Lishet Monserrat Torres Lilly
Expediente 311/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 311/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 30/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Lishet Monserrat Torres Lilly
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de abril de dos mil diecinueve. Para los efectos legales correspondientes, agréguese a este expediente el alegato ministerial de cuenta, de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal; y en atención a su contenido, no obstante que el presente asunto ya se resolvió fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídasele la copia certificada del auto de sobreseimiento, haciéndole entrega de la misma previo recibo que otorgue en autos. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de la Secretaria que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo dictado de veinticinco de marzo del año en curso, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiere interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, ya que se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 de la Constitución General de la República, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, al respecto se acuerda: glósese al presente expediente para que obre como legalmente corresponda, el oficio remitido por el Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde su informe justificado. Asimismo, del anexo remitido por la autoridad oficiante, se advierte que el día ocho de marzo de dos mil diecinueve, la peticionaria del amparo fue puesta a disposición del Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, por posibles hechos constitutivos de delito, contenidos en la carpeta de investigación número F1-F1/000136/2019; documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Ahora bien, de las constancias que remitió la citada responsable que hoy se agregan a los autos, se advierte que ha operado de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]". En el caso, *******, promovió demanda de amparo reclamando de las autoridades responsables, la incomunicación de la directa quejosa Lishet Monserrat Torres Lilly. Sin embargo, de las constancias de autos y del oficio FGE/DJ/AMP/FISC/687/2019, signado por el Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo correspondiente, se advierte, por una parte, que la directa quejosa estuvo presente en el área de seguridad de la Policía Estatal de Investigación, a disposición de la Unidad de Investigación y Litigación de Progreso, del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, por hechos posiblemente delictuosos contenidos en la carpeta de investigación radicada con el número F1-F1/000136/2019. Asimismo, que el ocho de marzo de dos mil diecinueve, fue puesta a disposición del Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta Progreso, Yucatán, precisamente por los posibles hechos delictuosos consignados por el Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación de Progreso, del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, contenidos en la citada carpeta de investigación, a fin de que se realice la audiencia inicial por su probable autoría en la comisión de los hechos señalados en la ley como delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión con fines de suministro de los narcóticos denominados cocaína y cannabis, previsto y sancionado en los numerales 476, en relación con los 473, fracciones V, VI, VII y VIII, así como el 479 todos de la Ley General de Salud. Lo anterior, generó un cambió en su situación jurídica y por tanto, que se actualice la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII de la ley de la materia, de ahí que deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones reclamadas en este juicio. En efecto, dicha situación no hace posible realizar un análisis de los actos reclamados, pues no puede decidirse sobre su legalidad sin afectar la nueva situación jurídica en la que se encuentra la quejosa al haber sido puesta a disposición de la autoridad judicial correspondiente. Es aplicable a esta determinación, la Tesis IV.2o.P.43 P, correspondiente a la Novena Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Octubre de 2009, página 1373 que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación". En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que las causas de improcedencia son notorias, manifiestas e indudables. Es aplicable a la anterior consideración, la Jurisprudencia 2ª./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del veintinueve de abril de dos mil diecinueve, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de la Secretaria en la cuenta que antecede, en el sentido de que la parte quejosa no dio cumplimiento a la prevención que se le hizo en auto de ocho de marzo del año en curso (foja 10), para que dentro del plazo que se le concedió en el mismo, manifestara si señalaba como autoridad responsable al Titular de la Unidad de Investigación y Litigación de Progreso, Yucatán; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento inserto en dicho auto, por lo que no se tiene a la referida autoridad como responsable. Ahora bien, con la demanda de amparo se tiene a ** solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama del Fiscal General del Estado y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, residentes en esta ciudad, que hizo consistir en: La incomunicación de la directa quejosa. Por lo que, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite la demanda. Sin que sea el caso ordenar la apertura del incidente de suspensión, dado que mediante proveído de siete de marzo del año en curso, se proveyó la suspensión de plano respecto al acto reclamado. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables que deberán rendir dentro del término de quince días siguientes a aquel en que reciban el oficio en que se les solicita, en el que expresarán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que acompañarán, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la Ley de Amparo. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la ley de la Materia y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Dése la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda, así como copia autorizada del presente proveído y de los acuerdos de siete y ocho de los corrientes. Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Bajo el apercibimiento que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa por el equivalente al valor de treinta unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la ley de la Materia, y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Notifíquese y cúmplase.
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