Lizbeth Esther Rejon Castillo

Expediente 1846/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 1 actuación registrada, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1846/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Lizbeth Esther Rejon Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo promovida por Lizbeth Esther Rejón Castillo, en contra de los actos que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán y actuario de su adscripción, ambos con residencia en esta ciudad. Que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74 fracción I, de la Ley de Amparo, como una facultad exclusiva del Juzgador Federal, son los siguientes: ACTOS RECLAMADOS De la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán: La omisión de dictar laudo en autos del juicio laboral marcado con el número 199/2022. Del actuario adscrito a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán: La omisión notificar el laudo correspondiente en autos del juicio laboral marcado con el número 199/2022. FORMACIÓN EXPEDIENTE Y REGISTRO Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 1846/2023-V-B, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA Precisando lo anterior, se toma en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, con relación al acto reclamado al actuario adscrito a la Junta Especial Número Veintiuno de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, consistente en la omisión notificar el laudo correspondiente en autos del juicio laboral marcado con el número 199/2022, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1º, 5º fracción I, en su parte conducente, y 217, todos de la Ley de Amparo; así como la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 45, del Apéndice 1985, Parte VIII, Quinta Época, con registro 395568, que dice: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES. No cabe conceder el amparo, cuando la demanda se funda en actos de esa naturaleza." Los preceptos legales de mérito disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, por sí misma no alberga algún motivo de improcedencia de objetiva constatación del juicio de amparo, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional. Por eso, para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando formuló los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que ciertamente es justificada, puesto que existen causas o motivos que tienen como resultado la ineficacia del ejercicio de la acción constitucional de amparo y que derivan de los mandatos contenidos en la Carta Magna o, en su caso, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esa Norma Suprema. Conforme a las disposiciones legales y a la interpretación jurisprudencial transcrita, debe entenderse que esta última ha distinguido entre los actos futuros inminentes y los actos futuros probables o remotos, para establecer la procedencia del juicio constitucional. En el primer supuesto, es decir, tratándose de actos futuros inminentes su existencia es indudable y sólo falta que se cumplan determinadas formalidades para que se ejecute, resultando procedente el juicio constitucional, verbigracia, que se afecte la libertad de quien reclama en el juicio de amparo, la emisión de un mandato de captura. Sobre el particular, resulta aplicable la tesis sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la página 202, del Tomo XI, de marzo de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, en la que se establece: "ACTOS FUTUROS INMINENTES, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. Por actos futuros inminentes debe entenderse, los que comprenden no sólo aquellos actos que tendrán que dictarse forzosamente como consecuencia legal futura e ineludible de los actos ya actualizados, sino todos aquéllos que puedan estimarse como consecuencia lógica del ya existente, si esos actos pudieran venir a entorpecer la restitución de las cosas al estado que antes guardaban o a causar perjuicios de difícil reparación". En cambio, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), el amparo es improcedente ya que al no producir efecto alguno de derecho, dada su inexistencia material no produce agravios en la esfera jurídica del particular Al caso se cita la tesis número XX.308 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-I, Febrero de 1995, página 138, que quien esto juzga comparte y que dice: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Así, el juicio de amparo sólo procede contra actos reales y concretos de aplicación, los cuales además de incidir en la esfera jurídica del gobernado, deben generar una afectación actual y no futura, ya que en el juicio constitucional el perjuicio debe ser actual y directo; esto es, previo a la presentación de la demanda pero no futuro incierto, ya que aún no incide en la esfera jurídica del peticionario. Lo anterior es así, en virtud de que la finalidad del juicio de amparo es evitar que las autoridades del Estado afecten derechos de los gobernados, protegiendo el propio orden constitucional, pretendiendo que ese medio de impugnación sea eficaz para que los órganos públicos apeguen sus actos a los límites previstos en la Norma Suprema, o bien, de lo contrario, sean obligados a ello. Conforme a los razonamientos esgrimidos, la promoción del juicio de amparo se justifica cuando tenga por objeto remediar ese exceso posible de parte de las autoridades en su intento por ejercer sus funciones públicas, lo que implica además que la sentencia de amparo no puede tener por efecto paralizar la actividad del Estado con base en alguna creencia poco objetiva del gobernado de que las autoridades responsables afectarán su esfera jurídica, en uno u otro sentido. Porque el medio extraordinario de defensa del que se habla, no puede otorgar inmunidad general o algún tipo de fuero con alcances universales, pues su función no es escudar a los particulares para que desarrollen en forma ilimitada las actividades reguladas por el orden jurídico, al tener en cuenta que esa pretensión permitiría la posibilidad de que a través de la decisión de un Juez Federal se aísle al particular del sistema jurídico, de tal manera que resultara inmune, aunque por cierto tiempo, a las acciones del sector de autoridades respectivo, lo cual distorsionaría el objetivo de ese medio de impugnación, afectando la actividad del Estado e incluso, el orden público. Lo hasta aquí expuesto resulta de exacta aplicación al caso concreto, si se toma en cuenta que la parte quejosa, del análisis concreto de la demanda de amparo, por una parte reclama del actuario adscrito, la omisión de notificar el laudo correspondiente en autos del juicio laboral marcado con el número 199/2022 y; por otra parte, reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, la omisión de dictar laudo en autos del juicio laboral marcado con el número 199/2022 -el cual aún no se ha emitido-. Por consiguiente aún no se tiene la certeza del sentido en que se vaya a dictar esa determinación, ni que el actuario vaya a incurrir en dicha omisión Por lo que es claro que no se trata de un acto inminente y real; y por tanto, debe considerarse como uno futuro de realización incierta, pues no existe una certeza clara y fundada de que pueda llegar a existir. Estimar lo contrario generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 1384, Tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del rubro y tenor literal siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables." También se invoca, por las razones jurídicas que informa, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo: I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, página 