Linda Eveline Ávila
Expediente 511/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 511/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 26/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Linda Eveline Ávila
- América Fraga Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
El veintiséis de enero de dos mil veintidós, se da cuenta al secretario encargado del despacho dentro del juicio de amparo 511/2021-Dss, con una promoción registrada con el número 1207. Conste. Morelia, Michoacán, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito de Clara Garduño Ortiz, autorizada de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de los documentos exhibidos dentro del juicio en que se actúa. En tal virtud, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, devuélvase los documentos de referencia, previo cotejo y acta de entrega que al efecto se levante. Por tanto, y toda vez la práctica de diligencias presenciales se encuentran restringidas, se le informa a la parte quejosa que deberá generar, su respectivo código QR, en los términos establecidos en el Acuerdo General 21/2020, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que le sean entregadas las mismas. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización otorgada en oficio CCJ/ST/5333/2021, emitido por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de diciembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de Leonardo Rojas Barragán 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.35.21 06/10/23 14:30:49 la Federación el 26 de mayo de 1995 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe. Essined Razón.-
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 511/2021, promovido por Linda Eveline Ávila Fraga, por conducto de su apoderada legal; y, R E S U L T A N D O Primero. Trámite de la demanda. Por escrito presentado ante la autoridad responsable el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, Linda Eveline Ávila Fraga, por conducto de su apoderada jurídica promovió demanda de amparo directo contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar con residencia en esta ciudad, por lo que dicha demanda y sus anexos fueron remitidos al Tribunal Colegiado en turno, con residencia en esta ciudad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 4º, 8º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por auto de siete de junio de dos mil veintiuno, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito con sede en Morelia, Michoacán, determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda planteada, en virtud de que el acto reclamado es materia de amparo indirecto, por tanto, a través del oficio 2608 ordenó remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad de Morelia, Michoacán. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que en proveído de dieciocho de junio de dos mil veintiuno la admitió a trámite y la registró bajo el número de expediente 511/2021, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado la intervención legal que le compete, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, en auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, reconoció carácter de tercera interesada a América Fraga Ortiz, por ser la parte demandada en el juicio de origen, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento, y el veintiséis siguiente se le tuvo ofreciendo pruebas. Finalmente, seguidos los trámites respectivos, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y ahora procede resolver el presente juicio de amparo de acuerdo a las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a una autoridad que reside dentro de ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda de amparo, se precisa que el acto que se reclama a la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar con sede en Morelia, Michoacán, consiste en: La determinación tomada en la sentencia de veintidós de junio de dos mil diecisiete, dictada en el juicio ordinario familiar 660/2015, que sobre divorcio necesario y otras prestaciones promovió Javier Alberto Ávila Herrera, contra América Fraga Ortiz; concretamente por no fijar alimentos en su favor, así como las consecuencias que de ello derivan. Actos que atribuye a las siguientes autoridades: Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Morelia, Michoacán; y, Actuario adscrito al mismo órgano jurisdiccional. Tercera. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que remitió la Juez responsable, consistentes en copia autorizada de las actuaciones del juicio ordinario familiar 660/2015, así como un cuaderno relativo al incidente de ejecución promovido dentro del mismo [dos tomos de pruebas]. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. La juez responsable al rendir su informe justificado dijo que el presente juicio es improcedente porque se actualiza la hipótesis normativa del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo [falta de interés], en virtud de que la sentencia reclamada no afecta los intereses jurídicos o legítimos de la quejosa. Al respecto, debe desestimarse la causal invocada por la juez responsable, porque la quejosa reclama su derecho a recibir alimentos por parte de su progenitora y en ese sentido, el análisis respectivo es motivo del fondo del asunto, por lo que no procede hacer pronunciamiento al respecto en el capítulo de procedencia. Las partes no hicieron valer diversa causal de improcedencia, ni este juzgador advierte de manera oficiosa la actualización de alguna de ellas; por lo que procede estudiar la constitucionalidad del acto reclamado. Quinta. