Lissette González Uscanga

Expediente 389/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
389/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
16/07/2019

Partes del expediente

  • Lissette González Uscanga

Actuaciones

  1. Principal

    El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz devuelve el juicio de amparo 389/2019 del índice de este Juzgado de Distrito y remite copia certificada de la ejecutoria dictada en el toca ***, de la que se advierte que declaró infundada la queja interpuesta por la parte quejosa en contra del proveído por el que se desechó de plano la demanda de amparo... archívese este asunto como concluido...

  2. Principal

    El autorizado de la parte quejosa interpone recurso de queja en contra del proveído ... en el que se desechó la demanda de amparo... dese trámite al citado recurso... ríndase el informe respectivo, en el sentido de que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO. Fórmese cuaderno de antecedentes y envíese este expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, para la substanciación del medio de impugnación...

  3. Principal

    ... promueve juicio de amparo contra actos del... se concluye que la promovente no está legitimada para promover el juicio de amparo por su propio derecho, debido a que no es directamente agraviada por el acto que estima violatorio de derechos, lo que es presupuesto para la procedencia de la acción constitucional, ya que en la especie, sobre el asunto no existe la comprobación plena de la afectación que sufre el derecho sustantivo de la quejosa, debido a que en su carácter de denunciante carece de interés jurídico para impugnar el resultado de un procedimiento de responsabilidad administrativa.... procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO... se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica... se autoriza... a... debido a que cuentan con su cédula profesional registrada... a la persona restante, por así haberlo solicitado expresamente la promovente... se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente...

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO QUE DICE: *** promueve juicio de amparo contra actos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 389/2019 que le corresponde. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral de la demanda, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo. Por otra parte, el artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al órgano jurisdiccional para desechar de plano la demanda de amparo si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. HIPÓTESIS NORMATIVA De los citados artículos 6 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se advierte que la facultad de ejercer la acción constitucional está reservada únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto u omisión de autoridad o por la aplicación de una ley. La noción perjuicio, para la procedencia de la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad o por la Ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, a demandar el cese de esa transgresión. Asimismo, de conformidad con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está legitimado para promover el juicio de amparo, entre otros, la persona que aduzca violación a un derecho subjetivo, quien deberá acreditar ser titular del mismo, pues la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada. Tiene aplicación al caso, la tesis siguiente: Localización: Registro No. 170500 Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXVII, Enero de 2008 Página: 225 Tesis: 1a./J. 168/2007 Jurisprudencia Materia(s): Común INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Aunado a lo anterior, se destaca que existe criterio jurisprudencial, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que si bien los particulares tienen derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, no pueden exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, por lo que carecen de interés jurídico para promover juicio de amparo, debido a que el régimen de responsabilidades de servidores públicos no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: Registro No. 176129 Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXIII, Enero de 2006 Página: 1120 Tesis: 2a./J. 1/2006 Jurisprudencia Materia(s): Administrativa RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa. Cabe precisar que en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, las jurisprudencias constituidas por el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberán ser acatadas por los Juzgados de Distrito. HECHOS Del análisis íntegro del escrito de demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: El acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dictado por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, en los autos del cuadernillo administrativo ***, mediante el cual se desechó la denuncia administrativa interpuesta por el promovente en contra del Juez Cuarto de Primera Instancia con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, por supuestas irregularidades cometidas en el ejercicio de la función judicial. CONCLUSIÓN Por lo anterior, se concluye que la promovente no está legitimada para promover el juicio de amparo por su propio derecho, debido a que no es directamente agraviada por el acto que estima violatorio de derechos, lo que es presupuesto para la procedencia de la acción constitucional, ya que en la especie, sobre el asunto no existe la comprobación plena de la afectación que sufre el derecho sustantivo de la quejosa, debido a que en su carácter de denunciante carece de interés jurídico para impugnar el resultado de un procedimiento de responsabilidad administrativa. Lo anterior es así, pues de conformidad con lo dispuesto por los artículos 165 a 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que la parte quejosa en su carácter de denunciante carezca de interés jurídico para impugnar en amparo indirecto la determinación que reclama en este juicio. Acorde con lo anterior, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo. Similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, al resolver la queja administrativa *** de su índice. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *** y ***, debido a que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; y como autorizado en términos del último párrafo del artículo referido, a la persona restante, por así haberlo solicitado expresamente la promovente. PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Con fundamento en el artículo 4, párrafo cinco, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se determina que los acuses de recibo relativos a acuerdos que no sean trascendentes, por ser de mero trámite, no deberán ser escaneados ni vinculados en el expediente electrónico, pero sí agregados en autos sin mayor pronunciamiento; lo anterior, para tratar de reducir los niveles de contaminación, lo cual se logrará con la disminución progresiva del consumo de papel, tinta y energía eléctrica empleados por este órgano jurisdiccional; máxime que con ello no se causa perjuicio a las partes. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que se publique o la constancia o prueba que se solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. USO DE LENGUAJE INCLUYENTE PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Los artículos 1 y 4 constitucionales establecen los principios de igualdad y no discriminación hacia las personas. Ahora bien, debido a que el lenguaje legal debe ser acorde con dichos principios, se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente, es decir, un lenguaje que no establezca discriminaciones injustificadas de género ni desconozca las opciones de vida que se fundan en el principio de dignidad humana y en el derecho al libre desarrollo de la personalidad; lo anterior de conformidad con las herramientas proporcionadas en el Protocolo Para Juzgar con Perspectiva de Género, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponibles en www.equidad.scjn.gob.mx. Acorde con lo anterior, se exhorta respetuosamente a las partes para que utilicen dicho lenguaje en las promociones que realicen en este juicio.

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