Livier Martinez Mejía
Expediente 1314/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1314/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Livier Martinez Mejía
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que en auto de dos de diciembre de dos mil diecinueve, se desechó la demanda que dio origen al expediente en que se actúa y de la certificación secretarial que antecede se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, archívese el presente asunto como totalmente concluido y una vez que transcurran tres años, transfiérase a la Dirección General de Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la anotación de que es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por el cual en cumplimiento a la solicitud formulada en proveído de dos del mes y año en curso, informa que efectuó la compensación de cargas en el sistema de turno, relativo al juicio de amparo en que se actúa, quedando asentada en dicho sistema con el número 006769/2019, del rubro de demanda de amparo y contabilizada a favor de este juzgado. Por tanto, dicha información agréguese en autos para que obre como corresponda, toda vez que el cinco del mes y año en curso, se acordó lo conducente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por el cual en cumplimiento a la solicitud formulada en proveído de dos del mes y año en curso, informa que efectuó la compensación de cargas en el sistema de turno, relativo al juicio de amparo en que se actúa, quedando asentada en dicho sistema con el número 006769/2019, del rubro de demanda de amparo y contabilizada a favor de este juzgado. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio de la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el expediente de amparo VIII-1266/2019 que promueve Livier Martínez Mejía contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán. En atención a lo anterior, cabe destacar que el artículo 46, fracción II, así como párrafos penúltimo y último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en la parte que interesa, a la letra dicen: "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: . II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; . Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano." Atento lo anterior, se advierte que el juicio de amparo indirecto 897/2019, del índice de este juzgado, así como la demanda de amparo que remite la secretaria de acuerdos del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, derivan de la causa penal 50/2014, por lo que determina que se actualiza la hipótesis que describe el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General en mención. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1314/2019. Ahora bien, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 217 de la Ley de Amparo, constituye hecho notorio para este juzgado que la aquí quejosa promovió diverso juicio de amparo registrado con el 897/20019, del índice de este juzgado, contra las mismas autoridades responsables y los mismos actos reclamados que en su demanda de cuenta, lo cual se corrobora con el propio juicio de amparo, así como de la captura correspondiente que aparece en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) del Poder Judicial de la Federación, con apoyo además en la jurisprudencia XXI.3o. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 183053, de rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones." De igual forma, la jurisprudencia XX.2o. J/24, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 168124, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." En ese orden, la parte quejosa señala como acto reclamado en la presente instancia lo siguiente: La orden de aprehensión dictada en su contra, por la comisión del delito de Fraude Genérico, a que alude el artículo 324 del Código Penal para el Estado, aplicable a la fecha de la comisión del delito (año 2013), en perjuicio de Ayuntamiento de Tacámbaro, Michoacán. Por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio. Apoya a lo anterior la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, identificada bajo el número 814, visible en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, Octava Época, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causas de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Atento lo anterior, de oficio advierte que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones X y XI de la Ley de Amparo, el cual prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" En el juicio amparo 897/2019, la hoy quejosa, por su propio derecho, señaló entre otras autoridades responsables al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, de quien reclamó la orden de aprehensión dictada en su contra, por la comisión del delito de Fraude Genérico, a que alude el artículo 324 del Código Penal para el Estado, aplicable a la fecha de la comisión del delito (año 2013), en perjuicio de Ayuntamiento de Tacámbaro, Michoacán Al dictar la sentencia en dicho juicio de amparo, se sobreseyó y negó el amparo y protección de la justicia Federal, sentencia que se declaró ejecutoriada por auto de veintiocho de noviembre del año en curso. Por otra parte, en el juicio de amparo en que se actúa la quejosa señaló como acto reclamado la orden de aprehensión dictada en su contra, por la comisión del delito de Fraude Genérico, a que alude el artículo 324 del Código Penal para el Estado, aplicable a la fecha de la comisión del delito (año 2013), en perjuicio de Ayuntamiento de Tacámbaro, Michoacán, y como autoridades responsables, Juez Mixto de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, y otras autoridades. Lo expuesto permite advertir que en el presente juicio de amparo la quejosa reclama el mismo acto que fue materia de una ejecutoria de otro juicio de amparo (897/2019 del índice de este juzgado), sustentando como base la orden de aprehensión dictada en su contra, por la comisión del delito de Fraude Genérico, a que alude el artículo 324 del Código Penal para el Estado, aplicable a la fecha de la comisión del delito (año 2013), en perjuicio de Ayuntamiento de Tacámbaro, Michoacán; en cuya sentencia del juicio de amparo se sobreseyó y se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, por lo que ahora no puede resolverse en el fondo la nueva demanda de amparo, a la cual acude por los mismos actos que en aquél juicio de amparo, lo cual claramente se advierte de la narración que hace en su demanda. Apoya a lo anterior por analogía, la jurisprudencia 40/2008 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de dos de abril de dos ocho, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XXVIII, octubre de dos mil ocho, página 286, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RELATIVA A LA COSA JUZGADA, CUANDO LA ORDEN RECLAMADA YA FUE MATERIA DE UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS, AUNQUE SE ALEGUE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL." Acorde con el artículo 73 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de oficio y de orden público. Por otra parte, para que opere la causal a que se refiere la fracción IV del citado precepto legal, el amparo debe interponerse por el propio quejoso contra las mismas autoridades y acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diferentes. En congruencia con lo expuesto, se concluye que cuando se promueve un juicio de amparo contra una orden de aprehensión que ya fue materia de un diverso juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de la materia, aunque se alegue como violación la prescripción de la acción penal. Sin que sea óbice a lo anterior, lo establecido en el artículo 183 de la Ley citada, pues conforme a su correcta interpretación, en los asuntos del orden penal la violación consistente en la extinción de la acción persecutoria es de estudio preferente a cualquier otra cuestión de fondo o violación procesal. De ahí que sea incorrecto sostener que dicho artículo permita analizar la prescripción de la acción penal previo al estudio y acreditamiento de la procedencia del juicio de amparo, pues además de que tal extremo no puede desprenderse del propio numeral, estimar lo contrario, es decir, que el estudio de la prescripción de la acción penal es previo al de las causas de improcedencia, haría procedente el amparo en tal aspecto (aunque ya sea cosa juzgada), otorgándole la naturaleza de un recurso ordinario en el proceso penal, aunque evidentemente no lo sea. Asimismo, apoya lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 181-186, Tercera Parte, registro 237445, cuyo rubro y texto narran: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Son aplicables los criterios transcritos en virtud de que no se contraponen con la actual Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 6° transitorio. Lo anterior es así, en virtud de que la ejecutoria relacionada con los actos reclamados referidos anteriormente, actualiza la causal de improcedencia relativa a la cosa juzgada contenida implícitamente en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, en relación con la diversa fracción X del mismo precepto, pues en dicho fallo se determinó que sí se acreditó la existencia del delito de fraude Genérico, así como la probable responsabilidad de la ahora quejosa. Orienta lo expuesto el criterio 1a CCLXXVIII/2012 (10a.), emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2002272, que a la letra dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Por tanto, con apoyo en los artículos 61, fracción X, en relación con la fracción XI y el diverso artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, por su notoria e indudable improcedencia. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes no podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que no les fueron conferidas expresamente. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Finalmente, se ordena remitir oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para que se haga el registro y compensación correspondiente. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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