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Materia Común, registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Previo a calificar los conceptos de violación aducidos, se considera necesario destacar las siguientes actuaciones procesales: Mediante escrito presentado el trece de noviembre de dos mil quince, Javier Alberto Ávila Herrera, demandó en la vía ordinaria familiar de América Fraga Ortiz, las siguientes prestaciones: "[.] La disolución del vínculo matrimonial que los une ya que es la voluntad de mi mandante no querer continuar con el matrimonio, por llevar una separación por más de un año, independientemente de las causas que llevaron a su separación. La ratificación de la custodia total de sus menores hijos, otorgada por autoridad judicial en los estados unidos de Norteamérica. La disolución de la sociedad realizada en los bienes habidos en mancomún dentro de su matrimonio. [.]" En auto de treinta de noviembre de dos mil quince, el Juez Primero de lo Familiar de esta ciudad de Morelia, Michoacán, admitió a trámite la demanda sobre divorcio necesario y otras prestaciones, por lo que ordenó el emplazamiento de la demandada y, seguido el trámite respectivo, el veintidós de junio de dos mil diecisiete, dictó sentencia definitiva en la que en su considerando cuarto, determinó: "[.] CUARTO. En otro orden de ideas, tenemos que el artículo 268 del Código de la Materia, establece, que al resolver sobre la acción de divorcio, en forma oficiosa se fijará en definitiva la situación de los hijos habidos en matrimonio, para lo cual, deberá resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, su pérdida o suspensión según sea el caso, y en especial, a la custodia y al cuidado de los hijos, atendiendo primordialmente al interés superior del menor; por tanto en este apartado nos ocuparemos de la situación que van a guardar únicamente los menores Edward Alberto, Anthony Joel, Alex Xavier y Brandon Yamil, de apellido Ávila; toda vez que por lo que ve a la primogénita del matrimonio Ávila Fraga, de nombre Linda Eveline Ávila, ésta a la fecha cuenta con 18 dieciocho años de edad; siendo titular de derechos y obligaciones, con capacidad de decidir sobre lo que mejor beneficia a su persona; por tanto únicamente se resolverá lo conducente respecto de los menores citados; y para el caso que nos ocupa se debe atender al interés superior de los nombrados menores, ya que de conformidad con lo perceptuado por el artículo 133 de la Constitución General de la República, que a la letra dice:." Lo resaltado es de este juzgado. Luego, como quedó precisado anteriormente, las prestaciones reclamadas por Javier Alberto Ávila Herrera en el juicio natural, fueron la de divorcio necesario, la ratificación de custodia de los menores y la disolución de la sociedad de los bienes, contradictorio que fue tramitado conforme a lo establecido en el Código Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo, vigente al momento de la presentación de la demanda [trece de noviembre de dos mil quince]. Al respecto, se considera necesario traer a contexto el contenido de los artículos 261, fracción IX, y 268 de dicha legislación: "Artículo 261. Son causas de divorcio: [.] IX. La separación de los cónyuges por más de un año, independientemente del motivo que la haya originado, la cual podrá ser invocada por cualquiera de ellos; [.]" "Artículo 268. Al resolver sobre la acción de divorcio, el Juez de Primera Instancia, en forma oficiosa, fijará en definitiva la situación de los hijos habidos en matrimonio, para lo cual, deberá resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, su pérdida o suspensión, según el caso, y en especial a la custodia y al cuidado de los hijos. Para ello, la autoridad judicial deberá atender primordialmente al interés superior del menor. De oficio o a petición de parte interesada durante el procedimiento, se allegará de los elementos necesarios para ello, debiendo escuchar al Ministerio Público, a ambos progenitores y a los menores, para evitar conductas de violencia familiar o cualquier otra circunstancia que amerite la necesidad de la medida considerando el interés superior de éstos últimos. Durante la tramitación del juicio, designará tutor especial a los menores. En todo caso protegerá y hará respetar el derecho de convivencia con los progenitores, salvo que exista peligro para el menor. La protección para los hijos incluirá las medidas de seguridad, seguimiento y terapias necesarias para evitar y corregir los actos de violencia familiar, las cuales podrán ser suspendidas o modificadas en los términos que disponga el Libro Segundo de este Código. Para el caso de los mayores incapaces, sujetos a la tutela de alguno de los ex cónyuges, en la sentencia de divorcio deberán establecerse las medidas a que se refiere este artículo para su protección." De los preceptos transcritos, para lo que aquí interesa, se obtienen las siguientes premisas: Que el divorcio necesario procede por la separación de los cónyuges por más de un año, independientemente del motivo que la haya originado. Al