Lizbeth del Carmen Galvez Mayorquin

Expediente 971/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 29 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
971/2019
Año
2019
Actuaciones
29
Última actuación
02/10/2019

Partes del expediente

  • Lizbeth del Carmen Galvez Mayorquin
  • Jefe de la Secretaria de Secretaria de Seguridad - Pública.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte que pudo causarle perjuicio la sentencia dictada en este juicio el doce de septiembre del año en curso, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, que en su punto resolutivo primero sobreseyó en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno relativo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, anexándoles para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la determinación señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios por medio de los cuales se notificó la sentencia de que se trata a las autoridades responsables foráneas, ya que dicha resolución sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar el acto atribuido a las autoridades señaladas como responsables, siendo que en relación dichas autoridades, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que éstas sólo podrán interponer recurso de revisión en contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que se sobreseyó el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudiera tener la autoridad en que su acto subsista. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Finalmente, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Incidental

    Mérida, Yucatán, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos incidentales, se desprende que el término de cinco días hábiles otorgado a la parte quejosa mediante resolución interlocutoria de doce de septiembre de esta anualidad, para que exhibiera la garantía fijada a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva que se le concedió respecto de los actos reclamados al Titular de la Fiscalía Investigadora Número Quince, con sede en Tizimín, transcurrió del dieciocho al veinticuatro de septiembre del año en curso, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 136, segundo párrafo de la Ley de Amparo, al no haber dado cumplimiento la parte quejosa, LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUEDA FACULTADA PARA EJECUTAR LOS ACTOS RECLAMADOS. En tal virtud, hágase lo anterior de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Visto para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 971/2019-III-A, promovido por Lizbeth del Carmen Gálvez Mayorquin; y, RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Lizbeth del Carmen Gálvez Mayorquin, en contra de los actos reclamados de las autoridades responsables Fiscal General, Director Jurídico de la Fiscalía General, Jefe del Departamento del Ministerio Público adscrito a los Juzgados Penales (en su correcta denominación), Director de Investigación y Atención Temprana, Jefe del Departamento de Investigación y Atención Temprana, Coordinador de Fiscales Adscritos, Jefe del Departamento de Consignaciones, Titular de la Fiscalía Investigadora Tramitadora Número Uno, Titular de la Fiscalía Investigadora Tramitadora Número Dos, Titular de la Fiscalía Investigadora Especializada en Delitos Sexuales Número Uno, Titular de la Fiscalía Investigadora Especial en Delitos de Narcomenudeo, Titular de la Fiscalía Investigadora Especial en Justicia para la Mujer, Titular de la Fiscalía Investigadora Número Treinta y Dos, Titulares de las Unidades de Investigación y Litigación Periféricas Uno, Dos y Tres (en sus correctas denominaciones), Titular de la Agencia en Narcomenudeo, Directora del Centro de Justicia para Mujeres; todos de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Once, con sede en Progreso, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Doce, con sede en Tekax, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Trece, con sede en Valladolid, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Catorce, con sede en Ticul, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Quince, con sede en Tizimín, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Dieciséis, con sede en Maxcanú, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Diecisiete, con sede en Izamal, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Veintitrés, con sede en Kanasín, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Veintiséis, con sede en Hunucmá, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Veintisiete, con sede en Umán, Yucatán; todas las anteriores en su carácter de ordenadoras, y como ejecutoras, del Secretario de Seguridad Pública y Director de la Policía Estatal de Investigación, ambos del Estado de Yucatán, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  4. Incidental

    Visto para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 971/2019-III-A, promovido por Lizbeth del Carmen Gálvez Mayorquin; y, RESULTANDO PRIMERO. En la correspondiente demanda de amparo, Lizbeth del Carmen Gálvez Mayorquin, solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclama de las siguientes autoridades: Fiscal General, Director Jurídico de la Fiscalía General, Jefe del Departamento Jurídico de la Fiscalía General, Jefe del Departamento del Ministerio Público adscrito a los Juzgados Penales (en su correcta denominación), Director de Investigación y Atención Temprana, Jefe del Departamento de Investigación y Atención Temprana, Coordinador de Fiscales Adscritos, Jefe del Departamento de Consignaciones; Titular de la Fiscalía Investigadora Mixta Número Uno, Titular de la Fiscalía Investigadora Mixta Número Dos, Titular de la Fiscalía Investigadora Especial Número Uno, Titular de la Fiscalía Investigadora Especial Número Dos, Titular de la Fiscalía Investigadora Especial Número Tres, Titular de la Fiscalía Investigadora Tramitadora Número Uno, Titular de la Fiscalía Investigadora Tramitadora Número Dos, Titular de la Fiscalía Investigadora Especializada en Delitos Sexuales Número Uno, Titular de la Fiscalía Investigadora Especial en Delitos de Narcomenudeo, Titular de la Fiscalía Investigadora Especial en Justicia