las partes y asentando la imposibilidad de registrar la diligencia por algún medio tecnológico, por lo que ordenó fuera por escrito. 3. En audiencia de escucha de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis (fojas 612 a 615, tomo II), certificada las partes presentes e intervinientes en la misma: I. En presencia de la representación social y el perito oficial, la autoridad responsable explicó los lineamientos en los que se celebraría dicha diligencia y los exhortó al avenimiento en beneficio de la menor, en los términos ahí asentados y bajo las incidencias expuestas. II. Una vez hecho lo anterior, procedió a la escucha de la menor en la sala de convivencias del órgano jurisdiccional acondicionada en los términos planteados por el experto. III. Celebrada ésta, el especialista señaló los pasos en que se realizó, tomando con punto de partida la edad, estado emocional, y el deseo de querer ser escuchada de la infante. IV. Por lo que la juzgadora atendiendo a lo manifestado por el perito, en presencia de la tutora designada, representación social, y secretario de acuerdos procedió al desahogo de la diligencia respectiva bajo los lineamientos precisados en el fallo protector, de la que se advierte el deseo de la menor de acudir a terapia psicológica. 4.- En proveído de treinta de mayo pasado (fojas 616 y 617, tomo II) en un margen de respeto al derecho manifestado por la menor en la audiencia de escucha analizada en el punto que antecede, ordenó remitir a la menor de edad Susana Lara Ortega, a terapia psicológica, girando las instrucciones correspondientes, y requiriendo un informe inicial y periódicamente sobre el progreso en el régimen de terapias. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en esta ciudad. Finalmente, toda vez que en diligencia que antecede se advierte que la quejosa ratificó la firma del escrito recibido en oficial de correspondencia común de los juzgados de distrito en el Estado de Oaxaca, el diez de junio de dos mil dieciséis, dígasele que deberá estarse a los acordado en esta determinación, y respecto a las manifestaciones que reproduce, dígasele que atendiendo al estudio de las constancias que integran el sumario se advierte el margen de respeto a la integridad y derechos de la menor, asimismo que la responsable verificó cada uno de los lineamientos establecidos por la superioridad y la materialización de los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en audiencias en las que intervienen los menores , así también, resulta indispensable ponderar que este juzgador tiene el deber de adoptar medidas especiales para protegerla contra todo sufrimiento, situación de riesgo o tensión innecesaria o discriminación, evitando revictimizar a la niña Susana Lara Martínez. En ese sentido, de estar inconformes del cumplimiento del referido fallo protector, dígasele que están a su disposición los diversos recursos y medios de defensa a su alcance. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez; asistido de la secretaria licenciada Alfa Orquídea Monterrubio Valencia, que autoriza y da fe. EN TERMINOS DEL ART 27, FRAC I DE LA LEY DE AMPARO

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