resolver sobre la acción de divorcio, el Juez de Primera Instancia, en forma oficiosa, fijará en definitiva la situación de los hijos habidos en matrimonio, para lo cual, deberá resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, su pérdida o suspensión, según el caso, y en especial a la custodia y al cuidado de los hijos. Para ello, deberá atender primordialmente al interés superior del menor. Debe designar tutor especial a los menores. Para el caso de los mayores incapaces, sujetos a la tutela de alguno de los ex cónyuges, en la sentencia de divorcio deberán establecerse las medidas a que se refiere este artículo para su protección Ahora bien, la quejosa en sus conceptos de violación, sustancialmente, argumenta: Que las autoridades responsables con la sentencia reclamada violan en su perjuicio las garantías de legalidad, seguridad y libertad consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, porque el juicio se siguió sin que se cumplieran las formalidades esenciales del procedimiento, negándole el derecho consagrado en el artículo 4º de la propia Constitución, que garantiza la igualdad entre hombres y mujeres, como hija del matrimonio Ávila Fraga, máxime que en ese momento era menor de edad y su padre en el juicio de origen solicitó para ella los mismos derechos que para el resto de sus hijos. Que la responsable hizo una inexacta aplicación de la Ley Familiar, violando el artículo 4º Constitucional, al tratarla diferente con evidente distinción de género, ya que no existe razón lógica para excluirla en la sentencia ni motivo para dejarla fuera del derecho primordial de alimentos, con lo que se violaron los derechos del niño a recibir alimentos por parte de sus padres. Que en el juicio existen circunstancias importantes y pruebas documentales a las que la responsable hizo caso omiso, por lo que hubo violación a los Derechos del Niño a recibir alimentos por parte de sus padres, por lo que debe corregirse dicha sentencia y otorgarle exactamente los mismos derechos que a sus hermanos varones. Los anteriores motivos de inconformidad deben calificarse como infundados, por las razones que se exponen a continuación. La primera, porque como quedó precisado con antelación, el actor en el juicio y progenitor de la aquí quejosa, al presentar su demanda sobre divorcio necesario y otras prestaciones, no reclamó de América Fraga Ortiz, la prestación de alimentos para sí, ni para sus menores hijos, de manera que no existe obligación legal para el juzgador de pronunciarse acerca de una prestación no solicitada por las partes, por tanto la determinación reclamada no transgrede los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídicas de la quejosa, a que se refieren los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. La segunda, porque si bien es cierto que el juez responsable al dictar sentencia, en términos de lo que dispone el artículo 268 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, y atendiendo al interés superior de los menores involucrados, entre otras cuestiones determinó que estos tenían derecho a recibir alimentos de sus progenitores, ello fue precisamente atendiendo a la circunstancia de que, en ese momento, los referidos menores contaban con ocho, once, trece y dieciséis años de edad. Es decir, aun cuando en el contradictorio de origen no se reclamaron alimentos para el cónyuge actor ni para sus menores hijos, de manera oficiosa el juzgador natural en aras de privilegiar el interés superior de los infantes y salvaguardar sus derechos, fijó la obligación tanto del actor como de la demandada, de suministrarles alimentos, lo cual se estima ajustado a derecho. Luego, contrario a lo que aduce la peticionaria del amparo, el motivo que expuso el juez responsable para no fijar alimentos a su favor no obedeció a una distinción por razón de género, pues al respecto adujo: "toda vez que por lo que ve a la primogénita del matrimonio Ávila Fraga, de nombre Linda Eveline Ávila, ésta a la fecha cuenta con 18 dieciocho años de edad; siendo titular de derechos y obligaciones, con capacidad de decidir sobre lo que mejor beneficia a su persona."; lo cual resulta legal porque el Código Familiar para el Estado de Michoacán, no impone obligación para el juzgador de pronunciarse sobre el derecho a recibir alimentos de la aquí quejosa, ya que no se trataba de una menor o incapaz. Es así, porque en la fecha que se dictó la sentencia reclamada la impetrante de amparo no era menor de edad como aduce, pues si bien se advierte que la demanda que dio origen al juicio ordinario 660/2015 fue presentada el trece de noviembre de dos mil quince, época en la cual la aquí quejosa tenía dieciséis años, once meses y trece días [según se desprende del acta exhibida en el juicio y la presentada como prueba por la tercera interesada, dado que su fecha de nacimiento es el treinta de noviembre de mil novecientos noventa y ocho], lo cierto es que la sentencia impugnada data del veintidós de junio de dos mil diecisiete, por lo que en esta fecha la peticionaria del amparo ya contaba con dieciocho años, seis meses y veintidós días. Lo que así se considera, tomando en cuenta que al juicio familiar de origen le son aplicables las disposiciones legales del Estado de Michoacán, y de acuerdo a lo que dispone el precepto legal 23 del Código Civil