para la Mujer, Titular de la Fiscalía Investigadora Número Treinta y Dos, Titulares de las Unidades de Investigación y Litigación Periféricas Uno, Dos y Tres (en sus correctas denominaciones), Titular de la Agencia en Narcomenudeo, Directora del Centro de Justicia para Mujeres; todos de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad. Así como del Titular de la Fiscalía Investigadora Número Once, con sede en Progreso, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Doce, con sede en Tekax, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Trece y Titular de la Fiscalía Investigadora Especializada en Delitos Sexuales, ambos con sede en Valladolid, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Catorce, con sede en Ticul, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Quince, con sede en Tizimín, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Dieciséis, con sede en Maxcanú, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Diecisiete, con sede en Izamal, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Veintitrés, con sede en Kanasín, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Veintiséis, con sede en Hunucmá, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Veintisiete, con sede en Umán, Yucatán; todas las anteriores en su carácter de ordenadoras, y como ejecutoras, del Secretario de Seguridad Pública y Director de la Policía Estatal de Investigación, ambos del Estado de Yucatán. SEGUNDO. Por acuerdo dictado el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos. TERCERO. Por autos de diecinueve y veintidós de julio de dos mil diecinueve, se dejó de tener como autoridades responsables al Coordinador de Fiscales, Titulares de las Fiscalías Investigadoras Mixtas Uno y Dos y Especiales Uno, Dos y Tres, y Jefe del Departamento Jurídico, todas de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, y se ordenó suspender toda comunicación con ellas. CUARTO. Mediante interlocutoria de veintitrés de julio de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia incidental por las autoridades locales y se difirió la audiencia por lo que respecta a las autoridades responsables foráneas, Titular de la Fiscalía Investigadora Número Once, con sede en Progreso, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Doce, con sede en Tekax, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Trece y Titular de la Fiscalía Investigadora Especializada en Delitos Sexuales, ambos con sede en Valladolid, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Catorce, con sede en Ticul, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Quince, con sede en Tizimín, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Dieciséis, con sede en Maxcanú, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Diecisiete, con sede en Izamal, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Veintitrés, con sede en Kanasín, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Veintiséis, con sede en Hunucmá, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Veintisiete, con sede en Umán, Yucatán. QUINTO. Por auto de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, se dejó de tener como autoridad responsable al Titular de la Fiscalía Investigadora Especializada en Delitos Sexuales, con sede en Valladolid, y se ordenó suspender toda comunicación con ella. Asimismo, en dicho proveído, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, misma que se llevó a cabo el día de hoy, en los términos que constan en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se proceden a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa, los que hizo consistir en: La orden de detención y/o presentación dictada en su contra, así como su ejecución. SEGUNDO. No son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, Titular de la Fiscalía Investigadora Número Once, con sede en Progreso, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Doce, con sede en Tekax, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Trece, con sede en Valladolid, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Catorce, con sede en Ticul, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Dieciséis, con sede en Maxcanú, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Diecisiete, con sede en Izamal, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Veintitrés, con sede en Kanasín, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Veintiséis, con sede en Hunucmá, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Veintisiete, con sede en Umán, Yucatán, toda vez que así lo manifestaron al rendir sus correspondientes informes previos, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Por lo que procede NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA de tales actos, por falta de materia sobre la cual pueda decretarse dicha medida suspensional. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 286, publicada en la página 237 del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917,820 en Ius Intranet, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." TERCERO. Por su parte, el Titular de la Fiscalía Investigadora Número Quince, con sede en Tizimín, Yucatán, no rindió su informe previo, a pesar de haber sido oportunamente notificado, por lo que opera en su contra la presunción de certeza prevista en el artículo 142, de la Ley de Amparo, únicamente para los efectos de la suspensión definitiva que solicitó la quejosa del acto que se le imputa. CUARTO. En cuanto a la suspensión definitiva solicitada, procede concederla bajo los siguientes términos, toda vez que se reúnen los requisitos previstos por el artículo 128 de la citada Ley de la materia, que son los siguientes: I) Que la solicite el quejoso. II) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Lo anterior, toda vez que la parte quejosa en su escrito de demanda solicitó la suspensión provisional y a la postre la definitiva, y que de concederse la misma, no se afectaría el interés social ni se infringirían disposiciones de orden público. Ahora bien, con fundamento en los artículos 162 y 165 de la citada ley, procede conceder la suspensión provisional solicitada en este incidente, respecto de la