Lissy Johana Arrieta Torres
Expediente 826/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 826/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Lissy Johana Arrieta Torres
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio remitido vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que comunica que en el toca ******************** de su índice, se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en contra del acuerdo dictado en estos autos el treinta de mayo del año en curso. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional queda enterado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio remitido por la vía electrónica, mediante el uso de la FIREL del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad. Mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Lissy Johana Arrieta Torres, contra el auto de treinta de mayo de dos mil veintitrés, por el que se desechó a la parte quejosa la demanda de amparo; el cual se registró con el número de toca 221/2023. Circunstancias de las cuales este Juzgado Federal queda enterado para todos los efectos legales correspondientes. Por otra parte, como se advierte del oficio de cuenta, la Superioridad solicita el escrito de agravios original relativo al referido recurso de queja. Al respecto, no existiendo impedimento legal alguno, a fin de que dicha Superioridad cuente con los elementos necesarios para pronunciarse respecto al medio de impugnación en comento, tal como lo solicita, mediante oficio que para tal efecto se gire, envíese el aludido escrito original de agravios. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: se tiene por recibido el ocurso suscrito por la quejosa ********************, con el que interpone recurso de queja en contra del proveído de desechamiento de demanda de fecha treinta de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, glósese a los autos el escrito de expresión de agravios y ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de que SÍ ES CIERTO que por auto de treinta de mayo de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo. Asimismo, envíese vía interconexión el escrito de expresión de agravios, junto con las constancias que conforman este expediente 826/2023-I-A, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, para lo que esa superioridad estime procedente resolver en relación con el recurso interpuesto. Desde este momento, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Por último, no ha lugar a formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de mayo de dos mil veintitrés. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo signada por ********************, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama de la oficina representativa de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en Veracruz, oficina de representación y de la Subdirección de Regulación, ambos del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad; que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, como una facultad exclusiva del juzgador federal, es el siguiente: ACTO RECLAMADO La resolución de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, en la que se confirmó la diversa de ocho de marzo de dos mil veintidós, y negó la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por la quejosa. FORMACIÓN EXPEDIENTE Y REGISTRO Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 826/2023-I-A, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. DESECHAMIENTO Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Ahora bien, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al advertirse que la quejosa no agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." La hipótesis normativa de dicho precepto, dispone que el juicio de amparo es improcedente, cuando contra el acto reclamado -que se atribuye a una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo- proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; siempre y cuando conforme a las leyes que rigen el acto, con la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer la parte quejosa, sean susceptibles de suspenderse los efectos del acto reclamado, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo prevé para conceder la suspensión definitiva. De lo anterior, se concluye que el agotar los medios de defensa que establezcan las leyes que regulan el acto, constituye una obligación y no algo optativo para el solicitante de amparo. Luego, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. Fundamenta dicha consideración la jurisprudencia I.6o.C.J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página novecientos dos, tomo XV, mayo de dos mil dos, novena época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 187016, que dispone: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Es decir, el amparo en materia administrativa, únicamente será procedente cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa legales que pudieren revocar, modificar o nulificar el acto reclamado, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, salvo la excepción prevista por la propia ley de la materia, como cuando el acto reclamado adolezca de fundamentación; todo ello, atendiendo al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia P./J. 11/2018, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que aparece publicada en la página ocho, del tomo I, Libro cincuenta y cinco, junio de dos mil dieciocho, materia común, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 2017117, que establece: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Por otra parte, no debe soslayarse que una de las finalidades del principio de definitividad, es la de evitar los abusos en la promoción del juicio de amparo y, con ello, impedir que se utilice para retardar la administración de justicia, por ese motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto a las resoluciones administrativas o actos administrativos después de agotado el recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Además, el principio de definitividad no pugna con la irreparabilidad del acto; dado que, la citada causa de improcedencia descansa sobre la posibilidad de que el acto reclamado pueda ser combatido eficazmente, en virtud del recurso o medio de defensa ordinario a través del cual el gobernado pueda lograr que el acto de autoridad -del que se duele- deje de provocarle perjuicio, de manera que el juicio de amparo quede reservado -se reitera- como un medio extraordinario de defensa, a fin de evitar que contra cualquier acto de autoridad, sin condición alguna, se active la tutela constitucional reservada para los órganos judiciales de la Federación. Por lo que, aun cuando en el juicio de amparo la parte quejosa aduzca que el acto de autoridad tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de "imposible reparación" que afecta directa e inmediatamente sus derechos sustantivos; esa circunstancia no constituye excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, pues incluso en ese supuesto, el particular estaría en la necesidad de agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, si es que desea, todavía, acudir a la acción constitucional. De esta manera, aun cuando la emisión de la resolución de fecha veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, emitido por el Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, mediante la cual determinó confirmar la diversa de ocho de marzo de dos mil veintidós, y negar a la aquí quejosa, ********************, la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, constituyera un acto de imposible reparación, ello no implica la inobservancia del principio de definitividad, ya que la procedencia del juicio constitucional por cuanto hace al supuesto normativo de la fracción II, del artículo 107, de la Ley de Amparo, no excluye la actualización de alguna de las demás hipótesis de improcedencia del juicio constitucional. Sirve de apoyo en lo conducente la jurisprudencia 1a./J. 119/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página dos mil doscientos treinta y cinco del libro III, diciembre de dos mil once, tomo 3, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 160536, cuyos rubro y texto señalan: "MEDIDA PROVISIONAL DE RESTITUCIÓN O EMBARGO PRECAUTORIO CON MOTIVO DE LA COMISIÓN DE UN DELITO. LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE LA DECRETA DENTRO DE JUICIO NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que en su caso procedan. Condición impuesta que deriva de la observancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual opera como regla general y tiene como excepciones legales los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, así como cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Por tanto, si la determinación judicial dictada dentro de juicio que decreta la medida provisional de restitución o embargo precautorio de un inmueble relacionado con la comisión del delito, a pesar de tener el carácter de actos de ejecución irreparable, no actualizan alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad; es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Por otra parte, debe puntualizarse que, para que opere la causal de improcedencia por inobservancia al principio de definitividad que rige el juicio constitucional, en términos de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Asimismo, que con la tramitación del recurso o medio de defensa sea susceptible de suspender los efectos del acto combatido, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo. Ahora bien, el establecimiento de los multicitados medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, ya que en la Ley de Amparo no existe disposición expresa sobre ello. Además, el legislador secundario cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular; por tanto, será suficiente que los citados medios de defensa o recursos estén previstos en alguno de los ordenamientos legales que regulen el acto reclamado, siempre y cuando se trate de una ley en sentido formal y material. Al respecto, se considera ilustrativa la jurisprudencia 2a./J.116/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuatrocientos cuarenta y siete, tomo X, Octubre de mil novecientos noventa y nueve, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 193141, de rubro y texto: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo. Ahora bien, el establecimiento de los aludidos medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, puesto que ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, máxime que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular." Pues bien, en el caso, se precisó como acto reclamado, la emisión de la resolución de fecha veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, emitido por el Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, mediante la cual, confirmó la diversa de ocho de marzo de dos mil veintidós, en la que se determinó negar a la aquí quejosa, ********************, la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. En consecuencia, era indispensable que la inconforme observara el principio de definitividad, rector del juicio constitucional. Dicho de otro modo, era menester que la parte quejosa promoviera el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con el artículo 2° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en relación con el diverso 3° de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que en su orden disponen: "Artículo 2. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley." "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; II. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación. III. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales; V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones. Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración; VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; VIII. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, y las empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del tribunal; IX. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante. También, las que por repetición, impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente a la indemnización, en los términos de la ley de la materia; X. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades federativas o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales y las empresas productivas del Estado; XI. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior; XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; XIV. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos; XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa; XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los órganos constitucionales autónomos; XVII. Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral que impongan sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; XVIII. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa. El Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, cuando se consideren contrarias a la ley." En efecto, el precepto 2° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dispone que el juicio contencioso administrativo federal, procede contra los actos administrativos que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En este contexto, de acuerdo con lo establecido por el artículo 3° de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la impetrante de la tutela constitucional tenía a su alcance el juicio contencioso administrativo para impugnar la emisión de la resolución de fecha veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, emitida por el Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Es así, pues de acuerdo con tales preceptos normativos compete al Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocer de los juicios que se promuevan en contra de las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente y los recursos administrativos interpuestos en su contra; hipótesis en la que es factible encuadrar el acto reclamado, precisado con antelación. De esta manera, se evidencia que la quejosa, previamente a instar la acción de amparo, debió acudir al juicio contencioso administrativo, que constituye el medio de defensa ordinario mediante el cual podría obtener la declaratoria de ilegalidad del acto combatido. De esa guisa, se considera actualizada, en el caso, la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, respecto del referido acto. Además, el requisito consistente en que el acto reclamado, sea emitido por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; se colma en razón de que fue emitido por autoridad administrativa, como lo es, el Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Lo que se corrobora, con lo que establece el diverso numeral 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual prevé que el juicio contencioso administrativo federal, que la parte quejosa omitió agotar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, constituye un medio de defensa ordinario, en virtud del cual pudiera ser modificado, revocado o nulificado el acto que reclama; el cual se transcribe para mayor ilustración: "Artículo 52. La sentencia definitiva podrá: I. Reconocer la validez de la resolución impugnada. II. Declarar la nulidad de la resolución impugnada. III. (Se deroga) IV. Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, del artículo 51 de esta Ley, el Tribunal declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; en los demás casos, cuando corresponda a la pretensión deducida, también podrá indicar los términos conforme a los cuales deberá dictar su resolución la autoridad administrativa. En los casos en que la sentencia implique una modificación a la cuantía de la resolución administrativa impugnada, la Sala Regional competente deberá precisar, el monto, el alcance y los términos de la misma para su cumplimiento. Tratándose de sanciones, cuando dicho Tribunal aprecie que la sanción es excesiva porque no se motivó adecuadamente o no se dieron los hechos agravantes de la sanción, deberá reducir el importe de la sanción apreciando libremente las circunstancias que dieron lugar a la misma. V. Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además: a) Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación correlativa. b) Otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos afectados. c) Declarar la nulidad del acto o resolución administrativa de carácter general, caso en que cesarán los efectos de los actos de ejecución que afectan al demandante, inclusive el primer acto de aplicación que hubiese impugnado. La declaración de nulidad no tendrá otros efectos para el demandante, salvo lo previsto por las leyes de la materia de que se trate. d) Reconocer la existencia de un derecho subjetivo y condenar al ente público federal al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos. Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, conforme a lo dispuesto en la fracción IV, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses tratándose del Juicio Ordinario o un mes tratándose del Juicio Sumario de conformidad con lo previsto en el artículo 58-14 de la presente Ley, contados a partir de que la sentencia quede firme. Dentro del mismo término deberá emitir la resolución definitiva, aún cuando, tratándose de asuntos fiscales, hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la Federación. Si el cumplimiento de la sentencia entraña el ejercicio o el goce de un derecho por parte del demandante, transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que la autoridad hubiere cumplido con la sentencia, el beneficiario del fallo tendrá derecho a una indemnización que la Sala que haya conocido del asunto determinará, atendiendo el tiempo transcurrido hasta el total cumplimiento del fallo y los perjuicios que la omisión hubiere ocasionado, sin menoscabo de lo establecido en el artículo 58 de esta Ley. El ejercicio de dicho derecho se tramitará vía incidental. Cuando para el cumplimiento de la sentencia, sea necesario solicitar información o realizar algún acto de la autoridad administrativa en el extranjero, se suspenderá el plazo a que se refiere el párrafo anterior, entre el momento en que se pida la información o en que se solicite realizar el acto correspondiente y la fecha en que se proporcione dicha información o se realice el acto. Transcurridos los plazos establecidos en este precepto, sin que se haya dictado la resolución definitiva, precluirá el derecho de la autoridad para emitirla salvo en los casos en que el particular, con motivo de la sentencia, tenga derecho a una resolución definitiva que le confiera una prestación, le reconozca un derecho o le abra la posibilidad de obtenerlo. En el caso de que se interponga recurso, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia. La sentencia se pronunciará sobre la indemnización o pago de costas, solicitados por las partes, cuando se adecue a los supuestos del artículo 6o. de esta Ley." Por su parte, el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión que los previstos en la ley que rige el juicio de amparo; numeral, cuyo texto dice: "Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad." Por su parte, los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo establecen lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." De lo que se concluye que del análisis comparativo entre el transcrito artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y los diversos 128 y 129 de la Ley de Amparo, se advierte que el primero no establece mayores requisitos que los segundos numerales para el otorgamiento de la suspensión del acto que se impugna en esta vía constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto señalan: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página setecientos ochenta y tres, Libro 17, abril de dos mil quince, tomo I, materia administrativa, común, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 2008807, cuyos rubro y texto señalan: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." En el caso, tampoco se actualiza la excepción que prevé el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, relativa a que no existe la carga procesal de agotar los medios ordinarios de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación. Ello es así, porque en la emisión de la resolución de fecha veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, emitida por el Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, se expresan los motivos y fundamentos legales que tuvo la autoridad para decretar el citado acto administrativo, que ahora se reclama; lo anterior sin calificar la validez o invalidez de dichos argumentos. Cabe señalar que, si bien, la quejosa en su demanda aduce violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo caso el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno; lo cierto es, que tal excepción a la hipótesis prevista en el penúltimo párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales, presupone que en la demanda de amparo exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la norma suprema; lo que en el caso no acontece, puesto que basta dar lectura integra a la demanda de amparo, para advertir que en el caso se reclama, la resolución de fecha veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, por el que la autoridad confirmó la diversa de ocho de marzo de dos mil veintidós, en la que se negó a la aquí quejoso la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, respecto del cual, si bien, alega que la autoridad contraviene en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 1, 3, 6, 8, 11 y 17, Constitucionales. Empero, de igual manera, aduce que indebidamente la autoridad responsable le niega la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, y que con ello se dejaron de aplicar diversos artículos de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así como del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, los cuales transcribe en su demanda de amparo. Es decir, al mismo tiempo hace valer cuestiones de legalidad. Sobre este punto es ilustrativa, la jurisprudencia XX. J/1, visible en la página 94, Tomo I, Abril de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTIAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente." Asimismo, la jurisprudencia IX.1o. J/9, publicada en la página 1031, Tomo XIV, Julio de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS, CASOS EN LOS QUE DEBEN AGOTARSE, ANTES DE ACUDIR A LA VÍA CONSTITUCIONAL. El juicio de amparo puede promoverse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; sin embargo, tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia, presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Carta Magna y no cuestiones de legalidad, pues entonces la parte quejosa debe agotar el recurso ordinario procedente antes de acudir a la vía constitucional." Por ende, es inconcuso que la aquí quejosa, previo a acudir a esta sede constitucional, debió agotar el principio de definitividad, por tanto, acudir a impugnar el acto reclamado ante la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, vía contencioso administrativo para desvirtuar el mecanismo empleado para incrementar la citada base gravable, al no alegar exclusivamente violaciones directas a la Constitución Federal. Por otro lado, el acto reclamado no ha privado de la libertad a la promovente del amparo, ni tampoco se trata de persona extraña al procedimiento del cual emana el acto que reclama; no se trata de un acto de imposible reparación, porque como se señaló, su ejecución es susceptible de suspenderse al interponer el juicio de nulidad o contencioso administrativo; no se trata de un acto que importe la privación de la vida o ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, ya que se trata de un acto administrativo emitido por autoridad de igual naturaleza; el acto reclamado tampoco entraña el primer acto de aplicación de algún ordenamiento legal impugnado. Por lo expuesto, es indudable que la parte quejosa tenía la carga procesal de promover el juicio contencioso administrativo, antes de acudir al juicio de amparo indirecto pues a través de él, podía lograr que el acto reclamado quedara sin efectos, o bien, modificado, tal como lo dispone el precepto 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Máxime que del contenido de la demanda de amparo, no se advierten indicios que permitan establecer que en estos momentos la vida de la quejosa se encuentre en riesgo, tampoco que exista persona o grupo alguno que pudiera ejercer actos en contra de su vida al regresar a su país de origen, lo anterior, toda vez que los antecedentes narrados en su demanda, datan de años pasados, que no reflejan sobre su persona de manera directa una amenaza; además que actualmente su intención es que le sea reconocida la condición de refugiado en México, para obtener un empleo mejor remunerado y poder solventar sus gastos familiares, con la finalidad de desempeñarse de manera correcta y crecer en todos los aspecto con su familia. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada en la presente determinación, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ********************; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XX, en relación con el 112 y 113, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala para tal fin en su demanda, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************; por así haberlo señalado expresamente en su escrito de demanda. Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se les otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CORREO ELECTRÓNICO Por otra parte, se tienen por proporcionados el correo electrónico y el número telefónico que indica la parte promovente, únicamente para establecer comunicaciones no procesales en caso de ser necesario. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otro parte, en cuanto a la solicitud que realiza de acceso al expediente electrónico, toda vez que se proporciona los nombres de usuarios "********************", "********************", "********************" y "********************" registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo y en los numerales 35, 36, 38, 55, 57, 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se otorga autorización para que tenga acceso a la consulta del expediente electrónico del presente juicio de amparo y las notificaciones se le hagan por ese medio. En consecuencia, proceda la Secretaría a efectuar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL JUICIO EN LÍNEA En atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. PERMISIBILIDAD DE USO DE APARATOS DE REPRODUCCIÓN De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. ENTRADA EN VIGOR DE NUEVO ACUERDO GENERAL DEL CJF Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. PRECISIÓN RESPECTO A LAS COPIAS Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Notifíquese personalmente vía electrónica y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con el licenciado Raúl Ramos Berzunza, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe.
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