56, que reza: "ACTOS RECLAMADOS. NATURALEZA JURIDICA DE LOS ACTOS INMINENTES, EN SU POSICION FRENTE A LOS ACTOS YA EXISTENTES Y A LOS FUTUROS. Conviene analizar la naturaleza de los actos inminentes, en su posición frente a los actos ya existentes y a los futuros, tomando como punto de partida que la procedencia del juicio de garantías exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el quejoso puede sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo cuarto de la Ley de la Materia. Sin embargo, de aplicarse rigurosamente este principio, según el cual la acción de amparo sólo es procedente en contra de un acto ya existente, ocurriría que el gobernado, aunque tuviera pleno conocimiento de la realización próxima de una acto lesivo, para intentar el amparo estaría obligado a esperar pacientemente la realización de dicho acto, con todas las consecuencias perjudiciales ínsitas al mismo, so pena de ver sobreseído el juicio promovido con anticipación a dicho evento. Tales reflexiones, entre otras, condujeron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a matizar esta regla general, admitiendo la procedencia del juicio de amparo en contra de actos no existentes aún, pero de cuya realización se tiene plena certeza por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados." En consecuencia, al haberse actualizado la invocada causal de improcedencia, la cual es manifiesta e indudable, SE PROCEDE A DESECHAR PARCIALMENTE la demanda de amparo, con relación al acto reclamado al actuario adscrito a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, consistente en la omisión de notificar el laudo correspondiente en autos del juicio laboral marcado con el número 199/2022, lo anterior con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo lo anterior la jurisprudencia I.1o.A. J/4 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, del Tomo VII del mes de mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rublo siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." ADMISIÓN DE LA DEMANDA Establecido lo anterior, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda únicamente contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, consistente en: La omisión de dictar laudo en autos del juicio laboral marcado con el número 199/2022. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se tramita el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni la naturaleza del acto reclamado, amerita su tramitación oficiosa, conforme al artículo 127 de la Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. En la cual, en términos de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la parte quejosa sólo podrá alegar verbalmente cuando se trate de actos previstos en el citado numeral de la referida legislación. Sin menoscabo que, de considerarlo necesario, las partes puedan hacer valer sus alegatos por escrito o vía electrónica. Y de ser necesario el desahogo de pruebas que requieran la presencia de las partes en el órgano jurisdiccional, atendiendo al esquema de trabajo señalado en la sección tercera, artículos 251, fracciones c), f) y g), 254 y 257, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se procurará hacerlo mediante el uso de herramientas tecnológicas como la videoconferencia, sin perjuicio, que de ser estrictamente necesario se podrán llevar a cabo en el recinto judicial siguiendo los lineamientos que al efecto prevé el citado Acuerdo General. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la citada Ley de Amparo, pídase informe justificado a la(s) autoridad(es) responsable(s), que deberá(n) rendir dentro del término de quince días siguientes a aquél en que reciba(n) el oficio en que se le(s) solicita, en el que se expresarán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que se acompañarán, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la referida ley. Mandamiento que deberá(n) cumplir la(s) autoridad(es) responsable(s): a) De ser CIERTO el acto.- A través de la vía ordinaria, entregando su informe ante la oficina de correspondencia respectiva, adjuntando, en su caso, las constancias con las que apoyen el sentido de su informe. b) ÚNICAMENTE de ser NEGATIVO el acto.- Podrá enviarse vía electrónica a través del correo institucional de este órgano jurisdiccional 2jdo14cto@correo.cjf.gob-mx o bien, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (con su firma electrónica FIREL); y, c) En caso de existir convenio celebrado con el Consejo de la Judicatura Federal, podrán remitirlo vía interconexión. Apercibida(s) que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá a la omisa una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. EMPLAZAMIENTO A LA PARTE TERCERA INTERESADA Toda vez que de la demanda de amparo, se desprende que le resulta el carácter de tercero interesado al ********************, gíresele oficio con transcripción de este acuerdo, a efecto de hacerle del conocimiento de la promoción de la demanda, con entrega de una copia simple de la misma; así como con copia autorizada del presente acuerdo, haciéndole saber que puede comparecer a este juicio si así le conviniere, en términos del artículo 26 fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo. Exhortando a la parte tercero interesada a continuar el presente juicio, a través del esquema de "juicio en línea", en la forma y condiciones que en el presente acuerdo se señalan en la parte final del mismo, a fin de poder continuar en todo momento con la tramitación del presente juicio. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia de la demanda; así como copia autorizada del acuerdo de prevención y del presente proveído. CONOCIMIENTO DE CAUSA DE IMPROCEDENCIA Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Apercibidas que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa por el equivalente al valor de treinta unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; equivalente a $3,112.2 (tres mil ciento doce pesos, con dos centavos, moneda nacional). DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala para tal fin en su demanda de amparo y como sus autorizados, a las personas que menciona en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dada su calidad de parte trabajadora en el juicio laboral de origen. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA LA ACTUACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Además, en atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. DETERMINACIÓN DE ESTE JUZGADO EN CASO DE DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA DE LEY Por otra parte, se hace del conocimiento que no habrá necesidad de emitir oficios a la(s) autoridad(es) responsable(s) para notificarle(s) el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordada nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm Lo anterior, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." TRANSPARENCIA Por otro lado, téngase por hecha la manifestación de la parte quejosa de que está anuente a que aparezcan sus datos personales al publicarse la sentencia ejecutoriada del presente juicio de amparo, en cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las demás partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. PRECISIÓN RESPECTO DE LAS COPIAS Por otra parte, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. DISPOSICIÓN RESPECTO A LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese por oficio al ******************** y personalmente a la parte quejosa, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y regístrese.

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