orden de detención que se reclama y su ejecución, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y la quejosa no sea privada de su libertad personal con motivo de ese mandamiento, quedando a disposición de este Juzgado en cuanto a su libertad personal se refiere, hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable ejecutora la resolución firme que se dicte en el juicio principal del que emana este incidente; lo anterior, siempre y cuando no sea sorprendida en flagrante delito, pues de ser el caso no surtirá efecto la suspensión concedida. Siendo que si se encuentra ya a disposición del Ministerio Público, dicha autoridad investigadora dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesta en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro: 188725, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 66/2001, Página: 434, que indica: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO SE RECLAMAN ÓRDENES DE DETENCIÓN GIRADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL QUEJOSO AÚN NO HA SIDO PRIVADO DE SU LIBERTAD, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXIGIR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS AQUÉLLA. Si se toma en consideración que las actuaciones del Ministerio Público y de la Policía Judicial realizadas durante la etapa de averiguación previa, forman parte del procedimiento penal y son fundamentalmente de investigación, aunque existen dos supuestos (flagrancia y urgencia), autorizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los cuales dichas autoridades pueden ordenar o proceder a la detención de una persona, mientras que aquellas que practica la autoridad judicial conforman el proceso penal, cuando se promueve juicio de amparo en contra de una orden de detención girada por autoridades administrativas dentro del procedimiento penal y el quejoso aún se encuentra en libertad, el juzgador deberá conceder la suspensión provisional, cuyo efecto consistirá en que no se le prive de dicha libertad hasta en tanto se le notifique a la autoridad responsable la resolución sobre la suspensión definitiva, según lo establece el artículo 130 de la Ley de Amparo, siendo indispensable, para que surta efectos la provisional, el que el juzgador exija una garantía. Ello es así, porque de no fijarse ésta se corre el riesgo de que el quejoso se sustraiga de la acción de la justicia y se entorpezca el procedimiento penal, en franca violación a los principios contenidos en los artículos 124, 124 bis, 130, 136, 138 y 139 de la ley de la materia, así como en la exposición de motivos y en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora relativos a la adición del artículo 124 bis al citado ordenamiento legal, pues en ellos se ha establecido que la suspensión no puede constituir un medio que permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos y, por tanto, el Juez de Distrito puede tomar las medidas que estime pertinentes para asegurar al quejoso aun cuando se trate de actos derivados de un procedimiento penal, y el quejoso tiene el deber de comparecer ante el Ministerio Público dentro de los tres días siguientes para que continúe surtiendo efectos la suspensión; de tal suerte que cuando el artículo 124 bis de la mencionada ley prevé que "Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el Juez de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes.", indudablemente establece para el juzgador la obligación de fijar una garantía cuando los actos privativos de la libertad provengan de autoridades administrativas y el presunto responsable aún no haya sido privado de ella, pues con tal medida de aseguramiento se pretende salvaguardar tanto la garantía constitucional de libertad personal como el deber de perseguir los delitos, aspecto este último en el cual se encuentra interesada la sociedad." De igual manera en cuanto a la orden de presentación reclamada, con fundamento en el artículo 162 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder la suspensión definitiva solicitada para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y la quejosa no sea privada temporalmente de su libertad personal con motivo de ese mandamiento, ya que de no paralizarse se le causarían daños y perjuicios de difícil e imposible reparación. Además, dado que la indicada orden no es un requisito indispensable para integrar una carpeta de investigación y es un acto dentro del procedimiento, su suspensión, por regla general, no impide continuarlo hasta antes del ejercicio de la acción penal que es la resolución firme de tal etapa. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de jurisprudencia 1a./J.109/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Penal, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, visible en la página 1059, con número de registro 160811, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN, AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA DE LA PERSONA. La comparecencia ante el agente del Ministerio Público, obtenida a través del cumplimiento de la orden de localización, búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la averiguación previa, si así lo estima conveniente, si bien es verdad no tiene como propósito lograr su detención, no menos cierto es que, dados sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse al indiciado, se limita temporalmente su derecho a la libertad, ya que una vez cumplida, ésta finaliza al instante que el Ministerio Público desahoga la diligencia que motiva su presencia, y es hasta ese momento en que -de no existir alguna causa legal que lo impida-, podrá retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas y, por tanto, es evidente que sí se afecta la libertad deambulatoria de la persona involucrada." También, por analogía, se cita la jurisprudencia 1a./J. 86/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 573, del Tomo XXXIII, Febrero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 162694, que precisa: "SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE COMPARECENCIA O PRESENTACIÓN PARA QUE EL INDICIADO DESAHOGUE DILIGENCIAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. La suspensión a petición de