para el Estado, una persona física es mayor de edad al cumplir los dieciocho años. Y la tercera razón, porque también resulta infundado el argumento relativo a que en la resolución reclamada el juez responsable, con transgresión al numeral 4º Constitucional, la trata de manera diferente con evidente distinción de género. Se considera de esa manera en razón de que, contrario a lo que señala la amparista, la emisión de la resolución reclamada no vulnera el derecho humano a la no discriminación reconocido en el último párrafo del artículo 1º de la Constitución Federal, ya que no se advierte una distinción por razón de género entre Linda Eveline Ávila Fraga y sus hermanos Edward Alberto, Anthony Joel, Alex Xavier y Brandon Yamil, en la medida en que no se otorga un trato diferenciado a los varones, atendiendo exclusivamente a su sexo, y en ese sentido, no existe desigualdad con los hermanos varones de la quejosa, ni se advierte que con la determinación reclamada se le hubiera limitado en el ejercicio de sus derechos. Lo que se corrobora con los argumentos plasmados por la responsable en la sentencia que se analiza, en el sentido de que en el juicio de origen se acreditó el derecho de los cuatro infantes nombrados a recibir alimentos, dado que [en esa época], contaban con dieciséis, trece, once y ocho años de edad, y quedó probado que son hijos de los contendientes, por lo que también se constató la obligación del actor y la demandada para otorgárselos; de ahí lo infundado del argumento en estudio. Como apoyo se cita la jurisprudencia 30/2017, en Materia Constitucional, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 789 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo I, registro digital 2014099, del rubro y contenido siguientes: "DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER. SU ALCANCE CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. Al disponer el citado precepto constitucional, el derecho humano a la igualdad entre el varón y la mujer, establece una prohibición para el legislador de discriminar por razón de género, esto es, frente a la ley deben ser tratados por igual, es decir, busca garantizar la igualdad de oportunidades para que la mujer intervenga activamente en la vida social, económica, política y jurídica del país, sin distinción alguna por causa de su sexo, dada su calidad de persona; y también comprende la igualdad con el varón en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de responsabilidades. En ese sentido, la pretensión de elevar a la mujer al mismo plano de igualdad que el varón, estuvo precedida por el trato discriminatorio que a aquélla se le daba en las legislaciones secundarias, federales y locales, que le impedían participar activamente en las dimensiones anotadas y asumir, al igual que el varón, tareas de responsabilidad social pública. Así, la reforma al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, da la pauta para modificar todas aquellas leyes secundarias que incluían modos sutiles de discriminación. Por otro lado, el marco jurídico relativo a este derecho humano desde la perspectiva convencional del sistema universal, comprende los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y desde el sistema convencional interamericano destacan el preámbulo y el artículo II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." Aunado a lo anterior, cabe precisar que en oposición a lo que refiere la quejosa, no se advierte que se le hubiere privado de su derecho personal o de hija de los contendientes en el juicio de origen, en virtud de que la sentencia impugnada en modo alguno se ocupó de resolver cuestiones de esa naturaleza por no ser materia de la Litis, de modo que lo resuelto en la resolución impugnada ningún perjuicio le ocasiona al no ser un acto privativo a su persona, porque tal como quedó establecido en la sentencia en análisis, al cumplir la mayoría de edad la quejosa es titular de derechos y obligaciones, con capacidad para decidir sobre lo que mejor le beneficie, de modo que su derecho a recibir alimentos se encuentra intacto; sin embargo, tal cuestión debe hacerla valer a través de una acción diversa como lo es el juicio de alimentos previsto en la legislación familiar, y no dentro del juicio ordinario sobre divorcio necesario promovido por sus progenitores. En esas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, y no advertirse deficiencia que deba suplirse de oficio, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución de la sentencia reclamada atribuidos al actuario señalado como responsable, toda vez que no se reclaman por vicios propios. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Linda Eveline Ávila Fraga, por conducto de su apoderada jurídica, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en la consideración quinta de esta sentencia. Segundo. Publíquese el presente fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de dieciocho de noviembre de dos veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
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- Liliana Vargas Sánchez99/2016
- Linda Fatima Barajas Baleon1250/2022
- Lisette Adriana Correa Espinoza153/2021
- Livia Eugenia Moreno Teytud y Otros.115/2016
- Livier Martinez Mejía1314/2019
- Lizbeth Chávez Román421/2020
- Lizbeth Guadalupe Trujillo Barajas125/2022