parte de los actos reclamados se encuentra regulada por los artículos 124 y 138 de la Ley de Amparo, por lo que la que se solicite contra la orden de comparecencia o presentación procederá si: i) la solicita el agraviado; ii) no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y iii) los daños y perjuicios causados son de difícil reparación. Además, dado que la indicada orden no es un requisito indispensable para integrar la averiguación previa y es un acto dentro del procedimiento, su suspensión, por regla general, no impide continuarlo hasta antes del ejercicio de la acción penal que es la resolución firme de tal etapa; sin embargo, de estimar que pudiera consumarse irreparablemente el daño o perjuicio si no se suspende dicho procedimiento, el juzgador de amparo puede suspenderlo. Por tanto, para determinar la procedencia de la suspensión contra la orden de comparecencia o presentación dictada por el Ministerio Público a fin de que el indiciado desahogue diligencias en la averiguación previa, debe realizarse un examen previo y temporal que no es exhaustivo ni definitivo, pero que del mismo deberán advertirse motivos suficientes que justifiquen, si bien no una restitución en la garantía violada (como sucede con la concesión del amparo), sí una paralización o inmovilización del acto y/o sus efectos. Al respecto, deberá considerase el posible, real y presente perjuicio al interés social o contravención al orden público, la dificultad en la reparación de los daños que con la continuación del acto se puedan causar o su imposible restitución, y la posibilidad de que el acto reclamado sea violatorio de la garantía alegada. Todo ello sin que pueda estimarse que por el simple hecho de que se trata del procedimiento de averiguación previa, la suspensión de un acto dentro de éste o del procedimiento mismo, contraviene el interés social y el orden público, sino que tal extremo debe ser razonado y valorado por el juzgador." De conformidad con los artículos 136, 166, penúltimo párrafo y 168 de la Ley de Amparo aplicable, esta medida suspensional surte sus efectos de inmediato pero dejará de hacerlo, si la parte quejosa no cumple con las siguientes medidas de aseguramiento: a) Si dentro del término de cinco días contados a partir de la notificación de este proveído, no constituye garantía por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos, 00/100 moneda nacional), en billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. o en cualquier otra forma permitida por la Ley. En el supuesto de que exhiba la garantía mediante billete de depósito, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, deberá ser a disposición de este Juzgado y contener la leyenda siguiente: "otorgo autorización al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia para que solicite y reciba de la institución crediticia la información pertinente". Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado el dos de enero de dos mil quince. Si se exhibe póliza de fianza, deberá ser a disposición de este Juzgado y a favor de la Tesorería de la Federación, como lo establece el artículo 45 de la Ley de Tesorería de la Federación y por tiempo indeterminado, conforme al precepto 126 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y la compañía respectiva deberá comprometerse a sujetarse al trámite previsto en los numerales 279 a 282 del último ordenamiento para, en su caso, hacerla efectiva. En la inteligencia de que este órgano jurisdiccional no adquiere obligación alguna con relación a la obtención de intereses, rendimientos o contraprestaciones por la suma depositada, pues no genera intereses la garantía exhibida para que surta sus efectos la suspensión, como así deberá asentarse en el billete de referencia. Asimismo, dicho billete o póliza de fianza deberá contener los siguientes requisitos: Nombre del quejoso (depositante). Número de expediente dentro del que se gestiona la garantía. Juzgado ante el que se otorga la garantía. Concepto para el cual se exhibe la garantía. Importe por el cual se expidió el certificado o póliza para otorgar la garantía, y Fecha de expedición del certificado o póliza de garantía. b) Que no se ausente del lugar de su residencia sin permiso de este Juzgado; c) Tendrá la obligación de comparecer dentro del plazo de tres días ante el Fiscal investigador que corresponda, de conformidad con los artículos 166, fracción II, de la Ley de Amparo aplicable y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; y, d) Cumplir con las obligaciones derivadas del procedimiento penal de origen. Se hace saber a la parte quejosa que la suspensión concedida en estos términos, será revocada si incumple con las anteriores medidas de aseguramiento de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 166 de la ley de la materia aplicable. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. SE NIEGA a Lizbeth del Carmen Gálvez Mayorquin, la suspensión definitiva de los actos que reclamó de las autoridades responsables Titular de la Fiscalía Investigadora Número Once, con sede en Progreso, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Doce, con sede en Tekax, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Trece, con sede en Valladolid, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Catorce, con sede en Ticul, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Dieciséis, con sede en Maxcanú, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Diecisiete, con sede en Izamal, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Veintitrés, con sede en Kanasín, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Veintiséis, con sede en Hunucmá, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Veintisiete, con sede en Umán, Yucatán; todos del Estado, por los motivos expuestos en el considerando segundo de la misma. SEGUNDO. Se concede a Lizbeth del Carmen Gálvez Mayorquin, la suspensión definitiva de los actos que reclama del Titular de la Fiscalía Investigadora Número Quince, con sede en Tizimín, Yucatán; para los efectos precisados en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese y cúmplase.

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